El presente escrito, donde recojo el contexto de los más de 30 recursos entablados por los ciudadanos y ciudadanos empleados públicos de Andalucía y unos 15 más por los sindicatos, siendo necesario que intervenga y de instrucciones al personal a su servicio, para la defensa del interés público






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A la atención personal del Excmo. Sr., Fiscal General del Estado. D. Eduardo Torres-Dulce Lifante
Calle Fortuny, 4. Madrid 28071.

Asunto: Se interesa que promueva ante los tribunales, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, respectivamente las actuaciones de defensa legalidad y de los derechos de acceso al empleo público de los ciudadanos, art. 14 y 23.2 de la Constitución en orden a garantizar el interés público y evitar la quiebra irreversible del Estado de Derecho y la seguridad jurídica en Andalucía.

Excmo. Sr.


Le dirijo la presente, como titular y superior jerárquico del Ministerio Fiscal, órgano del Estado; de relevancia constitucional, que ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad y que de acuerdo con la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, TIENE COMO MISIÓN, artículo 1, y recojo textualmente.

promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.
Al Ministerio Fiscal le corresponde pues, velar por la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas, en todo el territorio nacional y le compete la realización de todas aquellas actuaciones necesarias para su tutela efectiva, protegiendo la legalidad y el interés general de todos los ciudadanos.
El pasado mes de marzo se ha tenido conocimiento del texto del Informe emitido el 29-11 de 2012 por el Fiscal de Sala del Tribunal Supremo D. Antonio Narváez Rodríguez. Loa argumentos contenidos en el mismo resultan inexplicables desde la praxis y técnica jurídico-administrativa; es por ello que le curso el presente escrito, donde recojo el contexto de los más de 30 recursos entablados por los ciudadanos y ciudadanos empleados públicos de Andalucía y unos 15 más por los sindicatos, siendo necesario que intervenga y de instrucciones al personal a su servicio, para la defensa del interés público dada la gravedad de lo QUE ESTA OCURRIENDO EN ANDALUCIA ,

Sirve de fundamento al presente escrito los siguientes

HECHOS.

PRIMERO. Administración paralela de la Junta de Andalucía.

En Andalucía, existe una Administración paralela, que suplanta a la legítima y oficial, y cuya “fraudulenta” regularización legal se ha instrumentado mediante una operación de “INGENIERIA JURÍDICA” cuyo objetivo es consolidar, una Administración, clientelar y partidista, que no cumple los principios de acceso al empleo público (igualdad, merito y capacidad con publicidad) exigidos por el ordenamiento jurídico administrativo, constitucional y laboral vigente. Principios de DERECHO NECESARIO que debe cumplir la Administración pública, cuando tiene la condición de empleador.
Como consecuencia de ello, se quiebra de forma irreversible, la seguridad jurídico administrativa de la actuación pública en la Administración andaluza; se blinda y paga con dinero público a personal laboral privado, seleccionado “dedocráticamente”.
Respecto a este personal, no quedan garantizados los principios de legalidad, imparcialidad, profesionalidad e independencia; piezas básicas de nuestro sistema jurídico constitucional vigente, (seguridad, legalidad, e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: articulo 9.1.y 3 de la Constitución) Estos principios que constituyen los pilares del “ius officium” del colectivo de “servidores públicos”, que garantizan el interés general de los ciudadanos cuya actuación está sometida únicamente al imperio de la ley, para ello se les dota de independencia e inamovilidad en el ejercicio de sus funciones.
Estos son los hechos: la administración paralela-refugio de la caterva de colocados del partido que viven del presupuesto- que ha suplantado la genuina Función Publica y a la que los tribunales han sentenciado en los términos más duros por SER INSTRUMENTOS PARA EVADIR LOS CONTROLES DEL ESTADO DE DERECHO; ha desencadenado fraudes colosales como los ERE y los de la sociedad pública de capital riesgo Invercaria sometidos a pesquisas judiciales.
Inevitablemente toda ayuda pública que se otorga sin atender a sus resultados fomenta la estafa.......; si se prescinde de funcionarios públicos y de fiscalización previa del dinero público; los controles se relajan aún más; las consecuencias imprevisibles.


SEGUNDO. Fraude de ley; desprecio del Estado de Derecho (integración de personal laboral privado en las Agencias creadas “ex profeso” por la Junta de Andalucía)


Este fraude de ley, contenido en las disposiciones normativas susceptibles de impugnación en vía contencioso-administrativa, ha sido desmontado en instancia, en sede judicial, por las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, con sede en Granada y Sevilla, y por los juzgados de este orden judicial de nuestra Comunidad Autónoma.


La Junta de Andalucía 'engorda' a 26.000 enchufados en sus empresas públicas




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