Sumario: I. Antecedentes históricos y potencial energético del subsuelo argentino. — II. Las servidumbres petroleras. — III. El fallo en análisis. Tópicos planteados. — IV. Colofón






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títuloSumario: I. Antecedentes históricos y potencial energético del subsuelo argentino. — II. Las servidumbres petroleras. — III. El fallo en análisis. Tópicos planteados. — IV. Colofón
fecha de publicación12.03.2016
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Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS ~ DAÑO ~ PRESCRIPCION ~ PRESCRIPCION BIENAL ~ INDEMNIZACION ~ INDEMNIZACION TARIFADA ~ SERVIDUMBRE ~ SERVIDUMBRE REAL ~ SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA ~ INMUEBLE ~ HIDROCARBUROS ~ LEY DE HIDROCARBUROS ~ EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS ~ PETROLEO ~ ACTIVIDAD EXTRACTIVA ~ INTERPRETACION JUDICIAL ~ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

Título: Daños derivados del ejercicio de servidumbres petroleras y prescripción bienal de la acción indemnizatoria

Autores: Valdés, Gustavo Javier Kozak, Verónica

Publicado en: LLGran Cuyo2013 (mayo), 380

Fallo comentado: Cámara 5a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza ~ 2012-10-18 ~ A.E.M. S.R.L. c. P.E.T. S.A. s/ ordinario

Cita Online: AR/DOC/1586/2013

Sumario: I. Antecedentes históricos y potencial energético del subsuelo argentino. — II.-Las servidumbres petroleras. — III. El fallo en análisis. Tópicos planteados. — IV. Colofón.

I. Antecedentes históricos y potencial energético del subsuelo argentino

Someramente diremos que numerosos emprendimientos privados desarrollados con fines comerciales de explotación de hidrocarburos tuvieron lugar en la Argentina de fines del siglo XIX, y fueron realizados sin una legislación específica que regulara la actividad de extracción de hidrocarburos. A partir del año 1886, la norma de aplicación era el Código de Minería, que establecía el marco legal general para todas las actividades extractivas. Basado en la legislación de tradición hispánica, el código establecía el principio de que el subsuelo pertenecía al Estado (en oposición al esquema vigente en los Estados Unidos, donde el superficiario gozaba también de los derechos sobre el subsuelo correspondiente).

La disputa entre la Nación y las provincias que aparecía en forma recurrente en las discusiones sobre la propiedad de los hidrocarburos del subsuelo a lo largo del siglo XIX, sobrevoló la sanción del Código de Minería. Un primer proyecto estableció la nacionalización de las minas, pero finalmente se impuso la visión federal y en 1875 se encomendó la elaboración de un nuevo dispositivo legal en el que se dispuso el dominio de los estados provinciales sobre los recursos mineros.

El Código de Minería finalmente sancionado respondía de manera muy clara a dos preguntas básicas sobre el régimen legal aplicable al petróleo. ¿De quién eran los hidrocarburos? De las provincias o de La Nación, en función de la localización de los yacimientos. ¿Quién debía explotarlos? Los particulares, con una explícita prohibición de que lo hiciera el Estado (1).

No podemos abordar en el presente trabajo el viraje de la política petrolera del país, sino simplemente limitarnos a recordar que la disponibilidad en territorio nacional de un combustible sustituto del carbón continúa siendo un hecho relevante y es sin duda alguna en el escenario internacional, un elemento estratégico en la geopolítica mundial.

Efectuadas las consideraciones antecedentes, nos adentramos en el análisis de un nuevo fallo de procedencia de la C5a Civ.,Minas, Paz y Trib. Mendoza, de fecha 2012/10/18.-A.E.M. S.R.L c/ P.E.T.S.A. s/ Ordinario", donde la sociedad propietaria de un inmueble demandó a una empresa petrolera que realizaba actividades extractivas en dicho predio a fin de obtener el pago de una indemnización por la constitución de la servidumbre sobre el bien.

