Santiago, trece de julio de dos mil diez






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Santiago, trece de julio de dos mil diez.

Vistos:

En este proceso Nº 2.182-1998, rol de la Corte de Apelaciones de Santiago, denominado episodio “Ricardo Lagos-Chillán”, se dictó sentencia de primera instancia el trece de agosto de dos mil ocho, que rola a fojas 1.110, por la que se rechazan las excepciones de previo y especial pronunciamiento de amnistía y prescripción; se absuelve a Juan Francisco Opazo Guerrero, a Ernesto Loyola Osorio y a Arturo Manuel Alarcón Navarrete, de los cargos formulados en la acusación fiscal de fojas 734; y se condena a Luis Guillermo Gajardo Arenas como autor del delito de homicidio calificado de Ricardo Raúl Lagos Reyes, Alba Sonia Ojeda Grandón y Carlos Eduardo Lagos Salinas, perpetrados el dieciséis de septiembre de mil novecientos setenta y tres, en la ciudad de Chillán, a cinco años de presidio menor en su grado máximo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más el pago de las costas del litigio; y a Patricio Enrique Jeldres Rodríguez, como encubridor del referido delito, a tres años de presidio menor en su grado medio, accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la pena y a satisfacer las costas de la causa, otorgándose a ambos condenados el beneficio de la libertad vigilada.

Por su fracción civil, se acogió la demanda de indemnización de perjuicios deducida por Patricia Violeta Paredes Parra, sólo en cuanto condena solidariamente a Luis Gajardo Arenas, Patricio Jeldres Rodríguez y al Fisco de Chile, al pago de treinta millones de pesos por concepto de daño moral, rechazándose lo demás pedido.

Apelada esta decisión y evacuado que fuera el informe de la señora Fiscal Judicial a fojas 1.210, una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha seis de mayo de dos mil nueve, según aparece de fojas 1.238, revocó la sentencia en relación al procesado Patricio Enrique Jeldres Rodríguez, absolviéndolo de ser encubridor de los delitos de homicidio calificado materia de la causa; revoca, asimismo, la decisión que acoge la acción civil interpuesta y, en cambio, hace lugar a la excepción de incompetencia absoluta formulada por el Fisco de Chile, en lo principal de su libelo de fojas 826, por lo que se rechaza (sic) la demanda civil deducida por Patricia Violeta Paredes Parra contra el Fisco, Luis Gajardo Arenas y Patricio Jeldres Rodríguez. En lo demás apelado, se confirmó dicho fallo, con declaración de que se eleva la pena que por ella se impone al enjuiciado Luis Guillermo Gajardo Arenas, como autor de los expresados delitos de homicidio calificado, a doce años de presidio mayor en su grado mínimo (sic), inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, más al pago de las costas de la causa. Finalmente, se aprobó el sobreseimiento parcial definitivo por muerte de Marquez Rodolfo Riquelme Echeverría.

Contra esta última resolución, el abogado don Eduardo Contreras Mella, en representación de la parte querellante, interpuso sendos recursos de casación en la forma y en el fondo, el primero asilado en el ordinal noveno del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal en conexión con los numerales 3°, 4° y 5° del artículo 500 del mismo cuerpo legal y, el segundo, sustentado en los numerandos primero y séptimo del artículo 546 del Código Procedimiento Penal y en el inciso final del mismo artículo y cuerpo legal, como se desprende de fojas 1.250. Enseguida, el representante del condenado Luis Guillermo Gajardo Arenas, dedujo un recurso de casación en el fondo, sustentándose en el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal.

Declarados admisibles únicamente los arbitrios de la querellante, como se lee a fojas 1.286, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie en razón de lo preceptuado en el artículo 535 de su homónimo penal, autoriza a este tribunal para que, conociendo por vía de apelación, consulta, casación o en alguna incidencia, invalide de oficio la sentencia cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, como ocurre en la especie, en que durante la etapa de acuerdo se captó los defectos que más adelante se señalan, respecto de los cuales y por la misma razón, no fue posible invitar a los abogados que concurrieran a estrados a alegar sobre tales puntos.

SEGUNDO: Que en ese orden de ideas, la fundamentación de las sentencias constituye una garantía que tiende a evitar la arbitrariedad, pues permite conocer los motivos que sustentan la resolución, imponiendo a los jueces la obligación de estudiar razonadamente los elementos de juicio reunidos, en términos que resulte entendible la aceptación o rechazo tanto de las pruebas rendidas como de las alegaciones y defensas planteadas. Únicamente de esta manera se puede estimar cumplidas las exigencias del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal.

