Sentencia unificacion jurisprudencial en relación con la forma de probar el derecho real de dominio sobre bien inmueble de procesos ante jurisdicción






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SENTENCIA UNIFICACION JURISPRUDENCIAL - En relación con la forma de probar el derecho real de dominio sobre bien inmueble de procesos ante jurisdicción contencioso administrativa / DERECHO REAL DE DOMINIO - Forma de probar / ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por omisión de fuerzas militares derivada de extorsión a civil y destrucción de residencia por grupo subversivo / EXTORSION A CIVILES - Por omisión de miembros de la fuerza pública / DESTRUCCION DE RESIDENCIA - Por miembros de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia

Se solicita que se declare la responsabilidad extracontractual del Estado por la omisión “derivada de la extorsión a la señora SANDRA MARLENY COBO y la destrucción de la residencia de sus padres por parte de presuntos miembros del E.L.N.” (…) Se observa que los demandantes solicitan que se declare la responsabilidad del Estado por la omisión imputable al ente demandado consistente en el incumplimiento del deber de protección y vigilancia en relación con los integrantes de la familia Cobo Salazar, quienes luego de denunciar ante la autoridad competente los hechos delictivos en relación con los cuales venían siendo víctimas, habrían sido “utilizados” por la Fuerza Pública con el fin de capturar a las autores de dichas conductas punibles, para luego ser “abandonados a su suerte”, situación que habría permitido la ocurrencia de varios atentados en contra de la vida y bienes de los demandantes en retaliación por la denuncia presentada.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Por incumplir protección y vigilancia a familia extorsionada por grupo guerrillero / ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por utilizar la fuerza pública a extorsionados para captura de autores de conductas punibles y luego ser abandonados / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Por falta de medidas de seguridad a personas amenazadas / EXTORSION A CIVILES - Por grupo insurgente / DESTRUCCION DE BIENES - Vivienda, muebles e inmuebles con carga explosiva / EXPLOSIVOS - Utilizados por insurgentes contra población civil / DESTRUCCION BIEN INMUEBLE RURAL - En Vereda Los Chorros Corregimiento La Buitrera, Municipio de Cali

Se encuentra probado que el 17 de agosto de 1996 insurgentes pertenecientes al frente José María Becerra del E.L.N., incursionaron en la finca VILLA SANDRA ubicada en el kilómetro 4 vía al acueducto La Reforma y detonaron varias cargas explosivas, lo cual ocasionó la destrucción total de la propiedad. En el lugar de los hechos fueron dejados varios panfletos en los cuales se indicó que el ataque contra la vivienda por parte de los subversivos fue una retaliación contra la familia Cobo Salazar por haber acudido a las autoridades con el fin de realizar un operativo que finalmente condujo a la muerte del insurgente Ricardo Ramazzotti. (….) Como prueba de la propiedad sobre el inmueble (…) rural en la vereda Los Chorros corregimiento La Buitrera en el Municipio de Cali.NOTA DE RELATORIA - Referente a la obligación de protección del Estado a personas amenazadas, consultar sentencia de 8 de noviembre de 1991.

RECORTES DE PERIODICO - Valor probatorio / RECORTES DE PERIODICO - Pueden ser considerados como prueba documental / RECORTES DE PRENSA - Prueba que por sí sola demuestra el registro mediático de los hechos / RECORTES DE PRENSA - Acreditan la existencia de la noticia y su inserción en medio periodístico

La Subsección tendrá en cuenta el citado medio probatorio, únicamente, en cuanto permite acreditar la existencia de la noticia allí contenida y de su inserción en medio periodístico representativo. NOTA DE RELATORIA: Referente al valor probatorio de los recortes de periódico, consultar sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 29 de mayo de 2012. Exp. 2011-01378-00. MP: Susana Buitrago Valencia.