La accionada opuso excepción de prescripción, que fue admitida parcialmente. La actora apeló y la alzada rechazó su recurso, confirmando la sentencia cuestionada, pues el hecho de que el ejercicio de la servidumbre sea continuado no impide el nacimiento de una serie de obligaciones derivadas de la explotación y a favor del propietario superficiario, las cuales no están exentas de prescribir, en tanto y en cuanto sean ya exigibles, al no estar incluidas en las acciones que el art. 4019 del Cód. Civil, declara imprescriptibles.

Es sabido que la definición dada por el codificador en el art. 2970 del Cód. Civ., tipifica a la servidumbre como el derecho real, perpetuo o temporario sobre un bien ajeno, en virtud del cual se puede usar de él, o ejercer ciertos derechos de disposición, o bien impedir que el propietario ejerza alguno de sus derechos de propiedad.

Con cita de Bianca, algunos de nuestros autores, afirman que la justificación de la existencia del derecho real de servidumbre se encuentra en la cooperación fundiaria, es decir en la atribución de utilidad de un fundo a otro para mejor valorización de la propiedad inmobiliaria, lo que repercute en su valor (2).La definición desde los primeros exégetas, ha sido considerada omnicomprensiva, pues precisamente no se ajusta al alcance que debe darse a este derecho real en el esquema del código vigente a la fecha del presente trabajo.

Simplemente, se trata de un derecho real que se ejerce sobre un inmueble ajeno, que confiere a su titular una concreta y determinada ventaja o utilidad. Ninguna duda cabe que se trata de una desmembración del derecho de propiedad, pues como ya veremos- en el caso de las servidumbre petrolera, materia del fallo en comentario- no se discute que el superficiario una empresa agroforestal efectivamente haya sufrido limitaciones merced a la actividad desplegada por una empresa petrolera.

Surge de la nota al art. 2971 del Cód. Civ., cuyo texto fija el contenido exacto del derecho de servidumbre, que la desmembración de la propiedad que éste implica puede consistir en no tener de hacer todo lo que se podría hacer, si no existiese ese derecho, o en tener que sufrir que otra persona haga alguna cosa que tendría derecho de impedirle hacer, si no estuviera constituida la servidumbre (3).

Nuestro Código adopta el principio de la atipicidad de las servidumbres (art. 3.000), lo que no excluye que haya previsto algunas en particular, verbigracia las de tránsito, de acueducto, de recibir agua y de sacar agua, que constituyen las servidumbres típicas de nuestro derecho civil (4), pero cuando el Estado (Nación, provincia, municipio, no actúa como persona de derecho privado sino como persona de derecho público, y lo hace con un fin público o de interés general, puede imponer servidumbres a los propietarios o poseedores de los inmuebles: éstas son las llamadas " servidumbres administrativas", que nacen de un acto de imperio del poder público , y sus fines son satisfacer una necesidad pública, y en esto precisamente se diferencian de las servidumbres de derecho privado (5).

En una primera aproximación diremos que una servidumbre administrativa, aunque participa de algunas características de las de derecho privado, tiene también connotaciones propias. Así, se ha señalado que en las limitaciones de interés público (restricciones y servidumbres administrativas), se hace retroceder el ejercicio absoluto y exclusivo del derecho de propiedad privada, hasta donde lo exija el interés público concretado en las necesidades administrativas (6).

La constitución de una servidumbre administrativa importa para el propietario de la cosa la privación de parte de su derecho de propiedad y de su derecho de dominio, al ver afectada su exclusividad y, recíprocamente, conferir a la Administración Pública una atribución jurídica sobre la cosa. No obstante, el propietario conserva su calidad de tal y su derecho de dominio, así como la posesión de la cosa (art. 3039 del Código Civil) y, eventualmente, su uso en función del concreto objeto de la servidumbre.

