Sala constitucional de la corte suprema de justicia. San José, a las dieciséis horas y treinta minutos del ocho de agosto del dos mil seis






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títuloSala constitucional de la corte suprema de justicia. San José, a las dieciséis horas y treinta minutos del ocho de agosto del dos mil seis
fecha de publicación14.03.2016
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Exp: 06-002495-0007-CO

Res. Nº 2006-011470

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y treinta minutos del ocho de agosto del dos mil seis.

Recurso de amparo interpuesto por CARLOS ALBERTO ESQUIVEL ESQUIVEL, cédula de identidad número 102720783, a favor de LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE SÁMARA, cédula de persona jurídica número 3-002-213342, contra LA EMPRESA VILLAS PLAYA SÁMARA (cédula de persona jurídica número 3-101-851334), EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, EL DEPARTAMENTO DE AGUAS DEL INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL DE ESE MINISTERIO, EL AREA RECTORA DE SALUD EN NICOYA DEL MINISTERIO DE SALUD, LA UNIDAD DE PERSMISOS Y CONTROLES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09 horas del 09 de marzo del 2006, el recurrente interpone recurso de amparo contra LA EMPRESA VILLAS PLAYA SÁMARA (cédula de persona jurídica número 3-101-851334), EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, EL DEPARTAMENTO DE AGUAS DEL INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL DE ESE MINISTERIO, EL AREA RECTORA DE SALUD EN NICOYA DEL MINISTERIO DE SALUD, LA UNIDAD DE PERSMISOS Y CONTROLES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD y manifiesta que: a) Desde hace más de diez años el Hotel Villas Playa Sámara viene contaminando el medio ambiente; b) Por oficio número RCH-IR-221-05 del ocho de noviembre del dos mil cinco (folio 10 vuelto), emitido por la Supervisión Regional Chorotega del Ministerio de Salud, no se aprobó la solicitud de descarga para el vertido de aguas residuales del Hotel Villas Playa Sámara al río Mala Noche, ya que el mismo no es de un caudal permanente; sin embargo por oficio número IMN-DA-3089-05 del diecisiete de noviembre del dos mil cinco (folio 10 frente), el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía dictaminó que el Río Mala Noche constituye un cauce de dominio público de caudal permanente; c) El Hotel Villas Playa Sámara pretenden vaciar las aguas residuales a dicho cauce a la altura de la zona de protección del pozo que suministra el agua potable a la inmensa mayoría de los habitantes de Sámara, ya que al no ser este río de caudal permanente, las excretas humanas y jabonosas se filtrarían con toda facilidad hacia las captaciones de agua, provocando además, la contaminación de la playa; d) Situación que se agrava, porque la Unidad de Permisos y Controles de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, por oficio número DPAH-6805-05 del 14-12-2005 (folios 23 y 24), dictaminó que la disposición de aguas tratadas del Hotel Villas Playa Sámara en el Río Mala Noche -únicamente durante la época lluviosa-, se considera viable, pues aún y cuando se tengan dudas sobre la existencia o no de caudal permanente en el río, al darse el vertido sólo durante la época lluviosa no se observa peligro alguno, argumento que -en principio y con vista en el propio oficio- no tiene mayor sustento técnico; e) La empresa Villas Playa Sámara procederá al vertido de aguas negras en el cauce -actualmente seco- del río Mala Noche, el cual, contaminará los tanques de abastecimiento de agua potable de esa localidad, dado el traslape de coordenadas de los sitios en que se ubican dichos tanques y el río indicado (ver folio 18). Considera que existe una amenaza real e inminente que causaría un daño ambiental irreparable no sólo al cauce del río Mala Noche, sino principalmente a los tanques de abastecimiento de agua potable del Acueducto Rural de Sámara.

