Santiago, a veintisiete de diciembre de dos mil siete






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Segundo: Que el referido instrumento internacional, aplicable a la situación de que se trata en estos autos, obliga, en caso de conflicto armado sin carácter internacional, al trato humanitario de las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto sus armas y aquellos que han quedado fuera de combate por enfermedad, encontrarse heridos, por haber sido detenidos o por cualquiera otra causa, sin distinción alguna de carácter desfavorable, prohibiéndose para cualquier tiempo y lugar los hechos siguientes: “a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio, emitido por un tribunal regularmente constituido, provisto de garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados”. A la vez, compromete su artículo 146 a sus suscriptores para tomar todas las medidas legislativas necesarias en orden a fijar las adecuadas sanciones penales que hayan de aplicarse a las personas que cometen, o den orden de cometer, cualquiera de las contravenciones graves definidas en el Convenio; como también se obligan los Estados a buscar a tales personas, debiendo hacerlos comparecer ante sus propios tribunales y a tomar las medidas necesarias para que cesen los actos contrarios a las disposiciones del Acuerdo. Se reconoce que, en toda circunstancia, los inculpados gozarán de las garantías de un justo procedimiento y de libre defensa que no podrán ser inferiores a los previstos en los artículos 105 y siguientes del Convenio de Ginebra, de doce de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, relativo al trato de los prisioneros de guerra. Las infracciones graves se encuentran descritas en el artículo 147, contemplando, entre ellas, el homicidio intencional, torturas o tratos inhumanos, los atentados graves contra la integridad física o a la salud, las deportaciones, traslados ilegales y la detención ilegítima.

Tercero: Que teniendo presente que los Acuerdos Internacionales deben cumplirse de buena fe, resulta que los citados Convenios imponen al Estado de Chile la obligación de garantizar la seguridad, especialmente de los detenidos que pudieren tener participación en conflictos armados dentro de su territorio, estándole vedado, por lo tanto, amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o permitir la impunidad de sus autores, renunciando a la facultad para exonerarse a sí mismos o a otro Estado de responsabilidades incurridas por ellos.

Cuarto: Que en la interpretación de la mencionada prohibición de autoexoneración, y ante la magnitud de las violaciones de que se trata, no puede perderse de vista la función de prevención general que cumple la pena, en cuanto exige que la amenaza contenida en la norma se haga efectiva en cualquier momento en que la persecución de los responsables sea posible, aún en los casos en que la prevención especial parezca satisfecha con el transcurso del tiempo. Así, por una parte se refuerza el respeto de los valores fundamentales de la convivencia pacífica de la sociedad, y por otra se disuade a quienes se inclinen a incurrir en hechos semejantes.

Quinto: Que el sentido de su artículo 6°, Nº 5º, -de acuerdo a su tenor y su contexto- ha de entenderse dirigido al favorecimiento de los vencidos en el conflicto que se encuentran en manos de aquellos que controlan el poder estatal, facilitando así el restablecimiento de la paz social, sin alcanzar a quienes en el ejercicio de un poder incontrolado cometen delitos reprimidos en el ordenamiento jurídico nacional o internacional, utilizando la ley interna como instrumento de incumplimiento y violación de tratados internacionales vigentes y de principios generales de derecho de las naciones civilizadas. Por lo demás, entenderlo de otro modo conduciría a la inaplicabilidad de las normas de derecho internacional humanitario, eludiendo su acatamiento por aplicación de la normativa nacional, lo que se encuentra prohibido por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Sexto: Que, por consiguiente, el DL Nº 2.191, sobre Ley de Amnistía, en una interpretación conforme con los Convenios de Ginebra, no puede ser aplicado a las contravenciones graves contra los derechos esenciales determinados en aquel derecho convencional internacional perpetradas en nuestro país durante su vigencia.

Séptimo: Que esta Corte antes ya ha sostenido que la prohibición de autoexoneración que emana de los Convenios de Ginebra, no sólo alcanza aquellas situaciones en que los detentadores del poder, aprovechando las ventajas que su situación les ofrece, otorgan extinciones de responsabilidad como amnistías autoconcedidas, sino que incluye también la suspensión de la vigencia de instituciones preexistentes, como la prescripción de la acción penal, toda vez que la misma aparece concebida para operar en un estado de paz social, y no en situaciones de atropello de todas la instituciones sobre las cuales dicho Estado se funda, y menos en beneficio de aquellos que precisamente provocaron ese quebrantamiento, en términos que los hechos punibles establecidos en autos resultan imprescriptibles.