El derecho real de servidumbre restringe la exclusividad del derecho de propiedad. Las facultades comprendidas en el derecho de propiedad no son suspendidas sino divididas entre el propietario y el titular de la servidumbre. En tal virtud, la servidumbre tiene para su titular un contenido positivo o sea la facultad de usar o de gozar parcialmente de una cosa. El contenido negativo que presenta la servidumbre con respecto al propietario afectado no consiste simplemente en un no hacer sino más bien en un dejar hacer, vale decir, en soportar que otros ejerzan sobre la cosa alguna de las facultades que normalmente están comprendidas en ese derecho (7).

Las servidumbres administrativas se distinguen de las servidumbres civiles o privadas no solo por el interés público que motiva su constitución, sino además porque solo requieren de un fundo sirviente sin que necesariamente deba existir un fundo dominante. Las servidumbres administrativas no tienen una regulación genérica, como ocurre con las servidumbres civiles o privadas, sino que cada una de ellas cuenta con normas específicas. De todas formas, es útil la consideración de los conceptos que en la materia brinda el derecho civil, debido a la afinidad sustancial que presentan (8); en opinión de Diez el único elemento común entre la servidumbre administrativa y la civil es que ambas afectan el carácter exclusivo del domino, limitando así la aplicación de las regulaciones del código civil (9). Igual criterio siguen Bielsa y Villegas Basavilbaso, quienes a partir de la definición de la servidumbre administrativa, ligándola al uso público que se asigna a la propiedad afectada, vinculan la teoría de la servidumbre pública a la teoría del dominio público (10).

Una servidumbre administrativa, es fijada por ley, de manera coactiva, y fundada directamente en razones de utilidad pública, en favor de la empresa estatal que monopoliza la explotación de los hidrocarburos - o de la empresa privada permisionaria en su caso (11).

Asimismo, y teniendo en cuenta que con ellas se afecta el carácter de exclusividad del dominio, pues se restringe de manera directa el uso y goce del bien afectado, constituyen verdaderas servidumbres , y como tales son indemnizables, Podemos calificar a las servidumbres administrativas, siguiendo a Escola -quien cita a Diez y Marienhoff-, como aquellas que "constituyen un derecho real administrativo, establecido por el Estado, entendido lato sensu, sobre un bien ajeno determinado, por razones de interés público, y en cuya virtud ese bien quedará afectado al uso público, en la forma que resulte del hecho o del acto constitutivo de la servidumbre", y puesto que constituyen una desmembración del dominio que afecta la inviolabilidad del mismo, el afectado debe ser reparado económicamente, conforme a lo dispuesto por el art. 17 de la Constitución Nacional.

II. Las servidumbres petroleras

El Código de Minería en los arts. 146 y siguientes regula los derechos de servidumbre a favor de la concesión minera. La servidumbre minera comprende distinto tipo de derechos como: a) ocupación de superficie (habitaciones, oficinas, depósitos, hornos de fundición, máquinas para extracción, máquinas para los productos de la mina, canchas, terrenos; b) Apertura de vías de comunicación y transporte: tranvías, ferrocarriles, canales y otras obras necesarias para arribar a embarcaderos, estaciones, depósitos públicos o particulares, abrevaderos, aguadas y pastos; c) Uso de aguas naturales: para las necesidades de la explotación, y tanto para las personas como animales, y para el movimiento y servicio de las máquinas. Trabajos necesarios para la provisión y conducción de las aguas; d) Uso de pastos naturales: esta servidumbre sólo se puede ejercer en terrenos no cercados. El propietario civil puede pedir que se lo indemnice previamente o que se constituya fianza suficiente, pudiendo oponerse a la iniciación o prosecución de los trabajos si no se le hubiere pagado o no se la hubiere afianzado, o cuando los trabajos contravengan la ley (12).

También se encuentran las servidumbres hidrocarburíferas, previstas en la ley 17.319 que establece que los permisionarios y concesionarios instituidos en virtud de lo dispuesto en dicha ley, tendrán los derechos acordados por el Código de Minería respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos.