2.- Mediante resolución de las 08:12 horas del 15 de marzo del 2006 se le dio curso al presente recurso y se ordenó: a) Al representante legal de la empresa Hotel Villas Playa Sámara, no proceder al vertido de aguas servidas, negras o jabonosas en el cauce del río Mala Noche, a efecto de prevenir problemas de contaminación en la zona y principalmente en los tanques de abastecimiento de agua potable de la comunidad de sámara, medida cuya vigencia quedará condicionada -en primera instancia- a lo que indiquen los informes y la contestación que se dispone en este auto y, b) Al Ministro de Ambiente y Energía y, al Director del Area Rectora de Salud en Nicoya del Ministerio de Salud, adoptar de manera inmediata y coordinada las medidas necesarias, a fin de fiscalizar que la empresa recurrida no proceda a verter las aguas servidas, negras o jabonosas en el cauce del río Mala Noche, por lo que, en el mismo plazo concedido para que rindan el informe, deberán indicar cuáles acciones concretas se han ejecutado para cumplir esta medida, ello hasta tanto la sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa (folios 025-028).

3.- Informa bajo juramento ALLAN FLORES MOYA, en su calidad de Ministro de Ambiente y Energía, y JOSE JOAQUIN CHACON SOLANO, en su calidad de Sub Jefe del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (folio 040), que: a) El Departamento de Aguas conoce las solicitudes para determinar el tipo de corriente de agua de que se trate -natural o artificial, permanente o intermitente-; b) Ese Departamento recibe el 10 de noviembre del 2005 una solicitud del señor Juan Diego Vargas Miranda para que se pronuncie sobre si el Río Mala Noche es cauce de dominio público y si esa corriente es permanente o intermitente, indicando que es para utilizar el Río Mala Noche como punto de desfogue de las aguas tratadas provenientes del Hotel Villas Playa Sámara, requisito solicitado por el Ministerio de Salud; c) El Departamento de Aguas al recibir esa solicitud debe proceder con un criterio técnico, sin cuestionarse el fin para el cual el administrado hace su solicitud, es el Ministerio de Salud en competente para resolver los permisos de desfogue de aguas tratadas; d) Así el Departamento de Aguas mediante oficio IMN-DA-3089-05 del 17 de noviembre del 2005 emite el criterio de que se trata de un cauce de dominio público de caudal permanente. Solicita que se desestime el recurso planteado.

4.- Informa bajo juramento EUGENIO ANDROVETTO VILLALOBOS, en su calidad de Jefe de la Unidad de Permisos y Controles de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, MAURICIO RAMIREZ BOLAÑOS, en su calidad de Director del Área Rectora de Salud de Nicoya y RAMON NARVAEZ SEQUEIRA, en su calidad de Jefe de Unidad de Protección al Ambiente Humano de la Región Chorotega (folio 053), que: a) Mediante oficio n°RCH-IR-221-05 del 08 de noviembre del 2005 la Región Chorotega rechazó la propuesta de los representantes del Hotel Villas Playa Sámara para descargar el vertido del agua del sistema de tratamiento de aguas residuales de dicho establecimiento al río Mala Noche, en razón de que éste no es de caudal permanente; b) Por ello los funcionarios del Area Rectora de Salud de Nicoya emitieron una orden de cierre que consta en oficio MSARN-23-05 del 26 de octubre del 2005, acción que se vio paralizada por una nueva propuesta que presentó la parte interesada; c) Por oficio DPA-6805 del 14 de diciembre del 2005 la Dirección de Protección al Ambiente Humano emitió un criterio técnico, pero no una autorización, siendo que en este momento al Hotel Playa Sámara no se le ha permitido que utilice el Río Mala Noche para verter ningún tipo de desecho; d) Lo que sí está aprobado, aunque no se ha puesto en funcionamiento, es un sistema que la empresa propuso para disponer las aguas tratadas en las zonas verdes por medio de goteo, complementándose con evaporación; e) Atendiendo a las indicaciones de la Sala Constitucional, el Area rectora de Salud de Nicoya fiscalizará periódicamente, a través de inspecciones oculares, que el Río Mala Noche no se utilice como vertedero de las aguas residuales de las Villas u Hotel Villas Playa Sámara, además se procederá a dictar la clausura del establecimiento Hotel Villas Playa Sámara. Solicita que se desestime el recurso planteado.

