Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia






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Por último, alguna jurisprudencia minoritaria -en oposición a la causa “Díaz Colodrero” citada más arriba- ha sostenido que la carga de demostrar la inexistencia o insuficiencia de otras vías que permitan obtener la protección que se pretende, debe ser cumplida por quien demanda.

Esta solución supone imponer en el amparista la carga de una prueba negativa. Con buenas razones, esta solución ha sido fuertemente criticada por la doctrina debido a lo inoficioso de imponer este obstáculo al accionante. Esto atenta directamente contra la noción de que el amparo es una acción expedita, rápida y sencilla, e impone a quien acude a la judicatura por la salvaguarda de sus derechos, la inoficiosa carga de nombrar todas las acciones que hay en el código procesal, y probar que ninguna de ellas es idónea para este caso.


Mayor debate o prueba
La ley 16.986 establece que la acción de amparo no será admisible cuando “la determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba…”. Como vimos en el punto anterior al referirnos a la “excepcionalidad” del amparo, luego de la reforma constitucional, en general se ha entendido que esta exigencia de admisibilidad subsiste.

La Corte ha resuelto reiteradamente que “la ación de amparo es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba (arts. 1 y 2, inc. D, de la ley 16.986), requisito cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla (Fallos: 275:320; 296:527; 302:1440; 305:1878 y 306:788) Este criterio no ha variado con la sanción del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional pues reproduce -en lo que aquí importa- el citado art. 1 de la ley reglamentaria, imponiendo idénticos requisitos para su procedencia”.

En la causa “Prodelco”, rechazada entre otras cosas con base a esta exigencia de admisibilidad, los Dres. Belluscio y Bossert sostuvieron en el considerando 22 “que los jueces deben extremar la prudencia para no resolver materias de complejidad fáctica y técnica por la vía expedita del amparo a fin de no privar a los justiciables del debido proceso mediante pronunciamientos dogmáticos. En este orden de ideas, la complejidad de la cuestión tarifaria descarta la posibilidad de dilucidar en este expediente si la modificación de la estructura tarifaria que se plasma en el anexo I del dec. 92/97, constituye una lesión inaceptable al derecho de propiedad de los usuarios”.

En la misma causa el Juez Petracchi, sostuvo que “… Por las razones desarrolladas en este considerando… la eventual invalidez del art. 2 requiere una mayor amplitud de debate y de prueba, en la terminología del inc. d del art. 1 de la ley 16.986… es ilustrativo recordar lo señalado por el miembro informante del art. 43 de la Ley Fundamental cuando aludió al restringido ámbito de aplicación del amparo. El convencional Díaz sostuvo “La arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, requieren que la lesión de los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional resulte de un acto u omisión de autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, ni de amplio debate y prueba” (la bastardilla es nuestra).

Se ha sostenido, por ejemplo, la inidoneidad del amparo para resolver cuestiones contractuales por tratarse de cuestiones que por lo general no resultan manifiestas y que por el contrario requieren de mayor debate y estudio. Así , en la causa “Torre, Hugo M. C. Aguas Argentinas S.A.” se señaló “Que para revisar la decisión que se pretende (impedir el cobro de la suma que el demandado reclama por un acto en ejercicio del contrato de suministro, y la orden de celebrar un ‘acuerdo posible’ por el pago de la deuda que se reconoce como habida en la relación jurídica que une a las partes) es necesario adentrarnos en el análisis del cumplimiento o no de las obligaciones contractuales; no susceptibles de ser analizadas a través de la presente vía (conf. C.S.J.N., Fallos: 244:271; 245:261, 246:380 -La Ley, 98-198- y 247:59 ente muchas otras, CNFed. Civ. y Com. Federal, sala I, causa 1596, del 06/12/90 -todas citas en el fallo de primera instancia, en la causa 327/2000- en trámite por ante este Juzgado y Secretaría, decisión confirmada por la Excma. Cámara, sala III, del 17/02/00; en igual sentido, sala III, causa 4150/96 “De Vivo, Ana María c. Aguas Argentinas s/ amparo” y causa “Consorcio de Propietarios Laprida 1761 c. Aguas Argentinas S.A. s/ amparo” del 07/03/00) en razón de que el recurso de amparo no puede ser utilizado cada vez que los contratantes discuten acerca del alcance de las obligaciones asumidas y pretenden, como en el caso, modificar una cierta situación y/o reclamo de una deuda… La procedencia del reclamo de autos requiere un estudio exhaustivo de las obligaciones emergentes de la relación jurídica que vincula a las partes. Así, se torna necesario un mayor debate y, por qué no decirlo, una investigación más prolija, un discreto análisis fáctico, normativo y axiológico y un juicio más maduro, raro de obtener en los muy reducidos plazos procesales del amparo (conf. Néstor Pedro Sagüés, Ley de amparo, comentada…, pág. 193, Astrea, Buenos Aires, 1979)” (la bastardilla es nuestra).



Sin embargo, cabe apuntar que la regla de excepcionalidad del amparo tal como se la viene entendiendo desde sus comienzos, se ha visto desafiada y reformulada desde que el amparo empezó a usarse para la defensa de los derechos de incidencia colectiva.

