Tribunal contencioso administrativo del huila






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títuloTribunal contencioso administrativo del huila
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Quinta de Decisión
Neiva, tres (3) de septiembre de dos mil diez (2010)
Magistrado Ponente : DR. JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRÍGUEZ

Acción : TUTELA

Actor : ERLY JANED CASALLAS CÁRDENAS

Demandado : PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

Providencia : SENTENCIA

Radicación : 41 001 23 31 000-2010-00527-00

Acta : Nº 89

ERLY JANED CASALLAS CÁRDDENAS instaura acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Provincial del Huila y la Personera de Rivera a fin de lograr el amparo del derecho fundamental de petición.

I.- HECHOS
La señora Erly Janed Casallas Cárdenas presentó el 25 de marzo de 2010 un derecho de petición ante la Procuraduría General de la Nación, entidad que la remitió a la Procuraduría Provincial de Neiva y ésta última el 29 de abril de 2010, a la Personera Municipal de Rivera.
Dado que la Procuraduría delegó la obligación de la actuación y respuesta a la Personera, envió el 29 de julio de 2010 un nuevo derecho de petición y aún no ha obtenido respuesta. Como la Personera de Rivera es el veedor del poder público del constituyente primario, no está realizando la noble función encomendada por el concejo municipal, violando flagrantemente el código disciplinario al no dar respuesta a un ciudadano, ni a la función encomendada por la Procuraduría General de la Nación, al no suministrar la información requerida dentro del término legal, el cual se encuentra vencido.


II.- ACTUACIONES
1.- Mediante providencia del 26 de agosto de 2010, se admitió la acción, disponiendo su notificación al señor Procurador General de la Nación, Procurador Provincial de Neiva y a la Personera de Rivera.
En el mismo proveído se ordenó oficiar a la Personera Municipal de Rivera para que expusiera las razones por las cuales no ha dado respuesta a las peticiones de fecha 25 de marzo y 29 de abril de 2010, la primera remitida por la Procuraduría Provincial de Neiva y la segunda presentada directamente por la señora Erly Janed Casallas Cárdenas (fl. 10).
2.- En la misma fecha (26 de agosto), la Secretaría de la Corporación, vía fax, notificó el auto admisorio y solicitó la información requerida mediante los oficios Nº SG-03072 a SG-03075 (fls. 13 a 19).


III.- RESPUESTA A LA ACCIÓN DE TUTELA
1.- PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
No obstante haber sido notificado el señor Procurador General de la Nación del auto que admitió la acción constitucional, mediante oficio Nº SG-03072 (fl. 13), guardó silencio.
2.- PROCURADURÍA PROVINCIAL DE NEIVA
La entidad, a través de apoderada, en primer término informa que la Procuraduría suscribió un contrato con la Cámara de Comercio de Neiva con el fin de realizar el seguimiento y verificación por el sistema de muestreo del cumplimiento del trámite establecido por la Ley 232 de 1995 y a su vez asumió la obligación de activar el control preventivo frente a los funcionarios que tienen a cargo el cumplimiento de la citada ley; en desarrollo del precitado convenio se determinó que de los 37 municipios que conforman el Departamento del Huila, sólo 16 cumplen las exigencias contenidas en la Ley 232 de 1995 y en ese grupo se encuentra el Municipio de Rivera; además, se ordenó iniciar indagación preliminar con auto del 6 de abril de 2010 para determinar si los servidores de los municipios de Tello, Hobo, Algeciras, Santa María, Aipe, Yaguará, Campoalegre y Colombia son merecedores de reproche por no dar cumplimiento a los deberes contenidos en la norma.
Respecto a la petición elevada por la señora Erley Janed Casallas Cárdenas de fecha 25 de marzo de 2010, expresa que lo que se pretende es dar a conocer la existencia de presuntas omisiones por parte de la administración de Rivera, en relación con la aplicación de la Ley 232 de 1995, por lo tanto lo que demanda el peticionario es que se le de a su escrito el curso que corresponde, razón por la cual la entidad ordenó a la Personería adoptara las medidas según lo que constatara.
Señala que el CAP de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo lo previsto en el Decreto 262 de 2000, remite el escrito a la Procuraduría Provincial de Neiva. Destaca que ni la Procuraduría General de la Nación ni la Provincial de Neiva han vulnerado el derecho fundamental de petición de la accionante, por cuanto el escrito presentado no contiene las características jurídica de un derecho de petición y lo que realmente constituye es una queja disciplinaria, dado que no se vislumbra que se haya expresado una solicitud concreta distinta a la de formular cuestionamientos o interrogantes respecto de la presunta omisión de la administración municipal de Rivera.
Expresa que la queja disciplinaria es un mecanismo con que cuentas todos los ciudadanos a través del cual se impulsa el inicio de la acción disciplinaria (artículo 69 de la Ley 734 de 2002), por lo tanto el escrito presentado por la accionante es realmente una queja disciplinaria y como tal fue objeto de traslado a la Personería Municipal de Rivera.
Aduce que se requirió a la Personería Municipal de Rivera para que informara la gestión adelantada en el caso que nos ocupa, obteniendo como respuesta que la petición fue trasladada a la Comisaría de Familia e Inspectora de Policía de dicha municipalidad, por cuanto la recuperación del espacio público es una función propia de esa dependencia, prueba de ellos es la Resolución Policiva N° 037 del 16 de mayo de 2010 mediante la cual se resuelve sancionar con cierre al establecimiento comercial denominado Boca Karaoke, demostrando con ello la existencia de una actuación administrativa en curso.
3.- PERSONERA MUNICIPAL DE RIVERA
No obstante haber sido notificada del auto que admitió la acción constitucional, mediante oficio Nº SG-03075 (fl. 16), guardó silencio.