5.- Según constancia que corre al folio 095 por el auxiliar judicial y el Secretario de la Sala Constitucional, no aparece que el Ingeniero Elías Duarte Pérez en su condición de Supervisor Regional de Saneamiento Ambiental de la Región Chorotega del Ministerio de Salud en Liberia, Guanacaste, haya presentado escrito o documento alguno a fin de cumplir con lo prevenido.

6.- Contesta la audiencia LOUIS BRISSON, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa VILLAS PLAYA SAMARA SOCIEDAD ANONIMA (folio 097), que: a) No es cierto que su representada vierte sus aguas negras y jabonosas directamente al Estero El Sangroso; b) Antes del mes de mayo del 2005 su representada enviaba sus aguas tratadas después de procesarlas en las dos plantas de tratamiento de aguas negras con que cuentan, a un drenaje que se ubicaba contiguo a ese estero, debidamente autorizados por el Ministerio; c) A partir del mes de mayo no se volvió a utilizar ese drenaje y por el contrario, en cumplimiento de la orden sanitaria VPS 01 se clausuró dicho campo de drenaje; d) En la búsqueda de nuevas alternativas su representada solicitó la autorización para la implementación de un sistema de disposición de aguas tratadas que comprendía durante la época lluviosa el vertido de esas aguas tratadas en el río Mala Noche y durante la época seca la utilización de un drenaje ubicado dentro de la propiedad del Hotel, de forma paralela su representada solicita autorización para la implementación de un sistema de riego por goteo subterráneo en las áreas verdes del Hotel; e) La solicitud que comprendía el vertido de aguas tratadas en el río Mala Noche durante la época lluviosa fue rechazado por un funcionario del Ministerio de Salud de Liberia, no obstante sí acoge el sistema de riego por goteo subterráneo, el cual fue implementado y puesto en marcha desde el 20 de abril del 2006; f) El Hotel nunca ha vertido ningún tipo de aguas (negras o tratadas) en el cauce del Río Mala Noche, y como ya se implementó el vertido en otro campo ya no existe necesidad de su representada de utilizar en parte ese río para la disposición de aguas tratadas. Solicita que se desestime el recurso planteado.

7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso.- El recurrente considera que existe una amenaza real e inminente que causaría un daño ambiental irreparable no sólo al cauce del río Mala Noche, sino principalmente a los tanques de abastecimiento de agua potable del Acueducto Rural de Sámara, en virtud de la autorización que hicieran los recurridos al Hotel Villas Playa Sámara de proceder al vertido de aguas servidas, negras o jabonosas en el cauce del río Mala Noche.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) Que, según consta en oficio MSARN-23-05 del 26 de octubre del 2005, los funcionarios del Area Rectora de Salud de Nicoya emitieron una orden de cierre al representante legal de Villas Playa Sámara, acción que se vio paralizada por una nueva propuesta que presentó la parte interesada (informe al folio 054).

b) Que mediante oficio n°RCH-IR-221-05 del 08 de noviembre del 2005 la Región Chorotega rechazó la propuesta de los representantes del Hotel Villas Playa Sámara para descargar el vertido del agua del sistema de tratamiento de aguas residuales de dicho establecimiento al río Mala Noche, en razón de que éste no es de caudal permanente, disponiéndose en el punto 2 “Al respecto se indica que esta oficina no aprueba la propuesta de descargar el vertido del sistema de tratamiento de aguas residuales al río Mala Noche, en razón de que el mismo no es de caudal permanente.” (informe al folio 053, folio 010 vuelto).

