Santiago, trece de agosto de dos mil ocho






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CORTE DE APELACIONES

SANTIAGO

Santiago, trece de agosto de dos mil ocho.-

VISTOS

Se instruyó este proceso Rol 2.182-98 Episodio “Ricardo Lagos”, para investigar la existencia de los delitos de Homicidio Calificado cometidos en las personas de Ricardo Raúl Lagos Reyes, Alba Sonia Ojeda Grandón y de Carlos Eduardo Lagos Salinas y establecer la responsabilidad que en éste les ha correspondido a PATRICIO ENRIQUE JELDREZ RODRÍGUEZ, de 52 años, Run 5.944.136-1, General ® de Carabineros, domiciliado en Palenque N° 1203, comuna de Las Condes, a JUAN FRANCISCO OPAZO GUERRERO, de 59 años, Run 4.877.150-5, Sargento Primero ® de Carabineros, domiciliado en Itata N° 1151, departamento 42, comuna de Chillán; a PEDRO ERNESTO LOYOLA OSORIO, de 62 años, Run 4.209.267-3, Sargento Primero ® de Carabineros, domiciliado Hernando de Magallanes N° 728, comuna de Chillán; a ARTURO MANUEL ALARCÓN NAVARRETE, de 58 años, Run 5.094.305-4, Sargento Primero ® de Carabineros, domiciliado en Villa Los Conquistadores, calle Los Picunches N° 660, comuna de Chillán; y a LUIS GUILLERMO GAJARDO ARENAS, de 67 años, Run 3.837.467-K, Teniente Coronel ® de Carabineros, domiciliado en Balmaceda N° 574, comuna de Talagante.

A fojas 1 rola querella criminal deducida por Ricardo Lagos Paredes, Carlos Lagos Paredes y Patricia Violeta Paredes Parra, por los delitos de Homicidio Calificado, perpetrados en las personas de Ricardo Raúl Lagos Reyes, Alba Sonia Ojeda Grandón y de Carlos Eduardo Lagos Salinas, en contra de quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de los ilícitos mencionados.

Los encausados prestaron sus respectivas declaraciones indagatorias en las siguientes piezas sumariales:

Patricio Enrique Jeldrez Rodríguez, de fojas 145, 274, 293, 344, 397 y 653, declaraciones en las cuales niega completamente su participación en el injusto que se le imputa.

Juan Francisco Opazo Guerrero de fojas 150, 258 y 282, negando su participación en el ilícito.

Pedro Ernesto Loyola Osorio de fojas 156, 262, 284 y 648, indagatorias en las cuales niega cualquier tipo de participación en el delito.

Arturo Manuel Alarcón Navarrete de fojas 158, 260, 283 y 650, declaraciones en la cuales niega su participación en los hechos materia de la investigación.

Luis Guillermo Gajardo Arenas de fojas 306,314, 331, 343, 538 y 663, en las cuales niega completamente su participación en el injusto que se le imputa.

Que mediante resolución de fojas 287, se acumulan a la presente investigación los antecedentes de los autos rol N° 1367-91 y N° 49-2001 del 3° Juzgado Militar de Concepción, los cuales son signados como Tomo I-A y Tomo I-B respectivamente.

Que por resolución de fojas 299, se somete a proceso a Patricio Enrique Jeldrez Rodríguez, Juan Francisco Opazo Guerrero, Pedro Ernesto Loyola Osorio y Arturo Manuel Alarcón Navarrete, en calidad de autores del delito de Homicidio Calificado de Ricardo Raúl Lagos Reyes, Alba Sonia Ojeda Grandón y de Carlos Eduardo Lagos Salinas, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391 del Código Penal.

A fojas 337, se dicta auto de procesamiento en contra de Luis Guillermo Gajardo Arenas.

Cerrado el sumario a fojas 705, se dicta a fojas 734 Acusación Fiscal en contra de Patricio Enrique Jeldrez Rodríguez, Juan Francisco Opazo Guerrero, Pedro Ernesto Loyola Osorio, Arturo Manuel Alarcón Navarrete y Luis Guillermo Gajardo Arenas, en iguales términos y por el mismo delito.