Octavo: Que por haberse cometido el delito en el ámbito de violaciones a los derechos humanos, graves, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado que pretendían excluir, hostigar, perseguir o exterminar a quienes fueran contrarios al régimen instaurado el once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, cabe concluir que se está en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delito de “lesa humanidad”, calificación que trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el referido ilícito, así como declarar su prescripción, conforme a las reglas imperativas del derecho internacional o ius cogens, que - tal como ha sido declarado en anteriores fallos - tiene prevalencia sobre la legislación nacional. Las reglas del ius cogens son verdaderas normas jurídicas en sentido sustancial, suministrando pautas o métodos de conducta, a partir de las cuales surgen obligaciones erga omnes, que existen con independencia de su formulación, en términos que cuando son expresadas en un modelo legal no cambian su naturaleza jurídica.

Esta Corte reitera una vez más que los principios del derecho internacional y las reglas del derecho consuetudinario, forman parte del ordenamiento jurídico chileno con primacía sobre las leyes internas, aún cuando no se encuentren traducidos en tratados o convenciones obligatorias para Chile.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, cabe considerar -en lo que atañe a la prescripción alegada- que el veintiséis de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución Nº 2391 adoptó la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad”, en vigor desde el once de noviembre de mil novecientos setenta, que si bien no se encuentra incorporada a nuestro ordenamiento jurídico como tal, confirma la existencia de un principio de ius cogens ya instalado en la costumbre internacional, que tenía vigencia al tiempo de la ejecución de los hechos investigados en autos. Las normas de derecho internacional humanitario como parte integrante del ius cogens son obligatorias para los Estados, incluso cuando no se encuentran aprobados los respectivos tratados, desde que su fuerza emana de su carácter consuetudinario.

Décimo: Que, sin embargo, a pesar de lo razonado, la imposibilidad de aplicar la institución de la prescripción de la acción penal, que es causal de extinción de la responsabilidad criminal, no alcanza a la denominada media prescripción, o prescripción gradual o incompleta, que es motivo de atenuación de dicha responsabilidad consagrada en el artículo 103 del Código del ramo. Desde luego, no existe ninguna limitación constitucional, legal, de Derecho Convencional Internacional ni de ius cogens, de suerte que tratándose de una disposición de orden público, su aplicación resulta obligatoria en virtud del principio de legalidad que rige el Derecho punitivo. Así, aún cuando hayan transcurrido íntegramente los plazos previstos por el legislador para la prescripción de la acción penal derivada del ilícito, sin que la misma sea posible declararla por impedirlo los Convenios de Ginebra, no existe razón que impida considerarla como atenuante para mitigar la responsabilidad criminal que afecta a los encausados, toda vez que, además, presenta fundamentos y efectos distintos de los de la prescripción, desde que esta última institución descansa en el supuesto olvido del delito, en razones procesales y en la necesidad de no reprimir la conducta, en cambio, la minorante encuentra su razón de ser en lo insensato que resulta una pena tan alta para hechos ocurridos largo tiempo atrás, pero que no por ello deben dejar de ser castigados, incidiendo en conclusión sólo en el quantum de la sanción.

Undécimo: Que el referido artículo, en su inciso primero prescribe: ”Si el inculpado se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, pero habiendo ya transcurrido la mitad del que se exige, en sus respectivos casos, para tales prescripciones, deberá el tribunal considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante y aplicar las reglas de los artículos 65, 66, 67 y 68 sea en la imposición de la pena, sea para disminuir la ya impuesta”. Por su parte el artículo 95 de la misma recopilación legal, al definir el inicio del cómputo del plazo de la prescripción, lo ubica en “el día en que se hubiere cometido el delito”.

Duodécimo: Que, tratándose en la especie de injustos de homicidios calificados, el período de prescripción de la acción penal es de quince años. Dicho término se interrumpe perdiéndose el tiempo transcurrido, siempre que el delincuente realiza nuevamente crimen o simple delito, y se suspende desde que el procedimiento se dirige contra él; pero si se paraliza su prosecución por tres años o se termina sin condenarle continúa la prescripción como si no se hubiese interrumpido.

Décimo tercero: Que, en evento sub lite, los hechos delictuosos acontecieron el doce de octubre de mil novecientos setenta y tres, época en que comienza el cómputo del lapso de la prescripción. Sin perjuicio de lo anterior, la investigación de los hechos se inició el cinco de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, resultando la causa sobreseída temporalmente el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cinco y archivada el veintidós de noviembre de ese mismo año, quedando su tramitación paralizada hasta la presentación de veinticinco de abril de dos mil, que corre de fojas 1 a 5, reactivándose la investigación hasta llegar a la etapa actual.

Décimo cuarto: Que como corolario de lo relacionado anteladamente, el sentenciado Barría Igor se encuentra beneficiado con la causal de mitigación de la pena que contempla el artículo 103 del Código Penal.

