Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia






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IV- Yendo más lejos en la misma línea de ideas, hay quienes sostienen que el Defensor del Pueblo de la Nación puede actuar cuando el demandado es un particular. Rossi ha argumentado que “nada impide que el Defensor del Pueblo de la Nación tome intervención contra los actos u omisiones de particulares que afecten los derechos de los consumidores, siempre que sea un caso de incidencia colectiva, esto es, cuando se esté afectando en forma actual o inminente los derechos de ‘los consumidores’ en general. Veamos un ejemplo: Si el Defensor del Pueblo puede actuar para impedir el aumento en la tarifa del gas, o el cobro del agua corriente con una factura única dirigida a los consorcios de propietarios, como lo hizo recientemente, ¿por qué no puede actuar para evitar un aumento arbitrario en las cuotas de medicina prepaga o un cambio unilateral en las condiciones de ese contrato o el remate de una propiedad, fundado en una cláusula abusiva de un mutuo con garantía hipotecaria, siempre que en estos casos el derecho violado tenga ‘incidencia colectiva?’”.
V - Por último, debemos mencionar que la jurisprudencia ha entendido que los términos del 43 alcanzan no sólo al Defensor del Pueblo de la Nación, sino también, por ejemplo, al Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera la CNCont.-adm. Fed. Sala IV, el 19 septiembre de 2000 en autos “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y otro c. Hospital Naval Dr. Pedro Mallo s/amparo ley 16.986” reconoció legitimación para actuar ante la justicia federal, y demandando al Estado Nacional, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires -junto a una asociación de minorías sexuales- a los efectos de defender los derechos humanos de ciudadanos de Buenos Aires, a no verse discriminados en razón de su preferencia sexual.

En igual sentido la CNFed. Contencioso administrativo, sala V, en “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c. Secretaría de Comunicaciones - res. 2926/99 (La Ley 2000-F, 649)” (2000/08/30) dispuso que “El defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires está legitimado para impugnar judicialmente actos de la Administración Central -en el caso, la resolución 2926/99 de la Secretaría de Comunicaciones (Adla, LIX-E, 5430)-, pues según el Art. 137 de la Constitución de la Ciudad, su deber está dirigido contra cualquier acto, hecho u omisión de la Administración o de prestadores de servicios públicos que lesione los intereses de sus habitantes, con independencia de la jurisdicción que comete al ente que provoca la lesión”.
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DERECHOS E INTERESES PROTEGIDOS
El artículo 43 establece que el amparo será procedente contra “todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley”(la bastardilla es nuestra).

Estos términos significan una enorme ampliación del tradicional ámbito de protección del amparo. En primer lugar por el simple hecho de que los derechos constitucionales se han multiplicado considerablemente a partir de la Reforma, por un lado con la constitucionalización de los Tratados de Derechos Humanos y, por otro, con la inclusión de todo un capítulo de “nuevos derechos”, entre los cuales se destacan los relativos al medio ambiente (Art. 41) a los consumidores y usuarios (Art. 42) a la defensa de la competencia, etc. y a la defensa de los derechos incluidos en la idea genérica y abierta de “derechos de incidencia colectiva”.

En segundo lugar, resulta innovadora y aún más expansiva, la inclusión en el ámbito de protección del amparo de los derechos legales y los derivados de tratados.

Derechos de incidencia colectiva
Como surge de los múltiples casos citados hasta aquí, la Jurisprudencia no ha encontrado problemas en reconocer como derechos de incidencia colectiva a los relativos a la protección del medio ambiente, valores religiosos y una amplia gama de afectación a intereses de consumidores.
I - Alguna jurisprudencia ha tratado de definir el perfil de lo que se entiende por derechos de incidencia colectiva en base a la identificación de bienes públicos o indivisibles. Así se ha señalando que: “El interés difuso, llamado también fragmentario, colectivo o supraindividual, ha sido caracterizado como aquel que no pertenece a una persona determinada o a un grupo unido por un vínculo o nexo común previo, sino que corresponde a un sector de personas que conviven en un ambiente o situación común. Es decir, se trata de un bien que pertenece a todos y al grupo, pero que es indivisible, por lo que la satisfacción del interés respecto de uno de ellos importa la de todos (cfr. Angelina de De la Rúa, La protección de los llamados intereses difusos en la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Córdoba, L.L. 1996-B-789).” (“Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c. EDESUR S.A. s. responsabilidad por daños”,16 de marzo de 2000) (Nótese que el caso citado no es un amparo sino de una acción de daños colectivo - la bastardilla es nuestra).

