Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia






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Competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia
La Corte ha admitido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en la instancia originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, pero ello sólo se entiende posible, en la medida en que se verifiquen los presupuestos que la habilitan, cuales son, los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte.
I - Así lo hizo en el caso “Alvarez, Oscar Juan c/ Buenos Aires, Provincia de otro s/ acción de amparo”. En esta ocasión el procurador señaló que “dichos recaudos se cumplen en el sub lite, toda vez que …son demandados en el pleito, nominal y sustancialmente, el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia la única forma de conciliar lo preceptuado por el art. 117 de la Constitución Nacional respecto de las provincias, con la prerrogativa jurisdiccional que le asiste a la Nación -o a una entidad nacional- al fuero federal, sobre la base de lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental, es substanciando la acción en esta instancia (Fallos: 305:441; 308:2054; 311:489 y 2725; 312:389 y 1875; 313:98 y 551; 317:746; 320:2567; 322:190, 323: 702 y 1110 y dictamen de este Ministerio Público, en una causa sustancialmente análoga al sub examine, in re Comp. N 577.XXXVI “Ramos Marta Roxana y otros c/ Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente y otros s/ amparo”, del 8 de setiembre de 2000).

En igual sentido en la causa “Provincia de Entre Ríos y otro c. Secretaría de Energía”, en la cual el fiscal de la Provincia de Entre Ríos, en representación del Estado provincial y en defensa de los intereses del fisco y el interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía en defensa de los derechos de los usuarios, interpusieron acción de amparo contra la resolución 61/92 de la Secretaría de Energía de la Nación y contra cualquier otra disposición posterior concordante. La demanda se presentó ante el juez federal de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos y éste se declaró incompetente, entendiendo finalmente la Corte por comprenderse dentro de su competencia originaria.



II - Por otro lado la CSJ negó su competencia originaria en ocasión de demandarse a un estado Provincial pero en razón de un acto de Poder Judicial Provincial. Así en “P., A. J.. y otro c. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires” (2000/05/16) la CSJ señaló que “La Corte Suprema es incompetente para intervenir en instancia originaria en una acción de amparo deducida contra un acto judicial provincial -en el caso, se solicita la suspensión de la ejecución de una providencia de la Suprema Corte de Buenos Ares- dictado dentro de sus facultades propias -arts. 121 y sgtes., Constitución Nacional-, pues carece de jurisdicción por la vía pretendida y lo contrario implicaría transgredir la legislación de forma de cumplimiento ineludible… escapa a la competencia prevista en el art. 117 citado. No se está en presencia en razón de la materia de una causa civil, ni el tema a tratar resulta exclusivamente federal. En efecto, los actores han puesto en tela de juicio una decisión de la Suprema Corte, y han requerido que se disponga la inmediata suspensión de la ejecución de ese pronunciamiento. De tal manera exigen la revisión de un acto judicial provincial, extremo que impide subsumir el caso en las categorías en cuestión. Se trata de un supuesto cuyo juzgamiento requeriría el examen y revisión, en sentido estricto, de actos judiciales de la provincia en los que ésta procedió dentro de las facultades propias reconocidas por los arts. 121 y sgtes. de la Constitución Nacional (Fallos: 311:1597, 1791, 2065; 312:65, 622; 313:548). Tal situación y el respeto de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las causas que en lo sustancial versan sobre aspectos propios de las instituciones locales; sin perjuicio de que las cuestiones federales que también puedan comprender este tipo de litigios sean susceptibles de adecuada tutela por vía del recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48” (la bastardilla es nuestra).
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TIPO DE ACCIÓN
El amparo es entendido como una acción esencialmente inhibitoria, es decir que a diferencia de la acción resarcitoria que tiende a reparar el daño causado, el amparo busca inhibir la violación de derechos.
I - En general esto se traduce en una orden de cese de la actividad lesiva que es denunciada a través de la acción. Así, por ejemplo, en el caso “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c. Hospital Naval” (citado en la nota 42) se admitió la acción que dio lugar al cese de la actividad discriminatoria del Hospital Naval con relación a ciertas minorías sexuales, actividad que consistía en prohibirles la donación de sangre a homosexuales y bisexuales.
II - Es importante destacar, que el cese de la actividad lesiva puede tener muchas facetas. En ciertas ocasiones la actividad lesiva es una conducta “omisiva”. Es decir que la manera de cesar de “no hacer” es “hacer”. En estos casos la decisión judicial se transforma en una orden de hacer.