IV.- CONSIDERACIONES
Conforme a lo señalado en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela puede ser ejercida en cualquier momento por toda persona, ya sea por sí misma o por quien actúe en su nombre, ante los jueces con el fin de lograr la protección de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Igualmente establece el citado precepto constitucional que procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

1.- ASUNTO JURÍDICO A RESOLVER
Consiste en determinar si el Procurador General de la Nación o el Procurador Provincial de Neiva o la Personera Municipal de Rivera han vulnerado el derecho fundamental de petición (artículo 23) a la señora Erly Janed Casallas Cárdenas, al no dar respuesta a las peticiones 25 de marzo y 26 de julio de 2010, mediante las cuales pretende lograr el cumplimiento de la Ley 232 de 1995, con el fin de que la comunidad de Rivera recupere el espacio público del cual se han venido lucrando negocios que no cuentan con el certificado de uso de suelos

2.- DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN
La Constitución Política en su artículo 23 consagra que “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta solución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privada para garantizar los derechos fundamentales”.
Este derecho constitucional fundamental es susceptible de ser reclamado mediante acción de tutela, cuando las autoridades no responden las solicitudes respetuosas que se le formulen.
Cuando se presenta una petición a una autoridad, ésta tiene un término de quince días para que proceda a dar respuesta, debiendo decidir lo solicitado sin evasivas de ninguna clase; solamente cuando la entidad pública no pueda contestar en dicho término, debe informarlo así al petente señalándole la fecha exacta en que se dará la respuesta (artículo 6º Código Contencioso Administrativo). Sobre el particular en sentencia T-870 de 2009 la Corte Constitucional, señaló:
(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.”1

Significa lo anterior que se vulnera el derecho de petición cuando no se emite una respuesta de fondo, clara, oportuna y en un tiempo razonable, y por no comunicar la decisión al peticionario.

3.- CASO CONCRETO
Manifiesta la accionante –Erly Janed Casallas Cárdenas- que mediante derecho de petición de fecha 25 de marzo de 2010, le plantea interrogantes al Procurador General de la Nación relacionados con la aplicación de la Ley 232 de 1995 en el municipio de Rivera y le solicita su intervención para que la comunidad del citado ente territorial recupere el espacio público.
En razón a que la Procuraduría General de la Nación mediante oficio N° 2010-9520 del 6 de abril de 2010, remite la solicitud por competencia a la Procuraduría Provincial de Neiva y ésta a su vez la envía a la Personera Municipal de Rivera – Huila, es necesario analizar el trámite dado a la petición a fin de determinar si se ha vulnerado o no el derecho fundamental invocado por la accionante; veamos:
3.1.- PETICION DEL 25 DE MARZO DE 2010
El 25 de marzo de 2010, la señora Erly Janet Casallas Cárdenas elevó una petición ante el Procurador General de la Nación, cuyo texto literal es el siguiente:
Conocedor el país, de su fiel vigilancia de la actuación de los funcionarios públicos dentro de los límites de la legislación colombina, para esto queremos realizarle las siguientes preguntas:

