Ponencia del Magistrado omar alfredo mora díAZ






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Ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.

 

                  En el juicio que por cobro de diferencias de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, sigue el ciudadano MAURICIO HELY STERLING GONZÁLEZ, representado judicialmente por los abogados César Augusto Campos Guevara, Rosa Marina Quintero Castro, Ana de la Consolación Quintero Escalante, Arsenio Pérez Chacón, Juan Carlos Hernández Martínez y Carmen Teresa Mesa Chinea, contra la sociedad mercantil ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A., representada judicialmente por los abogados Rosa Elena Martínez de Silva, María Eva Carrillo Urdaneta, Giuseppina Cangemi de Folgar, María Elena Páez Pumar, Luis Augusto Silva Martínez, María Guadalupe García Sanz, Simón Adolfo Andrade Pacifici, Ernesto Enrique Paolone Otaiza, Rubén Darío Pimentel García, Rosemary Thomas, Alfonso Graterol Jatar, Juan Ramírez Torres, Esteban Palacios Lozada, María del Carmen López Linares, Julio Ignacio Páez Pumar y Carlos Ignacio Páez Pumar; el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 2 de febrero de 2011, declarando:  1°) desistido el recurso de apelación ejercido por la parte actora, contra el auto proferido en fecha 2 de diciembre de 2010, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo;  2°) con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada, contra el auto supra referido;  3°) se repone la causa al estado que el Juez Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, motive adecuadamente la decisión objeto del recurso, explicando las razones de su negativa a la homologación de los conceptos que versan en materia de salud, condiciones y medio ambiente del trabajo,  y señale el órgano competente a quien le corresponda tal homologación; y 4°) se revoca parcialmente el auto recurrido, respecto a la abstención del Juez A quo de homologar los conceptos antes mencionados.

 

                   Contra la decisión emitida por la Alzada, en fecha 10 de febrero de 2011, la representación judicial de la parte demandada interpuso recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

 

              En fecha 3 de marzo de 2011, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

Mediante decisión N° 404 de fecha 7 de abril de 2011, esta Sala de Casación Social admitió el recurso de control de la legalidad interpuesto.

 

Por auto de Sala fechado 22 de septiembre de 2011, se fijó la realización de la audiencia oral, pública y contradictoria para el día jueves veinte (20) de octubre de 2011, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), todo en sujeción a lo regulado por el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

                  En fecha 17 de octubre de 2011, fue suspendida la audiencia pública y contradictoria, por cuanto el Magistrado Ponente, se encontraba de reposo médico. Finalmente, dicho acto fue celebrado el día jueves veintinueve (29) de marzo de 2012, a las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), por lo cual, una vez celebrada la audiencia oral y habiendo esta Sala pronunciado su decisión de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en la oportunidad que ordena el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, bajo las siguientes consideraciones:

 

DEL RECURSO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD

 

Denuncia la parte demandada recurrente, la violación de los artículos 15, 206, 208 y 209 del Código de Procedimiento Civil, así como los artículos 159 y 160 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por haber incurrido, la Alzada, en el vicio de reposición mal decretada, con menoscabo del derecho a la defensa.

A tal efecto, explican los recurrentes que la demandada apeló de la decisión de Primera Instancia, que declaró la homologación parcial de la transacción suscrita entre las partes, en fecha 2 de agosto de 2010, en virtud que el Juzgado A quo, otorgó la respectiva homologación al acuerdo a excepción de los conceptos que versaban sobre materia de salud, condiciones y medio ambiente del trabajo.

 

Es el caso que el Ad quem, en lugar de decidir el fondo del asunto, se limitó a reponer la causa al estado que el Juez Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, motive adecuadamente la decisión, explicando las razones de su negativa a la homologación de los conceptos que versaban en materia de salud, condiciones y medio ambiente del trabajo, y señalara el órgano competente a quien le correspondería tal homologación, a los fines que las partes ejerzan los recursos pertinentes, transgrediendo abiertamente su deber de decidir el fondo del asunto, con lo cual se limitó a señalar la inmotivación del auto recurrido.

 

Agregan los recurrentes que, si la decisión estaba inmotivada, lo correcto era anular el citado auto y pronunciarse de manera afirmativa o negativa sobre la homologación de la transacción suscrita entre las partes.

 

Para decidir, se observa:

 

En el presente caso, se denuncia la violación del derecho a la defensa de la parte demandada originado por una reposición mal decretada, la cual ocurrió, cuando, la Juzgadora de Alzada, anula el auto apelado y ordena la reposición de la causa al estado en que el Juez A quo, motive adecuadamente su decisión, explicando las razones de su negativa a la homologación de la transacción suscrita entre las partes, con respecto a los conceptos sobre la materia de salud, condiciones y medio ambiente del trabajo.