En este sentido la ley 17.319 de Hidrocarburos, establece en su artículo 1º que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional, señalando en el artículo 2° que las actividades de explotación, industrialización, transporte y comercialización estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme a las disposiciones contenidas en esa ley y en las reglamentaciones de la misma que se dicten por la Autoridad Administrativa. El art. 1 de la Ley 24.145 , dispuso la transferencia del dominio público de los yacimientos de hidrocarburos, en ese momento en cabeza de la Nación, a las Provincias en cuyos territorios se encontraban éstos , disposición que luego fue reformulada en virtud del art. 1º de la Ley 26.197, norma ésta que "reconoció" el dominio originario de las Provincias sobre los citados yacimientos de hidrocarburos líquidos o gaseosos, asignándoles su plena administración, exploración y explotación (13), criterio que recibió consagración constitucional en la reforma de 1994, que dispuso en la última parte del art. 124 que " corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".

El Título II de la ley de Hidrocarburos contempla las figuras del "reconocimiento superficial" y de los permisos de exploración, explotación y transporte, todos ellos a ser desarrollados en terrenos de terceros (públicos o privados), destacando que el último incluye el derecho de trasladar hidrocarburos y sus derivados por medios que requieran instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a tal efecto oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo o compresión; obras portuarias, viales y férreas; infraestructuras de aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del sistema , fundado en el interés público que importa el desarrollo y explotación de estos recursos, máxime ponderando el criterio expuesto en el Código de Minería, el que, en su Apéndice referido al "régimen legal de las minas de petróleo e hidrocarburos fluidos", establece en su artículo 1º que las minas de petróleo e hidrocarburos fluidos son bienes del dominio privado de la Nación o de las provincias, según el territorio en que se encuentren, determinando en el artículo 33 que las explotaciones de oleoductos serán ejecutadas como servicio público, sujetándose a tarifas justas y razonables aprobadas por el Estado, siendo que además la ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera, en su art. 1° prescribió "declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la REPÚBLICA ARGENTINA el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones".

La exploración, explotación y transporte de estos hidrocarburos puede ser efectuada por el Estado Nacional, por los Estados Provinciales y también por los particulares, bajo el régimen de concesión. Fruto de la importancia estratégica y económica que representan para la República los mencionados recursos naturales, se reconoce a los exploradores, explotadores y transportistas de los mismos determinados privilegios, fundamentalmente orientados a facilitar sus actividades, las que muchas veces entran en colisión con los derechos de titularidad del dominio que ostenta el superficiario sobre el inmueble en el cual se encuentra el yacimiento o sobre el cual ubica la red de transporte y distribución, y es por ello que el art. 66 de la Ley 17.319 determina que los permisionarios y concesionarios, para el ejercicio de sus derechos, contarán con las atribuciones acordadas por el Código de Minería respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos, señalando además que la oposición del propietario a la ocupación o la falta de acuerdo con las indemnizaciones fijadas, en ningún caso serán causa suficiente para suspender o impedir los trabajos autorizados, siempre que el concesionario afiance satisfactoriamente los eventuales perjuicios (art. 66 de la Ley de Hidrocarburos) (14).

III. El Fallo en análisis. Tópicos planteados

Precisados los conceptos precedentes, nos ocuparemos de las cuestiones planteadas en el litigio que se refieren a determinar: a) cuál es el plazo de prescripción genéricamente aplicable a la acción por cobro de la indemnización tarifada prevista en el art. 100 de la ley 17.319 y sus decretos reglamentarios; b) cuándo comenzó a correr el plazo correspondiente; y c) si el curso de dicho plazo fue concretamente suspendido o interrumpido por las gestiones administrativas promovidas por los actores, abordando fundamentalmente los primeros de los asuntos sometidos a decisión del órgano de la jurisdicción, habida cuenta que se trata de lo más interesante y meduloso para ser abordado por las implicancias que conlleva, considerando que el otro ítem implica la dilucidación de aspectos procesales sujetos a las probanzas sustanciadas en las actuaciones.

