Punto 1: La Administración Pública: Noción conceptual; La Administración en el Estado de Policía y en el Estado de Derecho; Límites a la actividad de la Administración; La Administración en sentido Objetivo, Subjetivo y Formal






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títuloPunto 1: La Administración Pública: Noción conceptual; La Administración en el Estado de Policía y en el Estado de Derecho; Límites a la actividad de la Administración; La Administración en sentido Objetivo, Subjetivo y Formal
fecha de publicación30.05.2016
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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Cátedra: Derecho Administrativo I
Profesor: Dr. Aníbal MUTTI

Alumno: Juan Gastón Resquín Ponce

Localización: ALMAGRO Turno: Noche
RESEÑA DE CLASE DEL DÍA 27 DE ABRIL, CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD 1., PUNTO 2.
Punto 1: La Administración Pública: Noción conceptual; La Administración en el Estado de Policía y en el Estado de Derecho; Límites a la actividad de la Administración; La Administración en sentido Objetivo, Subjetivo y Formal.


La Administración Pública; Noción conceptual:
El Derecho Administrativo es la rama del Derecho Público que regla la organización y funcionamiento de la Administración del Estado. Se puede establecer una descripción pero no una definición en virtud de su constante mutualidad natural y por el carácter esencialmente local que presenta, subordinado al ordenamiento constitucional del Estado.
La Administración puede ser objeto de estudio desde dos puntos de vista diferentes – material, como función del Estado y formal, cómo entidad u órgano.
La Administración es una actividad subordinada a las funciones de gobierno por eso cuando está referida a éste, la denominamos Administración Pública.
Desde el punto de vista material, la distinguimos como “acción de gobierno al dictar y aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes y para la conservación y fomento de los intereses públicos, y a resolver las reclamaciones a que dé lugar lo mandado”, respecto al formal, como conjunto de organismo encargados de cumplir esta función.
Otra funciones del estado son la Normativa o Legislativa y la función Jurisdiccional.
La actividad reglamentaria es de sustancia normativa o legislativa, en el concepto de la actividad de legislación definida como aquella que traduce el dictado de las normas jurídicas, que tienen como característica propia ser de alcance general y objetivo para los administrados a quienes las normas van destinadas. En este sentido, los diversos Reglamentos que se emiten en el ámbito del Poder Ejecutivo constituyen el ejercicio de funciones que desde el punto de vista material no se diferencian de las leyes generales que sanciona el Congreso aún cuando estas poseen una jerarquía normativa superior. Esta potestad reglamentaria también es ejercida por el Poder Judicial.
La función jurisdiccional de la Administración, definiéndola como la actividad estatal que decide controversias con fuerza de verdad legal exige el carácter imparcial e independiente del órgano que la ejerce. La diferencia entre la función Jurisdiccional y la Administrativa se asienta sobre la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales por parte de la Administración Pública.
Los límites que corresponden fijar para regir la Actividad Jurisdiccional de la Administración Pública son:


  1. La atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos que deben provenir de la ley formal para no alterar a favor del poder Ejecutivo el equilibrio en que reposa el sistema Constitucional.




  1. La idoneidad del órgano como la especialización de las causas que se atribuyen a la Administración tienen que hallarse suficientemente justificadas, para tomar razonable el apartamiento excepcional del principio general del juzgamiento de la actividad administrativa por el Poder Judicial en material fiscal.




  1. Si se atribuyen a órganos administrativos funciones de substancia jurisdiccional en forma exclusiva, sus integrantes deben gozar de ciertas garantías para asegurar la independencia de su juicio frente a la Administración activa, tal como la inamovilidad en sus cargos.




  1. El contralor que el poder Ejecutivo pueda realizar de los actos jurisdiccionales que emitan órganos administrativos será de limitarse a la legalidad, y dentro de esta especie de control, a casos de excepción, por cuanto existe una relación, jerárquica atenuada a su mínima expresión.




  1. Los tribunales que integran el Poder Judicial, deben conservar la atribución final de revisar las decisiones de naturaleza jurisdiccional.


La función Gubernativa: Se excluyen de acuerdo a los fallos de la CSJN, de excluir a determinados actos de la revisión judicial, denominados Actos de Gobierno o Políticos o Institucionales y que son aquellas actividades de los órganos del estado, supremos en la esfera de sus competencias, que traduce el dictado de actos relativos a la organización de los poderes constituidos, a las situaciones de subsistencia ordenadas, segura y pacífica de la comunidad y de derecho de gentes concretado en tratados internacionales de límites, neutralidad, paz, criterio este que tiene la ventaja de considerar la actividad de gobierno en su totalidad.
(Roberto E. Luqui)


En la Adm. Pub., se dan todas las características propias de una Institución:


  1. Persigue fines que, si bien pertenecen al bien común, ella los asume como privativos.

  2. Se halla compuesta por un grupo humano que concurre a una actuación comunitaria el cual se rige por un estatuto específico, que no se aplica a los integrantes del gobierno. Los agentes públicos que integran la Adm., deben participar plenamente de los fines que objetivamente persigue la Institución.

