Acción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla






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títuloAcción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
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La sentencia T-556 de 2011; precedente invocado por el peticionario: Un Tribunal Laboral que encuentra comprobada la prestación de un servicio personal en situación de subordinación frente a una institución educativa pública, no puede negarse a declarar la existencia de un contrato realidad, argumentando que el demandante no acreditó ser trabajador oficial ni funcionario público.

 

43. En la sentencia T-556 de 2011 la Sala Primera de Revisión se ocupó de un caso que ha sido invocado como precedente por el peticionario. De acuerdo con la síntesis de los hechos presentada en esa sentencia, el señor Carlos Alberto Altahona Noguera trabajó como vigilante en el Colegio María Auxiliadora del Municipio de Galapa y vivió durante un amplio periodo en sus instalaciones.

 

44. El señor Altahona Noguera inició un proceso laboral, con el propósito de que se declarara la existencia de un contrato laboral entre él y la Institución Educativa mencionada o el Municipio de Galapa. El juez de primera instancia decidió acceder a sus pretensiones; declaró la existencia de un contrato laboral, considerando que las funciones que ejercía el señor Altahona eran asimilables a la construcción y mantenimiento de obras públicas, y ordenó el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir.

 

Sin embargo, en segunda instancia, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocó la decisión, y en su lugar negó las pretensiones del actor. En concepto del Tribunal, si bien se hallaba comprobada la prestación de servicios por parte del actor y a favor de la Institución María Auxiliadora, no se comprobó que este hubiera sido vinculado por contrato de trabajo para la prestación de servicios relacionados con obras públicas, condición necesaria para otorgarle la calidad de trabajador oficial, ni la existencia de un vínculo legal o reglamentario, para asumir su condición de funcionario público.

 

45. Posteriormente, el actor solicitó protección constitucional a su derecho fundamental a la vivienda digna, pues una vez la justicia laboral negó sus pretensiones, el municipio de Galapa decidió iniciar las gestiones tendientes a desalojarlo de las instalaciones de la Institución María Auxiliadora.  En ese momento, el actor contaba con 67 años de edad, y afirmaba que había trabajado y vivido en las instalaciones del colegio por más de 30.

 

46. La Sala Primera abordó los dos problemas jurídicos. Es decir, (i) la posible existencia de un defecto en la sentencia del Tribunal Laboral de Segunda Instancia, susceptible de violar sus derechos al trabajo (en relación con la primacía de la realidad sobre las formas y la prohibición de explotación) y el mínimo vital; y (ii) la eventual violación de su derecho a la vivienda digna por parte del Municipio de Galapa, al intentar desalojarlo una vez terminó el proceso ordinario laboral.

 

47. El señor Waldir Edgardo Llanos Escalante (peticionario de este trámite) no afirma que haya vivido en la Institución María Auxiliadora, sino que esta institución, el municipio de Galapa y las autoridades judiciales accionadas violaron sus derechos, al no reconocer el “contrato realidad” cuya declaración persiguió en el proceso laboral. En consecuencia, la Sala solo recordará las consideraciones centrales de esa decisión (T-556 de 2011) en lo referente al primer problema jurídico resuelto en esa sentencia.

 

48. La Sala Primera de Revisión concedió el amparo, con base en los siguientes fundamentos:

 

El Tribunal demandado incidió negativamente en diversos derechos del actor: (i) en el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, porque permitió su explotación laboral, y en relación con el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los contratantes; (ii) en el derecho al mínimo vital, al privarlo del salario; y (iii) en el derecho al acceso a la administración de justicia, al no asegurar que las normas constitucionales y legales que regulaban su caso alcanzaran plena eficacia en el proceso judicial.