A fojas 745, Eduardo Contreras Mella, en representación de Patricia Paredes Parra, en lo principal del libelo, se adhiere a la acusación fiscal dictada en autos y en el primer otrosí, deduce demanda civil por indemnización de perjuicios en contra de Patricio Enrique Jeldrez Rodríguez, Juan Francisco Opazo Guerrero, Pedro Ernesto Loyola Osorio, Arturo Manuel Alarcón Navarrete y Luis Guillermo Gajardo Arenas. Ampliando la demanda interpuesta a fojas 769, en contra del Consejo de defensa del Estado en iguales términos.

Que Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, en lo principal de sus presentaciones de fojas 826, contesta la demanda civil de indemnización de perjuicios solicitando el íntegro rechazo de ella alegando 1º la incompetencia del Tribunal; 2º Controversia de los hechos; 3º prescripción de la acción 4º Inexistencia del régimen de responsabilidad objetiva; 5º Controversia del daño, 6° Monto exagerado de la indemnización, 7° El Daño no se encuentra legalmente acreditado y 8° Improcedencia de pago de reajustes e intereses.

La defensa del encartado Loyola Osorio en lo principal de su presentación de fojas 847, contesta la acusación fiscal y adhesión, en primer término solicitando la absolución de su representado argumentando que en autos no se encuentra comprobada la participación del encausado, toda vez que el único antecedente inculpatorio es la declaración del testigo Alvarado Coronado, la cual analizada y ponderada con los todos los elementos de cargo, no logran a juicio de la defensa servir de base para una presunción judicial tal como lo requiere el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, agregando además, que resulta imposible adquirir el grado de convicción requerido por el artículo 456 bis del mismo cuerpo legal. En subsidio, solicita la absolución de su representado, argumentando la prescripción de la acción penal, toda vez que el delito de homicidio calificado que se investiga en autos fue perpetrado en la ciudad de Chillán el día 16 de septiembre de 1973; ilícito que se encuentra descrito y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, con la pena de presidio mayor en su grado medio a perpetuo calificado, pena que de conformidad a lo establecido en el artículo 94 del mismo cuerpo legal el plazo de prescripción es de 15 años; y existiendo certeza respecto al tiempo transcurrido entre la fecha de comisión del hecho investigado y la fecha en que la acción penal se dirigió en contra de su representado, dicha acción se encuentra prescrita, debiendo por lo tanto dictar la correspondiente absolución por prescripción de la acción penal. En tercer lugar, y en subsidio de las peticiones antes expuestas la defensa del encausado Loyola Osorio, solicita la absolución de su representado por aplicación del artículo 93 N° 3 del Código Penal, que establece que la responsabilidad penal se extingue por amnistía, considerando que el delito por el cual su patrocinado se encuentra procesado está incluido en las disposiciones del Decreto Ley 2.191 del año9 1978, de manera que la responsabilidad penal que le pudiere corresponder con ocasión de los hechos investigados en ésta causa, se encuentra extinguida por la amnistía a que se refiere el cuerpo legal anteriormente citado, consideraciones por las cuales deberá dictarse sentencia absolutoria en su favor. En el primer otrosí, contesta la demanda civil interpuesta en su contra. En tercer otrosí, solicita se tenga presente que favorecen a su representado las atenuantes de irreprochable conducta anterior, contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, además de beneficiar a su representado la media prescripción, que de acuerdo la lo señalado por el artículo 103 del mismo cuerpo legal, los hechos deberán ser considerados como revestidos de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas. Agregando además que la pena impuesta deberá ser en consideración a lo establecido en el artículo 68 inciso 3° del Código Penal. En el cuarto otrosí, solicita que en el evento que se impusiere una pena a su representando, se le otorguen alguno de los beneficios que establece la Ley 18.216.