  1. ¿En el municipio de Rivera-Huila, la administración municipal ha venido dilatando la aplicación de la Ley 232 de 1995, ya que existen varios negocios (Cantinas), que se han venido lucrando de la utilización del espacio público, y no cuentan el certificado de uso de suelos, pero la administración municipal no ha realizado el respectivo cierre de estos establecimientos?

2.)¿Esta información la tiene la Procuraduría regional del Huila, pero han pasado varios años y no se he (sic) pronunciado en ningún aspecto?
Esperamos Sr. Procurador, que su amable y efectiva gestión, logre para la comunidad de Rivera, que se recupere este espacio público para que la comunidad logre darle el uso debido.
Las notificaciones las recibo en la carrera 6 No. 9 – 77 oficina 202 de Neiva – Huila” (fl. 5).
La Profesional Universitario Grado 17 de la Procuraduría General de la Nación, mediante oficio 2010-95200 IUC, le informa a la señora Erly Janed Casallas Cárdenas que “…su comunicación enviada a esta entidad fue radicada con el IUS 2010-95200, y remitida por competencia a PROCURADURIA PROVINCIAL NEIVA” (fl. 6).
Por su parte la Procuraduría Provincial de Neiva mediante Oficio N° 1497 del 30 de abril de 2010 dirigido a la señora Erly Janed Casallas Cárdenas, le informan lo siguiente:
Comedidamente me permito remitirle copia del oficio Nro. 1496 del 29 de Abril del presente año, dirigido a la Personera Municipal de Rivera Huila, por el cual se da traslado de su Derecho de Petición, del 25 de Marzo y radicado en esta Provincial el 12 de Abril del mismo año, donde deberá dirigirse para mayor información” (fl. 7)
Si bien es cierto con el escrito de contestación a la acción incoada, la Procuraduría Provincial de Neiva, allega una serie de documentos relacionados con las gestiones realizadas para lograr el cumplimiento de lo regulado en la Ley 232 de 1995, entre otros, auto del 6 de abril de 2010 que resuelve iniciar indagación preliminar en averiguación de responsables (fls. 36-37), el Informe de las visitas efectuadas en cumplimiento del convenio suscrito con la Procuraduría General de la Nación relacionado con el cumplimiento de la Ley 232 de 1995 (fls. 40 a 46), oficio M.P.-P.M.R. OFICIO Nº 41615-00366 de agosto 30 de 2010 suscrito por la Personera Municipal de Rivera (fls. 50-51), Oficio M.R.-C.F.I.P. OFICIO Nº 821 suscrito por la Comisaria de Familia e Inspectora de Policía Municipal de Rivera informando al Procurador Provincial de Neiva las acciones realizadas relacionadas con el establecimiento comercial Boca Kareoke (fl. 54) y Resolución Policiva No. 37 del 16 de mayo de 2010, mediante la cual se sanciona con cierre del establecimiento comercial denominado Boca Kareoke por el término de siete días (fls. 56-57); es evidente que no ha dado una respuesta de fondo a la petición formulada, por cuanto no resuelve los interrogantes planteados ni le informan las gestiones realizadas por dicha entidad para lograr la aplicación de la Ley 232 de 1995.
Así las cosas, dado que la Procuraduría General de la Nación, remitió por competencia la petición formulada por la accionante a la Procuraduría Provincial de Neiva, es a esta última a quien corresponde emitir una respuesta clara y de fondo y al no existir dicho pronunciamiento en esos términos, es evidente la flagrante vulneración del derecho de petición por parte de la entidad de control, por lo tanto procede el amparo del derecho de petición invocado por la accionante por trasgresión del artículo 23 de la Constitución Política, en consecuencia se ordenará al Procurador Provincial de Neiva que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, de respuesta de fondo a la petición del 25 de marzo de 2010 elevada por Erly Janed Casallas Cárdenas.
3.2.- PETICIÓN DEL 29 DE JULIO DE 2010
En razón a que la Procuraduría Provincial de Neiva mediante Oficio Nº 1497 del 30 de abril de 2010 al contestar el derecho de petición le informa que fue remitido a la Personera Municipal “donde deberá dirigirse para mayor información” (fl. 7), la señora Erly Janed Casallas Cárdenas el 29 de julio de 2010 elevó una nueva petición dirigida directamente a la Personera Municipal de Rivera solicitándole información sobre el cierre del establecimiento denominado Karaoke.