 

A los fines de verificar lo delatado por la parte recurrente, se considera necesario transcribir parcialmente el fallo recurrido, en los siguientes términos:

 

De la lectura de la decisión recurrida aprecia quien decide, una falta de motivación en lo referente a la negativa del A Quo de impartir la homologación al acuerdo transaccional –en lo referente a la materia sobre higiene y salud ocupacional-, que permita a quien decide comprender las razones de hecho que sirvieron de fundamentacion (sic) para tal decisión, pues solo se limitó –el A Quo- a indicar:

 

“...le imparte la homologación al acuerdo TRANSACCIONAL celebrado (…) con excepción de los conceptos de los conceptos (sic) que versan en materia de salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, toda vez que al haberse celebrado La Transacción como modo anormal de terminación del proceso; es precisamente esta forma de terminación del proceso “TRANSACCIÓN” a la que se refiere el artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, la que debe cumplir con una serie de requisitos concurrentes a los fines de que el órgano competente proceda a su homologación (...)”.

 

Cabe preguntarse quien decide:

 

A criterio del A Quo ¿Cuál o cuales de los requisitos concurrentes previstos en el artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, no aparecen satisfechos en el acuerdo transaccional?

 

A criterio del A Quo ¿Cuál es el órgano competente a los fines de proceder a impartir la homologación denegada por el Juez de la Primera Instancia?

 

Tales interrogantes en modo alguno pueden ser despejadas del contenido del auto recurrido, toda vez que las decisiones judiciales deben bastarse a sí misma, de manera que los justiciables puedan comprender a cabalidad las motivaciones del órgano judicial a la hora de resolver, y de esta manera ejercer los recursos que creyeren pertinentes, por una parte, y por la otra, el órgano judicial superior en grado, poder resolver sobre lo acertado o no de la decisión que se recurre.

 

(Omissis…)

 

Como corolario de lo antes expuesto, y dado que los motivos del Juzgador A quo son tan vagos y generales, que impiden a esta Alzada conocer el criterio –por este- seguido para abstenerse de homologar la transacción presentada, se declara con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte accionada.

 

 

VI

 

DECISIÓN

 

En orden a los razonamientos expuestos este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declara:

 

DESISTIDO el recurso de apelación ejercido por la parte actora.

 

CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte accionada, y en consecuencia:

 

SE REPONE la causa al estado de que el Juez Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, motive adecuadamente la decisión objeto del presente recurso, explicando las razones de su negativa a la homologación de los conceptos que versan en materia de salud, condiciones y medio ambiente del trabajo, y señale el órgano competente a quien le corresponde la homologación, a los fines de que las partes ejerzan los recursos pertinentes.

 

SE REVOCA PARCIALMENTE el auto de fecha dos (2) de Diciembre del año 2010, respecto a la abstención del Juez A-quo en homologar los conceptos que versan en materia de salud, condiciones y medio ambiente del trabajo.

 

 

Ahora bien, de las actas que conforman el expediente se verifica que en fecha 10 de agosto de 2010, ambas partes consignaron un acuerdo transaccional, en el cual solicitan su respectiva homologación, de conformidad con lo previsto en ordinal 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3, parágrafo único de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

Así las cosas, mediante auto de fecha 2 de diciembre de 2010, el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, le impartió homologación parcial a dicho acuerdo transaccional, toda vez que exceptúo los conceptos sobre materia de salud, condiciones y medio ambiente de trabajo.

Por su parte, la Alzada, tal y como se desprende del texto de la recurrida precedentemente transcrito, conociendo en apelación del aludido auto, estableció que dado que los motivos del Juzgador A quo eran tan vagos y generales, que le impidieron conocer el criterio seguido por éste, para abstenerse de homologar la transacción presentada, declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte accionada y consideró pertinente reponer la causa al estado de que el Juez Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, motivara adecuadamente la decisión objeto del recurso, explicando las razones de su negativa a la homologación de los conceptos que versan en materia de salud, condiciones y medio ambiente del trabajo, y señalara el órgano competente a quien le corresponde la homologación, a los fines de que las partes ejerzan los recursos pertinentes.

 

En este sentido, aprecia la Sala que resulta evidente la violación del orden público procesal laboral, ya que la Juzgadora de Alzada, al considerar que la decisión de Primera Instancia se encontraba inmotivada, debió dictar sentencia pronunciándose en cuanto al asunto sometido a su conocimiento, ya que siendo ésta una Jueza de Instancia y que el vicio detectado no afectaba ninguna forma esencial a la validez de un acto del proceso, conservaba plena facultad y elementos para conocer el fondo del asunto discutido, por tanto era su deber pronunciarse en cuanto a la homologación o no del acuerdo transaccional, en lo referente a la materia de salud, condiciones y medio ambiente del trabajo.