 

Las decisiones judiciales eventualmente pueden incidir válidamente en los derechos fundamentales, porque a los jueces les corresponde determinar la existencia de un derecho en un caso concreto o, eventualmente, ponderar entre distintos intereses iusfundamentales. Sin embargo, cuando una decisión genere una afectación intensa en los derechos constitucionales debe ser fundamentada adecuadamente, bajo los parámetros sentados por los principios de razonabilidad y proporcionalidad:

 

“(L)a Sala de Revisión estima que la autoridad judicial demandada interfirió (…) en diversos derechos fundamentales del señor Carlos Alberto Altahona Noguera. Primero incidió en su derecho a la primacía de la realidad sobre las formas (art. 53, C.P.); segundo, en su derecho al salario mínimo, vital y móvil (art. 53, C.P.); tercero, en su derecho a un trabajo digno y justo (art. 25, C.P.); cuarto, en su derecho a acceder a una administración de justicia efectiva (art. 229, C.P.) y; quinto, en su derecho a la seguridad jurídica (art. 2, C.P) (…)

 

(…) La Constitución no prohíbe entonces que, con sus decisiones, la Sala Cuarta del Tribunal de Barranquilla interfiera en derechos fundamentales como los citados. Lo que prohíbe es que la intervención no esté debidamente justificada. Pues no sobra recordar que la administración de justicia “es función pública” (art. 228, C.P.), y por eso los jueces deben hacer públicas las razones en las cuales soportan sus decisiones (…)

 

La Sala de Revisión admite que (…) los jueces laborales ordinarios deben absolver al Estado de todas las pretensiones intentadas por una persona que alega tener una calidad, cuando en el curso del proceso no se demuestra cabalmente que tiene, ha tenido o tenía esa investidura (…)[64] al menos por dos razones. Primero, porque así lo ha estatuido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral (…)[65]. Segundo, porque idealmente todo servidor municipal debe ser empleado público o trabajador oficial.[66] Por tanto, cuando el juez advierte que un demandante que alega tener un vínculo con el Estado, le presta sus servicios personalmente y bajo subordinación, lo razonable es que concluya que lo tiene en alguna de esas dos calidades. Pero si, se supone, es empleado público,  en ese caso la justicia laboral no podría proceder a reconocer la existencia de la relación, y a efectuar las subsiguientes condenas, esencialmente porque la competencia para emitir esa clase de declaraciones la tiene la justicia contencioso administrativa[67] (…)

 

Pero esa decisión (…) no siempre es aceptable. Porque la distinción de los servidores municipales en empleados públicos y trabajadores oficiales es una distinciónformal, establecida legítimamente en el ámbito del derecho positivo. Sin embargo, no es una distinción que describa exhaustivamente la realidad […] 

 

Aceptar que sólo por la inobservancia de las formas jurídicas de vinculación en regla, puede ser desvirtuado por completo el carácter laboral de una relación de prestación de servicios personales y subordinados, es concederle primacía a la forma sobre la realidad. Y eso es tanto como desconocer la Constitución (…) Por tanto, cuando la justicia laboral advierte que una persona le ha prestado sus servicios personal y subordinadamente a un municipio, pero no tiene la investidura de trabajador oficial, no puede simplemente absolver al municipio. Podría hacerlo si con seguridad el demandante es empleado público, pues en ese caso este tendría la oportunidad de ventilar sus pretensiones en la jurisdicción competente: la justicia contencioso administrativa. Pero si hay buenas razones para concluir que el peticionario no es ni trabajador oficial ni empleado público, la justicia laboral debe decidir el fondo de la cuestión de manera congruente: establecer si hubo relación de trabajo personal y subordinado, y en caso afirmativo condenar al municipio al pago de los emolumentos laborales dejados de cancelar. [Cita, C-555 de 1994[68]]

 

(…) 18. En suma, (…) hay otras formas de vinculación irregular, que merecen de cualquier modo la misma protección que los derechos fundamentales les dispensan a todas las relaciones laborales. Y en este caso, de hecho, hay una muestra clara de ello. Primero, porque  el señor Carlos Alberto Altahona no es trabajador oficial. Segundo, porque hay razones palmarias para concluir que tampoco es empleado público (…)

 

Sin embargo, está claro que le ha prestado sus servicios personalmente y bajo subordinación al municipio de Galapa (…) Esa realidad debe tener algún efecto, aunque no se ajuste a las formas apropiadas de vinculación, porque así lo demanda la Constitución. La pregunta es si la justicia laboral debe ser quien proteja esa realidad y le confiera los efectos sustanciales debidos.