c) Que el Departamento de Aguas del MINAE recibe el 10 de noviembre del 2005 una solicitud del señor Juan Diego Vargas Miranda para que se pronuncie sobre si el Río Mala Noche es cauce de dominio público y si esa corriente es permanente o intermitente, indicando que es para utilizar el Río Mala Noche como punto de desfogue de las aguas tratadas provenientes del Hotel Villas Playa Sámara, requisito solicitado por el Ministerio de Salud (informe al folio 040).

d) Que el Departamento de Aguas mediante oficio IMN-DA-3089-05 del 17 de noviembre del 2005 emite el criterio de que la corriente del Río Mala Noche “corresponde a un río que tiene flujo todo el año. Por lo tanto, es criterio de este Departamento que se trata de un cauce del dominio público de caudal permanente (informe al folio 041, folio 010).

e) Que el 14 de diciembre del 2005 la Unidad de Permisos y Controles de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, mediante el oficio DPAH-6805-05 indica que las propuestas de disposición de las aguas tratadas en la planta de tratamiento del Hotel Villas Playa Sámara son viables, referidas a:

1. Que durante la temporada seca se autorice la disposición final de las aguas residuales tratadas en el campo de infiltración n°2, que se encuentra a una distancia de más de 250 m del estero Sangrado. Que durante la temporada lluviosa (exclusivamente) se autorice la disposición final de las aguas tratadas al río Mala Noche, del cual se adjunta el oficio IMN-DA-3089-05 fechado el 17 de noviembre del 2005 y suscrito por el Ing. José Joaquín Chacón Solano, Subjefe, en el cual indica que el río Mala Noche es un cauce del dominio público de caudal permanente …

2. Utilizar las aguas tratadas para riego de las áreas verdes del hotel…” (folio 023-024).

f) Que el Ministerio de Salud aprobó un sistema que la empresa Hotel Villas Playa Sámara propuso para disponer las aguas tratadas en las zonas verdes por medio de goteo, complementándose con evaporación (informe al folio 054).

g) Que, luego de la presentación de este recurso, el 25 de marzo del 2006 el Ministerio de Salud le comunica al Apoderado de Villas Playa Sámara que “debido a que el establecimiento denominado Hotel Villas Playa Sámara, ubicado carretera a Playa Carrillo, actualmente no cuenta con un sistema de disposición final de aguas tratadas, lo cual no ha permitido que dicho establecimiento cuente con el respectivo permiso sanitario de funcionamiento; a partir de este momento cuenta con dos días hábiles (con fecha de vencimiento miércoles 29 de marzo) para proceder a desalojar las instalaciones… “ (folio 080).

III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:

a) Que el Ministerio de Salud haya procedido a autorizar el vertido de aguas tratadas al río Mala Noche a la empresa Hotel Villas Playa Sámara.

b) Que la empresa Hotel Villas Playa Sámara haya vertido aguas negras, jabonosas o tratadas al río Mala Noche.

c) Que el permiso de desfogue de aguas tratadas que hubiera dado el Ministerio de Salud a la empresa Hotel Villas Playa Sámara para verter esas aguas al río Mala Noche no hubiera producido daño ambiental alguno.

IV.- Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado.- De previo a la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, la jurisprudencia de la Sala ya había reconocido la protección y preservación del medio ambiente como un derecho fundamental (sentencia número 2233-93), al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución. Como ya ha indicado este Tribunal (resolución 2005-01173 de las quince horas con once minutos del ocho de febrero del dos mil cinco) el artículo 50 de la Constitución fue reformado mediante Ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, precisamente con el objetivo de hacer una declaratoria de la obligación del Estado de proteger el ambiente y otorgar a los ciudadanos plena acción para defenderlo, dando así contenido expreso en ella al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. a-Tutela del derecho ambiental, un deber Estatal. A partir de la reforma del artículo 50 constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. En este orden de ideas, debe considerarse que la normativa establece al Ministerio del Ambiente y Energía como el órgano rector del sector de los recursos naturales, energía y minas, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de este ministerio, número 7152, de cuatro de junio de mil novecientos noventa. Esta función de rectoría en la materia ambiental, a criterio de este Tribunal, comprende no solo el establecimiento de regulaciones adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, según lo dispone también el artículo 56 de la Ley Orgánica del Ambiente, sino que le confiere la importante función de ejercer la rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un papel preponderante en esta materia. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado según lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: "El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho"; lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. b- Uso racional de los recursos. Un equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente. A partir del artículo 69 constitucional, en cuanto dispone el "uso racional de los recursos naturales", es que la Sala en su jurisprudencia, ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no solo ganancias económicas (libertad de empresa) sino un desarrollo y evolución favorable del ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio. La Sala ha indicado que el ambiente, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras. c-El Principio precautorio en materia de derecho ambiental. Este principio está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, la cual dispone:

