Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia






descargar 212.14 Kb.
títuloCompetencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia
página3/7
fecha de publicación15.03.2016
tamaño212.14 Kb.
tipoCompetencia
ley.exam-10.com > Derecho > Competencia
1   2   3   4   5   6   7

Legislador
La CSJN ha rechazado la posibilidad de considerar “afectado” a quien invoca sólo su calidad de “legislador”.

Así en la causa “Prodelco c/ Poder Ejecutivo Nacional, entre otros” la CSJN reafirmó sus precedentes al respecto, señalando que “la sola condición de diputada nacional de Zuccardi tampoco permite tener por cumplido el requisito del interés concreto (Conf. considerando 6 del caso ‘Polino’)”.

Sin embargo, hay ciertas ocasiones en que un legislador en cuanto tal puede presentarse como afectado. Así sucedió en la afamada causa sobre la concesión de Aeropuertos Nacionales. Un grupo de legisladores, a los que adhirió el Defensor del Pueblo, planteó una acción de amparo contra los decretos por los cuales fue decidida la concesión de aeropuertos nacionales e internacionales ante el Juzgado Nacional de primera instancia en lo Contencioso Administrativo federal N° 10, invocando que mediante el dictado de esa norma se impidió el ejercicio de la facultad de legislar propia de los accionantes. La acción fue acogida en primera y segunda instancia sin que se cuestionara la legitimación de los actores.

Sin embargo, cabe recordar que el Poder Ejecutivo dictó un nuevo decreto ratificando los que fueran anulados judicialmente, y los mismos accionantes -legisladores- iniciaron una nueva acción, consiguiendo que se dictara una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo que suspendiera los efectos del nuevo decreto. Frente a ello el Jefe de Gabinete de Ministros, Ingeniero Jorge Rodríguez, planteó un recurso extraordinario, saltando una instancia. La CSJ acogió el recurso -con una mayoría de cinco a cuatro y en desacuerdo con el dictamen de Procurador General- entendiendo que existía un grave conflicto de poderes que lo justificaba, y frente a la necesidad de declarar la incompetencia del Poder Judicial de la Nación para entender en la materia. En esa oportunidad señaló que: “en el caso se pretende que esta Corte intervenga en una contienda suscitada entre el Poder Ejecutivo y algunos miembros de la Cámara de Diputados antes de que ‘el procedimiento político normal tenga la oportunidad de resolver el conflicto’... lo que es inadmisible ya que el Poder Judicial no debe involucrarse en controversias de esta índole, al margen de las limitaciones previstas en el Art. 116 de la Constitución Nacional, como árbitro -prematuro- de una contienda que se desarrolla en el seno de otro poder”.

Asociaciones
Una de las más notables innovaciones de la norma constitucional en materia de legitimación activa para la defensa de los derechos de incidencia colectiva, es la legitimación de “las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización” (Art. 43 de la CN).
I - En virtud de ello, en la causa “Prodelco c. Poder Ejecutivo Nacional” (mayo de 1998) -entre varias otras causas- la CSJ reconoció legitimación a la Asociación de Protección del Consumidor (Prodelco) con personería jurídica, la que invocaba la representación y defensa de los usuarios del servicio telefónico a fin de que se declare inconstitucional el Art. 2 del decreto. 92/97, por el cual se aprobaron modificaciones a la Estructura General de Tarifas del Servicio Básico Telefónico. La legitimación de la accionante ya había sido aceptada por el juez federal de primera instancia N° 2 de Mendoza, quien el 10 de febrero de 1997 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los amparistas y, en consecuencia, ordenó la suspensión de los efectos del Art. 2 del dec. 92/97 del PEN.

En una causa más reciente, “Asociación Benghalensis y otros c/ M de Salud y Acción Social. Estado Nacional s/ Amparo Ley 16.986”, un grupo de Entidades No Gubernamentales que desarrollan actividades contra la epidemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, promovieron acción de amparo a fin de que se obligue al Estado Nacional -Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación- a cumplir con la asistencia, tratamiento y rehabilitación de los enfermos del S.I.D.A. y, en especial, con el suministro de medicamentos y reactivos necesarios. Se afirmó entonces que según los estudios nacionales e internacionales, la interrupción de los tratamientos resta efectividad a la droga ya suministrada a los pacientes.