A. El plazo de prescripción bienal de la acción indemnizatoria derivada de daños producto de una servidumbre petrolera

Sabido es que la prescripción liberatoria es un medio de extinción de derechos, resultante de su no ejercicio o la inacción de su titular durante el plazo legalmente fijado, obturando la acción o facultad de demandar judicialmente, pero deja intacta la obligación natural subyacente (15) puesto que "la prescripción de las acciones personales está fundada únicamente en la negligencia del acreedor para perseguir su derecho, pues el deudor no puede ignorar la existencia de la obligación" (nota de Vélez Sarsfield al art. 3961 del Cód. Civil), y por ello, el art. 4017 dispone que " por sólo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obligación. Para esta prescripción no es preciso ni justo título ni buena fe".

Es doctrina reiterada de la CSJN que, la prescripción liberatoria no puede separarse de la causa de la obligación jurídicamente demandable (Fallos: 308:1101; 320:2289; 323:3351, entre otros); en el caso, el objeto de la demanda fue perseguir el pago de indemnización y cánones por el uso y la ocupación de un inmueble de la actora, para la exploración y explotación de petróleo, en virtud de la constitución de una servidumbre que favorecía a la accionada, no tratándose de un pretensión de daños contractuales , sino de origen legal, invocándose en la demanda la ley 17.319 y los decretos que establecen los conceptos y valores que corresponde pagar por servidumbres mineras, a la que se opuso la excepción de prescripción, aceptándose en primera instancia la demanda sólo en forma parcial, al hacerse lugar a la prescripción por considerarse aplicable el término de dos años fijado por el art. 4.037 del Código Civil, temperamento que es ratificado por la Cámara.

De acuerdo con la doctrina de la CSJN, con su conformación anterior, en una anterior causa de contenido análogo a la presente, respecto de los materiales utilizados en el "movimiento de suelos" y perdidos para el dueño, ha entendido que la obligación de la demandada reconoce como verdadera causa jurídica el derecho de propiedad de la actora con fundamento en el art. 2444 del Código Civil, y no la responsabilidad contractual o extracontractual del deudor. Por ello, consideró aplicable a los efectos de la prescripción el art. 4023 del Código Civil (16).

Conforme el art. 100 de la ley 17.319 (y modif.), los propietarios superficiarios deberán ser indemnizados "... de los perjuicios que se causen a los fundos afectados por las actividades ..." desarrolladas por los permisionarios y concesionarios de la exploración y explotación de hidrocarburos, lo que no es más que la "... derivación de las garantías a la propiedad que consagra el art. 17 de la Constitución Nacional ..." (17) ratificando además que " la ley también previó una opción, atenerse al resarcimiento denominado "tarifado" determinado por el Poder Ejecutivo, o bien promoverse la vía judicial "... acorde con la magnitud de los perjuicios que el superficiario logre demostrar ..." (cfr. Sala III, Causa 6858/93, citada).

"Consecuentemente con ello, el decreto 6.803/68 previó un mecanismo por el cual se fijarían los valores indemnizatorios a los que las partes se sujetarían de común acuerdo si optaren por la solución de la tarifa resarcitoria fijada administrativamente. Por su parte, el decreto 2.000/93, también reglamentario de la ley de hidrocarburos, estableció especialmente que el valor del ripio, tierra o áridos sin clasificar utilizados será acordado libremente por las partes (arts. 6 y 7). Allí también se estableció el régimen de compensación por el aprovechamiento de las aguas (art. 12) y el pago de un canon por "lucro cesante" con motivo de la ocupación de los campos (art. 18). La cuestión de autos involucra, entonces, al propietario del fundo que se acogió a la fijación tarifada de las indemnizaciones (art. "Cuarto" y "Quinto" del Convenio de Ocupación), y que reclama por los rubros que debieron acordarse libremente con el operador, es decir, el aprovechamiento de los materiales de 3a. Categoría (arts. 6 y 7 del decreto 2.000/93), y con relación a los restantes rubros (deudas por servidumbre de hidrocarburos), se había entendido que corresponde atenerse a que se trata de créditos que tienen fundamento legal en convenios de ocupación relacionados con la explotación del petróleo, por lo cual, resulta indiscutible que se trata de una responsabilidad de índole contractual, a cuyo respecto también es aplicable el plazo decenal de la misma norma legal. En consecuencia, además del deber moral de seguir el temperamento del Alto Tribunal, corresponde atenerse a los diez años de prescripción a partir de la presentación de cada demanda" (18).