 

19. Y la respuesta es que sí, al menos por dos razones. Primero, porque en la realidad hay un contrato laboral (contrato realidad), y el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo contempla como competencia de la “Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social” la de conocer de “1.  Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo”. Pero, segundo, porque así lo ha interpretado también la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de la competencia que le atribuyó expresamente la Constitución en el artículo 256, numeral 6, de “[d]irimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”, en una decisión reciente, al resolver un conflicto de competencia suscitado entre la jurisdicción laboral y la contenciosa, a propósito de un caso en el cual una persona reclamaba, como en este, el reconocimiento de un contrato realidad a su favor”.

 

64. Con base en esas consideraciones, la Sala citada concedió el amparo,  dejó sin efectos la providencia cuestionada y ordenó al Tribunal accionado adoptar una nueva sentencia, acorde con los principios y reglas constitucionales.

 

Del caso concreto.

 

Análisis de procedibilidad de la acción.

 

A continuación procede la sala a verificar el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales en el presente caso, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento 3.1 de esta decisión.

 

Relevancia Constitucional

 

65. Este proceso reviste relevancia constitucional. Están en juego los  derechos de una persona vulnerable por razones económicas, y existe un problema constitucional de absoluto interés para la jurisdicción constitucional, pues involucra la eficacia de los principios de acceso a la administración de justicia y mínimos esenciales del derecho al trabajo, que es uno de los fundamentos de la democracia colombiana. Desde la otra orilla, el juez constitucional de segunda instancia afirmó apartarse del precedente constitucional, pues considera que afecta el reparto de competencias definido constitucional y legalmente, argumentación que refuerza la importancia de someter el expediente de referencia a la revisión de este Tribunal.

 

Agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios

 

66. El actor agotó el recurso de apelación contra la decisión judicial que negó sus pretensiones, en el ámbito del proceso ordinario laboral. Intentó, además, el recurso de casación pero el Tribunal lo inadmitió por razones de cuantía. En consecuencia, el requisito está satisfecho.

 

Inmediatez

 

67. La tutela fue radicada en la Secretaría de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 2 de mayo de 2013. La decisión cuestionada se adoptó en Audiencia de Juzgamiento de 31 de enero de 2013, en tanto que la inadmisión del recurso de casación tuvo lugar el 10 de abril de 2013. En ese sentido, es evidente que la presentación de la tutela fue diligente y la acción se ajusta al principio de inmediatez.

 

En caso de tratarse de una irregularidad procesal, que tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales.

 

68. El requisito no es aplicable al caso objeto de estudio, en atención a las causales invocadas en la acción de tutela.

 

Haber identificado de forma razonable, los hechos que generan la violación dentro del proceso judicial ordinario, en caso de haber sido posible.

 

69. El actor ha identificado los hechos que generan la violación de sus derechos adecuadamente. En el proceso judicial ordinario indicó que el motivo de la acción era la violación de sus derechos laborales por parte de la Institución Educativa María Auxiliadora y el Municipio de Galapa. En sede de tutela argumenta que a esa violación se suma el desconocimiento del precedente judicial y la no valoración de pruebas determinantes. Por lo tanto, se respeta esta exigencia.

 

Que la tutela no se dirige contra un fallo de tutela.

 

70. La sentencia judicial controvertida se adoptó en un proceso ordinario laboral. El requisito se encuentra cumplido.

 

Acreditados todos los requisitos formales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la Sala aborda el estudio de fondo, o de la procedencia material del amparo.

 

De la procedencia material del amparo.

