Santiago, a veintisiete de diciembre de dos mil siete






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Santiago, a veintisiete de diciembre de dos mil siete.

VISTOS:

En estos autos N° 2182-98, rol de la Corte de Apelaciones de Santiago, por veredicto dictado por el Ministro de Fuero don Daniel José Calvo Flores, el cuatro de agosto de dos mil tres, que se lee de fojas 452 a 489, se sobreseyó definitivamente la causa por encontrarse prescrita la acción penal dirigida en contra de Rubén Osvaldo Barría Igor por los hechos materia del juicio y, consecuencialmente, dejó sin efecto los cargos que le fueran formulados de ser autor de los delitos de sustracción de menores con homicidio, cometido en las personas de Leonidas Isabel Díaz Díaz y Jaime Max Bastías Martínez; de secuestro con homicidio perpetrado en contra de Alfredo Andrés Moreno Mena, Luis Miguel Rodríguez Arancibia, Luis Alberto Verdejo Contreras y Luis Suazo Suazo; y, por último, del delito de secuestro sufrido por Luis Abraham González Plaza, todos cometidos en Santiago el doce de octubre de mil novecientos setenta y tres. En razón de la antedicha decisión, no se emitió pronunciamiento acerca de la amnistía pedida por el enjuiciado.

En su aspecto civil, se desechó la excepción de incompetencia absoluta deducida por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del demandado Fisco de Chile. Enseguida, se acogió la excepción de prescripción de la acción civil alegada en representación del Fisco, por la Abogado Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por lo que desestimó las demandas indemnizatorias formuladas a fojas 268 y 273.

Impugnado dicho fallo por la vía de los recursos de casación en la forma y apelación, según consta del libelo de fojas 498 a 507, previo informe del Fiscal Judicial señor Benjamín Vergara Hernández, la Corte de Santiago, por dictamen de treinta y uno de enero de dos mil siete, escrito de fojas 559 a 571, denegó el primero de tales arbitrios y revocó el dictamen a quo y, en su lugar, sancionó a Rubén Osvaldo Barría Igor a dieciséis años de presidio mayor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de los delitos de homicidios calificados cometidos en las personas de Leonidas Isabel Díaz Díaz, Jaime Max Bastías Martínez, Alfredo Andrés Moreno Mena, Luis Miguel Rodríguez Arancibia, Luis Alberto Verdejo Contreras y Luis Suazo Suazo y del delito de homicidio calificado, en grado frustrado, en la persona de Luis Abraham González Plaza. En su sección civil, revocó la resolución del tribunal a quo que no dio lugar a las acciones reparatorias interpuestas por los actores Ismael Rodríguez Arancibia, Patricio Moreno Mena, Pedro Verdejo Contreras y Luis Germán Bastías Leiva y, en cambio, condenó al Fisco de Chile a enterarles cincuenta millones de pesos ($50.000.000.-) para cada uno de ellos, más setenta y cinco millones de pesos ($75.000.000.-) al actor civil Luis Abraham González Plaza, todo ello, con los reajustes que conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor se produzca entre la fecha del laudo y la de su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables desde que se incurra en mora.

En contra de esta última decisión, en lo principal de la presentación de fojas 583 a 594, doña Irma Soto Rodríguez, Abogado Procurador Fiscal subrogante de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, entabló recurso de casación en el fondo asilado en el artículo 546, inciso final, del Código de Enjuiciamiento Criminal, en conexión con los artículos 767 y 770 de su homónimo procedimental civil, el que se ordenó traer en relación a fojas 597.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el arbitrio instaurado por el recurrente apunta exclusivamente respecto del segmento civil del fallo y reposa en el inciso final del artículo 546 del Código de Instrucción Penal, en concordancia con los artículos 767 y 770 del de Enjuiciamiento Civil, puesto que critica que el pronunciamiento de alzada ha conculcado, por falta de aplicación, los artículos 19, 22, 2329, 2332, 2492, 2497 y 2515 del Código Civil, 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 27 de la Convención de Viena, por errónea y falsa aplicación.

SEGUNDO: Que el oponente aduce que en la secuela del pleito, opuso la excepción de prescripción especial de la acción de resarcimiento de los menoscabos contenida en el artículo 2332 del Código Civil, respecto de las demandas civiles deducidas por los hechos acaecidos el doce de octubre de mil novecientos setenta y tres, habiendo transcurrido en exceso el plazo de cuatro años fijado en la indicada disposición.