 

                  De tal manera, que revelada la violación del orden público procesal laboral por parte de la Alzada, al incurrir en el vicio de reposición mal decretada, que quebranta el debido proceso, el derecho a la defensa y además vulnera la celeridad procesal como principio fundamental, resulta forzoso declarar con lugar el presente recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada, y por vía de consecuencia se decreta la nulidad del fallo recurrido. Así se decide.

 

                  En virtud de lo antes establecido y a tenor de lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta Sala desciende a las actas del expediente, y pasa a decidir el fondo del asunto, bajo las siguientes consideraciones:

 

DECISIÓN SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA

 

En el caso bajo análisis, el ciudadano Mauricio Hely Sterling González, demandó por cobro de diferencias de prestaciones sociales a la sociedad mercantil Alimentos Polar Comercial, C.A., en fecha 8 de diciembre de 2008, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial Estado Carabobo.

 

En fecha 4 de marzo de 2009, se dio inicio la audiencia preliminar, dejándose constancia en acta, de la comparecencia de ambas partes, quienes consignaron escritos contentivos de promoción de pruebas y sus anexos.

 

En fecha 5 de agosto de 2009, concluye la audiencia preliminar y la parte accionada procedió a dar contestación, en fecha 16 de septiembre de 2009. Posteriormente, fueron remitidas las actuaciones a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, a los fines de la distribución de la causa, recayendo su conocimiento en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial.

 

En fecha 19 de marzo de 2010, el Juzgado de Primera Instancia de Juicio referido, una vez celebrada la audiencia oral y pública, dictó su sentencia declarando sin lugar la demanda incoada, siendo que contra dicho fallo fue ejercido recurso de apelación por la parte actora.

 

Consta a los folios 253 al 269, que en fecha 10 de agosto de 2010, fue consignado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Valencia, escrito mediante el cual el ciudadano César Augusto Campos Guevara, en su condición de apoderado judicial del parte actora, por una parte, y el ciudadano Luis Augusto Silva Martínez, apoderado judicial de la parte demandada, por la otra, acordaron celebrar una transacción, en la cual la empresa Alimentos Polar Comercial, C.A., se comprometió a pagar al demandante, la cantidad de nueve mil bolívares fuertes (Bs.f. 9.000,00), suma que declaró recibir a través de cheque N° 00457219, girado a su nombre contra el Banco Provincial, de fecha 4 de agosto de 2010, por todos y cada uno de los conceptos que se especifican en el documento transaccional.

 

El Juzgado Superior, en fecha 12 de agosto de 2010, con el fin de preservar el principio de la doble instancia, ordenó la remisión del expediente al Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial -a quien le correspondió el conocimiento de la causa en fase preliminar-, con el objeto de que se pronunciara sobre la homologación de la aludida transacción.

 

En fecha 2 de diciembre de 2010, el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, le impartió homologación al acuerdo transaccional, celebrado entre las partes, con excepción de los conceptos que versan en materia de de salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, y a tal efecto consideró que “al haberse celebrado la transacción como modo anormal de terminación del proceso, es precisamente esta forma de terminación del proceso “TRANSACCIÓN” a la que se refiere el artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la que debe cumplir con una serie de requisitos concurrentes a los fines de que el órgano competente proceda a su homologación”.

 

Contra el referido auto, ambas partes ejercieron recurso de apelación.

 

En consecuencia, habiendo quedado desistido el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en virtud de su incomparecencia a la audiencia oral y pública, y siendo que, la Alzada, al conocer el recurso de apelación ejercido por la demandada, repuso la causa a un estado anterior, incurriendo en el vicio de reposición mal decretada, tal y como quedó establecido en acápites anteriores, corresponde a la Sala, de conformidad con el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, conocer del fondo del asunto, sin más dilaciones, por lo que de seguidas se pasa a verificar los términos del mencionado acuerdo de las partes, así como el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y en los artículos 10 y 11 de su Reglamento, con el objeto de otorgarle la eficacia correspondiente.