 

Síntesis de los cargos

 

71. El actor afirma que los órganos judiciales accionados incurrieron en defecto fáctico y desconocimiento del precedente, al dictar sentencia en el proceso ordinario laboral iniciado por él contra el municipio de Gálapa y el Instituto María Auxiliadora.

 

71.1. Defecto fáctico, porque (i) omitieron la valoración de pruebas determinantes para la solución del caso, tales como comprobantes de pagos realizados al actor por el Colegio María Auxiliadora y un acta de conciliación suscrita entre el peticionario y la Directora de la Institución demandada; y (ii), dieron una valoración absurda o contraevidente a otras pruebas, como los testimonios recogidos durante el Juicio, que acreditaban la prestación de servicios personales del actor al Colegio.  Tales errores u omisiones determinaron el sentido del fallo, pues llevaron a las autoridades accionadas a concluir que no existía prueba de que prestó servicios personales en condiciones de subordinación a la Institución María Auxiliadora y, por lo tanto, a negar sus pretensiones.

 

71.2. Desconocimiento del precedente vertical de esta Corporación (sentencia T-556 de 2011), y horizontal de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

 

Sobre este cargo, la Sala observa que los precedentes que el actor considera desconocidos hacen parte de una controversia surgida entre Carlos Alberto Altahona García y la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa (es decir, la misma accionada en esta oportunidad), el cual fue llevado inicialmente ante la justicia ordinaria especialidad laboral, y posteriormente a la vía constitucional. En ese trámite, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-556 de 2011, y posteriormente, se produjeron las sentencias laborales en las que se dio cumplimiento a las órdenes proferidas por esta Corporación. En ese orden de ideas, la inconformidad del peticionario se cifra en la inobservancia del precedente vertical sentado en la providencia T-556 de 2011.

 

A continuación la Sala analizará los cargos, comenzando por el segundo de ellos, para finalmente, verificar la existencia de un defecto fáctico y determinar el alcance de la decisión.

 

a. Presunto desconocimiento del precedente establecido en la sentencia T-556 de 2011.

 

73. La interpretación de un precedente plantea especiales exigencias al operador judicial, pues las sentencias resuelven problemas complejos, en lugar de supuestos genéricos simples como los que caracterizan el derecho legislado. Ello supone para el operador jurídico encargado de interpretar y aplicar un precedente, la necesidad de brindar especial atención a las semejanzas y diferencias fácticas de uno y otro caso; hallar la regla de decisión contenida en la sentencia previa, manteniendo presentes los hechos del caso y el sentido de la decisión que sirve de precedente; tomar en cuenta la manera en que su propia decisión contribuirá a consolidar una vía de solución a problemas jurídicos basados en determinados patrones fácticos en el futuro, y determinar si es necesario modificar el camino de decisión previamente trazado, asumiendo en ese caso exigentes cargas argumentativas.

 

74. En la sentencia T-556 de 2011, la Sala Primera de Revisión sostuvo que un tribunal laboral incurrió en el defecto de ausencia de motivación motivación insuficiente de la decisión, por negarse a declarar la existencia de un contrato laboral en el caso de una persona que prestó servicios personales a la Institución Educativa María Auxiliadora en condiciones de subordinación, argumentando que si bien se hallaba comprobada la prestación del servicio, el demandante no logró demostrar si cumplía funciones de trabajador oficial o empleado público.

 

La autoridad judicial accionada sostuvo, en aquella oportunidad, que al no poder enmarcar la situación del actor en alguna de esas alternativas, no podía acceder a sus pretensiones. El afectado presentó entonces acción de tutela y de ese trámite surgió la sentencia T-556 de 2011, en la que se ampararon los derechos del peticionario.

 

75. La sentencia T-556 de 2011 contiene entonces, en términos esquemáticos, una regla de decisión que puede resumirse así: si un tribunal laboral encuentra acreditados los elementos esenciales del contrato laboral entre una persona y una institución pública debe fallar de fondo declarando la existencia del contrato realidad, y no negar las pretensiones del demandante basándose en la supuesta imposibilidad de definir si se trata de un trabajador oficial o un empleado público, puesto que (i) elcontrato realidad escapa, en ocasiones, a la clasificación bipartita de los servidores públicos; y (ii) la Administración de Justicia no puede avalar la explotación de una persona por los límites inherentes a las calificaciones del derecho positivo. 