Sin embargo, conforme el precedente de la CSJN del 18-12-07, se zanjó la discusión en el relevante fallo "Lagos, Alejandro y otros c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado - residual y otro s/ expropiación servidumbre administrativa", afirmando que "la pretensión deducida tiene entonces por causa la responsabilidad objetiva que consagra el art. 100 de la ley 17.319 respecto de los permisionarios y concesionarios por los perjuicios "inevitables" causados a los superficiarios. No está en juego el ejercicio de una pretensión resarcitoria de daños contractuales, ni de perjuicios derivados de la extracción de ripio y arena por la demandada... y en consecuencia, los daños cuyo resarcimiento se reclama son de naturaleza extracontractual, puesto que las obligaciones y derechos de las partes surgen exclusivamente de la ley. Resulta, por ende, aplicable la prescripción de dos años prevista en el art. 4037 del Código Civil".

Cabe agregar que después de la reforma introducida por la ley 17.711, la Corte sostiene que no corresponde efectuar distinción alguna entre los supuestos en los cuales las consecuencias dañosas son producto de hechos o actos administrativos, sin que corresponda distinguir entre actividad lícita o ilícita ( Fallos: 300:143; 310:626, 647; 311:1478, 2018, 2236; 314:137, 1862).

Considera Highton de Nolasco que, cuando la acción radica en el incumplimiento de la obligación impuesta en el art. 100 de la Ley de Hidrocarburos y sus decretos reglamentarios, siendo que el legislador no ha definido el plazo por el que se prescribe la acción para hacer efectiva la responsabilidad emanada de dicha norma, es adecuado recurrir a los principios de leyes análogas, de acuerdo a la regla de interpretación prevista en el art. 16 del Código Civil, y esa analogía, debería orientarse en principio hacia las normas de derecho público, debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque daños, tiene una finalidad típica de ese orden. En el caso, ello podría conducir únicamente a buscar respuesta en la ley Nacional de Expropiaciones n° 21.499, es decir, en la norma legal típica que autoriza las intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados, cada vez que el interés público las exija; pues sin esas intromisiones el Estado no es capaz de cumplir sus funciones (doctrina de Fallos: 301:403; 328:2654), La única disposición de la ley 21.499 que establece un plazo de prescripción es su art. 56, que fija un término de cinco años para la acción de expropiación irregular.

Sin embargo, en el sub lite no se demanda en función de ese instituto, sino de una servidumbre administrativa, en la que no existe transferencia de dominio y cuyo pago ha sido previsto en forma periódica, sobre la base de supuestos fácticos relacionados con el grado de afectación del inmueble. Por ello, cabe concluir que no existe suficiente sustento para la aplicación analógica del mencionado ámbito normativo, referente a la expropiación irregular, y así, establecida la responsabilidad del Estado por actividad lícita en el orden administrativo, corresponde remitirse a las disposiciones de derecho civil que regulan la prescripción en materia de responsabilidad por daños, coligiendo que es aplicable la prescripción de dos años prevista en el art. 4037 del Código Civil a las acciones que persiguen el resarcimiento por el obrar ilícito del Estado (Fallos: 300:143; 310:626; 311:1478; 314:137 ).

B. Origen del curso de la prescripción

El curso de este plazo debe computarse a partir del momento en que la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer; como regla general ello acontece cuando ocurre el hecho que origina la responsabilidad, excepto que el daño aparezca después, ya que no hay acción para pedir el resarcimiento de un daño inexistente (Fallos: 320: 2289).

El nacimiento de la acción para exigir el cumplimiento de una obligación depende de una circunstancia general y objetiva, tal como lo es que el daño haya ocurrido y sea cierto (es decir, se haya manifestado), y no de una condición meramente subjetiva, como lo sería el estado de conciencia del acreedor acerca de la existencia de una deuda exigible a su favor. Este último extremo quedaría inevitablemente sujeto a una determinación ad hoc para cada caso particular, que vendría a satisfacer en mayor medida el interés privado del acreedor que el interés público que justifica la existencia del instituto de la prescripción.