 

Examinados los términos de la transacción, se evidencia que el demandante contó con la debida asistencia de abogado, pues, fue su apoderado judicial quien suscribió la misma en su representación, contando con facultad expresa para transigir, cumpliéndose así con la garantía constitucional de asistencia debida en el proceso; así como en la manifestación escrita del acuerdo, actuó en forma voluntaria y sin constreñimiento alguno, ya que no fueron alegado vicios del consentimiento y, visto que el escrito presentado, se encuentra debidamente circunstanciado en cuanto a la motivación de la transacción y los derechos comprendidos, es por lo que esta Sala de Casación Social, como autoridad competente, acuerda concederle la homologación a la manifestación de voluntad presentada por las partes en este caso y el efecto de cosa juzgada, aplicándole las consecuencias previstas en el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto a que no existe condenatoria en costas para las partes. Así se decide.

 

Ahora bien, a criterio de esta Sala, y en cumplimiento de la labor pedagógica que ésta ha asumido, considera propicia la oportunidad para hacer algunas precisiones de carácter normativo y jurisprudencial, relacionadas con la jurisdicción que tiene el Poder Judicial y en especial los Juzgados Laborales para conocer de la homologación de transacciones que versen sobre materia de salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, a fin de orientar a los operadores de justicia y a los justiciables en cuanto a la interpretación o alcance que debe dársele a la normativa que rige la materia, dado que, en el presente caso, se aprecia con preocupación que tal facultad se ha puesto en duda, pudiendo generarse con ello una desnaturalización del fin último del proceso, que no es otro que la materialización de la justicia.

 

Así las cosas, el artículo 9 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.596 del 3 de enero de 2007, establece lo siguiente:

 

Artículo 9. Sólo es posible la transacción en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente siempre que:

 

1. Cumpla con lo previsto en el ordenamiento jurídico.

 

2. Verse sobre las condiciones y oportunidad para el pago de los derechos litigiosos o discutidos.

 

3. El monto estipulado para pagar al trabajador o a la trabajadora sea, como mínimo, el fijado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales en un informe pericial realizado al efecto.

 

4. Conste por escrito.

 

5. Contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motive y de los derechos en ella comprendidos.

 

El Inspector o la Inspectora del Trabajo competente podrá homologar las propuestas de transacción que cumplan todos los requisitos exigidos en el presente artículo, para lo cual deberá cerciorarse que el trabajador o la trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno y, deberá solicitar y recibir el informe pericial correspondiente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.

 

El Inspector o la Inspectora del Trabajo procederá a homologar o rechazar la propuesta de transacción que le fuere presentada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe pericial del Instituto. En el supuesto que el Inspector o la Inspectora del Trabajo niegue la homologación, deberá indicar los motivos de la decisión y, si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándoles a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Esta decisión podrá ser recurrida ante los Tribunales Superiores con competencia en materia del Trabajo.

 

Sólo la transacción en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo, debidamente homologada de conformidad con este artículo, tendrá efecto de cosa juzgada, a tenor de lo previsto en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

No será estimada como transacción laboral aquellas que no cumplan con los requisitos exigidos en el presente artículo, aun cuando el trabajador o la trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o la trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo”

 

 

Como se aprecia del dispositivo sub-legal, anteriormente transcrito, cuando se hace mención del órgano competente que homologara las transacciones que convengan patrono y trabajador en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo, solamente se alude al “Inspector o Inspectora del Trabajo”, el cual deberá verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en dicha norma, por lo que pudiera interpretarse que tal facultad le ha sido atribuida en forma exclusiva a la Administración Pública, a través de las Inspectorías del Trabajo, en virtud del vacío existente en la misma producido por la ausencia u omisión de hacer referencia a algún órgano jurisdiccional.

 

En vista de esta situación, pondera oportuno la Sala recordar que una norma no puede ser interpretada de forma aislada, sino dentro del contexto en el cual la misma se encuentra.

 

De allí que corresponde analizar si la homologación de las transacciones celebradas en dichas materias, corresponde en forma exclusiva y excluyente, del conocimiento de la Inspectoría del Trabajo y no al Poder Judicial, a través de los Juzgados pertenecientes a la jurisdicción laboral.

 

En este orden de ideas, encontramos que la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en sentencia N° 955 de fecha 23 de septiembre de 2010, ejerciendo su función de máximo interprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, revisó los criterios de interpretación que se habían mantenido respecto del artículo 259 eiusdem, y en tal sentido concluyó que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general, a los “tribunales del trabajo”, según se desprende del siguiente tenor:

 

Ha sido criterio pacífico y reiterado de esta Sala Constitucional, que el conocimiento de las acciones referidas a providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.

