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FUNDAMENTOS

H. Cámara
El presente Proyecto de ley tiene por finalidad instruir al Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza, Dr. Francisco Pérez, que en el término de 30 días de promulgada la ley y en su carácter de titular del Poder Ejecutivo de Mendoza, inicie ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las acciones judiciales correspondientes a los efectos de promover la declaración de inconstitucionalidad del articulo 26 del anexo del Decreto Nº 2054/10 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se descuenta de los fondos de la masa coparticipables de las Provincias el 15% con destino al régimen previsional.
El "Pacto Fiscal I" fue suscripto entre la Nación y los Estados Federales el 12 de Agosto de 1992 y aprobado por la Ley Nacional Nº 24.130. Es en este Pacto Fiscal donde se convino que el Estado Nacional quedaba autorizado a retener un 15% mas una suma fija de $ 43.000.000 mensual, de la masa de impuestos coparticipables, en concepto de aportes de todos los niveles estatales para los siguientes destinos:


  1. El 15% para atender el pago de las obligaciones provisionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios.

  2. La suma de $ 43.000.000 para ser distribuido entre los Estados provinciales suscriptores del presente convenio, con el objeto de cubrir desequilibrios fiscales. A Mendoza, de estos fondos le tocaba $2.200.000 al igual que a Catamarca, Jujuy, Formosa, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones y San Luis.