 

"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". (En igual sentido ver artículo 11 de la Ley de Biodiversidad).

 

Como ya indicó la Sala, el término prevención deriva del latín "praeventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. d- La coordinación entre las dependencias públicas, debe garantizar la protección del medio ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia; así como también las instituciones descentralizadas; tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad –y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve). Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discotheques (municipalidades y Ministerio de Salud), etc.

V.- Sobre el caso concreto.- Tomando como base lo expresado en el considerando anterior se procede a analizar el caso concreto que se plantea. El recurrente sustenta su recurso en la existencia de una amenaza que causaría un daño ambiental al río Mala Noche por la autorización que se le diera al Hotel Villas Playa Sámara de proceder al vertido de aguas negras al cauce de dicho río. Al respecto, esta Sala comprueba de los informes rendido por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, que, si bien es cierto no nació nunca a la vida jurídica el permiso de desfogue de aguas tratadas al río Mala Noche para la empresa Hotel Villas Playa Sámara, sí se comprobó una violación al derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, principalmente por parte del Ministerio de Salud, encargado de otorgar el respectivo permiso, y ello por varias razones. Primero, la Unidad de Permisos y Controles de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud había expedido desde el 14 de diciembre del 2005 la viabilidad para aprobar la disposición final de las aguas tratadas de dicho Hotel al río Mala Noche, por lo que todo apuntaba a que dicho permiso le sería expedido. Segundo, existió una contradicción entre el criterio técnico inicial del Ministerio de Salud y el criterio técnico de la Dirección de Aguas del MINAE al calificar el cauce del río Mala Noche, siendo para el primero como de caudal no permanente y para el segundo como un cauce de caudal permanente, situación anómala puesto que, por un lado el 8 de noviembre del 2005 el Ministerio de Salud deniega la solicitud de descargar el vertido de agua del sistema de tratamiento de aguas residuales de dicho Hotel al río Mala Noche fundamentándose en que ese río no es de caudal permanente, pero menos de diez días después el Departamento de Aguas, el 17 de noviembre del 2005, deja sin sustento la denegatoria del Ministerio de Salud al emitir el criterio de que el caudal de dicho río sí es permanente. Entonces, aunque nunca se comprobó que efectivamente la empresa Hotel Villas Playa Sámara procediera a verter sus aguas negras al río Mala Noche, ni aunque tampoco se comprobara que el Ministerio de Salud autorizara a dicha empresa el permiso de desfogue de aguas tratadas al río Mala Noche, de los hechos tenidos por probados se verifica que, tanto los actos del Ministerio de Salud como los del Ministerio de Ambiente y Energía, apuntaban a que dicha empresa obtendría ese permiso y con ello procedería a verter sus aguas tratadas al río Mala Noche.

