Santiago, veintiuno de diciembre de dos mil nueve






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Santiago, veintiuno de diciembre de dos mil nueve. 
V I S T O S:  
En estos autos N° 28.291-A del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil siete, escrita de fojas 1802 a 1849, ambas inclusive, se absolvió a los acusados Carlos Hernán Moreno Mena y Reinaldo Alberto Lukowiak Luppy, del cargo que los sindicaba como autores del delito de secuestro calificado de Einar Enrique Tenorio Fuentes, ocurrido en esa localidad a contar del 15 de septiembre de 1973. En el mismo fallo se condenó al citado Lukowiak Luppy, a Germán Fernández Torres, Hugo Nibaldo Catalán Lagos y Domingo Antonio Silva Soto, como autores del delito de secuestro calificado de Luis Caupolicán Calfuquir Villalón, acaecido en dicha ciudad a contar del 19 del mismo mes y año, sancionándose también a los referidos Moreno Mena, Catalán Lagos, Silva Soto, como autores del delito de homicidio calificado de Osvaldo Burgos Lavoz, mientras que a Nadir Guzmán Pincheira y Heriberto Babileck Druding, los castigó como encubridores del mismo injusto, perpetrado el 15 de septiembre de 1973 en la misma comuna. 
Las penas impuestas en el referido laudo fueron las siguientes: 
a) A Moreno Mena y Lukowiak Luppy, a soportar, cada uno de ellos, la sanción de quince años de presidio mayor en su grado medio, accesoria legal y las costas del juicio. 
b) A Catalán Lagos y Silva Soto, a sobrellevar en cada caso las penas de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias correspondientes y las costas de la causa. 
c) A Fernández Torres, la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesoria pertinente y las costas del proceso. 
d) A Guzmán Pi ncheira y Babileck Druding, a sufrir cada uno la sanción de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesoria legal y las costas del juicio. 
Asimismo, se rechazó, sin costas, la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta en contra del Fisco de Chile, por el abogado Gabriel Hernández Paulsen, en representación de la querellante Verónica Luz Tenorio Aguilera. 
 Impugnaron este fallo los encausados, el Programa Continuación de la Ley N° 19.123 del Ministerio del Interior y la querellante Verónica Tenorio Aguilera por la vía del recurso de apelación, mientras que el Fisco de Chile se adhirió a este arbitrio, según consta de fojas 1905 a 1927. Evacuado que fuera el informe del Ministerio Público Judicial a fojas 1929 y siguiente, la Corte de Apelaciones de Temuco, por resolución de veinticinco de julio de dos mil ocho, que corre de fojas 1962 a 1970, desestimó los recursos impetrados y confirmó en todas sus partes, con costas, el laudo en alzada. 
En contra de esta sentencia de segunda instancia se interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo. Así, el abogado don Oscar Exss Krugmann, en representación del Fisco de Chile, dedujo casación en la forma en relación a la determinación civil, basado en el artículo 541 N° 1 del Código de Procedimiento Penal. Por su parte, el letrado señor Jorge Balmaceda Morales, por Carlos Moreno Mena, impetró recurso de casación en el fondo basado en la causal 5ª del artículo 546 del cuerpo legal, ya citado; el apoderado don Manuel Morales Henríquez, por los imputados Reinaldo Lukowiak Luppy y Nadir Guzmán Pincheira, dedujo idéntico arbitrio fundado en el ordinal 2° del mismo precepto legal; mientras que los abogados señores Luis Mencarini Voisier, por Hugo Catalán Lagos; Dante Herrera Alarcón, como apoderado de Germán Fernández Torres y Domingo Antonio Silva Soto, y Luis Mencarini Neumann, en representación de Heriberto Babileck Druding, formalizaron sendos recursos de nulidad basándose en las causales 2ª y 7ª del ya referido artículo 546. 
Finalmente, doña Magdalena Garcés Fuentes, mandataria de la querellante Verónica Tenorio Aguilera, interpuso similar medio de impugnación sustentado en el numeral 4° del artículo 546 del Código Adjetivo Criminal. 
    A fojas 2057 se declararon admisibles los recursos y se trajeron los autos en relación. 
C O N S I D ER A N D O:  
 PRIMERO: Que, previo a pronunciarse sobre las alegaciones contenidas en los recursos, ha de tenerse presente que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 de su homónimo de Enjuiciamiento Criminal, ?pueden los tribunales conociendo por vía de la apelación, consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma, debiendo oír sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa.? 