En Agosto de 1993 se convino entre la Nación y las Provincias el llamado Pacto Fiscal II: "Pacto Federal Para El Empleo, La Producción y El Crecimiento" que tenía como objetivo central la eliminación de los gravámenes que provocarán efectos distorsivos en la economía.
En septiembre de 1996, se sanciona y se publica la Ley Nacional Nº 24.699 que prórroga el Pacto Fiscal II hasta el 31 de diciembre de 1999. Este nuevo convenio, por supuesto, seguía manteniendo la cláusula que le permitía al Estado Nacional descontar el 15% de los fondos provenientes de impuestos coparticipables y disponer de los mismos para los fines ya señalados.
Luego se sanciona la Ley de Reforma Tributaria Nº 25.239, en diciembre de 1999, y que contiene, entre otros temas, la prórroga del Pacto Fiscal hasta el 31 de diciembre de 2001.
En el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2006, sancionado el 22 de Diciembre de 2005 por el Congreso de la Nación (Ley 26078), se estipula en la última parte de su Art. 76, la prórroga del Pacto Fiscal por 5 años, es decir hasta el 31 de Diciembre de 2010
Como se ve claramente, desde la firma del primer Pacto Fiscal (Ley Nacional Nº 24.130) hasta el 31 de diciembre de 2010, las prórrogas del mismo se efectuaron por medio de leyes (Leyes Nacionales Nº 24.699, 25.239 Y 26.078.) y ratificadas por leyes provinciales por cada una de las Legislaturas. En el caso de nuestra Provincia la respectiva aprobación a la última prórroga, fue mediante la Ley 7638, en su artículo 80.
Esto no podía ser de otra forma porque sino se estaría violando la Constitución Nacional.
Nuestra Carta Magna Nacional en su segunda parte dedicada a "autoridades de la Nación" en su Capitulo IV: "Atribuciones del Congreso”, artículo 75, en su inciso 2 establece que le corresponde al Congreso la imposición de tributos bajo la premisa de que son coparticipables con las Provincias todos aquellos que no tengan asignación específica. El régimen de coparticipación o la modificación al destino de los tributos, requiere de su instrumentación mediante Ley Convenio, es decir Ley del Congreso de la Nación, aprobada por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas Cámaras, que a su vez debe ser aprobada por cada una de las Legislaturas.
El mismo artículo de nuestra Carta Magna Nacional (Nº 75), en el inciso 3, indica que la asignación de recursos coparticipados por tiempo determinado o la modificación de dicha asignación requieren ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas cámaras.
A partir del 1 de enero del año 2011 se está transgrediendo la Constitución Nacional ya que, la prórroga del Pacto Fiscal, no se efectuó por ley especial del congreso con mayoría especial, como estipula su artículo 75, ni tampoco fue aprobado por la Legislatura de Mendoza.
Esto es así, ya que la Nación dictó el 22 de diciembre de 2010 el Decreto Nº 2054 que es el presupuesto 2011 y cuyo título es: "establecense disposiciones complementarias a la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2010 aprobado por la ley número 26.546".
En el artículo 26 del anexo del mencionado Decreto se estipula "prorrogase hasta el 31 de diciembre de 2015 los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley Nº 25.239".
En consecuencia, mediante un simple Decreto, el Poder Ejecutivo Nacional pretende suplantar un mandato Constitucional en lo referido a la relación fiscal entre la Nación y los Estados subnacionales: la que estipula la necesidad de su aprobación mediante Ley del Congreso con mayoría especial y posterior aprobación por las Legislaturas Provinciales.
Pero lo más grave e incomprensible de todo es que, ese artículo 26, prorroga el plazo de una ley que a ese momento ya no estaba vigente, la Ley 25.239. Precisamente, el artículo 17 de esta ley ya había sido sustituido o modificado por el artículo 76 de la Ley 26.078, que estableció una nueva prórroga al Pacto Fiscal.
El artículo 26 del anexo del Decreto 2054/10 pretende darle continuidad a la vida o a la vigencia de una disposición legal cuando ya estaba muerta y, por lo tanto, imposibilitada de causar efectos jurídicos y, por supuesto, impedida de provocar la continuidad de esos efectos
Nada puede sorprendernos respecto del avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo la evidente inconstitucionalidad de esta situación de hecho que se pretende de derecho, nos permite reflexionar respecto de la inacción por parte del Gobierno de la Provincia de Mendoza, que nada ha hecho para ponerle fin a esa situación.
En tanto, la pretensión del Estado Nacional, avanza sobre el destino de recursos originados en tributos coparticipables, específicamente la detracción del 15% de estos impuestos con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), cuyo destino es el pago de las obligaciones previsionales por parte de la Nación, sin haber dado cumplimiento a las restricciones impuestas por la misma Constitución Nacional en su artículo 75.
La continuidad de dicha situación desde el 1 de enero de 2011 no significa otra cosa que la retención indebida de recursos que pertenecen a las provincias.
Esta retención indebida a Mendoza le significó, en el año 2011 no recibir por recursos coparticipables la cifra de 1.305 millones de pesos y en el 2012, hasta el 31 de mayo la suma de 607 millones de pesos, lo que representa, anualizando estos montos, que para fin del presente año, Mendoza dejará de percibir una cantidad aproximada a los 2800 millones de pesos. De esta cifra le corresponden por coparticipación a los municipios de Mendoza el 18.8%, suma que asciende a 526 millones de pesos. De continuar esta situación de retención indebida, los mendocinos seguiremos perdiendo a valores de hoy, una cifra aproximada a los 1.500 millones de pesos anuales, hasta diciembre de 2015.
Desde el Ministerio de Hacienda, por intermedio de su propio titular, contador Marcelo Costa, se conoció que el Banco de la Nación Argentina, ha autorizado un préstamo de sólo 200 millones de pesos a Mendoza, cuando lo solicitado por el gobierno era de 400 millones de pesos. Así mismo se sabe de la intención de emitir un bono por alrededor de 1.300 millones de pesos para financiar así el total del déficit que el presupuesto 2012 prevee. Con sólo sumar lo que se especifica en el párrafo anterior queda con mediana claridad que no sería necesario "mendigar" fondos y seguir endeudando a la provincia, si la misma tuviera una relación institucional de respeto y equilibrio (no de sumisión) con la Nación en todos sus aspectos, es decir tanto en lo político como en lo referente a fondos, que en este caso son de la Provincia."
Todo esto es parte de otro debate entre las provincias, en especial en nuestro caso de Mendoza, ya que es por todos conocidos el amplio superávit que en estos tiempos ha alcanzado la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Ahora no se trata de ser "solidarios" con nuestros jubilados como fue el origen de la afectación del 15% de los fondos coparticipables, sino que estamos analizando un superávit extraordinario.
En consecuencia, entendemos que se está produciendo un perjuicio patrimonial a la Provincia de Mendoza, que no tiene fundamento legal ni justificación real y alumbra un debate que tendremos que dar a cortísimo plazo ya que Mendoza, (como la gran mayoría de las Provincias), no está en situación económica-financiera de resignar recursos coparticipables cuando el organismo previsional nacional (ANSES) financia distintas áreas y actividades del Estado Nacional como consecuencia de su enorme superávit.
Los fondos que constituyen el sistema de Coparticipación Federal de impuestos son de propiedad de la Provincia, por la tanto es la Legislatura la que decide sobre ellos, de acuerdo a lo prescripto por el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Provincial, cuando establece que es atribución del Poder Legislativo disponer de los bienes de la Provincia. Asimismo el inciso 22 de esta norma, faculta a la Legislatura dictar las leyes para poner en ejercicio los poderes que establece la Constitución.
Por otra parte, la misma Constitución Nacional, en el artículo 75, exige, reiteramos, la intervención de las Legislaturas para la modificación de cualquier norma que afecte el régimen de coparticipación de impuestos.
No es posible modificar en forma unilateral los acuerdos entre la Nación y las provincias por ninguna de ambas partes.
Entonces, por todo lo expuesto, queda perfectamente claro que, el reclamo judicial que se pretende por el presente proyecto, es un acto de disposición y no de administración.

