Competencia y Oportunidad






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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
Facultad de Derecho
Controversia Constitucional 32/2007:

Análisis práctico”
Asignatura

Derecho Procesal Constitucional
Catedrático

Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Alumnos

Jorge Antonio Olvera Mateos

David Salas Dávila
Fecha de Entrega

22 de octubre de 2009

INDICE
INTRODUCCION
ESTUDIO DE CASO: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2007


  1. Procedimiento




    1. Competencia y Oportunidad (Considerando Primero y Segundo)

    2. Legitimación de las partes (Considerando Tercero)

    3. Causas de improcedencia (Considerando Cuarto)

    4. Cuestión efectivamente planteada (Considerando Quinto)




  1. Demanda y Contestación




    1. Demanda

      1. Conceptos de invalidez (Resultando Segundo)

    2. Contestación de la Demanda (Resultando Quinto)

      1. Poder Legislativo del Estado de Baja California

      2. Opinión de la Procuraduría General de la República




  1. Argumentación del Ministro Instructor




    1. Análisis de constitucionalidad del artículo 58 (Considerando Noveno)

    2. Análisis de constitucionalidad de los artículos 64 y 65 (Considerando Décimo)

    3. Análisis de constitucionalidad de las fracciones VI y VII del artículo 63 (Considerando Undécimo)

    4. Análisis de constitucionalidad del artículo 66 (Considerando Duodécimo)

    5. Análisis de la constitucionalidad del artículo 90 (Considerando Décimo Tercero)

    6. Análisis de la constitucionalidad del artículo 93 (Considerando Décimo Cuarto)




  1. Sentencia




    1. Efectos de la sentencia (Considerando Décimo Quinto)

    2. Puntos Resolutivos

    3. Votación del Proyecto de la Sentencia


CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCION
El Estado es un ente que se conforma por una serie de elementos. Para algunos autores son: la población, el gobierno y el territorio; unos más, incluyen a la soberanía. Otros, señalan que se debe diferenciar entre población y pueblo porque éste último es el elemento verdadero. En fin, consideramos que la Teoría del Estado, y las diversas opiniones que sobre ella se han generado en nuestro ámbito profesional y académico –el jurídico- son bastantes y cada una de ellas con diversos matices.

No obstante la aseveración anterior, identificamos como uno de los elementos fundamentales del Estado, a los órganos políticos que ejercen las diversas actividades de gobierno. En nuestro sistema jurídico-constitucional corresponden -de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política- al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. También cabe anotar, que en virtud del artículo 40, nuestra Constitución Política implica una “República representativa, democrática y federal compuesta de Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior”.

A partir de la integración de la República mexicana como Federación es que existen diversas entidades federativas. En el presente trabajo, el Estado de Baja California, pasa a ser el ámbito territorial, donde nuestro objeto de análisis -la Controversia Constitucional- es la garantía constitucional que hace valer el Poder Judicial estatal contra una serie de reformas constitucionales que lo afectan directamente.

El dos de febrero de dos mil siete se publicó en el Periódico Oficial de la entidad mencionada el Decreto 274, por la que se modificaban diversas disposiciones constitucionales, a saber: a) El Congreso local se arrogaba la facultad de manera soberana y discrecional del nombramiento, ratificación o no de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California; b) La pretensión del mismo órgano de emprender una serie de evaluaciones a los magistrados del TSJ; c) Ordenar el retiro de los magistrados al cumplir quince años en el cargo, sin importar que hayan sido ratificados; d) El Consejo de la Judicatura local pasaría de integrarse de siete a cinco miembros, de los cuales, tres serían ajenos al Poder Judicial debido a que su nombramiento lo efectuaría el Congreso estatal; e) Para que las resoluciones del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California fueran válidas bastaría la presencia de tres Consejeros así como la del Presidente o el Consejero Secretario para sesionar; f) El periodo de duración de dos años en el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia, se aumentaba a tres, además con la posibilidad de reelección por un periodo equivalente; g) La supresión de la competencia del Pleno del Tribunal Superior de Justicia para conocer de los juicios de responsabilidad a los funcionarios públicos que gozaren de fueron; h) La prohibición de los magistrados del Poder Judicial estatal por un periodo de dos años a partir de que dejaren de ocupar su cargo; i) La exclusión de los magistrados de percibir estímulos provenientes del fondo de administración de justicia.

Luego de dos años que duró el proceso constitucional respectivo, finalmente se sometió a votación ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Proyecto de Sentencia, realizado por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, donde al final, se declaró la inconstitucionalidad de algunas de las normas que fueron objeto de impugnación.

Desde ahora, explicamos, la forma en cómo estructuramos nuestro trabajo, ya que con la única finalidad de diseñar un análisis dinámico y coherente, nos hemos permitido “jugar” con el orden de la sentencia, por lo que nuestra exposición quedó de la siguiente forma: 1) Procedimiento. Explicamos las figuras procesales que integran una Controversia Constitucional e integramos los datos específicos del expediente 32/2007; 2) Demanda y Contestación. Exponemos la información general respecto de la presentación de la demanda, los conceptos de invalidez que la parte actora hizo valer y los argumentos que la parte demanda esgrimió para desvirtuar las aseveraciones de la demandante; 3) Argumentación del Ministro Instructor. Sintetizamos los razonamientos lógico-jurídicos del Ministro Instructor para la resolución de la Controversia. 4) Sentencia. Anotamos las conclusiones del Proyecto de Sentencia del Ministro Instructor y finalmente exponemos el sentido de la resolución una vez que fue sometida a votación en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

ESTUDIO DE CASO: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2007


  1. Procedimiento


La demanda de Controversia Constitucional se interpuso el veintidós de marzo de dos mil siete (22/03/07) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en virtud de ser el órgano judicial competente para conocer de los conflictos entre los poderes del Estado, con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Posteriormente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el acuerdo de fecha treinta de marzo de dos mil siete (30/03/07) ordenó se registrara y formara expediente bajo el número 32/2007.