 SEGUNDO: Que la situación a que se refiere el artículo 775 del Código de Instrucción Civil, es precisamente la que acontece en el evento sub lite, puesto que el dictamen de segundo grado dio por reproducido el de primera instancia y adicionó algunas reflexiones, sin embargo no se hizo cargo de todas las alegaciones de las defensas de los acusados. 
Las omisiones de que se trata, que se analizarán más adelante, se advirtieron en la vista de la causa, durante la etapa de la relación, haciéndose evidente que la sentencia que llevaron al tribunal a invitar a los abogados de las partes a debatir acerca de aquello, lo que éstos efectuaron, previo a sus argumentos de fondo. 
 TERCERO: Que en efecto, el artículo 541 Nº 9º del Código de Procedimiento Penal, establece que la Corte deberá invalidar la sentencia cuando ella no ha sido extendida en la forma dispuesta por la ley, remitiéndose para tales efectos a lo dispuesto en el artículo 500 del mismo estatuto procesal criminal, que expresamente en su ordinal 5º, establece que las sentencias definitivas de primera instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen la de otro tribunal, deberán contener entre otros requisitos: ?Las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, tanto las agravantes como las atenuantes, y para establecer la responsabilidad o la irresponsabilidad civil de los procesados o de terceras personas citadas al juicio?. 
Tal exigencia impone al sentenciador la obligación de explicar los motivos por los que, se ha reconocido o desestimado alguna las solicitudes de los intervinientes, de manera tal de cumplir con el imperativo legal de fundamentar las resoluciones judiciales, a fin de otorgarle autoridad a las decisiones del órgano jurisdiccional, además de cumplir con la garantía constitucional de un racional, justo y debido proceso. (En este sentido, SCS N° 6251-05, de 28 de mayo de 2007; SCS N° 2760-08, de 30 de septiembre de 2008 y SCS N° 6105-08, de 16 de noviembre de 2009, entre otras). 
CUARTO: Que, la asistencia letrada de los acusados Carlos Moreno Mena, Hugo Catalán Lagos y Germán Fernández Torres, al contestar la acusación en lo principal de los escritos de fojas 1632, 1675 y 1684, solicitaron, entre otros requerimientos, como alegación subsidiaria en favor de los referidos convictos, que se reconozca la concurrencia de la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 11 Nº 6 del Código Punitivo, esto es, la irreprochable conducta anterior, la cual atendida la naturaleza de los antecedentes que la comprueban, en concepto de sus abogados, debía ser considerada como muy calificada, para los fines de regular la pena aplicable al caso conforme al artículo 68 bis del Código del ramo, cuestión está última, sobre la cual la sentencia de primera instancia omite toda consideración, según se comprueba de sus motivos trigésimo tercero, (que derechamente no se pronunció sobre la atenuante), trigésimo noveno y cuadragésimo tercero , mientras que el laudo de segundo grado se limitó a confirmar el veredicto, sin manifestarse sobe la tasación reivindicada, y por ende a fundar su acogimiento o desestimación como lo manda la ley. 
QUINTO: Que, asimismo, las defensas de los imputados Moreno Mena, Catalán Lagos, Fernández Torres y Silva Soto, plantearon como peticiones subsidiarias, la prescripción gradual o media prescripción establecida en el artículo 103 del Código Penal, cuya concesión por el tribunal permitiría disminuir la pena a imponerles en caso de condena. 
SEXTO: Que, a su turno, la sentencia de primer grado destinó parte de sus considerandos trigésimo tercero, trigésimo noveno, cuadragésimo tercero y cuadragésimo quinto para referirse a la petici 'f3n expresada anteriormente, sin emitir un pronunciamiento fundado y directo al respecto, toda vez que se limitó a rechazarla, teniendo para ello presente, lo manifestado en otros fundamentos -trigésimo primero-, en donde se pronunció latamente respecto de una petición diferente de los acusados, consistente en reclamar la existencia de una causal de extinción de la responsabilidad penal, específicamente de la prescripción de la acción de igual carácter, alegada como defensa de fondo, la que fue rechazada por estimarse que los delitos de secuestro y homicidio calificado perpetrados por agentes del Estado, al constituir crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles. El fallo de segundo grado se limitó a confirmar el fallo dictado por el a quo en todas sus partes. 
