Santiago, doce de noviembre de dos mil siete






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Santiago, doce de noviembre de dos mil siete.

V I S T O S :

En estos autos N° 2.182-98, rol de la Corte de Apelaciones de Santiago, episodio “Vidal Riquelme”, por sentencia de primera instancia dictada por el Ministro de Fuero señor Jorge Zepeda Arancibia el catorce de enero de dos mil cinco, que se lee de fojas 886 a 957, se condenó a Claudio Abdón Lecaros Carrasco a sufrir las penas de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito de secuestro calificado en la persona de Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez acaecido desde el quince de septiembre de 1973; tres años de presidio menor en su grado medio, la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito de homicidio calificado en la persona de Cesario del Carmen Soto González o Casáreo Soto, acaecido en el sector del puente sobre el río Loncomilla el 15 de septiembre de 1973; y, tres años de presidio menor en su grado medio y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito de homicidio calificado en la persona de Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez, perpetrado en el sector del puente sobre el río Loncomilla, el 15 de septiembre de 1973. Se condenó a José Basilio Muñoz Pozo a las penas de quinientos cuarenta días de presidio menor en su grado mínimo y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena como autor del delito de secuestro calificado de Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez a contar del 15 de septiembre de 1973; tres años de presidio menor en su grado medio y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito de homicidio calificado en la persona de Cesario del Carmen Soto González o Cesáreo Soto, ya señalado; y, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en calidad de autor del delito de homicidio calificado de Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez, acaecido en el sector del puente sobre el río Loncomilla, el 15 de septiembre de 1973. Por último, se absolvió al enjuiciado Omar Antonio Mella Lillo de los cargos librados en su contra en la acusación de fojas 546 y adhesión de fojas 553, de ser autor de los delitos de secuestros calificados de Cesáreo Soto o Cesario del Carmen Soto González y de Vidal Riquelme Ibáñez y del homicidio calificado de Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez.

Por su fracción civil, se acogió, con costas, la demanda interpuesta por Nelson Guillermo Caucoto Pereira, en representación de Luis Vidal Riquelme Norambuena, en el primer otrosí del escrito de fojas 553, en contra del Fisco de Chile, representado por la abogado Clara Szczaranky Cerda, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, disponiéndose el pago por el demandado de la cantidad de $250.000.000.- (doscientos cincuenta millones de pesos), como indemnización por el daño moral producido.

Apelado dicho veredicto por doña Loreto Meza Van Der Daele, en representación del Programa Continuación de la Ley N° 19.123 del Ministerio del Interior, como también por la asistencia letrada del querellado Claudio Lecaros Carrasco y por doña María Teresa Muñoz Ortúzar, abogado Procurador Fiscal de Santiago, previo informe de la Fiscal Judicial señora Sylvia Pérez Pizarro, la Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución de siete de noviembre de dos mil cinco, que corre a partir de fojas 1161, en lo penal, declaró que los acusados Claudio Abdón Lecaros Carrasco y José Basilio Muñoz Pozo quedan condenados a sufrir, cada uno de ellos, la pena única de cinco años de presidio menor en su grado máximo, las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y el pago de las costas del litigio, en calidad de autores del secuestro calificado de Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez, desde el 15 de septiembre de 1973, y de los homicidios calificados de Cesáreo del Carmen Soto González o Cesáreo Soto y de Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez, acaecidos en el sector del puente sobre el río Loncomilla, en la señalada data. A su turno, el veredicto de alzada aprobó la sentencia impugnada en cuanto absolvió a Omar Antonio Mella Lillo de la acusación y adhesión formuladas a fojas 546 y 553, respectivamente. En lo civil, revocó el pronunciamiento de primer grado por el que se accedía a la demanda entablada en el primer otrosí del escrito de fojas 553 y, en su lugar, declaró que se acoge la excepción de incompetencia absoluta opuesta por el Fisco de Chile en lo principal de su presentación de fojas 707.

En contra de esta última decisión, los abogados Miguel Angel Cerda, en representación del encausado Claudio Lecaros Carrasco; Nelson Caucoto Pereira, por la parte querellante; y Loreto Meza Van Den Daele, por el Programa Continuación de la Ley N° 19.123, dedujeron sendos recursos de casación en el fondo y, declarado admisible únicamente el último de tales arbitrios, se trajeron los autos en relación, según reza la resolución de fojas 1213.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO: Que la compareciente Loreto Meza Van Den Daele, por el Programa Continuación de la Ley N° 19.123, ha planteado un recurso de casación en el fondo asilado en la causal 1ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia, aunque califique el delito con arreglo a la ley, imponga al delincuente una pena más o menos grave que la designada en ella, cometiendo error de derecho al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad.