 

Dicha doctrina fue establecida por esta Sala en el fallo Nº 1318 del 2 de agosto de 2001 (caso: Nicolás José Alcalá Ruiz), en los siguientes términos:

 

“...como quiera que, la decisión provenía de un órgano de carácter administrativo, inserto en el Poder Ejecutivo, esto es, de las Inspectorías del Trabajo, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir este tipo de controversias era la jurisdicción contencioso administrativa, siendo consecuente con el principio del Juez Natural. De lo expuesto se colige, que el criterio sostenido en la sentencia anteriormente citada, dictada por la Sala Político Administrativa, debe ser abandonado. En consecuencia, deberá prevalecer el presente criterio, lo que implica que, en el futuro, los Juzgados con competencia en materia laboral, deberán declinar en los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento y decisión de los recursos interpuestos contra las providencias administrativas, dictadas por las Inspectorías del Trabajo, por ser éstos los órganos judiciales a los cuales les incumbe conocer de este tipo de juicios.

Así, dado que a la jurisdicción contencioso-administrativa le compete el conocimiento de las demandas de nulidad en contra de las decisiones administrativas provenientes de los órganos de la Administración del Trabajo; en el ejercicio de esa competencia, debe poseer igualmente la potestad para resolver los conflictos que surjan con motivo de la ejecución de ese tipo de providencias que han quedado firmes en sede administrativa tal como lo es, se insiste, para conocer de su nulidad...” (Subrayado nuestro).

 

Por otra parte, en sentencia Nº 2862 del 20 de noviembre de 2002 (caso: Ricardo Baroni Uzcátegui), esta Sala precisó la competencia respecto del conocimiento de las causas que son propuestas contra dichos actos administrativos, así:

 

“...Por ello y como las Inspectorías del Trabajo son órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, debe reiterarse en esta oportunidad que es la jurisdicción contencioso-administrativa la competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución; o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos. De allí que no sólo no existe norma legal expresa que otorgue esta competencia a los tribunales laborales, sino que, de verificarse ésta, sería inconstitucional por violación del artículo 259 del Texto Fundamental. Así se declara.

 

(…omissis…)

 

Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máxima intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja sentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:

(i) La jurisdicción competente para el conocimiento de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, así como de cualquier otra pretensión –distinta de la pretensión de amparo constitucional- que se fundamente en las actuaciones u omisiones de dichos órganos, es la jurisdicción contencioso-administrativa.

(ii) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en Primera Instancia, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en Segunda Instancia, cuando ésta proceda, a la Sala Político-Administrativa de este Supremo Tribunal.

(iii) De las demandas de amparo constitucional autónomo que se intenten contra los actos, actuaciones u omisiones de las Inspectorías del Trabajo, conocerán los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial correspondiente al lugar donde se produjo la supuesta lesión al derecho constitucional, y en Segunda Instancia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. A falta de los primeros en la localidad en donde se hubiere producido el hecho lesivo, conocerán, con fundamento y de acuerdo al procedimiento que establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil -si lo hubiere- o de Municipio -a falta de aquél- de la localidad. Así se declara” (Subrayado nuestro).

 

De las sentencias citadas y parcialmente transcritas supra, se colige que esta consideración se produjo en el marco de la interpretación que ha hecho esta Sala con relación al contenido y alcance del artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en innumerables decisiones (vid. sentencias Nos. 2353/2001, 131/2006 y 347/2006, entre otras).

 

Dicho estudio ha señalado, en forma generalizada, el ámbito de aplicación de la norma contenida en el citado artículo 259 de la Carta Magna, indicando que la misma es atributiva de la competencia, mas no constitutiva de derechos; por lo tanto, sólo regula el contenido y alcance de la jurisdicción contencioso administrativa.

 

En tal sentido, el artículo 259 constitucional, establece lo siguiente:

 

Artículo 259. La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la Ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”.

 

Así las cosas, si bien es cierto que el referido artículo 259 establece una regla general, existen algunas excepciones, como es el caso de la jurisdicción especial agraria, que conoce asuntos que versan sobre aspectos del contencioso administrativo, pero que por la especialidad de la materia y la protección constitucional reconocida a la misma, han sido reservados a los Tribunales Agrarios (artículo 269 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario).

 

En este orden de ideas, destaca la regulación constitucional del derecho al trabajo, plasmada en los artículos 87 al 97, Título III: Derechos Sociales, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al considerarlo un derecho y un hecho social, el Constituyente impone al Estado el deber de protegerlo.

 

De allí que la Disposición Transitoria Cuarta, en su numeral 4, de nuestra Carta Magna, estableció el deber para la Asamblea Nacional de aprobar, dentro del primer año, contado a partir de su instalación:

 

“Una Ley Orgánica Procesal del Trabajo que garantice el funcionamiento de una
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