Acción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla






descargar 218.97 Kb.
títuloAcción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
página2/4
fecha de publicación16.03.2016
tamaño218.97 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
1   2   3   4

Intervención de las autoridades judiciales accionadas.

 

8. El Juzgado  Sexto Adjunto Laboral del Circuito de y la Sala Tercera de Descongestión del Tribunal Superior de Barranquilla, vinculados por el juez constitucional de primera instancia, decidieron guardar silencio frente a los hechos y argumentos de la demanda.

 

De las sentencias objeto de revisión

 

Sentencia de primera instancia

 

9. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, actuando como juez constitucional de primera instancia, decidió negar el amparo,  mediante sentencia proferida el quince (15) de mayo de dos mil trece (2013), radicada bajo el número 32292.

 

Explicó que la decisión del juez de primera instancia se basó en el artículo 177  del CPC que establece el deber de las partes de probar los hechos que fundamentan sus pretensiones, aplicable en el procedimiento laboral por remisión del artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo (CST). Consecuentemente, indicó: “no resulta pertinente al Juez de tutela irrumpir en la actividad que despliega el natural, máxime cuando no se trasluce arbitrariedad o capricho, sino la mera divergencia de un criterio que no conduce a declarar procedente el amparo”.

 

Impugnación.

 

10. El apoderado judicial del peticionario interpuso impugnación dentro del término legal. Afirmó que los jueces que decidieron el proceso ordinario laboral no tuvieron en cuenta la sentencia T-556 de 2011, precedente vinculante para el caso objeto de estudio, “ya que mi poderdante posee igual o mejor derecho – así mismo sentencia del Juzgado Tercero laboral del circuito de Barranquilla que mediante providencia del 14 de noviembre de 2006 reconoció la existencia del vínculo laboral (contrato realidad) del señor Carlos Alberto Altahona Noguera con el municipio de Galapa (atlántico) y condena al Municipio de Galapa al pago de salarios, cesantías, primas de navidad, vacaciones, etc. Este fallo fue confirmado por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla”.

 

Sentencia de segunda instancia

 

11. La Sala de Casación Penal, mediante providencia de dos (2) de julio de dos mil trece (2013), decidió confirmar el fallo. Señaló que para controvertir una sentencia judicial mediante la acción de tutela, no basta con un cuestionamiento general de su validez, sino que el actor debe demostrar irrefutablemente que las decisiones cuestionadas “están envueltas en un manto de legalidad, mas en el fondo no son otra cosa que la expresión grosera o ilegal de la judicatura, disfrazada de declaración de justicia”.

 

12. A juicio del juez constitucional de segunda instancia, en el caso objeto de estudio no se presenta una situación como la descrita, pues “si bien en ella se absolvió de las pretensiones de la demanda considerando que la jurisdicción competente para dirimir el conflicto propuesto era la Contencioso Administrativa, tal declaración resulta coherente con la “sistemática” propia de la normatividad laboral, pues en ese ámbito, la manifestación de existencia de una relación de trabajo habilita a la justicia para conocer del asunto y definirlo, al punto que la calificación de la relación –pública o individual del trabajador oficial- puede ser establecida con la sentencia, como en efecto sucedió.

 

Lo anterior, atendiendo las reglas generales de competencia de la jurisdicción laboral que la facultan para decidir, entre otros asuntos, de los conflictos jurídicos originados en el contrato de trabajo. “[E]n este caso lo cierto es que para resolver el debate propuesto se tenía que dilucidar procesalmente qué clase de vínculo (…) existía entre la demandante con (sic) la empresa demandada”.

 

13. El accionante invoca la aplicación del precedente establecido en la sentencia T-556 de 2011, caso similar al que debe decidir la Sala, en el cual se consideró que la actuación de la jurisdicción laboral desconocía los principios de primacía de la realidad y acceso a la administración de justicia.

 

Sin embargo, el juez constitucional de segunda instancia (Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia) indicó que “no comparte ese criterio porque la existencia de esa providencia es manifestación de[l] principio [de acceso a la administración de justicia], como también el derecho a que sea declarado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (…) Desconocer el sistema de competencias (…) implicaría un grave atentado contra el sistema democrático y el modelo de separación de poderes, que se concretan en los límites que, por competencia, se imponen a los jueces”.