A fojas 878, la defensa del encartado Gajardo Arenas en lo principal de su presentación opone excepciones de previo y especial pronunciamiento de prescripción de la acción penal y la de amnistía. En el primer otrosí, contesta la acusación fiscal y adhesión a la misma, solicitando la absolución de su representado alegando como argumentaciones de fondo las expuestas para las excepciones de previo y especial pronunciamiento alegadas en lo principal de su presentación. En subsidio solicita se dicte sentencia absolutoria por no encontrase legalmente comprobada la participación del encartado en el delito de homicidio calificado, atendido que la conducta de su representado, quien obedeciendo una orden superior relativa al allanamiento del domicilio del entonces alcalde de Chillán, se encontraba físicamente en el domicilio, no ha sí, en el lugar en el cual los cuerpos de las víctimas fueron encontradas de conformidad a la multiplicidad de testigos; por lo cual el hecho de haber presenciado el homicidio no constituye autoría si no ha existido concierto previo con el hechor, ya que no tomó parte en la ejecución de los hechos de manera inmediata y directa, ni indujo en a ellos; argumentos por los cuales no podrá ser encuadrado en ninguna de las hipótesis del artículo 15 N° 1 y 2 del Código Penal. Argumenta además que la actividad realizada por su patrocinado tampoco puede ser encuadrada en la hipótesis prevista en el N° 3 de la disposición legal citada, toda vez que considera autores, a los concertados para la ejecución del ilícito, es decir, exige un acuerdo previo de voluntades dirigido a la comisión de un delito. Con los mismos argumentos solicita la recalificación jurídica del grado de participación en caso de no ser absuelto. En subsidio alega a favor de representado las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal establecidas en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior de su representado, acreditada mediante su extracto de filiación y corroborada por la información sumaria de testigos; además la atenuante contemplada en numeral 9 de la misma disposición legal, atendido que su representado ha colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos. En el segundo otrosí, contesta la demanda civil de indemnización de perjuicios, deducida en contar de su patrocinado. En el séptimo otrosí, en el caso de dictarse sentencia condenatoria en contra de su representado se le concedan alguno de los beneficios de la Ley 18.216.

Que la defensa del encartado Alarcón Navarrete en lo principal de su presentación de fojas 893, contesta la acusación fiscal y adhesión argumentando que a la luz de los antecedentes reunidos en autos, es posible concluir que el único autor de los disparos que ocasionaron la muerte de la familia Lagos, fue el cabo Marques Riquelme, quien sin previa orden de la jefatura ni concierto entre los participes del operativo realizó los disparos; antecedentes por los cuales teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, que expresa que nadie puede ser condenado por delito sino cuando el Tribunal que lo juzgue haya adquirido por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se haya cometido el hecho punible y que en él le ha correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley; agregando además que la participación de su defendido en el operativo policial no encuadra en ninguna de las situaciones que distingue el artículo 15 del Código Penal. En subsidio alega en primer término la vigencia del Decreto Ley 2.191 del año 1978, que concede la amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores, hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de estado de sitio, comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1978; argumentando que la amnistía es el perdón más amplio que reconoce nuestro Derecho con respecto a la responsabilidad penal y que ella no sólo pone término a la obligación de cumplir materialmente la pena, sino que elimina la calidad de condenado; en consecuencia la amnistía no borra el hecho ni su ilicitud, solamente elimina los efectos penales que del hecho delictual puedan derivarse. En segundo término señala que de conformidad al Artículo 93 N° 6 del Código Penal, también se extingue la responsabilidad penal por la prescripción, institución que se fundamenta en la paz social; y de conformidad a los plazos establecidos en el artículo 94 del mismo cuerpo legal, y en el caso in comento los hechos acaecieron en el año 1973 y la presente causa se inició sólo en 1998, han transcurrido latamente los plazos señalados por la ley. Fundándose en la misma argumentación la defensa solicita que en el caso de no ser acogidos los argumentos para declarar la prescripción, se reconozca la institución de media prescripción de conformidad al artículo 103 del Código Penal. En tercer lugar alega cosa juzgada toda vez que consta en autos que los hechos materia de la investigación fueron conocidos en los autos Rol N° 1367-91 del Tercer Juzgado Militar de la ciudad de Concepción y que dicha causa fue sobreseía definitivamente, resolución aprobada por la Corte Marcial; antecedentes por los cuales su representado no puede ser condenado en definitiva. Finalmente y en el evento que el encartado sea condenado alega en su favor las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal establecidas en el artículo 11 N° 6 y 103 del Código Penal. En el primer otrosí contesta la demanda civil deducida en contra de su representado. En el quinto otrosí, para el evento que su patrocinado fuese condenado, solicita se le concedan alguno de los beneficios de la ley 18.216.