  3. Es una tarea perdurable, sus miembros están destinados a seguir funciones, aún cuando falte el gobierno.

  4. Cuenta con un poder organizado que le ha sido instituido al servicio de los fines de interés público que objetivamente persigue, poder que permite imponer decisiones que adopta la institución no sólo a sus componentes (Agentes Públicos) sino a quienes no integran la Adm. (Los Administrados), dentro de los límites que fija el ordenamiento jurídico.


(Juan Carlos CASSAGNE)

La Administración en el Estado de Policía y en el Estado de Derecho
Difieren esencialmente entre sí, ésta diferenciación repercute, asimismo, en la “Administración” entre estos tipos de Estado.


  1. El Estado de Derecho: significa que a todo principio de derecho acompaña la seguridad de que el estado se obliga asimismo a cumplirlo (El derecho sujeto tanto a gobernados como gobernantes). Debe establecerse en el interés de los ciudadanos y tiene por el fin especial preservarlos y defenderlos contra la arbitrariedad de las autoridades estatales.




  1. El Estado de Policía: se inspira en el principio que el fin justifica los medios y dentro de cuya concepción la autoridad actúa de manera discrecional y sin ninguna traba frente al individuo, como que todos los poderes se refunden en un poder único avasallador que opera sin el freno de la ley.


Límites a la actividad de la Administración.
Pueden hallarse establecidos en “intereses privados” de los administrados o en “intereses públicos”.
A su vez los límites establecidos en el “interés público” pueden resultar de actividad reglada o actividad discrecional, de las normas jurídicas (leyes materiales y formales) o de normas no jurídicas (corresponden a datos que, en la especie concreta, se vinculan a exigencias de la técnica o de la política y que representan al “mérito, oportunidad” o “conveniencia” del acto; el comportamiento o la actitud de la administración debe acomodarse a dichos datos expresados por la técnica o la política con relación al caso concreto que se considere.
El principio de legalidad le impone a la Administración una regla psicológica “La obligación de tener en cuenta, en su acción, el interés público”, la desviación de éste por desconocimiento u olvido puede viciar los actos incurriéndose en “desviación de poder” una de las formas en que se concreta la ilegitimidad.
Los límites puestos en interés individual
El Estado de Derecho, junto a la personalidad del estado, se reconoce y aparece la personalidad del individuo o administrado tiene un conjunto de derechos que deben ser respetados por aquel en el ejercicio de su actividad. Si no se efectúa este respeto se invade la esfera jurídica del individuo (Acto “Ilícito”) esta ilicitud sólo puede dejar de ser tal en dos supuestos. Primero, cuando dicha lesión patrimonial resultare de un cambio del derecho objetivo con alcances generales y segundo cuando existiese acuerdo de partes.
Límites puestos en el interés público
Las actividad Estatal y Administración deben cumplirse y desarrollarse en forma que satisfagan las necesidades e intereses públicos por ser este el fin de la actividad del estado. Existen un conjunto de normas legales que disciplinan y regulan todo lo atinente a la Actividad de la Administración y que se clasifican en tres grupos.


  • Normas de Organización


Se refieren a la creación de órganos administrativos y a la atribución de la respectiva competencia.


  • Normas atinentes al contenido del acto


Se refieren y consideran lo relativo a la voluntad administrativa y más precisamente a la correlación que debe existir entre la voluntad expresa y la finalidad que se pretende obtener con el acto que se emite.


  • Normas relacionadas con el procedimiento


Comprenden todo lo vinculado a la forma de emanación del acto.

Existen también los límites puestos a la actividad de la administración, en interés público por normas no jurídicas.
Nos referimos a este en su actividad discrecional cuyo ejercicio depende y tiene como límites la “finalidad” del acto respectivo, en cuanto a la organización y procedimientos debiendo ser cumplida respetando los principios sobre competencias y forma del acto.
La Administración en sentido Objetivo, Subjetivo y Formal.
La función administrativa puede considerarse desde 3 puntos de vista fundamentales.


  • Material, sustancial u objetiva: Considera a la Administración teniendo en cuenta la naturaleza jurídica interna de la actividad desarrolladora, con total prescindencia del órgano o del agente productor del acto o de la actividad.




  • Orgánico o Subjetivo: Tiene en cuenta los órganos a que normalmente le están asignadas las funciones administrativas del Ejecutivo y los órganos que le dependen excluyendo la función administrativa al Legislativo y Judicial.




  • Formal: Comprende todas las resoluciones que tengan la eficacia propia de los Actos Administrativos, cualquiera sea su contenido o los sujetos de que emanen, teniendo trascendencia las actividades legislativas y judicial.



(Marienhoff)


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