 

14. Tampoco puede alegarse una situación de debilidad manifiesta o posición de inferioridad procesal por parte del peticionario, pues estuvo representado por un profesional del derecho. Por lo tanto, “contrario a negar el acceso a la justicia, la Sala Laboral accionada lo garantizó, pues su decisión se dio luego de agotar el debate probatorio”.

 

La Sala de Casación Penal, actuando como juez constitucional de segunda instancia, cerró su argumentación indicando que obligar a la justicia laboral a asumir controversias propias de la jurisdicción contencioso administrativa implicaría que con solo acreditar la existencia de un vínculo laboral entre una entidad estatal y un particular, el juez tiene que condenar al Estado, “dejando sin ningún sustento el modelo de distribución de competencias establecido constitucional y legalmente”.

 

II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

 

Competencia.

 

1. Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo determinado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto de veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013)expedido por la Sala de Selección Número ocho (8) de esta Corporación, que seleccionó este asunto para revisión.

 

a. Problema jurídico planteado.

 

2. Corresponde a la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional determinar si el Juzgado 6º Adjunto Laboral de Barranquilla y la Sala Tercera de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al no acceder a las pretensiones elevadas por el señor Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Municipio de Galapa y la Institución Educativa María Auxiliadora del mismo municipio, en el sentido de declarar la existencia de un contrato laboral entre las partes y ordenar el pago de las sumas dejadas de percibir, violó sus derechos fundamentales al debido proceso, el trabajo (primacía de la realidad de las formas), el mínimo vital, y al acceso a la administración de justicia, por incurrir en (i) desconocimiento del precedente vertical sentado por la Corte Constitucional en la sentencia T-556 de 2011, y elprecedente horizontal establecido por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del mismo Tribunal; y (ii) fáctico, por ausencia de valoración de pruebas determinantes yvaloración contra evidente de otros elementos de prueba.

 

3. Para abordar el estudio del problema descrito, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia de esta Corporación en relación con los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra sentencia; (ii) explicará la causal genérica denominada “desconocimiento del precedente”; (iii) recordará las subreglas jurisprudenciales sobre el defecto fáctico.

 

Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Reiteración de Jurisprudencia

 

4. La Corte Constitucional, intérprete autorizada de la Constitución Política y guardiana de la integridad del texto superior (artículo 241 C.P.), ha desarrollado una sólida doctrina en relación con la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, basada en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial –pilares de todo estado democrático de derecho- y la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales –razón de ser primordial del estado constitucional y democrático de derecho-. Este equilibrio se logra a partir de la procedencia excepcional de la acción, dentro de supuestos cuidadosamente decantados por la jurisprudencia constitucional[5].

 

5. Para esta Corporación, la acción de tutela contra providencias judiciales constituye un mecanismo idóneo para garantizar la primacía y efectividad de los derechos constitucionales, cuyo fundamento normativo-constitucional se encuentra en los artículos 86 de la Carta, que prescribe que la acción se orienta a proteger los derechos frente a cualquier autoridad pública, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -parte del Bloque de Constitucionalidad-, que establece en cabeza del Estado la obligación de proveer un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos[6].

 

6. La tutela contra sentencias cumple, además, una función indispensable dentro de un estado constitucional, como es la de unificar la jurisprudencia nacional sobre los derechos fundamentales[7]. Como se sabe, las cláusulas de derechos son especialmente amplias e indeterminadas[8], así que la precisión de su contenido por parte del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional asegura la vigencia del principio de igualdad en aplicación de las normas de derechos constitucionales, garantiza un nivel adecuado de seguridad jurídica, y asegura que los jueces cumplan con la obligación de propender por la justicia material, representada en la vigencia de los derechos inalienables del hombre, cuando puedan verse afectados en el proceso de aplicación de la ley[9].

 

7. Por otra parte, la excepcionalidad de la acción garantiza que las sentencias judiciales estén amparadas adecuadamente por el principio de cosa juzgada que prescribe su inmutabilidad, y que los jueces conserven sus competencias, autonomía e independencia al decidir los casos de los que conocen.