Del mismo modo, arguye que se dejó de aplicar el artículo 2492 de la misma compilación, precepto que consagra la institución de la prescripción extintiva de las acciones y derechos, exigiendo sólo para ello el artículo 2514 del texto en análisis cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, espacio que es de cuatro años para el caso que se persiga la responsabilidad extracontractual y que se cuenta desde la perpetración del acto. En el mismo orden de consideraciones, alega que el artículo 2497 del Código del ramo, extiende al Fisco sus reglas sobre prescripción, de modo que desatender el tenor literal de los aludido preceptos conlleva una contravención al artículo 19, inciso 1°, del mencionado cuerpo legal y de surgir duda en la interpretación de las referidas normas, los jurisdicentes debieron recurrir al elemento lógico contemplado en el artículo 22, inciso 1°, del Código Civil.

Los yerros delatados llevaron equivocadamente a los jueces a resolver que la institución de la prescripción no resultaba aplicable, desechando la excepción opuesta y, en definitiva, ordenó al Fisco indemnizar perjuicios por los daños cometidos por sus funcionarios.

Adicionalmente delata el impugnante que el dictamen de marras incurre en error por falsa aplicación de tratados internacionales al extender las normas de la Convención Americana a materias que no regula, pues en ellas no se establecen cánones sobre imprescriptibilidad de la acción por responsabilidad extracontractual del Estado o para la no aplicación de la normativa que sobre prescripción se contiene en el derecho interno.

TERCERO: Que, sin perjuicio de lo reseñado, el artículo 500 del Código Adjetivo Criminal, en su literal quinto impone, entre otras exigencias de toda sentencia definitiva, la de contener “Las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, tanto las agravantes, como las atenuantes, y para establecer la responsabilidad o la irresponsabilidad civil de los procesados o de terceras personas citadas al juicio”.

A su turno, el artículo 541, N° 9°, del mismo ordenamiento, considera como causal de invalidación formal el hecho de no haber sido extendida la sentencia en la forma dispuesta por la ley.

CUARTO: Que el fallo dubitado acogió la demanda civil enderezada contra el Fisco condenándolo a pagar, a manera de compensación las sumas consignadas en la sección expositiva de este pronunciamiento.

QUINTO: Que para resolver de la forma señalada, los sentenciadores entendieron que en las expresiones “de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible” contenida en la parte final del inciso tercero del artículo 10 del Código de Instrucción Penal, comprendía igualmente la responsabilidad del Estado -de naturaleza extracontractual- por la inobservancia de su deber de comportarse prudentemente. Luego de afirmar la relación causal entre los hechos probados y los detrimentos derivados de ellos, concluye condenando al Fisco, haciendo referencia, entre las normas legales atinentes al aspecto civil, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

SEXTO: Que el artículo 10 del Código de Enjuiciamiento Penal fija la competencia de los jueces del crimen en cuanto al ejercicio de las acciones civiles insertas en el proceso penal. En ese contexto, los supuestos fácticos de la acción intentada escapan de aquellos que pueden ser conocidos en sede criminal conforme al artículo 10 ya citado, desde que el fundamento de la acción indemnizatoria presentada requiere comprobar que la causa del daño experimentado corresponde a una falta o desconocimiento del órgano administrativo de sus deberes jurídicos ordinarios, introduciendo entonces a la discusión aspectos que van más allá del hecho punible objeto de la controversia penal.

SÉPTIMO: Que en dicho contexto, el laudo no proporciona las razones legales que han conducido a los sentenciadores a establecer la responsabilidad civil del tercero - Fisco de Chile - citado al juicio, configurándose por ende la motivación de casación descrita en el artículo 541, N° 9°, del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 500, N° 5°, del mismo cuerpo legal.

Por estos fundamentos, normas legales precitadas y de acuerdo con lo estatuido en los artículos 535, 500, N° 5°, 541, N° 9°, y 544 del Código de Procedimiento Penal y 775 de su homónimo de Enjuiciamiento Civil, actuando esta Corte de oficio, SE INVALIDA la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil siete, que rola de fojas 559 a 571, la que es nula y, por lo tanto, se reemplaza por la que, separadamente y sin nueva vista, se dicta a continuación.