FOTOGRAFIAS Y VIDEOCASETE - Sin valor probatorio al carecer de reconocimiento o ratificación

La parte actora, con el fin de acreditar varios de los hechos, aportó al proceso unas fotografías y un videocasete –reposan en sobre separado- , que no serán valorados en esta instancia, comoquiera que carecen de mérito probatorio, pues sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las que no es posible determinar su origen ni el lugar ni la época en que fueron tomadas o documentadas, y menos se tiene certeza sobre el sitio en el que en ellas aparece, ya que al carecer de reconocimiento o ratificación, no pueden cotejarse con otros medios de prueba allegados al proceso.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FUERZA PUBLICA - Por no tomar medidas de protección a funcionarios oficiales

NOTA DE RELATORIA: En relación con los deberes constitucionales y legales del Estado de proteger la vida de personas que solicitan protección, por encontrarse en riesgo, consultar sentencia de 20 de diciembre de 1998, Exp. 11804. MP. Jesús María Carrillo Ballesteros.

PROTECCION DE VICTIMAS POR HECHOS VIOLENTOS - No es ineludible que prueben la petición, basta acreditar que autoridades conocían del peligro afrontado por la persona

NOTA DE RELATORIA: Referente al deber del Estado de protección de víctimas por hechos violentos, consultar sentencia de 4 de diciembre de 2007, Exp. 16894, MP. Enrique Gil Botero

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Posición jurisprudencial actual. Por omisión en el deber de prestar seguridad y protección a las personas / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Cuando la persona solicita protección especial / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Cuando es evidente la amenaza y existe riesgo sobre su vida en razón de sus funciones

Se encuentra que la posición actual y consolidada del Consejo de Estado enseña que la Administración debe responder patrimonialmente a título de falla en el servicio por omisión en el deber de prestar seguridad y protección a las personas, por lo menos en dos eventos: i) Cuando se solicita protección especial con indicación de las especiales condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la persona y ii) Cuando sin que medie solicitud de protección alguna, de todas maneras resulta evidente que la persona la necesitaba “en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones”

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Por existir petición expresa de protección y seguridad de extorsionados por grupo del Ejército de liberación Nacional / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FUERZA PUBLICA - Por acreditarse que los extorsionados estaban en evidente situación de peligro conocida por la Policía

Analizado el material probatorio que obra en el proceso, para la Sala resulta claro y evidente que en el presente caso sí hubo petición expresa de protección y seguridad por parte de los demandantes ante la entidad accionada y, en el remotísimo evento en el cual se llegara a la conclusión de que dicha solicitud no existió, con todo, se encuentra suficientemente acreditado que los demandantes estaban en una evidente situación de peligro clara y previamente conocida por la demandada Policía Nacional y, por tanto, era fácilmente previsible que pudieran haber sufrido daños contra su vida, su honra y/o sus bienes, situación que hacía indispensable que el Estado adoptara las medidas necesarias para evitar la materialización del riesgo evidente en el que se encontraban.

PETICION DE PROTECCION ESPECIAL Y CONCRETA - No era necesario que los extorsionados la presentaran nuevamente por ser conocido el riesgo por autoridades de Policía

En este orden de ideas, contrario a lo expuesto por los demás intervinientes en este proceso y por el Tribunal a quo, no resultaba necesario que los ahora demandantes presentaran una nueva denuncia o petición de protección “especial y concreta”, comoquiera que, se reitera, desde el momento en que pusieron en conocimiento de las autoridades competentes los hechos contrarios al ordenamiento de que venían siendo víctimas, surgió la obligación de protección a cargo del ente demandado, obligación que se extendía más allá del procedimiento adelantado con el fin de dar captura a los delincuentes, puesto que, como se ha expuesto, resulta de público conocimiento y, en este caso, existe material probatorio que así lo demuestra que cuando se denuncia una presunta conducta punible, surge de manera inmediata la amenaza o el peligro de que los denunciantes sufran alguna retaliación por parte de los denunciados, siendo ese el momento en el que está llamado a operar el Estado adoptando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de los mandatos y postulados consagrados en el artículo 2º de la Constitución Política.(…) De nuevo, una actitud contraria, esto es obligar a las víctimas a denunciar amenazas o peligros que se desprenden de manera directa y evidente de hechos ya puestos en conocimiento de las autoridades, sería asumir que las instituciones para el cumplimiento del deber de protección y vigilancia están llamadas a desempeñar un rol pasivo e incluso indiferente y despreocupado lo cual resulta contrario, por completo a los propósitos esenciales que fundamentan el Estado Social de Derecho.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 2