SÉPTIMO: Que de esta forma el tribunal de segunda instancia, al reproducir el veredicto de primera en todas sus partes, hizo suyo el mismo fundamento para rechazar la procedencia de la media prescripción, esto es, haciendo referencia a aquellas consideraciones que se tuvieron en cuenta para resolver una causal de extinción de la responsabilidad penal, sin advertir las diferencias existentes entre la institución de la prescripción de la acción penal y la circunstancia atenuante del artículo 103 del texto penal dejando en la práctica, sin argumentos o motivaciones el fallo de alzada, al remitirse a razonamientos que no eran conducentes para resolver, sin razonar directamente sobre las solicitudes concretas de las defensas, de forma tal, que se ha producido una situación en que se realizan las reflexiones necesarias para entender porque se negaba lugar a la aplicación del artículo 103 del texto penal respecto de uno de los acusados de autos. 
OCTAVO: Que lo anterior significó dejar sin fundamentos la decisión adoptada por los jueces de segundo grado, en orden a rechazar la concurrencia de la media prescripción alegada por la defensa de los enjuiciados Moreno Mena, Catalán Lagos, Fernández Torres y Silva Soto, afectando también los derechos de otros imputados, ya que pese a que no fue solicitada expresamente por ellos, dado los términos en que está redactado el artículo 102 del Código Penal, que obligaba de todas formas al tribunal a verificar su procedencia de oficio, por lo que la decisión de aquellos jueces que se limitaron a repetir los elementos de c argo que contribuyeron a formar la convicción del juez de primer grado, en circunstancias que éstos constituían la respuesta a otra alegación formulada por sus defensas, significó dejar el fallo desprovisto de todo raciocinio respecto de la materia propuesta, lo que prueba la ausencia de los requisitos que ordena la ley, vicio que conlleva como sanción la nulidad del fallo de segunda instancia. 
NOVENO: Que la fundamentación de las sentencias constituye una garantía que tiende a evitar la arbitrariedad, pues permite conocer los motivos que sustentan la resolución, imponiendo a los jueces la obligación de estudiar razonadamente los elementos de juicio reunidos, en términos que resulte entendible la aceptación o rechazo, tanto de las pruebas rendidas como de las alegaciones y defensas planteadas, por lo que para estimar cumplida la exigencia del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, han debido los jueces del fondo razonar en términos que permitan comprender las motivaciones que los conducen a dar por probados o bien denegar los hechos invocados por los litigantes. 
DÉCIMO: Que, la sentencia de alzada, con las omisiones anotadas, queda claramente incursa en la causal de nulidad contemplada en el literal noveno del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 500 numerales 4° y 5° de la misma recopilación, puesto que se evidencia claramente que no ha sido extendida en la forma dispuesta por la ley aplicable, deficiencia que, por otra parte, no puede subsanarse sino con la anulación del fallo que la contiene, por lo que esta Corte procederá a invalidarla de oficio, dictando en su lugar la sentencia de reemplazo que corresponda, en los términos de lo prevenido en los incisos segundo a cuarto del artículo 544 del texto sobre procedimiento penal en referencia. 
Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764 del Código de Procedimiento Civil, 535 y 544 del Código de Procedimiento Penal, se casa, de oficio, la sentencia de veinticinco de julio de dos mil ocho, escrita desde fojas 1962 a 1970, la cual es nula y se reemplaza por la que se dicta inmediatamente a continuación, sin nueva vista de la causa, pero separadamente. 
Atento lo resuelto, se tienen por no interpuestos los recursos de casación en el fondo promovidos en lo principal de fojas 1972, 1983, 2002, 2010, 2017, 2034, 2040, 2025 y de casación en la forma deducido en lo principal de fojas 1989, por los letrados Jorge Balmaceda Morales, Luis Mencarini Neumann, Luis Mencarini Voisier, Dante Herrera Alarcón, Manuel Morales Henríquez, Magdalena Garcés Fuentes y Oscar Exss Krugmann, en representación de los sentenciados Carlos Hernán Moreno Mena, Heriberto Babileck Druding, Hugo Catalán Lagos, Germán Fernández Torres, Domingo Antonio Silva Soto, Reinaldo Lukowiak Luppy y Nadir Guzmán Pincheira, de la querellante Verónica Tenorio Aguilera y del Fisco de Chile. 
Regístrese. 
Redactó el Ministro Sr. Rubén Ballesteros Cárcamo. 
Rol Nº 5235-08. 
  
  
  
  
  
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L. y el abogado integrante Sr. Nelson Pozo S. 
  
  
  
  
Autorizada por la Secretaria Subrogante de esta Corte Suprema doña Carola Herrera Brummer.
  
  
  
En Santiago, a veintiuno de diciembre de dos mil nueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente a la señora Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó. 
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