VI.- Aplicación al caso concreto del principio “in dubio pro natura”.- Ahora bien, aunque tampoco se prueba que ese vertido constituya un daño ambiental, tampoco se prueba lo contrario. Es decir, tampoco se logra probar que el permiso de desfogue de aguas tratadas que hubiera dado el Ministerio de Salud a la empresa Hotel Villas Playa Sámara para verter esas aguas al río Mala Noche no hubiera producido daño ambiental alguno, máxime cuando subsisten criterios técnicos contradictorios. De esta forma, en virtud del principio precautorio o “in dubio pro natura” que opera en materia ambiental, principio que según lo expresado se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas, esta Sala admite la tesis del recurrente en cuanto a que existe una duda sobre el riesgo de daño grave o irreversible de haberse aprobado el permiso de desfogue de aguas tratadas a la empresa de marras por parte del Ministerio de Salud. Razón por la cual, se considera que el vertimiento de aguas tratadas al río Mala Noche, debía haberse suspendido, tal como parece que se hizo, aunque hasta después de la presentación de este recurso. A mayor abundamiento que constata el riesgo al ambiente, nótese cómo desde el 25 de marzo del 2006 el Ministerio de Salud le comunica al Apoderado de Villas Playa Sámara que por no contar con un sistema de disposición final de aguas tratadas y por consiguiente por no contar con el respectivo permiso sanitario de funcionamiento, le otorga dos días para proceder a desalojar las instalaciones. Es decir, en este caso, el Ministerio de Salud contaba con la competencia, funciones y responsabilidad suficiente como para haber procedido, desde antes de la presentación de este recurso, a la protección de las aguas del Río Mala Noche y con ello, a la protección del derecho a gozar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VII.- En conclusión.- Así las cosas, el recurso debe declararse con lugar en contra del Ministerio de Salud, por cuanto sin cuestionamiento alguno emitió dos actos contradictorios, uno que rechaza la propuesta de vertido de aguas tratadas al río Mala Noche (el 8 de noviembre del 2005) y otro que dice que dicho vertido tiene viabilidad (el 14 de diciembre del 2005). Asimismo, en contra del Minae puesto que, no es admisible para este Tribunal que como órgano rector en materia ambiental proceda a emitir un criterio técnico sin cuestionarse el objetivo que se pretendía con dicho criterio, asimismo porque además está en la obligación de coordinar con el Ministerio de Salud con el fin de verificar la diferencia de criterio técnico con ese Ministerio. Finalmente, por no haberse comprobado que la empresa Villas Playa Sámara S.A. haya procedido a verter sus aguas tratadas al río Mala Noche, el recurso se desestima en cuanto a este recurrido, sin perjuicio de que posteriormente de comprobarse que efectivamente esté vertiendo sus aguas tratadas a dicho río se pueda tener como responsable. Asimismo, se le recuerda al representante de la empresa Villas Playa Sámara S.A. que en resguardo de la salud pública y el derecho a la vida, el sistema de tratamiento de aguas negras que sea aprobado, conforme a los términos de esta resolución, no debe llegar a producir contaminantes, y que en caso de que ello suceda, éste deberá ser cerrado inmediatamente. De todas formas, toma nota esta Sala de lo manifestado por el representante de la empresa Villas Playa Sámara S.A. en el sentido de que ya no existe necesidad de su representada de utilizar en parte el Río Mala Noche para la disposición de aguas tratadas (ver contestación al folio 99 de este expediente).

Por tanto:

Se declara CON lugar el recurso por la amenaza que existió de violar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se ordena al Ministerio de Salud coordinar acciones a efectos de que procedan inmediatamente a fiscalizar y supervisar que no se viertan aguas servidas, negras, jabonosas o contaminantes al cauce del Río Mala Noche y a supeditar los permisos que se otorguen a la protección del ambiente, debiendo informar a la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Sámara de las acciones que se tomen respecto de la situación planteada, ambos bajo apercibimiento de que podrían incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El recurso se declara sin lugar en contra de la empresa Villas Playa Sámara S.A., debiendo tomar nota el representante de dicha empresa en cuanto a lo establecido en el último considerando. Notifíquese de forma personal al Ministro de Ambiente y Energía y al Ministerio de Salud. Comuniquese.-

Luis Fernando Solano C.

Presidente

Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.

Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A.

Rosa María Abdelnour G. Jorge Araya G.

FCC/95/car.-

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