Este es el supuesto fáctico en el caso “Viceconte”, en el que el tribunal ordenó al Estado Nacional que cumpla estrictamente y sin demora con un cronograma, responsabilizando en forma personal a los Ministros de Salud y Acción Social y de Economía y Obras y Servicios Públicos. Ordenó además que la sentencia se ponga en conocimiento del Sr. Presidente de la Nación y del Jefe de Gabinete de Ministros, mediante oficio de estilo y encomendó al Sr. Defensor del Pueblo de la Nación el seguimiento y control del cumplimiento del referido cronograma. Además indicó a la demandada que una vez notificada, informe al tribunal acerca del cumplimiento del cronograma referido.

En el mismo sentido en la causa “Youssefian” como resultado de hacerse lugar a la acción interpuesta, se dispuso “Ordenar al Estado Nacional, Secretaría de Comunicaciones, que previo a decidir acerca de la prórroga del período de exclusividad de las licenciatarias del Servicio Básico Telefónico Nacional e Internacional posibilite la debida participación de los usuarios y de las asociaciones que los nuclean, permitiéndoles un adecuado conocimiento de los hechos y, en su caso, el ofrecimiento y producción de la prueba que aquéllos estimen pertinente. La instrumentación de la medida ordenada deberá ponerse en conocimiento del tribunal dentro del plazo de 10 días de notificada la presente, a los efectos de verificar su adecuación al pronunciamiento”.

III - Sin embargo, debe tenerse en cuenta que desde que la judicatura tiene como límite la discrecionalidad de la administración para establecer políticas, debe observarse que las ordenes judiciales en general establecen los márgenes, parámetros o criterios de legalidad a cumplir, pero no ordenan al poder público específicamente “cómo” realizar las directivas legales. Así, en “Youssefian” es el Estado Nacional quien debe elegir la manera de dar participación a los usuarios, y no se le impuso específicamente la forma de “audiencia pública” reclamada por el actor. En este sentido la CSJ ha señalado que “el control de legalidad administrativa y el control de constitucionalidad que compete a los jueces en el ejercicio de su poder jurisdiccional, no los faculta para sustituir a la administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad” (doctrina de Fallos: 308:2246 - La Ley, 1986 -2-871-, considerando 4°).
III - A su vez, en el caso “Seiler” la omisión de la Municipalidad de Buenos Aires según los dichos del tribunal, se verificó porque en el caso “…no cumple adecuadamente con su deber esencial de velar por los intereses de la comunidad” determinado por el hecho de que “…si la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires cedió en el año 1990 mediante el decreto 2203, un predio para que en el mismo se instalara un Centro de Atención de la Mujer Golpeada, y en lugar de ello funciona allí un basural donde un grupo de personas recogen y amontonan desperdicios, no puede aceptarse que la Municipalidad alegue que es ajena a esa problemática. Por el contrario, era dable esperar que la Comuna explicara -en este proceso- las dificultades que se le plantearon para solucionar el problema social que significa hoy en día ese predio”.

Resulta interesante remarcar, que en este caso la acción dispuesta por en segunda instancia pertenece a la especie de acción de “recomposición” prevista en el artículo 41 de la Constitución Nacional y que frente a su falta de reglamentación expresa, es viabilizada a través del amparo.