 

76. En el trámite que corresponde estudiar a la Sala en esta ocasión se presentan similitudes evidentes entre los hechos de la sentencia T-556 de 2011 y la situación descrita por el señor Waldir Edgardo Llanos Escalante. Sin embargo, es importante aclarar que como en ambas oportunidades los problemas jurídicos se ubican en la doctrina de la tutela contra providencia judicial, y en la sentencia T-556 de 2011 el defecto que encontró la Corte fue de ausencia de motivación, las semejanzas relevantes son únicamente aquellas que se hallan en la motivación de las decisiones cuestionadas.

 

77. El defecto en la motivación de la sentencia analizada en la decisión T-556 de 2011 consistió en que el tribunal laboral demandado dio por probada la prestación de un servicio y la subordinación entre el actor y las accionadas y, a pesar de ello, consideró imprescindible determinar si la labor que desarrollaba se relacionaba con el sostenimiento y construcción de obras públicas, para determinar si podía declarar la existencia del contrato realidad. Por ese motivo, al concluir que sus labores eran distintas, negó las pretensiones del actor.

 

78. La aplicación del precedente establecido en la T-556 de 2011 depende entonces de una verificación acerca de la coincidencia en la argumentación presentada por los jueces laborales en ambas ocasiones y, más específicamente, de la motivación de la premisa fáctica de la sentencia, pues es en ella donde, según el actor, el tribunal incurrió en yerros constitutivos de defecto fáctico.

 

Así las cosas, antes de concluir acerca de la existencia de un defecto por desconocimiento del precedente, la Sala deberá determinar si el cargo por presunto defecto fáctico encuentra respaldo constitucional.

 

b. Del presunto defecto fáctico.

 

78. A continuación la Sala entra a resolver el cargo por el presunto defecto fáctico. Para ello ofrecerá un esquema de las cuatro conclusiones a las que llegó el Tribunal accionado en el análisis probatorio y que, en su conjunto, componen la premisa fáctica de la sentencia.

 

78.1. En un primer aparte, el tribunal accionado señaló que el actor no cumplió la obligación y “principio universal” de probar los supuestos de hecho que fundaban sus pretensiones. (Conclusión probatoria i)

 

78.2. Posteriormente, sostuvo que la prestación de servicios personales del peticionario a la Institución María Auxiliadora no se comprobó, pero no porque el actor no haya aportado elementos de prueba, sino porque los testimonios recogidos en el proceso resultaban contradictorios: unos testigos afirmaron que ejercía funciones de vigilancia; otros, que trabajaba como aseador, o que acudía a la Institución para estar pendiente de lo que se ofreciera; y, un grupo adicional, que únicamente iba al colegio porque ahí le brindaban alojamiento. (Conclusión probatoria ii).

 

78.3. En tercer término, afirmó que si el actor prestó servicios a la Institución educativa demandada, lo hizo como jardinero o vigilante (Conclusión probatoria iii):

 

“[L]a quid (sic) de este caso, se centra en determinar la calidad de servidor público del demandante, que podría ser empleado público, trabajador oficial o contratista independiente”, y sostuvo que “de la prueba testimonial arrimada al proceso (…) se desprende que no existe concordancia en la vinculación del demandante con la Institución Educativa demandada, ya que existen declaraciones que indican prestó sus servicios como celador y otros hablan simplemente de que se le brindó alojo en atención a que así lo había solicitado por carecer de lugar para dormir.|| De lo que sí queda claro es que de haber prestado los servicios el demandante, lo hizo en calidad de celador y en ocasiones como jardinero”.  [Citado supra, antecedentes]

 

72.4. Y finalmente, planteó que el señor Waldir Llanos Escalante sí prestó funciones, pero lo hizo como celador (conclusión probatoria iv): “sus funciones [se refiere al peticionario] consistían en la celaduría, sin que se demuestre que realizaba labores relacionadas con la construcción o sostenimiento de obras públicas, que son las que se han considerado como funciones de un trabajador oficial”[69].