Si bien la Personera Municipal, a la fecha aún no ha contestado la demanda, la Procuraduría Provincial de Neiva allegó oficio M.P. – P.M.R. OFICIO Nº 41615-00347 suscrito por la citada funcionaria y dirigido a la señora Casallas Cárdenas Erly Janed, cuyo contenido literal es el siguiente:
Dentro de los términos legales para su trámite, respetuosamente me permito darle respuesta al Derecho de Petición de la referencia, en los siguientes términos: Como es de su conocimiento, son funciones de la Comisaría de Familia e Inspección de Policía y de la Estación de Policía de Rivera, velar por el cumplimiento en los requisitos para el funcionamiento de los establecimientos comerciales en jurisdicción del municipio de Rivera – Huila, es por ello, que lo solicitado por Usted con respecto a la ilegalidad de Establecimiento Comercial denominado Karaoke, se encuentra en tramite ante la Comisaría de Familia e Inspección de Policía, estando a la espera de que se continúe con el debido proceso y se surta el pronunciamiento o medida por parte de la entidad conocedora del caso” (fl. 52).
Como quiera que la petición formulada el 29 de julio de 2010 por la señora Erly Janed Casallas Cárdenas fue contestada por la Personera Municipal de Rivera mediante oficio M.P. – P.M.R. OFICIO Nº 41615-00347 de fecha 10 de agosto de 2010, notificado por edicto por cuanto no se encontró la dirección suministrada por la petente (fl. 50), conforme lo prevé el artículo 45 del C.C.A., ello significa que antes de incoarse la presente acción (25 de agosto de 2010), ya se había emitido respuesta a la petición, razón por la cual la Sala considera que en este caso no existe amenaza ni vulneración al citada derecho constitucional invocado.
Así las cosas al no encontrarse demostrada la vulneración del derecho a la información documental, no se accederá a la tutela de este derecho fundamental de petición respecto de la Personera Municipal de Rivera.
En relación con las pruebas solicitadas por el señor Procurador 153 Judicial II Administrativo no se accederá por cuanto lo que pretende la actora es el amparo del derecho de petición formulado ante la Procuraduría Genera de la Nación, quien por competencia lo remitió a la Procuraduría Provincial de Neiva.
En mérito a lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: TUTELAR el derecho constitucional de petición (artículo 23) a la señora Erly Janed Casallas Cárdenas.
SEGUNDO: ORDENAR al señor Procurador Provincial de Neiva que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, de respuesta de fondo a la petición elevada por Erly Janed Casallas Cárdenas de fecha 25 de marzo de 2010.
TERCERO: NO TUTELAR el derecho fundamental de petición invocado por la señora Erly Janed Casallas Cárdenas respecto de la petición formulada del 29 de julio de 2010 a la Personera Municipal de Rivera.
CUARTO: NOTIFICAR personalmente esta providencia o por el medio más expedito –vía fax y/o telegráfica- a las partes, en la forma indicada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuera impugnada esta sentencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión (Art. 31 del Decreto 2591 de 1991).
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRÍGUEZ

Magistrado


ENRIQUE DUSSÁN CABRERA GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA

Magistrado Magistrado



1 Sentencias T-481 de 1992, T-457 de 1994, T-294 de 1997, T-219 de 2001, T-249 de 2001, T-1104 de 2002, T-695 de 2003 y T-730 de 2008, entre otras.

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