TERCERO: Que esta Corte, en reiteradas decisiones, ha resuelto que la causal de nulidad contenida en el artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 500 del mismo estatuto, concurre cuando la sentencia objetada carece totalmente de las consideraciones relativas a los extremos señalados en los numerales 4° y 5° de dicho precepto, es decir, tiene por objeto evitar que no se desarrollen las razones que justifican la decisión, sea porque existe ausencia total de éstas o porque se ha discurrido sobre antecedentes fácticos y jurídicos del todo ajenos a lo propuesto lo que, por cierto, importa un defecto que permite la anulación del fallo.

CUARTO: Que, en concordancia con lo razonado, la sentencia en estudio señala en su basamento sexto que por tratarse de reiteración de delitos de la misma especie y siendo más beneficioso para el encartado, dará aplicación a la regla del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, de manera que resolvió elevar la sanción en un grado y, enseguida, dispuso la rebaja en dos, conforme autoriza el artículo 103 del Código Penal.

QUINTO: Que de ello se sigue que el pronunciamiento objetado no contiene los requeridos basamentos que, en forma concreta y determinada, comprendan los motivos en los cuales se sustenta la decisión de imponer al condenado una pena de doce años de presidio mayor en su grado mínimo (sic) pues de seguirse el razonamiento de los jueces, el castigo no pudo extenderse más allá de los diez años.

SEXTO: Que, por lo expuesto, el dictamen de alzada queda claramente incurso en la motivación contemplada en el literal noveno del artículo 541 del Código del ramo, pues no ha sido extendida en la forma dispuesta por la ley; deficiencia que, por otra parte, no puede subsanarse sino con la invalidación de la sentencia que la contiene, por lo que esta Corte, actuando de oficio, procederá a anularla, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo.

SÉPTIMO: Que, atendida la existencia del vicio, lo descrito en el motivo anterior y lo dispuesto por los artículos 535 del Código de Procedimiento Penal y 808 del de Procedimiento Civil, no se emitirá pronunciamiento respecto del recurso de casación en la forma instaurado y se tendrá por no interpuesto el recurso de casación en el fondo deducido contra la misma sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 500, N° 5°, 535, 541, N° 9°, y 544 del Código de Procedimiento Penal y 775, 776, 786 y 808 del de Procedimiento Civil, se invalida, de oficio, la sentencia de seis de mayo de dos mil nueve, escrita de fojas 1.238 a 1.249, la que, en consecuencia, es nula.

Díctese, a continuación, con esta misma fecha y sin nueva vista, la sentencia de reemplazo.

Se omite pronunciamiento sobre el recurso de casación en la forma deducido en lo principal de fojas 1.250, y por no interpuesto el de casación en el fondo del primer otrosí, también a fs. 1.250.

Regístrese.

Redactó el Ministro Sr. Dolmestch.

Rol Nº 4419-09.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y el abogado integrante Sr. Nelson Pozo S. No firman el Ministro Sr. Segura y el abogado integrante Sr. Pozo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y ausente, respectivamente.


Autorizada por la Secretaria de esta Corte Suprema Sra. Rosa María Pinto Egusquiza.

En Santiago, trece de julio de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al señor Fiscal Judicial Suplente de la Corte Suprema, quien no firmó.


SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, trece de julio de dos mil diez.

En cumplimiento de lo ordenado por el pronunciamiento de casación que precede y lo prevenido en los artículos 535 y 544 del Código de Procedimiento Penal, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

VISTOS:

Se reproduce el fallo en alzada, con las siguientes modificaciones:

a) Se eliminan los considerandos Duodécimo, Vigésimo Quinto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Quinto, Trigésimo Séptimo y Trigésimo Octavo.

b) En su motivo Vigésimo Tercero, se suprime la oración “por las defensas de los acusados”.

c) En la reflexión Vigésimo Octava se prescinde de la frase “y Jeldres Rodríguez”.

d) En el considerando Trigésimo Sexto, en sus párrafos primero y final, se eliminan las expresiones “de parte del Fisco, y” “; y “por el Fisco y”

e) En el párrafo penúltimo del motivo Trigésimo Octavo, se suprimen las frases “el Fisco de Chile” y “y Patricio Jeldres Rodríguez”.

f) Se eliminan los dos últimos apartados del basamento Trigésimo Primero.

g) En las citas legales se sustrae la referencia a los artículos 30 y 52 del Código Penal y 211 del de Justicia Militar.

h) Asimismo, se reiteran o reproducen los motivos 1°, 2°, 3°, y 4° de la sentencia anulada de segunda instancia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Y TENIENDO, EN SU LUGAR Y ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que, como lo ha sostenido esta Corte ya en forma reiterada, la imposibilidad de aplicar la institución de la prescripción de la acción penal, que es causal de extinción de la responsabilidad criminal, no alcanza a la denominada media prescripción, gradual, parcial o incompleta, como también se le denomina, que es motivo de atenuación de la pena.