Sostiene que el dictamen impugnado ha incurrido en error al reconocer la circunstancia atenuante de responsabilidad prevista en el artículo 11 N° 1 del Código Penal, en conexión con el artículo 10 N° 9 del mismo cuerpo legal, al acusado Muñoz Pozo; al estimar concurrente respecto de ambos condenados en los delitos de homicidios calificados, la situación prevista en artículo 103 del estatuto sancionatorio, apreciando de este modo los hechos como revestidos de dos o más atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante; al dejar de considerar las agravantes contempladas en los números 5, 6, 11 y 12 del artículo 12 de la aludida compilación; y, por último, al vulnerar, con la aplicación de institutos como el de la media prescripción, normas de carácter internacional vigentes en Chile, como el artículo 3° común a los cuatro Convenios de Ginebra de mil novecientos cuarenta y nueve y los artículos 147 y 148 del Convenio IV sobre la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra.

SEGUNDO: Que no obstante lo anterior, durante le estudio de la causa, el Tribunal advirtió que los antecedentes dan cuenta de un vicio de aquéllos que permiten invalidar de forma la sentencia, de oficio, lo que no se pudo dar a conocer a las partes atendido el estado procesal en el que se encontraban los autos.

TERCERO: Que, en efecto, en estos autos, se dictó sentencia condenatoria por los delitos de secuestro calificado de Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez y de homicidios calificados en las personas de Cesáreo del Carmen Soto González o Cesáreo Soto y Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez, incurriendo en razonamientos contradictorios, toda vez que el fallo de primer grado, en su reflexión quincuagésima primera, mantenida por el veredicto atacado, determinó que los condenados deberán cumplir las penas privativas de libertad que les fueron impuestas en orden sucesivo, principiando por la más grave, de conformidad a la acumulación material a que se refiere el artículo 74 del Código Penal, por ser más beneficioso que el sistema que contempla el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. A su turno, y sin perjuicio de lo reseñado, en la motivación tercera del dictamen de alzada, expresamente sanciona a los responsables por las diversas figuras penales de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 509, antes citado, para concluir imponiendo una sola pena por las diversas infracciones.

CUARTO: Que la presencia de consideraciones antinómicas, como lo son los motivos quincuagésimo primero del fallo de primer grado y tercero de la resolución de alzada, trae como corolario que ellos se oponen o destruyen entre sí y acarrea el defecto de carecer la sección resolutiva del dictamen de la debida fundamentación sobre el particular, y en el hecho, dejan privada de sustento la afirmación relativa a la penalidad impuesta en los diversos hechos criminosos, al anularse la una con la otra, vicio que la invalida.

QUINTO: Que, dado lo expuesto, el fallo de alzada, con la anomalía anotada, queda claramente incurso en la causal consagrada en el literal noveno del artículo 541 del Código persecutorio penal, en conexión con el artículo 500, N° 4°, de la misma recopilación, pues no ha sido extendida en la forma dispuesta por la ley; deficiencia que, por otra parte, no puede subsanarse sino con la anulación de oficio del fallo que la contiene.

SEXTO: Que acorde con lo expuesto y en virtud de lo prevenido en el artículo 535, inciso 1°, del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 775 del de Enjuiciamiento Civil, esta Corte se encuentra facultada para invalidar la indicada resolución, desde que se dan en la especie los presupuestos que permiten al tribunal proceder de oficio y siendo evidente el vicio de que adolece el fallo en estudio, hará uso de dicha atribución, anulando el dictamen por la causal reseñada en el basamento anterior.

SÉPTIMO: Que, en razón de lo antes concluido, se tendrá por no interpuesto el recurso de casación en el fondo intentado por la representante del Programa Continuación de la Ley N° 19.123, en lo principal de su presentación de fojas 1.186, para cuyo conocimiento se ordenó traer estos autos en relación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 500, N° 4°, 535, 541 N° 9° y 544 del Código de Procedimiento Penal y 764, 765, 775 y 808 del de Enjuiciamiento Civil, SE INVALIDA DE OFICIO la sentencia de siete de noviembre de dos mil cinco, que obra de fojas 1.161 a 1.167, la que es nula en todas sus partes y se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Regístrese.