Un caso claro que ejemplifica la idea citada, lo constituye la causa “Verbrugghe, María Inés c. E.N. - M. de Economía- Secretaría de Transportes y u otro s/amparo ley 16.986” de la CNCont.-adm. Fed., sala I . En primera instancia, la jueza del juzgado N° 3 -del fuero- hizo lugar, con costas, a la acción de amparo articulada por la actora -discapacitada y usuaria- y condenó a la Empresa de Trenes de Buenos Aires TBA, S.A. a ejecutar las obras necesarias para habilitar en todas las estaciones del ramal Mitre accesos alternativos a los molinetes, que permitan a las personas con discapacidad motora o movilidad reducida, acceder al servicio en condiciones igualitarias al resto de los usuarios. Asimismo, condenó al Estado Nacional, Secretaría de Transporte, a fiscalizar la efectiva realización de las obras y su adecuación a la normativa vigente. La Cámara confirmó la sentencia ordenando la realización de una obra que beneficiaría, indefectiblemente, no sólo a la demandante sino a todos los potenciales usuarios discapacitados.
II - A su vez, la Cámara Nacional del Trabajo, sala de feria, en la causa “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c. Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional” (24 de enero de 1997) se ha extendido en el desarrollo del concepto, señalando que “dicho interés (colectivo) no equivale a la suma de los intereses individuales de los integrantes del grupo: antes bien, los engloba y trasciende, en cuanto implican necesidades o aspiraciones que sólo pueden hallar satisfacción a través de la acción del grupo...”.
III - Especificando los límites del concepto, en 1996, la CSJ, en la causa “Frías Molina” antes citada -en la que se demanda en representación de los intereses de más de sesenta mil jubilados que reclamaban ajustes a sus haberes-, estableció que “…resulta improcedente la asimilación pretendida respecto a derechos de incidencia colectiva en general, habida cuenta de las particularidades de cada una de las pretensiones formuladas por los beneficiarios y de que éstos se encuentran facultados para efectuar las peticiones que estimaran procedentes ante esta Corte. Para Barra en comentario a este fallo, los intereses colectivos no se tratan solamente de un problema común, incluso frente a derechos (crédito, en el caso) de un mismo origen, afectados por la supuesta demora judicial en resolver los litigios planteados por los que se consideran acreedores del sistema previsional. En tales casos, cada uno de los litigantes tiene su propio crédito, su (sujeto a decisión) propio derecho a la actualización del haber previsional, sus propias circunstancias personales, etc. NO hay un derecho de incidencia colectiva, sino simplemente, un problema común. El constituyente se refiere a derechos de incidencia colectiva, “por relación al agravio expansivo y no por la cantidad de los titulares del derecho”.

De acuerdo a esta posición parecería que las particularidades de las pretensiones y la posibilidad de peticionar individualmente (divisibilidad fáctica y jurídica del reclamo) descartan la posibilidad de la existencia de Derechos de Incidencia Colectiva.