POSISION DE GARANTE - La asumió la fuerza pública al tener conocimiento de hechos delictivos / POSICION DE GARANTE - Obligación de intervención del Estado respecto de las personas denunciantes y sus familias

En el presente caso resulta evidente que desde el momento en que la entidad ahora demandada tuvo conocimiento de los hechos delictivos que venía padeciendo una de las aquí demandantes, asumió una posición de garante, esto es una obligación específica de intervención, respecto de la integridad de las personas denunciantes y sus familias, así como según se desprende de las particularidades de este caso, de sus bienes, mandato que fue desconocido por el ente público demandado, comoquiera que no adoptó medida alguna de protección y seguridad en relación con la víctimas de los hechos materia de este proceso.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Por falta de protección y seguridad de la integridad de los extorsionados / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL - Por no desplegar medidas de protección a las víctimas lo que contribuyó a que subversivos los atacaran sistemáticamente / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FUERZA PUBLICA - Por no proteger la vivienda donde residían dinamitada y destruida

Aún en el remotísimo evento –que no lo es en este caso- en que se llegara a la conclusión de que no existió solicitud concreta de protección en relación con la seguridad de las víctimas y sus bienes, entre ellos la vivienda objeto del atentado, lo cierto es que se encuentra probada la existencia de un peligro y amenaza ciertos en contra de los ahora demandantes acerca de lo cual tenía suficiente y amplio conocimiento la entidad demandada por lo cual era previsible que los entonces denunciantes podían sufrir atentados contra su integridad, como en efecto sucedió y ello determina que la pasividad en la que permaneció la Policía Nacional en punto de la protección que estaba en el deber de la brindarle a los integrantes de la familia Cobo, resulta censurable, digna de reproche y causante de la responsabilidad patrimonial que será declarada en su contra.(…) A pesar de las evidencias que indicaban de manera fehaciente que los denunciantes y sus familias estaban amenazados o, en todo caso, expuestos a sufrir graves riesgos contra su vida, por el sólo hecho de haber puesto en conocimiento de las autoridades los hechos ilícitos de los que habían sido víctimas, lo cierto es que no existe prueba alguna de que la entidad demandada hubiere desplegado la actividad que le es debida en cumplimiento de los deberes de protección y seguridad que se le habían asignado de manera concreta, inacción que, sin duda, contribuyó de manera efectiva a que el grupo subversivo emprendiera un ataque sistemático contra los denunciantes, acciones que se materializaron, en primer lugar en el atentado sufrido por el señor Luis Alfonso Cobo Rayo y su esposa y, un poco más de un mes después de dicho atentado, la vivienda donde residían fue dinamitada por el grupo al margen de la ley, quedando totalmente destruida. En consecuencia, dado que se acreditó que el Estado incumplió los deberes de protección y seguridad en relación con la integridad de los demandantes, hay lugar a declarar su responsabilidad y, en consecuencia, se impone revocar la sentencia de primera instancia.