Décimo quinto: Que para los efectos de regular la pena, ha de considerarse que resulta más beneficioso imponer el castigo de acuerdo con el sistema contemplado en el artículo 509 del Código Adjetivo Penal, de suerte que, concurriendo a favor del convicto la situación aludida en la consideración anterior, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 68 del Estatuto sancionatorio, se rebajará dicho castigo en un tramo a partir del mínimo fijado por la ley, quedando así en presidio mayor en su grado mínimo. Enseguida, se aumentará en otro, en virtud de la reiteración y así se obtiene la pena de presidio mayor en su grado medio a determinar en definitiva.

Décimo sexto: Que es así como este tribunal se ha hecho cargo de todas las alegaciones formuladas por la defensa del encartado en sus descargos de fojas 420 a 431.

Décimo séptimo: Que por las reflexiones precedentes esta Corte no comparte el parecer del señor Fiscal Judicial, expuesto en su informe de fojas 511 y 512, quien estuvo por confirmar el fallo sin modificaciones.

En lo civil:

Décimo octavo: Que la admisión en sede penal de la acción civil compensatoria aparece sujeta al cumplimiento de las exigencias que el propio legislador ha previsto, consistentes en que el soporte de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal.

Décimonono: Que en tanto norma de carácter excepcional, el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, debe ser interpretado en sentido restrictivo, sin que por esa vía sea posible ampliar los efectos de una situación que desde luego para el legislador resulta extraordinaria.

Vigésimo: Que, en correspondencia con lo expuesto, el artículo 40 del Código de Instrucción Penal -también modificado por la Ley Nº 18.857- ha de entenderse en el carácter de complementario del artículo 10 del mismo texto, toda vez que, permitiendo aquél la inclusión de la acción civil en sede penal, éste precisa en contra de quienes pueden dirigirse dichas acciones, pero se conserva inalterable el fundamento que posibilita el derecho de opción concedido al actor civil. Ello resulta plenamente coherente con la tendencia que se advierte en el legislador de la reforma procesal penal -contemporáneo en su trabajo a las últimas modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Penal- en orden a restringir la acción civil en el proceso penal, limitándola a aquellos casos en que la víctima decida interponerla en contra del imputado, reservando el ejercicio de la acción civil por parte de sujetos distintos de la víctima o en contra de un sujeto diverso del imputado, directamente ante el juez civil, según aparece en el artículo 59 del Código Procesal Penal, que resulta complementado por el artículo 171 de su homónimo Orgánico de Tribunales, en cuanto establece como regla general -y con la salvedad que señala- que los terceros civiles y contra los terceros civiles sólo pueden ser enjuiciados por el juez civil competente, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“La acción civil que tuviere por objeto únicamente la restitución de la cosa, deberá interponerse siempre ante el Tribunal que conozca las gestiones relacionadas con el respectivo procedimiento penal.

Dicho tribunal conocerá también todas las restantes acciones que la víctima deduzca respecto del imputado para perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible, y que no interponga en sede civil.

Con la excepción indicada en el inciso primero, las otras acciones encaminadas a obtener la reparación de las consecuencias civiles del hecho punible que interpusieren personas distintas de la víctima, o se dirigieren contra personas diferentes del imputado, sólo podrán interponerse ante el tribunal que fuere competente de acuerdo a las reglas generales.

Será competente para conocer de la ejecución de la decisión civil de las sentencias definitivas dictadas por los jueces con competencia penal, el tribunal civil mencionado en el inciso anterior”

Vigésimo primero: Que tales preceptos, en tanto reflejan una tendencia en el legislador procesal penal, sirven, igualmente, para iluminar los reales alcances de las normas que regulan la competencia civil del juez del crimen en el Código de Procedimiento Penal.

Vigésimo segundo: Que, en tal escenario, las pretensiones civiles presentadas en sede penal en los libelos de fojas 268 a 271, por Ismael Rodríguez Arancibia, Patricio Moreno Mena, Pedro Verdejo Contreras y Luis Germán Bastías Leiva, y de fojas 273 a 276, por la víctima de los hechos Luis Abraham González Plaza, se dirigen únicamente en contra del Estado de Chile, argumentando que fueron agentes al servicio de ese Estado los que infirieron el daño cuya compensación impetran, afirmando que los actos ilícitos fueron realizados por un funcionario público miembro de Carabineros del Chile, en calidad de partícipe directo, demandando así la responsabilidad extracontractual del Estado, citando, en resumen, como bases de tal responsabilidad los artículos 1º, 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 10 y 428 del Código procedimental del crimen.
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