Mendoza, 2 de julio de 2012.

Dr. JUAN CARLOS JALIFF

Senador Provincial

PROYECTO DE LEY
LA CAMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º: De conformidad a lo establecido por el artículo 117 de la Constitución Nacional, los incisos 4 y 22 del artículo 99 y el inciso 7 del artículo 128 de la Constitución de la Provincia, instrúyase y autorícese al Poder Ejecutivo a iniciar y tramitar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las acciones judiciales pertinentes contra la Nación, en especial la prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a los efectos de promover la declaración de inconstitucionalidad del artículo 26 del anexo del decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2054, de fecha 22 de diciembre de 2010, por el cual se prórroga unilateralmente el plazo de vigencia del Pacto Fiscal, en cuanto a la retención del 15% de la masa de impuestos coparticipables con destino al régimen previsional, aprobado por la Ley Nacional Nº 24.130
Art. 2º: A los efectos establecidos en el artículo anterior se deberá dar la intervención que los artículos 177 y 178 de la Constitución Provincial les otorgan al Fiscal de Estado y al Asesor de Gobierno.
Art.3º: La demanda a la que se refiere el artículo 1º deberá contener, además, la solicitud de restitución y/o reintegro de todos los fondos retenidos, por la aplicación del Decreto Nacional 2054/10, que le hubieran correspondido a la Provincia, conforme a las pautas distributivas e índices de coparticipación que le corresponden según la Ley – Convenio vigente Nº 23.548, desde del 1º de enero de 2011 y hasta la fecha del efectivo pago con más sus intereses.

Art. 4º: Sin perjuicio de otros argumentos que estime pertinente la Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno, la demanda a la que se refiere el artículo 1º deberá fundamentarse en las siguientes consideraciones:



  1. Que la Provincia de Mendoza interponen las acciones judiciales por imperio de la presente Ley.




  1. Que se encuentran gravemente afectados los derechos y los intereses de la provincia.




  1. Que un Decreto no puede prorrogar la vigencia de una ley.




  1. Que el Primer Pacto Fiscal entre la Nación y las Provincias aprobado y ratificado por Ley Nacional Nº 24.130 fue sucesivamente prorrogado por medio de Leyes Nacionales Nº 24.699, 25.239 y 26.078 y ratificado por Leyes Provinciales por cada una de las legislaturas.




  1. Que el plazo de vigencia del Pacto Fiscal, aprobado, por La Ley Nacional 24.130, venció el 31 de diciembre de 2010 por disposición del artículo 76, última parte, de la Ley Nacional Nº 26.078, ratificado por la Legislatura de Mendoza mediante el artículo 80 de la Ley Nº 7.638.




  1. Que el Decreto Nacional 2054/10 es inconstitucional porque viola y no respeta el procedimiento establecido por los incisos 2 y 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional, para la modificación del régimen de Coparticipación Federal, en particular la exigencia de de una ley especial del Congreso sancionada con mayoría también especial.




  1. Que no resulta posible modificar unilateralmente los acuerdos entre la Nación y las Provincias por alguna de las partes.




  1. Que la Legislatura de la Provincia no ha aprobado esta prórroga de la retención del 15% de la masa coparticipable, según lo exige la última parte del cuarto párrafo del inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional.




  1. Que, más allá del cuestionamiento jurídico al artículo 26 del anexo del Decreto Nacional 2054/10, actualmente la referida retención se está realizando en forma ilegítima y de hecho, por lo tanto indebidamente. Esto es así por cuanto el mismo es inaplicable en tanto modifica el artículo 17 de la Ley Nacional 25.239, que ya no se encontraba vigente en razón de haber sido sustituido posteriormente por el artículo 76 de la Ley Nacional 26.078.


Art. 5: Las acciones judiciales motivos de la presente ley deberán ser presentadas dentro de los treinta (30) días corridos desde la Promulgación de la presente ley.

Art. 6º: De forma.

Dr. JUAN CARLOS JALIFF

Senador Provincial

Jaliff- Ley- Demanda

2.012 – “ AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA BANDERA NACIONAL ARGENTINA”

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