El juez de primera instancia reconoció la legitimación de las demandantes y concedió la medida cautelar ordenando al Ministerio que adquiera y entregue a cada uno de los efectores sanitarios del país los reactivos y medicamentos incluidos en el Vademécum Básico, y finalmente, como conclusión del proceso, hizo lugar al amparo. En especial, señaló que no había inconvenientes para reconocer legitimación a las asociaciones en lo relativo a los derechos de incidencia colectiva en general, “máxime en el sub examine, donde es necesario, por mandato legal -ley 23.798- preservar la privacidad de los afectados a fin de evitar cualquier marginación o humillación” (la bastardilla es nuestra).

Es interesante destacar este último argumento para justificar la intervención de las asociaciones en representación de afectados cuya privacidad podría lesionarse con su intervención en la promoción de la causa, lo cual, podemos agregar, constituiría un desincentivo para reclamar por sus propios intereses. De manera que la intervención de las asociaciones en su representación, es una manera de superar la barrera de los desincentivos o la falta de incentivos que puede existir en la promoción individual de una causa que afecta a un colectivo de personas.

Ya en instancias de la CSJ, al pronunciarse sobre la misma causa, el ministro Vázquez señaló, en el considerando 9), “Que surge con nitidez entonces, que una de las situaciones que el constituyente consideró, es aquella en que la afectación de los derechos comprometidos -por su naturaleza- trae aparejadas consecuencias que repercuten en todos los que se encuentran en una misma categoría. Resulta menester puntualizar, que los agravios a los que hace referencia el Art. 43 de la Constitución Nacional tienen un efecto expansivo, de ahí que baste con que se conculquen o desconozcan ciertos derechos de uno solo de los del grupo para que ello incida categóricamente en el resto. Lo manifestado, no implica negar capacidad procesal a cada uno de los enfermos, sino posibilitar -en atención a la peculiar naturaleza de los derechos afectados- a una o varias asociaciones el ejercicio monopólico de la acción”.
II - Por otra parte, la falta de sanción -a la fecha- de la ley que regule los requisitos y forma de organización de las asociaciones según manda el artículo 43, no ha sido óbice para reconocerle legitimidad a las que se presenten en las condiciones actuales.

Así, en el caso “Fundación Mujeres en Igualdad c/ Freddo s/ Amparo” la sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil reconoció legitimación a la “Fundación Mujeres en Igualdad” en tanto esta “se halla regularmente constituida e inscripta en el registro respectivo, y conforme al artículo segundo de su estatuto constitutivo tiene por objeto ‘...promover la eliminación de toda discriminación o restricción basada en el sexo, y procurar sobre la base de la igualdad, el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de las mujeres en las esferas política, económica, social, cultural, laboral y civil’”. Sostuvo que “toda vez que al presente no ha sido sancionada una ley que imponga particulares requisitos y formas de organización a las asociaciones que propenden a la protección de los derechos de incidencia colectiva, cabe considerar legitimadas a los fines de la promoción del amparo colectivo que la Ley Fundamental consagra en el artículo 43 citado, a aquellas entidades regularmente constituidas y registradas conforme a la normativa vigente, que cumplan además con aquel recaudo. Se ha señalado sobre el punto que mientras las asociaciones que propenden a la protección de derechos de incidencia colectiva no se encuentren registradas por faltar la ley respectiva, para que su legitimación les sea reconocida judicialmente bastará con que existan bajo alguna formalidad asociativa de la que surjan sus fines (Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, 1° II, pág. 383; Spisso, Tutela judicial efectiva en materia tributaria, pág. 167; Toricelli, Los alcances del artículo 43 párrafo 2°: ¿Una doctrina consolidada?, LL, Suplemento de Derecho Constitucional, 8/9/97, pág. 12 y ss...” (la bastardilla es nuestra).