En igual sentido, el fallo de la Cámara Nacional Federal de la Seguridad Social, sala I, en “Mesa Coordinadora Nac. de Organizaciones de Jubilados y Pensionados c. Administración Nac. de la Seguridad Social” (agosto 29-997). En el caso, la Mesa Coordinadora entabló amparo con el fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del dec. 332/97 que ordenaba la suspensión del pago de retroactividades y de ciertas disposiciones de la ley 24.463. En primera instancia se deniega la legitimación de la entidad porque “…no se podría ampliar los eventuales derechos subjetivos de la sentencia de amparo a la totalidad de los miembros de un grupo o categoría indeterminada que necesitan igual protección, porque no podemos saber qué número indeterminado y ni (DEBERIA DECIR “y no” o “e indeterminable”) determinable de jubilados y pensionados serán beneficiados...”. La Cámara confirmó el fallo señalando que, “…el derecho al cobro de las retroactividades invocadas, en modo alguno participa de la naturaleza de un interés difuso, sino muy por el contrario, es un derecho concreto, individual y que afectaría en principio a cada uno de los jubilados en forma particular, razón por la cual resulta perfectamente individualizable… Estas consideraciones me inducen a llegar a la conclusión de que no estamos en presencia de un derecho de incidencia colectiva, por lo tanto fuera del marco del art. 43, párr. 2° de la Constitución Nacional” (la bastardilla es nuestra).
IV - Entendemos que la posición de los fallos citados en el parágrafo anterior tiene problemas para conciliarse consistentemente con otra línea jurisprudencial que se ha venido consolidando en el último tiempo. En efecto, no podemos ignorar que más allá de los conceptos antes vertidos, en varios casos se ha reconocido la existencia de derechos de incidencia colectiva cuando el bien en cuestión resultaba fácticamente y jurídicamente divisible. De manera que pese a que las pretensiones pudieron traducirse en reclamos individuales, sin embargo, ello no fue óbice para que se reconocieran como derechos de incidencia colectiva en razón de la uniformidad y convergencia de la causa de su pretensión. Así, el derecho a la propiedad de los usuarios en los casos “Fernández” (ver nota 21) y en “Moneditas”, el derecho a no ser discriminado en razón de la preferencia sexual en “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y otro c. Hospital Naval” (ver nota 42), el derecho a la previsión de servicios salud en “Benghalensis” (ver nota 33) y “Viceconte” -que tratamos a continuación-, son ejemplos de pretensiones que bien podrían individualizarse y que sin embargo se reconocen como pretensiones colectivas.

Un caso paradigmático de defensa de derechos colectivos es el que motivó la causa “Viceconte, Mariela Cecilia c/ Estado Nacional - M de Salud y Acción Social- s/ amparo ley 16.986”. La actora, vecina de la comunidad potencialmente afectada, inicia la acción con el objeto de que se ordene al Estado Nacional ejecutar las medidas necesarias para completar la unidad de producción de la vacuna Candid 1 -contra la Fiebre Hemorrágica Argentina- asegurando su inmediato suministro a la totalidad de la población potencialmente afectada por el Virus Junín. Siendo que la enfermedad es exclusiva de nuestro país, y no estando previsto el número de personas a vacunar, la producción no es atractiva desde el punto de vista comercial, y siendo que el Estado Nacional ha asumido el compromiso de producir la aludida vacuna, la Cámara entendió que “la demandada ha incurrido en omisiones lesivas del derecho a la salud de la población potencialmente afectada”.

En primera instancia se había rechazado la acción, pero la Cámara revocó la sentencia y ordenó al Estado que cumpla estrictamente y sin demora con el cronograma al que se había comprometido y que estaba paralizado. Señaló “que la declaración de derechos efectuada en nuestra Constitución Nacional no sólo es una declaración de voluntad del Estado que así reconoce la existencia de los derechos individuales, sino que también es un compromiso por el cual el propio Estado se obliga a dictar las normas necesarias y a cumplirlas, es decir, que asumió un compromiso de organizar los servicios y prestaciones allí previstas (conf.: Maurice Hauriou, Principios de derecho público y constitucional, 2ª ed., Instituto Editorial Reus, Madrid), los “derechos sociales” establecidos en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna y señalados en las Declaraciones y Pactos supra referidos tienen un carácter muy diferente al de las libertades tradicionales. Estos “derechos sociales” -entre los que indudablemente se encuentra el derecho a la salud- no constituyen ya para los individuos un derecho de actuar, sino facultades de reclamar determinadas prestaciones de parte del Estado -cuando éste hubiera organizado el servicio...”.
Corralito* (SACAR O COMPLETAR)

LEGITIMACIÓN PASIVA
Antes de la reforma constitucional los amparos contra particulares se regían por el artículo 321, inc. 2° del Código de Procedimiento Civil, mientras que los amparos contra el Estado tenían un procedimiento específico previsto en la ley 16.986.