PERJUICIOS MORALES - Indemnización a víctimas / PERJUICIOS MORALES - Reconocimiento a hermanos e hijos de las víctimas / PERJUICIOS MORALES - Reconocimiento por no encontrar actores oportuna y eficazmente el apoyo y la protección esperados por las fuerzas militares

Para la Sala no resultan necesarias mayores lucubraciones para advertir que en el presente caso resulta evidente el perjuicio moral que sufrieron los demandantes como consecuencia de la omisión en los deberes de protección y seguridad atribuibles a la entidad demandada. Ciertamente, resulta evidente e incuestionable la angustia, el desasosiego, la impotencia y los sentimientos de abandono que sufrieron los demandantes al no encontrar de manera oportuna y eficaz el apoyo y la protección esperados de la entidad demandada, aún cuando habían acudido ante dicho ente con la esperanza y la confianza de obtener el amparo que requerían ante la conducta ilícita que venían sufriendo y los riesgos inherentes, evidentes y conocidos que se presentaron con ocasión de la presentación de la respectiva denuncia.

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MORALES - Por omisión de la administración de brindar protección a las víctimas

No otra cosa puede concluirse respecto de una familia que a pesar de realizar las actuaciones necesarias y pertinentes para obtener la protección del Estado frente a las amenazas ciertas que venían sufriendo contra su vida, integridad y bienes, fueron dejadas en un completo estado de indefensión en relación con los ataques sistemáticos que padecieron por el grupo subversivo, ante la inacción por parte de las autoridades competentes para adoptar las medidas que tenían a su alcance para conjurar el riesgo padecido, circunstancias que sin duda alguna generan en las víctimas sentimientos de preocupación, dolor y desesperanza en el ente encargado de protegerlos.

INDEMNIZACION PERJUICIOS MORALES - Por amenazas de subversivos dirigidas a demandantes

Como se encuentra probado en el proceso, las amenazas del grupo subversivo iban dirigidas contra la familia Cobo Salazar, en la medida en que dicho grupo al margen de la ley había advertido que en el evento en que se pusieran en conocimiento de las autoridades los hechos delictivos de los que venía siendo objeto la señora Sandra Marleny Cobo Salazar, la vida e integridad de su familia correría serio peligro. De ahí que los perjuicios morales objeto de la presente providencia se reconocerán tanto a las personas que sufrieron de manera directa y efectiva los atentados contra su respectiva vida, integridad y bienes –la señora Sandra Marleny Cobo Salazar, Ángela Marleny Salazar de Cobo y Luis Alfonso Cobo Rayo- como para los demás miembros de la familia –demandantes en este proceso- puesto que a pesar de que no padecieron de manera concreta los atentados perpetrados por el grupo subversivo, lo cierto es que todos ellos fueron objeto de las amenazas –ignoradas, se reitera, por la entidad demandada- al tiempo que no puede haber duda de que sufrieron la angustia y preocupación propias que se generan cuando un familiar es objeto de un atentado que pone en peligro su seguridad.

DERECHO REAL SOBRE BIEN INMUEBLE - Forma de probar / PRUEBA DERECHO REAL - Título y modo / ESCRITURA PUBLICA - Título / INSCRIPCION TITULO OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - Modo

Para acreditar los derechos reales sobre bienes inmuebles, según la jurisprudencia actual de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se requiere necesariamente el aporte – en la forma y con los requisitos que disponga la ley para estos efectos- necesario del título y modo que exija el ordenamiento, de modo tal que ante la no acreditación de alguno de los elementos enunciados, se entenderá que la propiedad no se encuentra acreditada.(…) tratándose, por ejemplo y como ocurre en este caso, de la acreditación de la propiedad sobre un bien inmueble, cuyo título lo constituya un contrato de compraventa, en los términos de la posición actual de esta Corporación, quien acuda al proceso en calidad de titular de ese derecho de dominio, deberá aportar la correspondiente escritura pública –título-, en los términos del artículo 1857 del Código Civil y la constancia de la inscripción de ese título en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos - modo-, de manera que ante la ausencia de cualquiera de los referidos documentos no se entenderá probada la propiedad y, por consiguiente deberá declararse la ausencia de legitimación en la causa por activa cuando sea el demandante el que hubiere acudido al proceso en calidad de propietario sobre un predio.
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