Por turno correspondió conocer del asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz. El Ministro Instructor por auto de nueve de abril de dos mil siete (09/04/07) acordó lo siguiente:

  1. Admitió la demanda;

  2. Reconoció con carácter de demandados y ordenó emplazar a los siguientes poderes y autoridades:

    • Poder Legislativo del Estado de Baja California

    • Poder Ejecutivo del Estado de Baja California

    • Municipio de Mexicali

    • Municipio de Tijuana

    • Municipio de Tecate

    • Municipio de Playas de Rosarito

    • Municipio de Ensenada

    • Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California

  3. Ordenó dar vista al Procurador General de la República




    1. Competencia y Oportunidad (Considerando Primero y Segundo)


La competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la presente Controversia Constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Baja California en contra de los artículos reformados de la Constitución Política de la misma entidad, efectuados por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se fundamenta en:


  • Artículo 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

  • Artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

  • Artículo 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Respecto a la presentación de la demanda, el Ministro Instructor, considero la oportunidad de la misma, con base en el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, tratándose de la impugnación de normas generales. El cómputo del plazo inició el martes seis de febrero de dos mil nueve y concluyó el martes veinte de marzo del mismo año, en virtud de que se descontaron los días sábado y domingo, así como el día cinco de febrero y diecinueve de marzo, de acuerdo a la disposición de la Ley Federal del Trabajo y el Acuerdo 2/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de considerar inhábiles dichos días.


    1. Legitimación de las partes (Considerando Tercero)


Legitimación activa. Se reconoce la legitimación activa del Poder Judicial estatal, en la representación del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, con fundamento en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Baja California.

Respecto de la legitimación del Poder Judicial estatal para promover la Controversia Constitucional como medio de control constitucional en contra de las reformas constitucionales efectuadas por el Poder Reformador de la entidad mencionada, según lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política federal.
Legitimación pasiva. La parte actora ejerció la acción de control de constitucionalidad contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California, así como de los Municipios de Mexicali, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada. Resultando del análisis del Ministro Instructor que todos estos órganos participaron en el proceso legislativo, como se desprende del artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Baja California:
Artículo 112. Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas a Referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca.

Las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a la afectación del texto de ésta, y a la parte de su cuerpo en que deba de incorporarse, aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o adición constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de ningún otro trámite.”

Por lo anterior es que se concluye que todos los órganos en contra de los que se ejerció la acción respectiva tiene la calidad de parte demandada en dicho juicio.



    1. Causas de improcedencia (Considerando Cuarto)


El Ministro Instructor resolvió que no ha lugar a proceder de conformidad con lo esgrimido por el Poder Ejecutivo y su Secretario General respecto del posible sobreseimiento del proceso con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional en relación a la causa de improcedencia señalada en el artículo 19, fracción VIII del mismo ordenamiento legal, en el sentido de que la parte actora no hizo valer por cada uno de los artículos impugnados un concepto de invalidez en su demanda, lo que la coloca en la omisión del requisito indicado en el artículo 22, fracción VII de la Ley multicitada.


    1. Cuestión efectivamente planteada (Considerando Quinto)


En el Considerando Quinto se señala la cuestión efectivamente planteada, clasificándose los vicios en dos tipos: a) de forma y b) de fondo.


a) Vicios de Forma

b) Vicios de Fondo

Procedimiento legislativo que dio origen al Decreto 274 emitido por el Congreso del Estado de Baja California.

Artículo 57, párrafo noveno o penúltimo


Artículo 58

Párrafo segundo

Párrafo tercero

Párrafo séptimo, inciso b)

Artículo 63

Fracción IV

Fracción VI

Fracción IV (supresión)

Fracción VII (supresión)

Artículo 64, párrafo quinto

Artículo 65, párrafo octavo

Artículo 66, párrafo cuarto

Artículo 90, párrafo tercero

Artículo 93, último párrafo




  1. Demanda y Contestación




    1. Demanda


La demanda de Controversia Constitucional se presentó el veintidós de marzo de dos mil siete (22/03/07) por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jaime Rico Jiménez.

Se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el veintinueve de marzo de dos mil siete (29/03/07).

Los poderes y autoridades demandados fueron:
a) Poder Legislativo del Estado de Baja California.

b) Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.

c) Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California.

d) Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California.

e) Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.

f) Ayuntamiento de Tijuana, Baja California.

g) Ayuntamiento de Tecate, Baja California.

h) Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California.

i) Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.
El acto que se impugnó fue el Decreto 274 mediante el cual se reformaron los artículos 7o., 8o., 27, 34, 35, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 90, 93, 94 y 109, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha dos de febrero de dos mil siete.

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