En efecto, el señalado instituto procesal constituye una atenuante calificada de responsabilidad criminal, con corolarios que inciden en la determinación del quantum de la sanción, la que subsiste y es, por tanto, independiente de la prescripción, cuyos fundamentos y consecuencias son diversos, si bien ambas instituciones están reguladas en un mismo título del Código Penal. La prescripción extingue la responsabilidad penal ya ejercida e impide la aplicación de toda sanción punitiva, siendo sus motivos histórico-políticos, jurídicos, humanitarios y otros muy conocidos. Los efectos que sobre el ius puniendi estatal provoca la denominada media prescripción son totalmente distintos, desde que al tratarse de una circunstancia atenuante ésta sólo permite introducir una reducción de la pena correspondiente y aunque su fundamento es también el transcurso del tiempo, en lo que se asemeja a la causal extintiva, no puede asimilársele jurídicamente, ya que esta última descansa en el principio de la seguridad jurídica. (Politoff, Matus, Ramírez, Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte General, p. 578). Ella se justifica porque existe la necesidad social que alguna vez lleguen a estabilizarse situaciones, aún de hecho, como son las de elusión prolongada de la responsabilidad penal que a alguno quepa, para que no se haga indefinida la aplicación de los preceptos penales y no subsista un estado permanente de incertidumbre respecto del que cometió un hecho punible, en cuanto a si hay responsabilidad criminal de su parte. Ello explica que en todas las legislaciones se contemplan preceptos que declaran extinguida la responsabilidad penal después de corridos ciertos plazos (Novoa Monreal: Curso de Derecho Penal, Parte General, T.II, 3ª edición, p. 402).

No obstante y como ya se dijo, la media prescripción difiere de la total y, entre otras circunstancias, a ella no son aplicables los principios y fundamentos que determinan la imprescriptibilidad de la acción penal persecutoria de los delitos de lesa humanidad, con lo que se evita su plena impunidad, la que en el supuesto del precepto citado, queda excluida, desde que se trata de una motivación dirigida únicamente a disminuir la responsabilidad penal emanada del delito, mismo efecto jurídico que producen las circunstancias atenuantes genéricas establecidas en el artículo 11 del Código Penal.

La doctrina señala que la institución de la media prescripción no es una entidad de jure que contemplen todos los regímenes jurídicos de corte liberal, pero que sí –y como también ocurre con otros- considera expresa y particularmente nuestro código punitivo, de donde se desprende su peculiaridad, se afincan sus efectos y se determinan sus deslindes o demarcaciones en cuanto a su ejercicio. Se aprecia como una “idea afortunada de la CR” la prescripción gradual de la acción penal y de la pena, cuyo hallazgo en el derecho comparado es escaso (Texto y Comentario del Código Penal Chileno, obra colectiva dirigida por los profesores Sergio Politoff Lifschitz y Luis Ortiz Quiroga, artículos 93 a 105, comentario de José Luis Guzmán Dálbora).

SEGUNDO: Que a su turno, ocupándose de este tema, el profesor Jaime Náquira Riveros, en un Informe en Derecho citado en otras sentencias de esta Corte, afirma que las fuentes internacionales del delito imprescriptible no vedan la posibilidad (más bien la promueven) de aplicar el resto de las instituciones de Derecho que beneficien al protagonista del delito o sujeto condenado, siendo una “cuestión obligada” dar aplicación al artículo 103 en estos casos, por tratarse de una rebaja legal de la pena, independiente del carácter del ilícito cometido.

A los anteriores razonamientos es menester añadir que por el carácter de norma de orden público que inviste el artículo 103 del estatuto criminal, es imperativa para los jueces su aplicación a los casos en que concurren los supuestos legalmente establecidos.

TERCERO: Que, recurriendo al elemento lógico de hermenéutica, y en él al método histórico, tampoco escapa a estos sentenciadores que la institución de la “media prescripción” -como circunstancia de atenuación muy calificada de la responsabilidad penal- se encuentra consagrada en nuestro Código Penal desde la época de su dictación en mil ochocientos setenta y cuatro, encontrándose el juzgador en condiciones de aplicarla, conforme a lo menos en base a dos parámetros: el tiempo transcurrido y el mérito de autos. Por consiguiente, no se divisa antecedente que permita concluir de jure que el Estado, como o en cuanto componente o miembro del concierto internacional, con motivo de consagrar por demás, excepcionalmente, la imprescriptibilidad para estos crímenes, hubiere renunciado o tuviere que restarse de aplicar la mitigante consistente en la media prescripción, lo que ocurrirá sólo -en el caso a caso- si lo estimare en justicia pertinente. Además, ahora en el ámbito estrictamente jurisprudencial, esta Corte Suprema ha acogido la institución consistente en la media prescripción, llamada también prescripción gradual, en materia de crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad en diversos fallos, así v.gr., en los autos Nºs. 6188-06; 1.489-07; 1.528-06; 3.587-05; 559-04.; 879-08; 2.422-08.
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