Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia






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III - Yendo aún más lejos, en la causa “Feldman Andrea Gabriela y otros c/. EN.N. - Secretaría de Desarrollo Soc. - Com. Nac. de Pen. Asist. s/ amparos y sumarísimo” concedió una medida que coincidía con el objeto del proceso sin que ésta haya sido solicitada por los accionantes. En efecto, los accionantes -personas con discapacidad mental- solicitaban como petición principal del amparo, el reestablecimiento de sus pensiones no contributivas que habían sido suspendidas, y como medida cautelar solicitaban se ordene que estas no fueran revocadas definitivamente durante el transcurso del proceso. Sin embargo, el juez ordenó como medida cautelar que se restablecieran de inmediato la pensión en atención a la verosimilitud del derecho y a la urgencia en la demora, de manera que durante todo el proceso - que resultó favorable a los actores en ambas instancias- los actores gozaron de los beneficios previsionales que le habían sido suspendidos.
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TRÁMITE
Los procedimientos previstos en la ley 16.986 (cuando el demandado es el Estado) y en el inciso 2° del artículo 321 del CPCC (cuando el demandado es un particular), revisten las calidades de expeditos y rápidos exigidas en el párrafo 1º del artículo 43 de la CN. De manera que pueden considerarse vigentes en lo que a cada uno respecta y en la medida que no sean incompatibles con el artíulo 43.
I - Debe remarcarse por otro lado, que el amparo colectivo, previsto en el segundo párrafo del artículo 43, trae aparejada una serie de nuevas circunstancias que complejizan el proceso, generan la posibilidad de multiplicidad de actores, y han obligado a los jueces a recurrir a diferentes herramientas para hacer posible la defensa de todos los intereses que se puedan ver afectados en un caso colectivo.

Así, en la causa “Youssefian”, después de presentarse Martín Youssefian -como usuario afectado- se adhirió la asociación Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria y luego el Defensor del Pueblo, todos los que pasaron a formar un litis consorcio activo a los fines del proceso. El tribunal por su parte, y como medida para mejor proveer (artículo 34 y 36 del Cód. de Proced.) corrió traslado de la totalidad de las actuaciones producidas en el expediente a Telefónica de Argentina, a Telecom y Telintar S.A. ante la existencia de una afectación cierta -aunque mediata-‚ de la esfera de intereses de las empresas en cuestión, y se le dio la oportunidad de ser oída para el ejercicio de su derecho de defensa.

En esta ocasión dijo la Cámara que “en virtud de las peculiaridades propias de la acción de amparo y -en particular- de las de este tipo de amparos, no resulta irrazonable concluir en que las críticas vertidas por las recurrentes con relación a la falta de respeto a las formalidades previstas en el Código Procesal para integrar la litis o citar a un tercero deben ser desestimadas” y continuó citando la causa “Defensor del Pueblo de la Nación - Incidente III- c. Estado nacional s/ amparo ley 16.986”, 23 de setiembre de 1997 en lo relativo a que “No cabe duda que cuando la Reforma de la Constitución Nacional reconoció la existencia de nuevos derechos que pueden ser globalmente caracterizados como de incidencia colectiva, cuando además, les otorgó protección jurisdiccional e indicó a los distintos sujetos que podían hacerlos valer ante el Poder Judicial, esas normas constitucionales produjeron un impacto en el ámbito del proceso”. “Ese impacto trasciende los aspectos vinculados con la legitimación y alcanza tanto a los sujetos que pueden integrar la litis como a los alcances de la sentencia”.

A su vez en la causa “Díaz” (citada en nota 29) en primera instancia el juez decide correr vista al Defensor del Pueblo de la Nación antes de decidir sobre la cautelar solicitada.

De esta manera, por la iniciativa pretoriana de la judicatura, en varias ocasiones se integró la litis con nuevos actores o se dio participación a quienes podían verse afectados por la resolución.

También se ha dado lugar a quienes espontáneamente se han presentado en el proceso como partes interesadas en la resolución aunque no como partes formales del proceso. Así, en la causa “Provincia de Entre Ríos y otro c. Secretaría de Energía” se presenta para ser oída la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica -entidad creada por el dictado del dec. 1192/92 y que agrupa a 42 empresas generadoras de electricidad- y en salvaguarda de los intereses de sus representados, por encontrarse en juego derechos de sus asociados, relativos a la propiedad, al ejercicio de industria lícita y al libre comercio, y requiere que se deje sin efecto a la medida cautelar concedida.

II - En conclusión, es evidente que los procesos colectivos pueden involucrar más intereses de los que aparecen ab initio representados como actor y demandado. Ello ha motivado presentaciones espontáneas y convocatorias por parte de los tribunales. Por ello resulta importante que estos procesos tengan la publicidad suficiente, además de requerir mayor amplitud en algunos de los términos procesales y otros parámetros tradicionales que definen al proceso, los cuales permitan integrar la litis debidamente.