La interpretación propuesta resulta congruente con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re en “Asociación Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (A.G.U.E.E.R.A.) v. Provincia de Buenos Aires”, 22/4/97; y “Asociación Benghalensis y otros v. Estado Nacional-Ministerio de Saludo y Acción Social” (1/6/2000) así como con el pronunciamiento recaído in re “ADECUA (Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina) c/ ENARGAS” (CNacFed, SALA IV, 9/3/98, causa N° 16.242/96)

En el mismo sentido, en la causa “Youssefian” se reconoció legitimación, además de a Martín Youssefian, a la Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria “Consumidores Libres”, y se estableció que “en lo que respecta al agravio de la apelante en lo relativo a la falta de inscripción de la asociación actora en el registro previsto en el Párr. 2° in fine del Art. 43 de la Constitución Nacional, este tribunal entiende que debe tenerse por suficiente el hecho de que ‘Consumidores Libres’ Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria fue inscripta en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores mediante res. 710/97 del Secretario de Industria, Comercio y Minería” (la bastardilla es nuestra)
III - Resulta oportuno destacar que la autorización prevista en el artículo 43 para que las Asociaciones actúen como legitimadas en los amparos colectivos, se ha entendido aplicable por analogía a la acción meramente declarativa del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Así lo dispuso la CSJ en la causa “Asociación de Grandes Usurarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (A.G.U.E.E.R.A.) v. Provincia de Buenos Aires y otro”. La Asociación promovió acción, en los términos del Art. 322 del Código Procesal contra la Provincia de Buenos Aires y el Ente Provincial Regulador energético para que se declare la inconstitucionalidad de algunos decretos.

El demandado negó la legitimación de esta asociación civil, creada por un acto del poder público para representar a grandes Usuarios de Energía Eléctrica. La Corte respondió a ello afirmando que la demandante se encuentra entre las asociaciones mencionadas en el Art. 43 y “que, tal como lo señala el señor Procurador General en su dictamen de fs. 223/227, la circunstancia de que la actora haya demandado por la vía prevista en el Art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no constituye un óbice para la aplicación de este precepto, en virtud de la analogía existente entre esa acción y la de amparo”. Agregó además que “la similitud entre ambas acciones también se desprende de la doctrina de diversos precedentes en los cuales se consideró evidente que la acción declarativa, al igual que el amparo, tiene una finalidad preventiva y no requiere la existencia de daño consumado en resguardo de los derechos (Fallos: 307:1379, considerando 7 del voto de la mayoría y del voto concurrente del juez Petracchi) ...Por ello se rechaza la excepción de falta de legitimación”.
IV - Para concluir este acápite, baste señalar a mero título ilustrativo que entre los muchos casos en que han intervenido asociaciones como accionantes en amparos, se encuentran el caso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios en defensa de los derechos de los docentes e investigadores de las Universidades Nacionales; el de la Confederación General del Trabajo en defensa del interés colectivo de los trabajadores; el del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en defensa de los intereses de los abogados, la Asociación de Abogados Previsionalistas en defensa los derechos de los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, etc.

Defensor del pueblo
El artículo 43 también habilita para accionar en defensa de derechos de incidencia colectiva al Defensor del Pueblo, órgano previsto en el artículo 86 de la CN. En esta última norma se establece la legitimación activa del Defensor para actuar en defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración, así como el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

I - La jurisprudencia federal ha admitido la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación en defensa de derechos de incidencia colectiva en varias ocasiones. Así, en la causa “Consumidores Libres Coop. Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria” la CSJ, admitió la legitimación del Defensor del Pueblo como parte actora, quien adhirió a la acción de amparo promovida por la Asociación Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria en los términos del Art. 90 inc. 2 Cód. Procedimiento, es decir, en calidad de litisconsorte, y a posteriori, ambos dedujeron el recurso extraordinario correspondiente.

En particular, la jurisprudencia ha dispuesto que “la legitimación procesal del Defensor del Pueblo que se le confiere genéricamente en el Art. 86 de la C.N., en el Art. 43 de ésta, se regula de manera específica su habilitación para intervenir en los juicios de amparo en casos de servicios públicos. Su participación lo es en defensa de un derecho de usuarios y consumidores: el de participación en el control de los servicios públicos, que se vería afectado por una ilegítima omisión de la Administración” (“Youssefian, Martín c/ E.N. - Secretaría de Comunicaciones s/ amparo ley 16.986”, CNACAF, Sala IV -voto del Dr. Uslenghi-23/06/984).

Por su parte, la ley 24.284 (modificada por la ley 24.379), que reglamenta las funciones del Defensor del Pueblo Nacional, establece en el artículo 17 que “...quedan comprendidas dentro de la competencia de la Defensoría del Pueblo, las personas jurídicas públicas no estatales que ejerzan prerrogativas públicas y las privadas prestadoras de servicios públicos. En este caso, y sin perjuicio de las restantes facultades otorgadas por esta ley, el Defensor del Pueblo puede instar de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de las facultades otorgadas por ley”.