Redacción del abogado integrante señor José Fernández Richard.

Rol N° 6626-05.


Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Rubén Ballesteros C., Jaime Rodríguez E., Hugo Dolmestch U. y el abogado integrante Sr. José Fernández R. No firma el Ministro Sr. Rodríguez, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios.

Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema don Carlos Meneses Pizarro.

Santiago, doce de noviembre de dos mil siete.

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de casación precedente y lo previsto en los artículos 535 y 544 del Código de Procedimiento Penal, se dicta a continuación la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones:

1.- Se mantienen las rectificaciones y adiciones indicadas en los numerales 1.- a 7.-, inclusive, de la sentencia invalidada;

2.- Se suprimen los basamentos Cuarto, Séptimo a Décimo, Décimo Quinto a Vigésimo, Vigésimo Séptimo a Cuadragésimo Segundo, Cuadragésimo Cuarto a Quincuagésimo Primero y Quincuagésimo Cuarto a Septuagésimo Segundo;

3.- Se elimina la frase "el motivo Cuarto de" que se lee en la parte final de la reflexión Décimo Tercera;

4.- En la consideración Vigésimo Sexta se prescinde de la referencia hecha a las defensas del acusado José Basilio Muñoz Pozo formuladas en su libelo de fojas 763;

5.- En su apartado Cuadragésimo Tercero se reemplaza la oración “dos homicidios calificados y un secuestro” por “tres homicidios calificados”;

6.- Se reproducen los fundamentos Primero, Segundo y Quinto a Noveno de la sentencia anulada de la Corte de Apelaciones de Santiago de siete de noviembre de dos mil cinco.

Y SE TIENE, EN SU LUGAR, Y ADEMÁS PRESENTE:

1°).- Que si bien es efectivo que los hechos de los que fue víctima Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez se tipificaron como constitutivos del delito de secuestro calificado, desde que su cuerpo no ha sido habido hasta la fecha, su identidad y muerte están suficientemente acreditadas en autos.

En efecto, para comprobar el hecho de la muerte,las normas del Libro II del Código de Procedimiento Penal no son exclusivas, pues aún cuando no medie el hallazgo del cadáver de la víctima y la consiguiente autopsia, puede recurrir el juzgador a otras circunstancias fácticas de las que emanen presunciones para arribar a la convicción de su acaecimiento. Tal aserto lo reafirman los artículos 657 N° 2° y 663 inciso primero del estatuto procesal penal, atinentes al recurso de revisión.

2°).- Que en orden a comprobar el fallecimiento de Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez se han reunido los siguientes elementos de convicción:

a) querella de fojas 2, de 9 de agosto de 2.002, intentada por Luis Vidal Riquelme Norambuena, la que bajo el capítulo “Los Hechos”, indica que Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez fue privado de libertad el día 16 de septiembre de 1.973, alrededor de las 10 horas, luego de que se presentara al Retén El Melozal Sur, cumpliendo una orden de la autoridad policial. Junto a otros dos detenidos, Cesáreo Soto González y Rubén Acevedo Gutiérrez, fue retirado de la unidad por una patrulla militar a cargo del suboficial de Ejército José Basilio Muñoz Pozo. El mismo día de su detención, su pareja, doña Rosa Norambuena Sepúlveda, escuchó por radio que varios detenidos habían sido muertos en el Puente Loncomilla al intentar escapar de la patrulla militar que los custodiaba. Entre los afectados se mencionaba a Vidal Riquelme, Cesáreo Soto y Rubén Acevedo. Conocida esa noticia, familiares de las víctimas consiguieron una autorización para rastrear el río Loncomilla con el objeto de encontrar los cuerpos, lugar donde sólo se hallaron los restos de Cesáreo Soto tres días después de ocurridos los hechos, y otros cuerpos sin vida, entre ellos, los de Rubén Acevedo y Gerardo Encina, que presentaban orificios de bala en la espalda y el pecho destrozado;

b) declaración prestada ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación por Abraham Riquelme Ibáñez, con fecha 16 de agosto de 1.990, quien refiere que en septiembre de 1.973 le avisaron que su hermano había sido detenido y no aparecía. En el retén del Melozal el sargento “Meller” le comunicó que lo había entregado a una patrulla militar. En San Javier habló con José Muñoz Pozo, quien le dijo que su hermano al ser traído detenido se había fugado y que el capitán al mando del lugar les dio una autorización para buscarlo en el río Loncomilla, el mismo que les señaló que si encontraban otros cadáveres los dejaran en el lugar. Señala que vieron otros cinco cuerpos en el río, ninguno de los cuales correspondía a los detenidos del Melozal, y los dejaron ir. Esos cadáveres estaban con heridas de bala;