De otra manera, posibles afectados por la resolución del proceso quedarían fuera del mismo sin posibilidad de ser oídos, o bien, se incitaría a una multiplicidad de tribunales por una misma causa provocando, a veces, sentencias contradictorias, como ya se advirtiera en el acápite referente a la competencia (ver nota 74).

Una futura regulación de los procesos de amparo colectivo deberá sin duda tener en cuenta este tipo de consideraciones y el avance de la jurisprudencia al respecto, para dar un debido marco a este tipo de reclamos.
Flojito [SACAMOS?]

EFECTOS DE LA SENTENCIA
Las normas que rigen el proceso no establecen ninguna especificación en relación al alcance de la sentencia del amparo. Sin embargo, no quedan dudas que en los casos de amparos colectivos que se han resuelto, el carácter indivisible de los bienes en juego o la orden general del juez, determina que los efectos de la sentencia sean colectivos, es decir, para todos los beneficiarios del bien público en cuestión o de la regla judicial general.

Algunos jueces han tenido la precaución de limitar los efectos de sus sentencias a ciertos ámbitos jurisdiccionales. Así, en la causa “Prodelco” el juez titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Mendoza hizo lugar a la medida cautelar solicitada ordenando la suspensión de los efectos del art. 2 del decreto 92/97, pero dejó constancia de que la precautoria que ordenaba quedaba restringida al ámbito de actuación de Prodelco y a la jurisdicción territorial del tribunal.

Como se vino señalando en los acápites referidos a la Competencia y el Trámite del proceso, los efectos colectivos de la sentencia deben basarse en un procedimiento que prevea la posibilidad de que los diferentes intereses afectados sean oídos y actúen como parte en el proceso de manera de asegurar su debida defensa.

COSTAS
En materia de costas rigen los principios generales establecidos en el Código de Procedimiento de la Nación y, cuando el demandado sea el Estado, las reglas del artículo 14 de la ley 16.986.

De acuerdo a ello, como regla general las costas se imponen al vencido y no habrá condena en costas si se demanda al Estado y éste cesa el acto u omisión en que se fundó el amparo antes de contestar el informe que le es requerido por el juez. (Atenti ) [SACAMOS?]
Además, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.

Por otro lado, si el resultado del pleito fuera parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos.

I - La jurisprudencia ha considerado, en relación a ciertos casos, que la imposición de costas puede impartir un desalientO para el apropiado ejercicio del derecho de defensa (CNCom, Sala B, 21/12/90, ED, 143-435).

En consideración a ello, cabe señalar que algunos tribunales han adoptado el criterio de imponer las costas en el orden causado en razón de lo “novedoso de la cuestión”, entendiendo que ello es mérito suficiente para la eximición parcial a la parte vencida en el pleito, aún cuando se trate del demandado.

Esta fue la solución, por ejemplo, en la causa “Viceconte” en donde la Cámara dijo que “se imponen en el orden causado en atención al resultado al que se arribó y a la novedad de la cuestión planteada”.
De igual manera en “Youssefian” se dispuso “IV. Imponer las costas en el orden causado en atención a que las particularidades de la causa tornan conveniente apartarse del principio objetivo de la derrota consagrado en los arts. 14 de la ley 16.986 y 68 del Cód. Procesal”.

Téngase en cuenta que la solución dada en los casos citados impone a quienes demandaron por la violación de sus derechos la carga de pagar el asesoramiento letrado y los gastos del proceso que le son propios. De manera que la justicia tiene un precio, aún para quien resulta víctima de la violación de sus derechos.

Esto constituye un claro e injusto desincentivo para demandar en defensa de los propios derechos, especialmente para aquellas personas que no están en condiciones de afrontar costos de ésta naturaleza.

Esta solución es especialmente criticable en relación a los casos en que se demanda por intereses colectivos. Un afectado o una asociación -según el caso- deberán cargar con los costos de llevar adelante una causa cuyas consecuencias son de interés público, y cuyos beneficiarios resultan un colectivo de personas. Estas causas son por lo general, y sobre todo en nuestro novel sistema constitucional, las típicas causas “novedosas” e “innovadoras”. Desincentivar la defensa judicial de este tipo de emprendimientos judiciales constituye una actitud verdaderamente autofrustrante de los fines de la justicia y de la reforma constitucional de 1994, además de una medida que atenta contra el derecho de acceso a la justicia sin distinciones socioeconómicas.
II - En los casos citados, en los que se requiere una prestación médica o una participación en un proceso de decisión del Estado que afecta a todos, la solución propuesta por la jurisprudencia resulta a todas luces injusta. Sin embargo, la injusticia se profundiza aún más en las causas que no tienen ningún contenido socioeconómico ni envuelven ningún tipo de prestaciones, como por ejemplo cuando se acude a la justicia para pedir el cese de actitudes discriminatorias.