 

79. Ahora bien, el defecto fáctico solo se configura si el supuesto error en el manejo probatorio tiene incidencia en la decisión. Como el razonamiento que conduce a la construcción de la premisa fáctica de la sentencia cuestionada comprende cuatro conclusiones independientes, podría discutirse si el presunto defecto tendría incidencia en el sentido de la decisión. Y es posible observar que ello solo ocurriría con las conclusiones probatorias (iii) y (iv), según las cuales la relación sí existió, pero las funciones del empleado no podrían asociarse a la construcción o reparación de obras públicas. No sucedería lo mismo, en cambio, con las conclusiones probatorias (i) y (ii), en las que se niega la existencia de relación alguna entre las partes.

 

80. Sin embargo, esta solución resulta insatisfactoria, si se repara en que las cuatro conclusiones probatorias no son consistentes entre sí (las dos primeras son inconsistentes con las dos últimas, pues no puede afirmarse razonablemente que el actor no prestó el servicio y, a la vez, que sí lo hizo), ya que ello implicaría que la mejor manera de preservar un razonamiento fáctico del control constitucional es hacerlo contradictorio, de manera que no pueda determinarse cuál es en realidad la premisa fáctica de la sentencia.

 

Además de ello, la contradicción en que incurrió el tribunal se desprende directamente de la forma en que planteó el tema a probar, asociándolo a la necesidad de demostrar no solo la prestación del servicio, sino de que este tenía que ver con la construcción y mantenimiento de obras públicas.

 

En este punto resulta claro que el tribunal accionado sí se apartó del precedente constitucional que le exigía limitarse a determinar la prestación personal del servicio, como presupuesto del reconocimiento del contrato realidad y, a la vez, le prohibía condicionar esa declaración a la naturaleza de las funciones ejercidas por el señor Llanos Escalante.

 

81. En ese orden de ideas, el problema constitucional que se evidencia en la sentencia cuestionada obedece a diversos motivos, relacionados entre sí. En primer término, el órgano judicial consideró necesario comprobar que, además de prestar servicios personales, el actor lo hacía en labores de construcción y mantenimiento de obras públicas. Esa orientación lo llevó a presentar cuatro conclusiones fácticas independientes pero inconsistentes entre sí, lo que se explica porque para el tribunal no era determinante la prestación del servicio, sino la naturaleza de las funciones, posición que es incompatible con la que sentó esta Corporación en la sentencia T-556 de 2011.

 

81. En consecuencia, es para la Sala evidente que el Tribunal deberá rehacer el análisis fáctico inicialmente presentado en la sentencia que se cuestiona, con el propósito de sentar, con absoluta claridad, si existió o no la prestación del servicio. Si existen dudas sobre ese punto (que es lo que se infiere de la argumentación de la sentencia cuestionada, en tanto las dos primeras conclusiones fácticas niegan que haya prestado servicios personales, pero las dos últimas afirman que sí lo hizo), el Tribunal deberá comenzar por indicar el valor probatorio de los medios que dejó de analizar previamente, y deberá también ejercer su facultad de decretar pruebas de oficio para llegar a la verdad de los hechos.

 

Finalmente, si a partir del análisis recién indicado encuentra que el actor prestó servicios personales al Colegio Galapa, sin importar el tipo de funciones que haya realizado, deberá aplicar la regla de decisión establecida en la sentencia T-556 de 2011 y, en consecuencia, declarar la existencia del contrato realidad, y otorgar las prestaciones que de ello se derivan.