El artículo 43 vino a establecer standars generales comunes tanto para uno u otro caso, al autorizar la vía de amparo contra “todo acto u omisión de autoridad pública o de particulares”. De manera que las reglas generales del 43 son aplicables tanto a particulares como al Estado.

Sin embargo, fuera de esas reglas generales, y en la medida en que no se opongan a ellas, subsisten ciertas características diferenciales de los procesos según quién sea el legitimado pasivo y conforme al régimen anterior (Ver acápite: Trámite).

LÍMITES A LA PROCEDENCIA

La ley 16.986 establece en el inc a) del artículo 2 que la acción de amparo no será admisible cuando “existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate...”.

Sin embargo, el nuevo art. 43 de la Constitución, puntualiza que el amparo es una acción expedita y rápida que puede interponerse “siempre que no exista otro medio judicial más idóneo.

La no-mención en la norma constitucional de la existencia de recursos administrativos como hecho inhibitorio de la acción, y el estilo de la redacción de la norma constitucional, ha reabierto el debate sobre el carácter subsidiario o principal del amparo y sobre su calidad de procedimiento excepcional u ordinario.

En efecto, la vieja polémica en relación a la procedencia (la que de alguna manera define la naturaleza del amparo) sigue girando en torno de las ideas de asignarle al amparo un papel subsidiario (esto es, que operará si no hay otros procedimientos judiciales o administrativos útiles para atacar al acto lesivo), o uno directo (en cuyo caso, actúa a elección de su promotor, con independencia de que existan esos otros remedios).

El amparo comenzó siendo una acción excepcional y subsidiaria incluso en las primeras construcciones pretorianas (dado que sólo se admitía ante la vulneración de derechos constitucionales exigiéndose la posibilidad de un daño grave e irreparable en caso de remitir el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios administrativos o judiciales), el rol subsidiario de esta acción se remarcó con el dictado de la ley 16.986, y las condiciones de admisibilidad establecidas en el artículo 2 inc a).