En efecto, la imposición de costas por su orden en casos como este constituye claramente un desaliento para la adecuada defensa en juicio de, por ejmplo, minorías que pretenden litigar en salvaguarda de su derecho a no ser discriminadas. Esto es así, porque deben hacerse cargo de los honorarios de abogados para que la justicia les reconozca la razón e impida que sean tratadas injustamente.

Se puede apreciar que este tipo de reclamos es diferente a los que tienen algún tipo de contenido económico, en los cuales el incentivo lucrativo podría asegurar que las pretensiones sean defendidas judicialmente aún a riesgo de la imposición de costas en caso de resultar vencidas.

III - La reforma constitucional de 1994 ha incorporado con el amparo colectivo una herramienta procesal de acceso a la justicia de enorme valía. La idea ha sido posibilitar que esos reclamos sean acogidos por los tribunales, ampliándose la legitimación activa y amparándose la defensa de intereses colectivos. Sin embrago, la eficacia de esta herramienta -y lo igualitario de sus bondades- se ve seriamente menoscabada con un criterio como el criticado en el párrafo anterior, que desalienta la promoción de estas causas imponiendo costas por su orden aún habiendo un vencedor en el litigio.

Con estos desincentivos institucionales, se está restringiendo el “acceso a la justicia” de grupos cuya inclusión social y participación en el proceso democrático, han sido una de las mayores preocupaciones de la Reforma Constitucional de 1994. Una concepción amplia y completa del concepto de “acceso a la justicia” no puede menospreciar los incentivos y desincentivos que el sistema judicial impone a través de la regulación legal y jurisprudencial con relación a los casos de incidencia colectiva.

EFECTOS DE LOS RECURSOS
El artículo 15 de la ley 16.986 establece que:
Art. 15 “Sólo serán apelables la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en el artículo 3 y las que se dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado. El recurso deberá interponerse dentro de cuarenta y ocho (48) horas de notificada la resolución impugnada y será fundado, debiendo denegarse o concederse en ambos efectos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. En este último caso se elevará el expediente al respectivo tribunal de alzada dentro de las veinticuatro (24) horas de ser concedido. En caso de que fuera denegado, entenderá dicho tribunal en el recurso directo que deberá articularse dentro de las veinticuatro (24) horas de ser notificada la denegatoria, debiendo dictarse sentencia dentro del tercer día”.



El hecho de que los recursos se denieguen o concedan en ambos efectos, significa que la mera interposición de un recurso determinará que los efectos de la resolución sean suspendidos. Esta solución -referida a amparos contra el Estado- es especialmente cuestionable cuando se trata de resoluciones que hacen lugar a una medida cautelar, la que quedaría suspendida después de haber sido concedida precisamente por razones de urgencia y ante la verosimilitud del derecho invocado.

Esta solución normativa controvierte la regla general del Código de Procedimiento que, en materia de medidas cautelares, dispone que los recursos de apelación en caso de admitirse la medida, se concederán en efecto devolutivo (artículo 198 in fine del Cód. de Proc. Civil y Comercial de la Nación) (ojo).

La mayoría de la doctrina se ha pronunciado en el sentido de criticar la solución normativa de la ley 16.986. Así, Adolfo Rivas señala “...que el concepto de acción rápida -y por ende de proceso rápido- impone, atento al deseo constitucional, la eliminación de todo recurso con efecto suspensivo en caso de accederse la medida protectora ... una decidida dirección del proceso con sentido protector así como reglas indicativas del sentido de la misión tuitiva que corresponde a los jueces, el establecimiento de un generoso campo de aplicación de las medidas cautelares capaz de superar la presunción de legitimidad del acto administrativo de su acierto...”

Sin duda, ésta es la solución razonable. Entendemos además, que iguales consideraciones deberían hacerse con respecto a los efectos del recurso en contra de una resolución que hace lugar a un amparo. De otra manera, el amparista cuyo derecho ha sido reconocido por el juez en un procedimiento cuya brevedad y especialidad se establece en su favor, no podrá gozar de los beneficios de la garantía hasta tanto no se resuelva la última instancia de apelación que el demandado decida llevar adelante. De manera que el "supuesto" beneficio de la expedites, a favor del amparista, quedaría sin efecto en razón de la mera apelación.

Pese a que por lo general se ha justificado la solución normativa en razón de la presunción de legitimidad de los actos de la administración, es evidente que dicha presunción no puede subsistir después de una sentencia judicial, mucho menos resulta ésta una solución razonable en procesos especiales como el amparo, tendientes a un resguardo inmediato y efectivo de los derechos en juego.

THE END


Mariela Puga
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