c) copia del texto del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo 1, relativo a los hechos de que fueron víctima Cesario Soto González, Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez y Rubén Acevedo Gutiérrez, quienes luego de presentarse voluntariamente al Retén El Melozal el día 15 de septiembre de 1.973, quedaron detenidos. La familia de uno de ellos había escuchado que en las inmediaciones se encontraban abandonados algunos cadáveres y visto en un puente del sector evidentes huellas de sangre, razón por la cual inició la búsqueda. Encontraron en el río Loncomilla el cuerpo sin vida de Rubén Acevedo que presentaba heridas a bala; así como otros cadáveres que no pudieron rescatar. Los que participaron en esa labor dicen haber reconocido a Gerardo Encina. Los antecedentes permiten presumir que las cuatro personas fueron llevadas por sus captores al puente sobre el río Loncomilla, lugar donde se les ejecutó, lanzándose sus cuerpos al cauce;

d) copia de declaración jurada de Rosa Hayde Norambuena Sepúlveda, de 3 de abril de 1.990, quien señala que en el mes de septiembre de 1.973 tenía su domicilio en la localidad de El Melozal, lugar donde convivía con Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez. Alrededor de las 16 horas del día 15 de septiembre de 1.973 llegaron a su casa funcionarios de carabineros quienes preguntaron por su conviviente. Aproximadamente a las 18:45 horas Vidal Riquelme se dirigió al retén. El día 16 de septiembre escuchó por radio Centenario de San Javier que varios detenidos habían sido muertos en el Puente Loncomilla al intentar escapar de la patrulla que los custodiaba. Entre los detenidos que nombraba aquella información se encontraban Vidal Riquelme, Cesario Soto y Rubén Acevedo. En el río fueron encontrados los cadáveres de Cesario Soto y Rubén Acevedo;

e) informe policial N° 352 de 8 de octubre de 2.002, de la Policía de Investigaciones de Chile, Departamento V “Asuntos Internos”, agregado a fojas 41 y siguientes, que consigna en el acápite III.- “Apreciación del Investigador Policial”, que se estableció la efectividad que Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez fue detenido el 15 de septiembre de 1973 al concurrir voluntariamente a las dependencias de el retén El Melozal de San Javier, previo haber sido notificado de su presentación conforme a una orden establecida por el entonces Gobernador de San Javier, capitán de Ejército Claudio Abdón Lecaros Carrasco. Del mismo modo, el suboficial Mayor ® de Carabineros Mella Lillo, en su interrogatorio policial, reconoce que efectivamente la víctima se presentó en dicha repartición policial conforme a su notificación practicada por carabineros, cumpliendo una orden del Gobernador de San Javier, Lecaros Carrasco, establecimiento donde permaneció hasta ser retirado junto a Cesario Soto y Rubén Acevedo por una patrulla militar al mando del Suboficial de Ejército José Basilio Muñoz Pozo, hecho acontecido el mismo día de su detención, en horas de la tarde. Por su parte el Coronel ® Lecaros Carrasco legitima en su declaración policial la orden de detener a estas personas rectificando que actuó a petición de carabineros. Los antecedentes recabados concluyen que la patrulla militar al mando de Muñoz Pozo, después de retirar a los mencionados detenidos, en el trayecto a la ciudad de San Javier, específicamente en el puente Sifón sobre el río Loncomilla, les dio muerte y sus cuerpos lanzados al río, hecho que fue ratificado mediante Bando Militar elaborado por el Capitán Claudio Lecaros Carrasco e informado a la ciudadanía por la radio Centenario de San Javier, haciendo referencia que aquéllos trataron de escapar, aplicando en el acto la denominada “Ley de Fuga”. Por último se consigna que, tomando en consideración que los cuerpos sin vida de Cesario Soto y Rubén Acevedo fueron encontrados en las aguas del río Loncomilla con impactos de bala, por acción de los militares que los custodiaban; que ambas personas habían permanecido previamente detenidas junto a Vidal Riquelme en el Retén Melozal de Carabineros, el Oficial Investigador se formó la convicción que dicha víctima tuvo la misma suerte y se estima que, por agentes naturales y torrente de dicho afluente no fue posible encontrar su cuerpo, atendido el hecho además que para su búsqueda existían condiciones hostiles en la época;