Si bien con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma constitucional de 1994 la Corte mantuvo el rol subsidiario del amparo, sin embargo lo hizo sólo en aquellas causas en las que la decisión se basó en el anterior ordenamiento legal (Ver “Ballesteros s. Acción de amparo” del 4/10/94 y en “Villar, Carlos Alfredo c. Banco Central de la República Argentina s/ amparo”, del 23/2/95. La Ley, 1997-E, 1015. donde la Corte resuelve sin considerar el nuevo art.4 3 de la Constitución).
a- Gradualmente, esta posición comenzó a ser modificada. En la causa “Vídeo Club Dreams” la CSJ afirma que en cuanto a la alegada existencia de otras vías procesales aptas que harían improcedente el amparo, cabe señalar que la mencionada existencia no es postulable en abstracto sino que depende -en cada caso- de la situación concreta de cada demandante, cuya evaluación, como es obvio, es propia del tribunal de grado.
b- La idea de la irreparabilidad del daño, que ya constaba en los precedentes “Siri” y “Kot” se extiende para imponerse frente a la existencia de otras vías. Así en "Schroder”, el tribunal desechó los agravios vinculados a la existencia de otras vías que obstruirían la procedencia de la acción, manifestando que cuando pueda producirse una lesión con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, su implicancia es la derogación orgánica de este requisito por resultar incompatible con las disposiciones del art. 43 de la Constitución Nacional. “… es jurisprudencia reiterada que aún frente a la no consumación de los recursos ordinarios, si la decisión, en el área pertinente pudiera ser tardía y productora de daños irreparables, queda abierta la acción de amparo (CNCiv, sala C, 5/11/87, in re “Akvarezm Risakía vs. Municipalidad de Buenos Aires”, L, 1989 A-297)
c- En el mismo sentido en la causa “Expreso Cañuelas S.A. v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires C.Nac. CIV.” (1/7/97), sala M, se denunció la existencia de “vías de hecho” utilizadas por la demandada para proceder al secuestro de tres unidades móviles (colectivos) de la accionante por el incumplimiento del pago de las multas impuestas, sin el procedimiento de ejecución de sentencia previsto, ocasionando un perjuicio patrimonial a ésta. En primera instancia se había rechazado el amparo por existir otros recursos y remedios judiciales o administrativos que garantizan una adecuada tutela de los derechos del sujeto sancionado (art. 7 ley 19.987), y que la accionante habría consentido -por no haber implementado la vía recursiva prevista por el art. 25 del Código de Procedimientos en Materia de Faltas Municipales- el auto que dispuso el secuestro de las unidades. La Cámara revocando la sentencia de primera instancia, dispuso que “…se ha dicho que es factible el amparo, no obstante que existan vías legales para obtener la tutela perseguida, si aquéllas no son idóneas para evitar daños graves que se convertían (¿convertirían?) en irreparables, de tener que aguardar la protección brindada por esas otras vías (Conf. C. Nac. Civ., sala C, 6/6/95, “Dubin”)
d- A su turno en “Díaz Colodrero” la Corte avanza un paso más al exigir ahora que sea el tribunal que rechaza una acción de amparo quien demuestre por qué la pretensión debe tramitar por otros procedimientos.
e- En esta línea, ante el pedido de intangibilidad y aumentos de remuneraciones de un magistrado judicial, el Tribunal revoca la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes que denegaba el amparo por considerar que el reclamo debía tramitar por la vía contenciosoamdministrativa. Para arribar a tal conclusión la CSJ sostuvo que “los agravios del apelante justifican su examen en la vía intentada pues si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de las controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias” (la bastardilla es nuestra). En igual sentido, la CNFed. Contenciosoamdinistrativo sala IV en “Caplan, Ariel R. C. Telefónica Argentina S.A. y otros” (10/12/96) ha dicho que “la exigencia de la interposición de un reclamo administrativo impropio en los términos del art. 24 inc. a de la ley 19.549 no es imprescindible cuando ello importa un inconducente y excesivo rigor formal, dilatorio de la defensa en juicio garantizada en el art. 18 de la Constitución Nacional” (la bastardilla es nuestra).
f- En “Seiler” la Cámara avanza aún más, estableciendo que “… es cierto que nuestro sistema procesal se asienta sobre la idea de una amplia revisión por parte del Poder Judicial de los actos emanados de la Administración Pública aunque sometida a ciertas condiciones de procedencia de la acción -habilitación de la competencia judicial por agotamiento de la instancia administrativa, intentada con plazos de caducidad- que pretenden asegurar que sea la misma administración quien resuelva sus conflictos jurídicos (conf. CS, octubre 26-1993, “Serra, Fernando y otro c. Municipalidad e Buenos Aires” (L.L., 1995-A-401). Pero al mismo tiempo, debe decirse que para la habilitación de la instancia judicial existe una doble vía administrativa: la reclamatoria y la recursiva… esta vía de reclamo administrativo es una excepción y el libre acceso a la jurisdicción la regla, y sólo se requiere el primero cuando la futura pretensión tramite por la vía ordinaria, mas no cuando se trata de un proceso sumario o sumarísimo como el amparo (art. 32, inc. D) de la ley 19.549 (E.D., 42-917); conf. Alberto Bianchi, ¿Tiene fundamentos constitucionales el agotamiento de la instancia administrativa? (L.L.,1995-A397).
g- En la causa “Fernández”, la Cámara Federal Contensiosoadministrativa deja de lado claramente la idea de la subsidiariedad del amparo en relación a otras vías administrativas al decidir en base a que “…El texto constitucional en vigor no establece que la existencia de un recurso o remedio administrativo pueda ser obstáculo para la admisibilidad de la pretensión (conf. CNFed. Contenciosoadministrativo sala III, ‘Schroder, Juan c. Estado nacional -Secretaría de Recursos Naturales- s/amparo ley 16.986’, 8/8/94 -La Ley, 1994-E, 449-)”.