En efecto, en primera instancia se hizo lugar al amparo ordenando al municipio a que proceda a la limpieza, colocación de servicios sanitarios y eléctricos en el predio objeto de reclamo a fin de que cesen las causas que lo tornan inapropiado para el asentamiento humano que allí se instaló (porque en esta sede no se puede disponer el destino del bien). Sin embargo, en segunda instancia también se hizo lugar al amparo pero en este caso, se decidió modificar la condena considerando los límites de la acción dispuesta en el art. 41 de la CN.

Señaló la Cámara que se condena a la Municipalidad “…en atención al 41 CN y el deber de ‘recomponer’ lo cual importa la adopción de las medidas necesarias para restablecer el equilibrio ecológico afectado, mas no la obligación de prestar servicios a terceros que han ocupado el predio. En razón de ello se revocó la condena de prestar servicios, y se condenó a que en plazo fijado (60 días) se adopten las medidas necesarias para restablecer el equilibrio ecológico afectado.
IV - También se ha entendido que la omisión puede consistir en el incumplimiento de un mandato expreso de la ley. En este caso la acción tiende a, y la orden judicial de condena se traduce en, lo que la doctrina llama “mandamiento de ejecución”.

Señala Quiroga Lavié que “Si hay omisión del cumplimiento de la ley, ella debe ser mandada a cumplir utilizando la acción de amparo. Ese fue el sentido constitucional de haber incorporado la procedencia del amparo para tutelar derechos nacidos por imperio de la ley. Así lo fundamentamos en nuestra intervención en la Convención Constituyente. Así lo ha entendido, con acierto, la CNFed. de Seguridad Social, sala II, en la causa ‘Roldán, Silvio, c. Administración Nac. de la Seguridad Social’, DJ, 1996-I-767, DT. 1996-A, 322)”.
V - La acción también se ha utilizado como vía para solicitar una autorización judicial para actuar en resguardo de derechos. Así en la causa “T. S. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo” la CSJ rechazó el recurso extraordinario interpuesto en contra de la autorización concedida por el TSJ de la ciudad de Buenos Aires, a la dirección del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” para que proceda a inducir el parto o eventualmente a practicar intervención quirúrgica de cesárea a la amparista, quien se hallaba en avanzado estado de gravidez de un feto anencefálico (enfermedad que excluye la viabilidad extrauterina).
VI - En la última parte del artículo 43 se prevé además la acción de habeas data, la que está prevista especialmente con el objetivo de obtener el conocimiento de datos personales que consten en registros o bancos de datos, o para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización en caso de falsedad o discriminación; y el habeas corpus utilizado para los casos en que el derecho lesionado sea el de la libertad física.



VII - Por último, cabe mencionar que la acción puede tener el contenido de una orden de pronto despacho administrativo. Esta es la finalidad del llamado Amparo por mora (reglamentado en el artículo 28 de la ley 19.549).

En este sentido señala Quiroga Lavié que “El amparo por mora de la Administración es una especie del proceso judicial, en relación con la ley general de amparo, pero no en relación con las reglas constitucionales contenidas en el art. 43… La especialidad del amparo por mora de la Administración no puede producir el resultado de convertir, a dicho proceso judicial, en un trámite menos expedito y rápido que el dispuesto por la ley general que reglamenta la tutela constitucional. Porque, si ello no fuera sí, resultaría que estamos dejando de lado el principio fundamental que gobierna el amparo: que se aplique el procedimiento más expedito y rápido a disposición del tribunal interviniente” .
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MEDIDAS CAUTELARES
En materia de medidas cautelares rigen las normas generales del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación -Sección 7-. De manera que quien tuviere fundados motivos para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho vía amparo, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueran más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

La Corte ha señalado “Que la medida cautelar tiene por objeto asegurar la inalterabilidad de la situación de hecho existente mientras se sustancia el proceso principal, en tanto su modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o inopinable, de tal manera que no pueda cambiarse de estado la cosa objeto del juicio para que no sea trabada la acción de la justicia -CS, in re “Provincia de Santa Cruz c. Estado nacional”, del 25/11/97-.