A fojas 912 Mauricio Unda Merino en representación del encausado Jeldres Rodríguez, en lo principal de su presentación opone excepciones de previo y especial pronunciamiento de prescripción y amnistía. En el primer otrosí contesta la acusación fiscal solicitando la absolución de su representado argumentando que de acuerdo a los medios de prueba legal que consta en autos, no existe prueba alguna que establezca la participación de autoría, ya que no se encuentra acreditado en autos que el encartado haya estado concertado para matar o la realización de cualquier acto de inducción a la acción de matar; agrega además que el único e incompleto antecedente que podría servir de base para una presunción judicial, no reúne los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; razón por la cual resulta imposible adquirir el grado de convicción exigido por el artículo 456 bis del mismo cuerpo legal. Subsidiariamente plantea como defensas de fondo las alegaciones expuestas para argumentar las excepciones de amnistía y prescripción de la acción penal. En el segundo otrosí, en caso de dictarse sentencia condenatoria en contra de su representado solicita se tengan en consideración las circunstancias atenuantes de responsabilidad establecidas en los numerales 6 y 9 del Código penal, así como la prevenida en el artículo 211 del Código de Justicia Militar, la que solicita se tenga como muy calificada; además solita se pondere a favor de su patrocinado la atenuante de media prescripción según lo dispone el artículo 103 del Código Penal. En el tercer otrosí, solicita que en caso de dictar sentencia condenatoria se le conceda al encartado el beneficio de la remisión condicional de la pena de conformidad a lo establecido en la ley 18.216.

Que la defensa del encartado Opazo Guerrero en lo principal del libelo de fojas 953, deduce excepciones de previo y especial pronunciamiento de prescripción de la acción penal y amnistía. En el primer otrosí; contesta la acusación fiscal, solicitando la absolución de su patrocinado, argumentando en primer lugar la falta de participación en calidad de autor del delito materia de la acusación fiscal, toda vez que la única certeza participativa de su mandante, es el hecho indubitable e incontrovertible que el 16 de septiembre de 1973, se encontraba presente en su calidad de uniformado en el domicilio de la familia Lagos Ojeda, es decir, aquel único fenómeno factible de elevarse a la calidad de presunción legal constitutiva de prueba completa, es que su mandante fue uno de os tantos uniformados que se apersonaron en la casa del ex alcalde de Chillán Ricardo Lagos Reyes; respecto de su condición participativa en calidad de autor del homicidio calificado de la familia referida, lo único que se tiene como fundamento para sustentar tal afirmación son ciertas declaraciones de testigos, que ubican a mi representado en el lugar de los hechos, pero en ningún case le atribuyen una participación directa e inmediata en el hecho punible; además de los antecedentes resulta imposible elaborar presunciones judiciales tendientes a dar por acredita la participación de Opazo Guerrero en los hechos. En segundo lugar la defensa solicita recalificar el grado de participación de su mandante a la figura de cómplice, toda vez que el actuar se encuadran dentro de los criterios del mencionado grado de participación. En tercer lugar solicita se dicte sentencia absolutoria, toda vez que respecto de su patrocinado proceden la circunstancia eximente de responsabilidad penal, de haber obrado en cumplimiento de un deber o en ejercicio legitimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, contemplada en el artículo 10 N° 10 del Código Penal, lo que doctrinariamente se denomina obediencia debida. Finalmente solicita en caso de dictarse sentencia condenatoria en contra de su representado, se tengan en consideración las circunstancias aminorantes de la responsabilidad penal establecidas en el artículo 11 N° 1 en relación al artículo 10 N° 10 ambos del Código Penal; además de la contemplada en el N° 6 del artículo 11, la que además solicita se considere como muy calificada. En el segundo otrosí, contesta la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta en contra de su representado.

A fojas 1027 se recibe la causa a prueba, rindiéndose la que consta en los autos.

Que a fojas 1074 se trajeron los autos para los efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal decretándose medidas para mejor resolver a fojas 1093.

Que a fojas 1123, se dictó sobreseimiento definitivo parcial respecto de Marquez Rodolfo Riquelme Echeverria, por encontrase extinguida su responsabilidad penal de conformidad a lo establecido el artículo 93 N° 1 del Código Penal.

Que encontrándose la causa en estado, se han traídos los autos para fallo.
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