f) declaración policial de Luis Vidal Riquelme Norambuena, de fojas 65, y judicial, de fojas 170, quien refiere que de acuerdo a los antecedentes que ha reunido, Vidal Riquelme, Rubén Acevedo y Cesáreo Soto fueron retirados desde las instalaciones de carabineros en horas de la tarde y trasladados presuntamente hacia la ciudad de San Javier, pero en el trayecto, específicamente en el Puente Loncomilla, los militares dispararon contra ellos, aplicándoles la denominada Ley de Fuga, noticia que fue difundida por la Radio Centenario de San Javier, oportunidad en que informaron que las personas mencionadas correspondían a detenidos, quienes al intentar fugarse de la patrulla militar que los custodiaba, habían sido eliminados. Por último hace notar que todos los cuerpos encontrados en septiembre de 1.973, depositados en la ribera del río Loncomilla, presentaban numerosos impactos de bala, hecho que les provocó la muerte;

g) declaración policial de Abraham del Tránsito Riquelme Ibáñez de fojas 67, y judicial a fojas 114, quien depone que su hermano Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez el día 16 de septiembre de 1.973 fue requerido por el Carabinero Omar Mella Lillo para que se presentara en la Comisaría de Carabineros debido a que tenía que regularizar la inscripción de un arma que mantenía en su poder. Al llegar al Retén Melozal Sur el suboficial Mella le indicó que estaba detenido. Agrega el declarante que su cónyuge, María Tapia Lacroix, días después fue a conversar con el carabinero Mella, oportunidad en que éste le indicó que al requerido lo había entregado a una patrulla del ejército, y que cuando era trasladado por los militares a un lugar desconocido, los detenidos se habían revelado, motivo por el cual los habían fusilado en las inmediaciones del puente sobre el río Loncomilla. Indica además que con esos antecedentes contrató los servicios de botes y buzos profesionales para rastrear el río, donde encontraron más de cuatro cadáveres que evidenciaban una gran cantidad de impactos de proyectiles principalmente a la altura del tórax. Recuerda que entre los cuerpos que vio estaba el de Cesáreo Soto, quien también se encontraba detenido junto a su hermano en elretén Melozal Sur y otro detenido de nombre Rubén Acevedo. Asimismo acota que cuando concurrió al antiguo Puente Loncomilla en la localidad de San Javier, pudo apreciar que existían evidencias que se había asesinado a personas en el lugar por la gran cantidad de sangre que estaba distribuida en el suelo y en las barandas del puente;

h) declaración policial de María Tapia Lacroix de fojas 69, y judicial a fojas 116, quien indica que en la tarde del día 18 de septiembre de 1.973 fue a conversar con el carabinero Mella Lillo para que le informara lo ocurrido con su cuñado, el que en el acto le señaló que se lo había entregado a una patrulla del ejército agregando que cuando era trasladado por los militares a un lugar desconocido los detenidos se habían revelado, motivo por el cual los habían fusilado en las inmediaciones del Puente Loncomilla;

i) declaración policial de Alonso Campos Morales a fojas 71 y judicial a fojas 135, quien menciona que acompañó a Vidal Riquelme hasta el Reten de Carabineros de El Melozal, lugar donde quedó detenido. Señala que también estaban detenidos en el lugar Rubén Acevedo Gutiérrez y otro que recuerda como Cesáreo. Como a los dos días después de su detención, por Radio Centenario se difundió una noticia o bando que daba cuenta de que en un intento de los detenidos por huir de la patrulla militar que los transportaba se les había aplicado la ley de la fuga. Al cabo de unos diez días aparecieron en las riberas del río Loncomilla los cuerpos sin vida de esas dos personas;

j) declaración policial de Omar Antonio Mella Lillo a fojas 76, y judicial a fojas 142, en que relata que al 11 de septiembre de 1.973 era jefe del Retén Melozal, y entre las órdenes que recibió del Capitán Claudio Lecaros Carrasco fue notificar verbalmente a tres personas que concurrieran al retén, se trataba de Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez, Cesáreo Soto González y Rubén Acevedo Gutiérrez. Tomó conocimiento que las personas fueron al retén y ese mismo día, en horas de la tarde, se presentó un suboficial de Ejército de nombre José Muñoz Pozo acompañado de unos quince efectivos, condujeron a los detenidos a los vehículos militares y se retiraron. Al cabo de dos días se enteró por rumores en la Comisaría de Carabineros de San Javier que las personas quefueron retiradas por el suboficial Muñoz habían sido eliminadas y lanzadas al río Loncomilla. Al otro día se emitió un Bando Militar donde se daba cuenta que estas personas, durante su traslado, específicamente en el Puente Loncomilla, habían tratado de arrancar y se había aplicado la denominada Ley de la Fuga;