 

8. En la preservación de estos principios adquieren un papel protagónico los requisitos generales de procedencia formal de la acción, subsidiariedad e inmediatez. El primero, asegura la independencia y autonomía judicial pues el peticionario sólo puede acudir a la tutela una vez haya agotado los mecanismos previstos por el sistema jurídico; el segundo, por su parte,  evita que se dé una erosión muy acentuada de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, pues preserva la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas, toda vez que, transcurrido un tiempo razonable no es posible que sean cuestionadas por un supuesto desconocimiento de derechos fundamentales. Por ello, se afirma que la cosa juzgada adquiere una dimensión sustancial: las sentencias se protegen en la medida en que aseguran no solo seguridad jurídica, sino un mínimo de justicia material.

 

9. En cuanto a la autonomía e independencia judicial y los eventuales problemas ocasionados por la intervención del juez constitucional en pronunciamientos de otras jurisdicciones, una sencilla consideración sobre la composición de la jurisdicción constitucional permite demostrar que se trata de temores infundados.

 

De acuerdo con las disposiciones legales y constitucionales, la Corte ha distinguido entre la jurisdicción constitucional en sentido orgánico y en sentido funcional[10]. Desde el primer punto de vista, el único órgano que hace parte de la jurisdicción constitucional es la Corte Constitucional; sin embargo, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de la república, individuales y colegiados, hacen parte de la jurisdicción constitucional cuando conocen de acciones de tutela, o cuando ejercen el control de constitucionalidad mediante la aplicación preferente de la Carta (excepción de inconstitucionalidad) en virtud del artículo 4º Superior. 

 

La objeción según la cual la tutela contra sentencias afecta el orden jurídico por desconocer la posición de los tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y administrativa, y la independencia y autonomía del juez natural de cada proceso, se desvanece una vez se repara en el sentido funcional de la jurisdicción constitucional. La intervención de la Corte ante la eventual afectación de derechos constitucionales en los procesos judiciales adquiere pleno sentido si, por una parte, se asume su posición como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional pero, por otra, se entiende que su competencia se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos mencionados y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal.

 

Por ello, está vedada al juez de tutela cualquier intromisión en asuntos puramente litigiosos, en la escogencia de interpretaciones legales constitucionalmente válidas; o, finalmente, en las amplias atribuciones del juez para la valoración del material probatorio, mientras su ejercicio se ajuste a la efectividad de los derechos constitucionales.

 

10. Dentro del marco expuesto, en sentencia C-590 de 2005, la Sala Plena de la Corporación señaló los requisitos formales y materiales de procedencia de la acción.

 

10.1 Requisitos formales (o de procedibilidad)[11]: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[12]; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[13]; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[14].

 

10.2 Requisitos sustanciales o de procedencia material del amparo: que se presente alguna de las causales genéricas de procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[15] sustantivo[16], procedimental[17] o fáctico[18]; error inducido[19]; decisión sin motivación[20];  desconocimiento del precedente constitucional[21]; y violación directa a la constitución[22].

 

En relación con las causales genéricas de procedencia, ha manifestado la Corte que no existe un límite indivisible entre estas, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional pueden derivar en un irrespeto por los procedimientos legales; o, que la falta de apreciación de una prueba, puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico[23].

 

11. No sobra señalar que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume: la preservación de la supremacía de los derechos fundamentales, a través de un entendimiento sustancial de los principios de seguridad jurídica e independencia judicial[24].

 

De acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es preciso que concurran tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) el requisito sine que non, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental.[25]

 

El defecto fáctico[26]. Reiteración de jurisprudencia.

 

12. El defecto fáctico se produce cuando el juez toma una decisión sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determinar[27], como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de  las pruebas[28]; la valoración irrazonable o contra evidente de los medios probatorios; o la suposición de pruebas.

 

Este defecto puede darse tanto en una dimensión positiva[29], que comprende los supuestos de valoración contra evidente o irrazonable de las pruebas, así como lafundamentación de una decisión en pruebas ineptas para ello, como en una dimensión negativa[30], relacionada con la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial[31].

 

13. La intervención del juez constitucional en el escenario de la valoración de las pruebas es excepcional. En ese sentido, la Corte Constitucional ha explicado que en la valoración de las pruebas la autonomía judicial alcanza su máxima expresión, en respeto por los principios de autonomía judicial, juez natural e inmediación, que impiden al juez constitucional realizar un examen exhaustivo del material probatorio (Al respecto, ver la sentencia T-055 de 1997[32]).