 

82. Para superar los yerros observados en la sentencia cuestionada, violatorios del debido proceso constitucional, el tribunal accionado deberá observar los siguientes parámetros:

 

82.1. Al evaluar los testimonios, el Tribunal deberá orientarse a determinar si existió prestación personal del servicio bajo condiciones de subordinación. De ser así, el actor tiene derecho a que se reconozcan las consecuencias jurídicas del contrato realidad y a la aplicación del precedente establecido en la sentencia T-566 de 2011.

 

82.2. Al proceso laboral se aportaron comprobantes de pago a favor del actor, así como un acta de conciliación entre él y la rectora de la Institución, sobre los cuales no existe ninguna referencia en la decisión de la Sala Tercera de Descongestión del TSDJ de Barranquilla. No analizarlos afecta la motivación de la sentencia cuestionada. La insuficiencia radica en que, el órgano judicial omitió pronunciarse frente a elementos probatorios relevantes para definir si existía o no la prestación de servicios en condición de subordinación.

 

La ausencia de ese análisis hace que resulte inexplicable la existencia de esos documentos, especialmente si se toma en cuenta que la Institución demandada afirma que solo le brindó alojamiento al actor en algunas ocasiones. El Tribunal deberá, entonces, al cumplir lo dispuesto en esta providencia, explicar por qué estima irrelevantes esas pruebas; o bien, evaluar si se trata de documentos que pueden dar cuenta de la relación laboral.

 

82.3. Finalmente, si en el análisis probatorio se concluye que existen dudas (por ejemplo porque los testimonios reunidos no son coincidentes), y existen otros elementos que pueden llevar a esa convicción, el Tribunal deberá decretarlos y practicarlos de oficio.

 

82.3.1. En esa dirección, la Corte Constitucional ha construido una línea jurisprudencial sólida y uniforme sobre el deber del juez de decretar pruebas de oficio, aclarando que no constituye una obligación absoluta, que traslade las obligaciones de las partes al juez, sino un deber que se activa cuando la persecución de la verdad lo exige, pues la verdad es un presupuesto de la justicia en las decisiones judiciales.

 

La búsqueda de la verdad y la justicia no es en este marco (solamente) un compromiso ético del juez, sino un mandato contenido en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política y las normas procedimentales que confieren al juez al papel de director del proceso, así como una manifestación del principio de igualdad material (artículo 13, incisos 2º y 3º de la Constitución Política).

 

En efecto, la Constitución exige la primacía del derecho sustancial sobre las formas jurídicas, y el derecho sustancial solo se materializa si el juez tiene suficiente conocimiento de los hechos del caso, bien sea como condición para esclarecer si se configura el supuesto de hecho de una regla, bien sea para iniciar un ejercicio de ponderación que incorpore todos los elementos relevantes al momento de definir la relación de precedencia entre los distintos principios en colisión (T-264 de 2009).

 

Las normas procesales, interpretadas bajo el influjo normativo de la Carta, imponen al juez un papel activo en los procesos, sin que ello afecte su imparcialidad, y la mayoría de los ordenamientos procesales le confieren expresamente la potestad de decretar pruebas de oficio[70]. Eventualmente, antes de la expedición de la Constitución de 1991 el alcance de esa potestad podría ser objeto de intensas discusiones, pero actualmente –y así lo tiene establecido la jurisprudencia constitucional- no cabe duda de la vinculación del juez al deber de indagar la verdad.

 

83. En cada ámbito del derecho ese deber alcanza distintas dimensiones, en atención a la naturaleza, objetivo y fines de cada procedimiento. Pero en materia laboral no es acertado señalar que, en aras de la imparcialidad, el operador judicial no tiene un compromiso jurídico con el esclarecimiento de la verdad. Como lo señaló la Sala Novena en reciente decisión:

 

“(…) la Corte ha afirmado que el decreto oficioso de pruebas  no es una atribución o facultad potestativa del juez sino un verdadero deber legal. Así, el funcionario deberá decretar la pruebas de manera oficiosa siempre que, a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material.[71]

Por lo anterior, la Corte ha señalado que conforme al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez tiene la facultad (y el deber) de decretar pruebas de oficio (…)

5.2 De esta manera, en materia laboral y de la seguridad social, en virtud de sus especiales connotaciones constitucionales y legales, el juez debe utilizar sus facultades oficiosas para garantizar los derechos sustantivos de las partes, lo que constituye no una simple potestad, sino un deber constitucional y legal, y que se manifiesta entre otras cosas en la posibilidad de ordenar pruebas para determinar aspectos que deban ser aclarados.