k) declaración policial de Claudio Abdón Lecaros Carrasco, de fojas 79, y judicial de fojas 317, que en lo pertinente señala que pocos días después del golpe militar, en su calidad de Gobernador de San Javier, por expresa petición de Carabineros ordenó, mediante un Bando, que se detuviera a unas personas en el sector del Melozal debido a motivaciones de índole política. La orden fue impartida al jefe de carabineros de la zona decretando además que debían ser interrogadas y trasladadas a San Javier. En horas de la noche se enteró que las personas que había ordenado detener en El Melozal, en los momentos que eran trasladadas por una patrulla militar a cargo del suboficial de Ejército José Muñoz Pozo habían intentado escapar, motivo por el cual les habían disparado. Refiere que al día siguiente de ocurridos los hechos se presentaron dos grupos de familiares de las víctimas a solicitar información respecto de los cuerpos de los fallecidos y les explicó que los cuerpos habían sido lanzados al río Loncomilla;

l) declaración policial de José Basilio Muñoz Pozo, de fojas 137 y 352, quien recuerda que pocos días después del 11 de septiembre de 1.973 recibió una orden para constituirse en el Retén El Melozal para los efectos de retirar a unos detenidos. Concurrió con personas del Ejército y de carabineros donde lo recibió el Sargento Mella. Relata que había recibido la instrucción de entregarlos en la Comisaría de San Javier, pero en realidad esa era la explicación pública porque la verdad era que dada su peligrosidad había que eliminarlos. Fue así, según refiere, que poco antes de llegar al puente Loncomilla, aprovechando la oscuridad de la noche, ordenó detener las patrullas, hicieron descender a los detenidos, se les puso de pie, y el mismo deponente les hizo presente que se había recibido una orden superior que ordenaba su eliminación por constituir su vida un peligro para la seguridad del Estado. Les hizo presente si tenían alguna petición o deseo que formular, pero respondieron que no tenían nada que decir. Instalados de pie, a unos quince metros, se apostaron el resto de los funcionarios y a la voz de “fuego” que impartió, todos dispararon, menos el que declara por su condición de jefe, cayendo desplomados los cuerpos al suelo. Luego relata que ordenó subirlos a las camionetas y que en el Puente Loncomilla fueron arrojados al río. Luego de ello se informó que habían sido eliminados al intentar huir desde la patrulla militar en que se movilizaban, aplicándoseles la ley de la fuga. Acota que la orden la dio el Capitán Claudio Lecaros, quien señaló que se trataba de personas peligrosas que perpetraban actos terroristas y que representaban un peligro para la Patria, por lo que tenían que ser eliminadas;

m) parte N° 1762 de 29 de noviembre de 2.002 de la Policía de Investigaciones de Chile, Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, que contiene la declaración policial de Rolando Rivera Tucas, quien fuera Jefe de la Comisaría de San Javier a la época de los hechos, refiere que por comentarios de sus subalternos supo que los “milicos” habían fusilado y matado a tres personas;

n) declaración policial de Sergio Antonio Rojas de fojas 390, quien refiere que al 11 de septiembre de 1.973 se encontraba residiendo en El Melozal, y cumpliendo una orden de carabineros de la localidad se presentó en el retén con la finalidad de colaborar con los funcionarios en labores de patrullaje y guardias al interior de las instalaciones. Respecto de las víctimas Cesario Soto González, Vidal Riquelme Ibáñez y Rubén Acevedo Gutiérrez, dice que efectivamente los conoció por esos años y que pese a haber colaborado con carabineros nunca los vio detenidos en el recinto del retén de Melozal y solamente escuchó posteriormente que los habían asesinado en el Puente Loncomilla;

ñ) certificado de defunción de Rubén Acevedo Gutiérrez, agregado a fojas 308, que consigna como causa de muerte “roturas viscerales múltiples, herida a bala, homicidio”;

o) certificado de defunción de Cesáreo del Carmen Soto González, que consigna como causa de muerte “herida a bala transfixiante – toráxica – homicidio”.
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