En atención a lo resuelto y lo prevenido en el artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, se tiene por no formalizado el recurso de casación en el fondo promovido en lo principal de fojas 583 a 594 por la abogada Irma Soto Rodríguez, en representación del Fisco de Chile.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Chaigneau y Dolmestch, quienes fueron del parecer de desestimar el recurso de casación instaurado, y no actuar de oficio sobre la materia, manteniéndose, por consiguiente, la decisión que es objeto de reproche consistente en prestar acogida a las demandas deducidas en contra del Fisco de Chile, desde que se fundan en la participación criminal de un funcionario de Carabineros, empleado público, circunstancia de la cual deriva su responsabilidad, por lo que el dictamen de marras, junto con satisfacer los requerimientos que establece el artículo 500, N° 5°, del Código de Procedimiento Penal, lo que no autoriza a este tribunal de casación para proceder de oficio y anular la sentencia de segundo grado. En opinión de los disidentes, procede al efecto, además, considerar:

1) Que la pretensión indemnizatoria que se admite en sede penal conforme lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal -de acuerdo a su actual redacción-, presenta como única limitación “que el fundamento de la acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal”, lo que viene a significar una exigencia en el campo de la causalidad, en términos que el fundamento de la pretensión civil deducida debe emanar de las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal.

2) Que en la especie tal vínculo de causalidad aparece satisfecho, toda vez que son las conductas ilícitas investigadas en autos -cometidas por agentes del Estado-, las que subyacen y originan la pretensión civil de los querellantes respecto del Fisco de Chile, resultando entonces favorecida por el régimen especial de competencia contemplado en la ley.

3) Que una lectura atenta del nuevo artículo 10 citado, da cuenta del carácter plural que pueden revestir las acciones civiles en el proceso penal, incluyéndose no sólo las restitutorias e indemnizatorias, con un contenido claramente más amplio que la anterior legislación, sino que también comprende acciones prejudiciales y precautorias así como algunas reparatorias especiales, lo que demuestra que lo que se quiso con la reforma, fue ampliar el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, excluyendo el conocimiento de aquellas acciones civiles que persigan perjuicios remotos o nulidades de contratos o actos, que si bien se relacionan con el hecho perseguido, no son constitutivos de él mismo.

4) Que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto.

5) Que a mayor abundamiento, los disidentes no puede dejar de tener presente al momento de interpretar el alcance del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal toda la normativa internacional aplicable en la especie por mandato constitucional, que propende a la reparación integral de las víctimas, lo que ciertamente incluye el aspecto patrimonial.

Regístrese.

Redacción del Ministro señor Rodríguez.

Rol N° 1489-07.


Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Alberto Chaigneau del C., Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y Hugo Dolmestch U. No firma el Ministro Sr. Segura, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.


Autorizada por la Secretaria Subrogante de esta Corte Suprema doña Carola Herrera Brummer.
Santiago, a veintisiete de diciembre de dos mil siete.

En cumplimiento a lo prevenido en el artículo 544 del Código de Procedimiento Penal, y lo resuelto en el fallo que precede, se dicta a continuación la siguiente sentencia de reemplazo.

En cuanto al recurso de casación en la forma:

Primero: Que la querellante y demandante civil, asistida por el abogado Alberto Espinoza Pino, en lo principal del libelo de fojas 498 a 507, ha formulado recurso de casación en la forma contra el fallo de primer grado, asilado en el ordinal 9° del artículo 541 del Código de Instrucción Penal, en concordancia con el artículo 500°, N° 7°, de la misma compilación jurídica pues, en su criterio, se extendió con quebrantamiento de ley al desatender dicho texto legal que impone al sentenciador el pronunciamiento de la resolución de condena o absolución a cada uno de los procesados, por cada uno de los delitos perseguidos, imperativo que no se cumple al proceder al sobreseimiento definitivo del acusado.

Segundo: Que respecto de este arbitrio, cabe tener en cuenta que la recurrente no explica qué fracción de aquella resolución habría producido la transgresión a la norma que dice vulnerada, ni la influencia sustancial que en lo dispositivo del fallo ello acarreó, deficiencias en su formalización que conducen necesariamente a su denegación.

En cuanto al recurso de apelación:

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de sus motivos tercero, noveno, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo y vigésimo octavo y de las referencias a los artículos 408, N° 5°, 434 y 441 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que se eliminan.

Del dictamen invalidado de la Corte de Apelaciones de Santiago, se mantienen sus reflexiones tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima, décimo tercera y décimo cuarta.

Y teniendo, en su lugar y además, presente:

Primero: Que, tal como se ha concluido en anteriores fallos, el examen de la normativa dictada luego del once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, así como el contexto en que se desarrollaron los hechos posteriores a esa data, permiten concluir que en la época en que ocurrieron los sucesos que dieron origen a la presente investigación, el territorio nacional se encontraba en la realidad y jurídicamente en estado de guerra interna. Razón suficiente para tener por establecido que en Chile existía un "conflicto armado no internacional", en los términos del artículo 3° común para los Convenios de Ginebra, cuyas disposiciones no hacen más que reafirmar el respeto de la dignidad humana, sobretodo el de las víctimas de conflictos armados.
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