 

14. A pesar de esas premisas, y de la amplitud que caracteriza el ejercicio de las funciones judiciales al esclarecer los hechos y determinar las premisas fácticas de su decisión, la incorporación, estudio, y motivación de las conclusiones probatorias no es discrecional, ni se encuentra reservada a la íntima convicción del juez.

 

Como ocurre con todo ejercicio de poder en el Estado Constitucional, el operador judicial se encuentra vinculado a los derechos constitucionales, en este caso, los derechos de las partes, cuyo respeto debe evaluarse en el marco de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Las herramientas centrales que el orden jurídico otorga para encauzar el poder del juez en el ámbito probatorio son las reglas de la sana crítica, generalmente identificadas con la lógica, las reglas de la ciencia y la experiencia. De igual manera, la vinculación del juez al derecho sustancial le exige perseguir al máximo la verificación de la verdad, aspecto relacionado íntimamente con la obligación de decretar pruebas de oficio[33]

 

En ese orden de ideas, preservando un equilibrio entre autonomía e independencia judicial, sana crítica y búsqueda de a verdad, la Corte señaló desde la sentencia T-442 de 1994:

 

“(…) si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (…), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente”[34]

 

15. Ahora bien, el respeto por las decisiones del juez natural se asegura mediante las reglas especiales de análisis que la Corte ha desarrollado cuando se trata de constatar la existencia de un defecto fáctico, como causal de procedencia de la acción.

 

En primer lugar, y como ocurre con cualquiera de las causales de procedencia de la acción, debe indagar si el defecto alegado tiene incidencia en el respeto, vigencia y eficacia de los derechos fundamentales. De no ser así, la posibilidad de controlar errores fácticos debe mantenerse en el marco de los recursos de la legalidad, y no en el ámbito de la acción de tutela, cuyo sentido y razón de ser es la defensa de los derechos superiores de la Constitución Política.

 

En segundo término, las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios. En esa labor, el juez natural no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe[35], al igual que se presume la corrección de sus conclusiones sobre los hechos:

 

“(…) [A]l paso que el juez ordinario debe partir de la inocencia plena del implicado, el juez constitucional debe hacerlo de la corrección de la decisión judicial impugnada, la cual, no obstante, ha de poder ser cuestionada ampliamente por una instancia de mayor jerarquía rodeada de plenas garantías”[36].

 

En tercer término, para que la tutela resulte procedente por la configuración de un defecto fáctico, “El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto[37] (Resaltado fuera del original).

 

16. En síntesis, el defecto fáctico es tal vez la causal más restringida de procedencia de la tutela contra providencia judicial. La independencia y autonomía de los jueces cobran especial intensidad en el ámbito de la valoración de las pruebas; el principio de inmediación sugiere que el juez natural está en mejores condiciones que el constitucional para apreciar adecuadamente el material probatorio por su interacción directa con el mismo; el amplio alcance de los derechos de defensa y contradicción dentro de los procesos ordinarios, en fin, imponen al juez de tutela una actitud de respeto y deferencia por las opciones valorativas que asumen los jueces en ejercicio de sus competencias funcionales regulares.

 
1   2   3   4

similar:

Acción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla iconAcción de tutela del ciudadano Jaime Humberto Uscátegui, contra el...

Acción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla iconSala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín

Acción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla iconProcedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá -sala de Familia

Acción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla iconEn la Ciudad de Santiago del Estero, a los diecinueve días del mes...

Acción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla iconJuzgado laboral del circuito (reparto)

Acción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla iconAcoso laboral – Procedencia de la tutela / accion de tutela – Procedente...

Acción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla iconC omisarias de famila permanentes del distrito capital jornada laboral....

Acción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla iconAccion de tutela para obtener reintegro laboral de trabajador discapacitado...

Acción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla iconTribunal superior del distrito judicial de bogotá D. C

Acción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado Sexto (6) Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Tercera (3ª) de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla iconTribunal superior del distrito judicial de bogotá






© 2015
contactos
ley.exam-10.com