 

En este sentido, tales mandatos son de imprescindible observancia para todos los funcionarios judiciales, pero adquieren particular relevancia en los procesos laborales y de la seguridad, por las especiales condiciones con las que el ordenamiento jurídico los ha investido (…) En la práctica de pruebas, el juez laboral y de la seguridad social debe tener en cuenta la desigualdad objetiva de las partes y tomar todas las medidas para lograr el equilibrio necesario. Esta situación no constituye una parcialización del juez, pues tal postura se deriva de los principios constitucionales y los mandatos legales que regulan los ámbitos laboral y de la seguridad social[72].”[73]

 

Como se explicó previamente, en la sentencia cuestionada se concluyó que existía una duda acerca de si se dio la prestación del servicio subordinado. Sin embargo, basándose en el principio de imparcialidad judicial, el tribunal accionado consideró improcedente –incluso prohibido– el decreto de pruebas de manera oficiosa.

 

Esa conclusión solo puede construirse desde una comprensión de la imparcialidad incompatible con la que viene defendiendo esta Corte en relación con el decreto de pruebas de oficio y con el principio de igualdad material en el derecho laboral, norma que ordena propiciar la eficacia de los derechos de la parte vulnerable de la relación. La imparcialidad que defendieron los operadores judiciales accionados, entendida como inactividad del juez, solo perpetúa las diferencias sociales y económicas entre las partes, así que –paradójicamente- no resultar acorde con el principio de igualdad.

 

84. La Sala recuerda entonces que los jueces laborales tienen la obligación de decretar y practicar pruebas de oficio, cuando existen elementos que indican que no asumir esa tarea puede llevar a que el fallo se aparte de la verdad de los hechos.

 

85. De conformidad con lo expuesto, la Sala concederá el amparo al actor, por los graves defectos de motivación, de carácter fáctico y de desconocimiento del precedente hallados en el juicio laboral iniciado por él contra el Instituto María Auxiliadora de Galapa y el Municipio de Galapa, y ordenará a la Sala Tercera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de  Distrito Judicial de Barranquilla que dicte sentencia de remplazo, en los términos descritos en los párrafos precedentes.

 

III. DECISIÓN.

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE

 

Primero. Levantar la suspensión de términos decretada en este trámite.

 

Segundo. Revocar las sentencias de tutela proferidas por la Sala de Casación Laboral, en primera instancia, el quince (15) de mayo de dos mil trece (2013), y la Sala de Casación Penal, del dos (2) de julio de dos mil trece (2013), en segunda instancia. En su lugar, CONCEDER la tutela del derecho fundamental al debido proceso del ciudadano Waldir Edgardo Llanos Escalante. 

 

Segundo. Dejar sin efecto la sentencia proferida por la Sala Tercera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la segunda instancia del proceso ordinario laboral iniciado por Waldir Edgardo Llanos Escalante contra la Institución Educativa de Galapa, y el Municipio de Galapa (Atlántico), dictada el treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013).

 

El órgano judicial mencionado deberá dictar sentencia de reemplazo, siguiendo los lineamientos trazados en la parte motiva de esta providencia, en el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta decisión.

 

Tercero. Por Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

 

Cuarto.- DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

 

 

 

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

Ausente con excusa

En uso de incapacidad médica

 

 

 

MAURICIO GONZÀLEZ CUERVO

Magistrado

 

 

 

ANDRÈS MUTIS VANEGAS

Secretario General (E)
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