También ha especificado que “El examen de la concurrencia del peligro en la demora, pide una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar, pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego operado por una posterior sentencia -CS, in re “Milano, Daniel R. C. Estado nacional”, del 11/7/96 (La Ley, 1997-E,143)-.
I - En general la CSJ ha entendido que la pretensión cautelar no debe coincidir con el objeto de la demanda. Así, recientemente en la causa “Banco de la Ciudad de Buenos Aires” que comenzó con los autos “Kiper, Claudio Marcelo y otros c. Estado Nacional - Pode Ejecutivo Nacional - decreto 1570 s/medida cautelar autónoma”. En esta ocasión, un juez de primera instancia hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Banco de la Ciudad de Buenos Aires la devolución de las sumas de dinero allí depositadas, y retenidas en virtud de las medidas económicas conocidas como el “corralito financiero”. Llevada a cabo la medida, dicho Banco recurrió directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo 195 bis del Cód. Procesal. La Corte dejó sin efecto la medida cautelar, señalando “que resulta indudable que la medida cautelar otorgada a favor de los actores reviste los mismos efectos que si se hubiese hecho lugar a una demanda, y ejecutado la sentencia, cuando aquella demanda aún no se ha iniciado. 10. Que ello constituye un claro exceso jurisdiccional, que importa, por lo demás, un menoscabo del derecho de defensa en juicio del Estado nacional. En orden a ello, esta Corte ha señalado que los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia cuando la cautelar altera el estado de hecho o de derecho existente al momento de su dictado, habida cuenta que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633 -La ley, 1994- B, 131; 1997-E, 653-, entre muchos otros), con la agravante, en el caso de autos, de que la causa ni siquiera ha sido promovida.”. sorry [VER ESTO, POR FAVOR]
II - Sin embargo, en ocasiones anteriores, los Tribunales Federales han concedido medidas cuyo contenido coincide con el objeto del proceso, convencidos por la inapelabilidad de los extremos de “gravedad en la demora” y “verosimilitud del derecho incoado”. Así, en “Gambier Beltran” se hizo lugar a una cautelar que ordenó que se suspenda el curso de una campaña publicitaria cuyo origen -una disposición administrativa- se acusaba de ilegitimo. Ello a fin de evitar un daño mayor al patrimonio público. “De manera que, como bien lo señaló la juez, la publicidad habría excedido de la finalidad de la norma, circunstancia que, unida a que, en principio, estarían comprometidos fondos públicos, da sustento a la verosimilitud en el derecho invocado. Que por otra parte, tratándose de una publicidad cuya difusión tendría un plazo de catorce días, y teniendo en cuenta que el amparo fue promovido cuando ya habían transcurrido diez días, da sustento también al requisito del peligro en la demora en la medida en que una eventual sentencia favorable se tornaría, ciertamente, ineficaz”.

En similar sentido la causa “Díaz [más arriba está con “z”], Carlos J. c. Poder Ejecutivo Nacional” (citada en nota 29) se revocó la resolución del juez de primera instancia que denegó la medida cautelar solicitada, cual fuera la de que se ordene al Poder Ejecutivo que se prohiba de manera efectiva el ingreso al territorio nacional -incluidas las aguas jurisdiccionales- de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos, situación en la que se encontraría el buque “Pacific Swam” que, a tenor de las informaciones aportadas, traslada 676 toneladas de desechos de combustible nuclear desde Francia a Japón. En esta ocasión la Cámara sostuvo que “…aunque el objeto de la pretensión cautelar se identifique con la pretensión sustancial del amparo, ello no es óbice para aceptar la primera, toda vez que concurre una hipótesis en la cual la dilación en el tratamiento de la cautelar o su negación conduciría a una situación irreversible”(la bastardilla es nuestra)

La doctrina suele llamar a este tipo de cautelar, “medidas autosatisfactivas”. Es decir medidas previas, que consiguen -durante el transcurso del proceso y de manera preventiva- satisfacer la petición central del mismo.
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