En efecto, los tribunales no han podido escapar al argumento de que algunos de los reclamos de derechos de incidencia colectiva que sean rechazados por la vía del amparo, dificilmente puedan ser defendidos por otras vías, dado que a la fecha no existen vías ordinarias para la defensa de derechos colectivos. Esto fortalece enormemente el argumento de que el amparo es la “vía más idónea” para estos casos, sobre todo si es la única.

De manera que frente a la posibilidad cierta de dejar sin defensa jurisdiccional a los reclamos presentados, los tribunales han admitido casos colectivos cuya prueba y sustanciación ha transformado los procesos “rápidos” y “expeditos” en expedientes de uno, dos y hasta tres años de duración, con litisconsortes numerosos, pruebas complejas y exigencias de publicidad y debate muy amplias.

Ello sugiere, o que el amparo ha dejado de ser una vía excepcional en relación a los derechos de incidencia colectiva -lo que por otro lado desnaturalizaría su carácter de vía expedita y rápida-, o la urgente necesidad de regular procedimientos constitucionales colectivos adecuados para la defensa de intereses que requieren un proceso más amplio que el amparo.

Declaración de Inconstitucionalidad
El art. 43 de la Constitución establece que “...El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva” . Esta disposición viene a derogar la prohibición expresa en contrario que contenía la ley 16.986 en el inc d) del artículo 2.

La CSJ ha establecido como condiciones para la declaración de inconstitucionalidad que “…el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera esta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen. Para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición lo que no ha ocurrido en la especie (Fallos: 307:1656 y sus citas -La Ley, 1986-A, 564)” (CS, 2001/03/13, “Hospital Británico de Buenos Aires c. M.S. y A. S.”) (la bastardilla es nuestra).

Cabe destacar aquí que alguna doctrina sostiene la posibilidad de que la declaración sea de oficio, es decir, sin que medie petición de parte. Sagüés señala, que al no distinguir la Constitución, el juez podrá declarar oficiosamente (sí bien no como deber sino como acto discrecional), la inconstitucionalidad de normas generales. Se basa para hacer esta afirmación en los términos “podrá declarar” que fueron usados por el constituyente.

Actos del poder judicial
La ley 16.986 establece en su artículo 2 inc. b) que la acción de amparo no será admisible cuando “el acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial…”.

Es dable entender que éste es otro requisito de admisibilidad que en cierta forma ha quedado derogado con la nueva redacción del artículo 43 de la CN. En este sentido, señala Rivas que “debe distinguirse el decisorio judicial del acto de autoridad al que se refiere el art. 43 y contra el cual se establece la protección. En cambio, la fórmula empleada por dicho dispositivo al no distinguirse ni limitarse el concepto de autoridad, debe llegar a toda actividad u omisión administrativa que, como es sabido, no solamente alcanza a la esfera del Ejecutivo sino también a las de otros poderes” .

En definitiva, la ídea es que los actos administrativos del Poder Judicial, como lo son por ejemplo aquellos realizados en ejercicio de la función de Superintendencia, son actos pasibles de reclamo judicial vía amparo.

En un fallo que podría dar apoyatura a esta interpretación, la minoría de la Corte Suprema de la Nación, integrada por conjueces expresó: “es valioso para que se transparente el Estado de Derecho, que la actividad administrativa de la Corte pueda ser sometida a juicio de revisión de legitimidad”. Corte Suprema de la Nación, 22/9/93 “Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c. Estado nacional -Poder Ejecutivo y Poder Judicial-”.


Plazo
El artículo 2 inc. e) de la ley 16.986 establece que la acción de amparo no será admisible cuando “la demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse…”.

Existió alguna discrepancia en la jurisprudencia y la doctrina acerca de la vigencia de este requisito de admisibilidad. Con el tiempo, se impuso la jurisprudencia que al pronunciarse en torno de la temporaneidad o no de las pretensiones singulares de amparo, comportó un reconocimiento implícito pero indiscutible acerca de la vigencia del plazo de caducidad.

Finalmente, de manera expresa, la Cámara Nacional Federal Contenciosoamdinistrativo en fallo plenario “Capizzano de Galdi, Concepción c. IOS s/amparo” (3/6/99), fijó como doctrina legal, y por lo tanto obligatoria (en los términos del art. 303 del Cód. Procesal) que “luego de sancionada la reforma constitucional de 1994, mantiene su vigencia el art. 2°, inc. e), de la ley 16.986”(la bastardilla es nuestra)
I - Sin embargo, la jurisprudencia entendió que “No se produce la caducidad de la acción de amparo en los términos del art. 2 inc e) de la ley 16.986 (Adla. XXVI-C 1491) si la conducta lesiva del organismo implicado se prolonga en el tiempo, o tiene aptitud para renovarse periódicamente, pues ante tal situación se da un incumplimiento continuado que traslada sus efectos hacia el futuro (conf. CNFed. Contencioso Administrativo, sala IV, doctrina de las causa Molina de Jacobs, del 15/2/92 y Taborda c. Ballarini, del 7/4/87, citada en La Ley, 1990-E, 566. Sum. 6)” (Guezamburu, Isabel c. Instituto de Obra Social”, CNFed. Civil y Com. Sala I. Octubre 12-995).