II - La CSJ han entendido que su legitimación procesal está restringida cuando el demandado es el Poder Judicial. Así lo entendió en la causa “Frías Molina, Nélida N. c. Caja Nac. De Prev. para el personal del Estado y Servicios Públicos” (CS, septiembre 12-1996). En esta ocasión el Defensor del Pueblo solicitó ser tenido por parte en los juicios que se encontraban en trámite y formuló un pedido de pronto despacho con relación a esa causa. La CSJ señaló “que el Art. 16 de la ley 24.264, dispone que el poder judicial queda exceptuado del ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo y concretamente el Art. 20 del mismo ordenamiento establece que si la queja del afectado se formula contra personas, actos, hechos u omisiones que no están bajo la competencia del defensor del pueblo… el Defensor del Pueblo no está legalmente autorizado para investigar la actividad concreta del Poder Judicial, con lo que menos aún estaría legalmente autorizado para promover acciones o formular peticiones ante el órgano jurisdiccional respecto a actuaciones de cualquier tipo desarrolladas en el ámbito de dicho poder” (la bastardilla es nuestra).
III - Más allá de los términos de la Corte, algunos han entendido que los límites de la competencia del Defensor del Pueblo impuestos por la ley 24.264 y el artículo 86 de la Constitución, deben entenderse ampliados por la reforma constitucional sobre la base de los parámetros impuestos por el artículo 43. De manera que no estableciéndose en esta última norma constitucional restricciones en materia de legitimación pasiva, el Defensor estaría autorizado para actuar procesalmente a través del amparo, tanto contra la Administración Nacional como contra la Administración local, así como contra cualquier órgano público (Poder Judicial inclusive), e incluso contra particulares.

En este sentido, y en relación a los límites jurisdiccionales de la actuación del Defensor del Pueblo, la Cámara 3ª del Crimen de General Roca admitió la legitimación del Defensor en Autos “Defensor del Pueblo de La Nación, Dr. Jorge Luis Maiorano” para demandar a un organismo del Estado Provincial.

El entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Maiorano, tomó conocimiento de violaciones a los derechos humanos en la Alcaldía de General Roca -una cárcel provincial de Río Negro-. Se envió una comisión para confirmar la afirmación periodística y esta Comisión describió un cuadro que mostraba graves deterioros en la estructura edilicia y pésimas condiciones de habitabilidad. Iniciada la acción por el Defensor de Pueblo, la Cámara del Crimen aceptó la presentación y condenó al Gobierno de la Provincia de Río Negro a que solucionara estos problemas en plazos que oscilaban entre los 30 días para las cuestiones más inmediatas y un año para los temas de infraestructura. El fallo quedó firme y al año el ministro de Justicia y Gobierno de Río Negro invitó al Defensor a visitar la cárcel para comprobar que el tema había sido solucionado conforme a la orden judicial.

Expresa el Dr. Maiorano que la competencia del Defensor del Pueblo se extiende “a toda la Nación”, sin limitación territorial alguna. Se entiende que cuando están en juego derechos humanos y otros de incidencia colectiva protegidos por la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes, el Defensor del Pueblo tiene legitimación para actuar, cualquiera sea el agente provocador de la violación del derecho.

Cuando la Constitución Nacional establece que le corresponde controlar el ejercicio de las funciones administrativas públicas, no restringe la competencia al ámbito federal por lo que estas funciones administrativas públicas pueden ser ejercidas por las Provincias o los Municipios.
1   2   3   4   5   6   7

similar:

Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia icon1. Competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de...

Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia iconAcusacion ~ codigo de justicia militar ~ competencia ~ competencia...

Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia iconCorte Suprema de Justicia segunda instancia 37370 Vs. Edwin oswaldo...

Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia iconR epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez...

Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia iconCompetencia originaria

Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia iconRepública de Colombia Corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia sala de casación penal

Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia iconCorte Suprema de Justicia Proceso No 25920 corte suprema de justicia sala de casación penal

Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia iconCorte Suprema de Justicia Proceso No 25920 corte suprema de justicia sala de casación penal

Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia iconCorte Suprema de Justicia Proceso n° 31123 corte suprema de justicia sala de casación penal

Competencia competencia Originaria de la Corte Suprema de Justicia iconRepública de Colombia Corte Suprema de Justicia corte suprema de...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com