En igual sentido la sala I, de la CNFed. Contenciosoadministrativo, señaló “…hoy, frente al texto del nuevo art. 43 -parte 1ª- de la Carta Magna, no puede sostenerse ya como requisito de procedencia de este remedio sumarísimo y excepcional la inexistencia de vía administrativa idónea para la tutela del derecho que se invoca como conculcado” (“Ayudín S.A. c. Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación”; Considerando II.2; Fallo de mayo/22/1996, pub. En L.L.-1997-D-694) (la bastardilla es nuestra).
h- En la causa “Prodelco” la CSJ expresa sin embargo, que “tal como lo sostuvo el tribunal en Fallos: 306:1254; 310:576 -La Ley, 1998-A, 125-, entre otros, el amparo es un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías legales aptas peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige para su apertura circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expedita” (la bastardilla es nuestra).

Además en la misma causa se estableció que “También ha recordado esta Corte que el amparo no debe ser utilizado como accesorio de una demanda iniciada o que corresponda iniciar, y resulta improcedente cuando el mismo objetivo podría alcanzarse mediante una medida cautelar dictada en un juicio ordinario donde el marco de debate y prueba resultan más adecuados a los puntos en discusión ya que se trata de un remedio verdaderamente excepcional que no puede ser utilizado cada vez que los contratantes discuten el alcance de un contrato y pretendan, uno u otro, mantener provisionalmente una cierta situación de hecho hasta entonces existente. No actúa este recurso como una simple medida de no innovar, a una demanda judicial ya iniciada o que corresponda iniciar, para lo cual carecería de toda justificación (Fallos: 244:66; 245:11; 252:301 -La Ley, 96-709; 98-724; 108-508-; 317:655)” (la bastardilla es nuestra).
i- En conclusión, se ha reafirmado el carácter excepcional del amparo, aunque se abandona la idea de subsidiariedad, al menos en relación a la existencia de otras vías administrativas. En este sentido, si se dan los presupuestos que exige la acción, ésta será procedente, salvo que existan remedios procesales que aseguren más eficazmente la protección del derecho afectado. En estas circunstancias estriba la excepcionalidad del amparo, no en su carácter restrictivo o subsidiario, sino en el cumplimiento de requisitos que las acciones comunes no exigen (arbitrariedad e ilegalidad manifiesta y no-existencia de vía judicial más idónea).

En este sentido, en la causa “Youssefian” se deja en claro la no subsidiariedad del amparo, al expresarse que “… la existencia de cauces ordinarios para discutir la cuestión planteada en la presente causa no lleva, de por sí, al rechazo de la acción intentada, dado que, según lo dispuesto en el art. 43 de la Carta Magna, dichos procesos deben resultar más idóneos que la demanda de amparo (confr. esta sala, 20 de diciembre de 1996, in re “Impsat S.A. c. Estado nacional - M° de Economía y O.S.P. s/ amparo ley 16.986”); circunstancia que no se configura en el sub lite en tanto la demora inherente a tales procesos podría hacer ilusoria la protección que persiguen las demandantes” (la bastardilla es nuestra).

Sin embargo, mientras que para iniciar una acción ordinaria el litigante no necesita acreditar extremo alguno para evitar un rechazo in limine de su pretensión, en este proceso, deberá dar cumplimiento a recaudos excepcionales e inexistentes en las vías ordinarias, como el de demostrar la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, e innecesariedad de mayor debate y prueba..
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