Según Quiroga Lavié, se trata de casos que traducen una forma de violación por tracto sucesivo para el derecho público. Los casos típicos son los relativos a la afectación que se manifiesta en prestaciones con vencimientos periódicos (sueldos, prestaciones sociales, deuda en cuotas, etc.), en los cuales cada nuevo período supone una nueva conducta lesiva que habilita la interposición de la acción.
II - La jurisprudencia ha entendido que la duda debe beneficiar al accionante. Así en el caso “Seiler”, la Cámara señaló que “…no resultando posible determinar a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo del plazo de caducidad previsto en la ley 16.096, ya que no es factible precisar cuándo se ha producido la omisión de la Municipalidad en reparar el daño ambiental, el mismo debe tenerse por no ocurrido…”.

III - Es importante considerar que este plazo de caducidad sólo rige para los casos de amparos individuales contra el Estado Nacional según los términos de la ley 16.986. Puede entenderse entonces, que este requisito de admisibilidad no debería resultar extensivo a los casos de los llamados amparos colectivos, no sólo porque la norma constitucional nada dice al respecto, sino además porque los supuestos fácticos tienen diferencias esenciales.

En efecto, los casos que motivan amparos colectivos por lo general requerirán mayor tiempo para su presentación judicial. En principio los problemas de coordinación del grupo y la representación del mismo, imponen una dificultad adicional en la elaboración de una presentación judicial colectiva, para la cual un plazo de 15 días resultaría demasiado exiguo.

Por otra parte, aunque por razones de seguridad jurídica deba considerarse un plazo de caducidad que justifique la admisibilidad de una acción expedita y rápida como el amparo, en los casos en que se trate de la defensa de bienes públicos, el interés en brindar amparo judicial a este tipo de reclamos debe ponderarse especialmente a los fines de no imponer requisitos formales demasiado exigentes en desmedro del interés general.

COMPETENCIA
El procedimiento de amparo previsto en el artículo 43 es aplicado, centralmente, por los jueces federales en cualquier jurisdicción, y en las causas que sean de su competencia, la cual se rige por las normas generales que en la materia establece el artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional, la ley 48, el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación y la ley 16.986. Esta última señala en el artículo 4 que:
Será competente para conocer de la acción de amparo el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto.

Se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón de la materia, salvo que aquellas engendraran dudas razonables al respecto, en cuyo caso el juez requerido deberá conocer de la acción…”.
Esta es una norma de orden público, de manera que debe respetarse por los jueces más allá de cuál sea la voluntad de las partes.

En este sentido, la CSJ tiene dicho que “la competencia federal en razón de la materia es improrrogable y excluyente de las jurisdicciones provinciales, sin que el consentimiento ni el silencio de las partes sean hábiles para derogar esos principios (Fallos, 319:1397)

Además, el artículo 16 de la ley 16.986 dispone específicamente que en el procedimiento de amparo las partes no podrán articular cuestiones de competencia.

De esta manera, cuando en la causa “Prodelco” se presentó el Fiscal de Estado, subrogante del Agente Fiscal ante los Juzgados Federales, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, invocando para ello su carácter de gestor oficioso conforme al artículo 48 del C. Proced., e interpuso nulidad de todo lo actuado en el sub lite entre otras cosas por no haberse acumulado las causas en el juzgado previniente, el juzgado rechazó in limine la nulidad porque no se invocó perjuicio concreto alguno del que derivare el interés en obtener la declaración de nulidad y porque “bajo un presunto vicio procedimental, lo que se pretende es plantear una cuestión de competencia que está prohibida en el proceso de amparo (art. 16, ley 16.986). El recurrente no pidió la acumulación de procesos en base al principio de prevención que recepta el citado art. 4 in fine de la ley de amparo, sino que articuló directamente la nulidad de todo lo actuado. Acumulación que, por otra parte, resultaría improcedente…”.
En su última parte, el artículo 4 de la ley 16.986 dispone que:
“…Cuando un mismo acto afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas esas acciones el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose la acumulación de autos, en su caso”.

Con relación a ello, se ha hecho evidente la necesidad de algún mecanismo que permita, al menos a los jueces competentes en materia de amparos, tener conocimiento de la existencia de las acciones de amparo presentadas ante los otros estrados federales para así evitar el doble juzgamiento y cumplir con el mandato legal de acumular las causas en el juzgado que previno.

De otra manera, y dada las características de nuestro sistema de control difuso de constitucionalidad, es muy probable que se repitan situaciones de sentencias contradictorias sobre el mismo caso, como ya ha sucedido antes en relación a los juicios de amparo que fueron iniciados en todo el país en demanda de la inconstitucionalidad del “rebalanceo telefónico”, dando lugar a lo que la Corte dio en llamar, un verdadero “escándalo jurídico”.
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