Ahora bien, el hecho de que el ejercicio de la servidumbre sea continuado no impide el nacimiento de una serie de obligaciones derivadas de la explotación y a favor del propietario superficiario, las cuales no están exentas de prescribir en tanto y en cuanto sean ya exigibles, al no estar incluidas en las acciones que el art.4019 del Código Civil declara imprescriptibles, como acertadamente sostiene el Tribunal.

Respecto de la fecha de inicio del cómputo del plazo, debe mencionarse el fallo dictado por la Sala 2º de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la que sostuvo, con los fundamentos que siguen, que el mismo no se operaba sino a partir del conocimiento cierto de parte del superficiario de la existencia de la servidumbre, al señalar que "... b) las servidumbres administrativas constituyen un desmembramiento total o parcial de algunos de los atributos que integran el derecho de dominio, afectan la exclusividad del uso y goce del bien y pasan a integrar el dominio público; su constitución genera el derecho a la indemnización, con fundamento en el art. 17 de la Ley Fundamental, ya que existe una verdadera lesión patrimonial, individualizada, concreta y actual sobre aquel derecho; c) el punto de partida de la prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer, para lo cual se debe tener en cuenta que los gasoductos no son visibles y no tienen manifestaciones exteriores inequívocas y objetivas que denoten públicamente su existencia; de modo que existen dos situaciones elementales para que comience a computarse la prescripción: el conocimiento integral de la afectación y su derecho a una indemnización y una "razonable posibilidad de información" que permita conocer en alguna medida la existencia y su magnitud. Conforme con lo expuesto en el considerando que antecede, la licenciataria asumió, a partir de la finalización del período de regularización, la obligación de pagar el costo de las servidumbres a quienes vieran afectados sus inmuebles por el paso de gasoductos que explote. En otras palabras, esa obligación pesa sobre la licenciataria desde el momento mismo de la toma de posesión, pero su cumplimiento fue diferido expresamente por 5 años, hasta la finalización del período de regularización. De modo que a partir de allí, la distribuidora se encontraba compelida a cumplir con los pagos correspondientes, para lo cual no impresiona como irrazonable que deba notificar fehacientemente a los titulares de dominio de los fundos sirvientes y no esperar a que éstos le reclamen el pago de lo debido para, al propio tiempo, oponerles la prescripción a su crédito. Tal conducta implica el incumplimiento de expresas obligaciones a su cargo. Nuestra Ley Fundamental establece que todo menoscabo a la propiedad privada para satisfacer el interés público debe ser previamente indemnizado. Tal es el principio fundamental que nuestro derecho público contiene en el art. 17 de la CN., el que no sólo rige los supuestos concretos de expropiación, sino todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por razones de interés general. Al respecto, ha dicho la Corte Suprema que la adquisición del dominio sobre el bien expropiado por el Estado se halla subordinado al pago de la indemnización previa, determinada en la sentencia definitiva del juicio expropiatorio (art. 17 de la CN.). Por ello, hasta la fijación definitiva de ese resarcimiento el derecho real de dominio se convierte, por subrogación real, en el derecho al cobro del crédito representativo del valor del bien que se desapropia (19).Como corolario, la adquisición del dominio sobre el bien expropiado por el Estado se halla sujeta al pago de una indemnización previa fijada en la sentencia definitiva del juicio expropiatorio, y que sólo a partir de ese momento puede comenzar a correr el plazo de la prescripción (20). Ello es así por cuanto , al resultar la indemnización una condición para el desapropio, ese derecho al cobro del valor del bien expropiado ha de calificarse como ilíquido e inexigible, hasta tanto se determine su precio. Es ésta inexigibilidad la que hace que el derecho no pueda ser extinguido por el transcurso del tiempo (conf. causa S. 738. XXXVII, in re, "Staudt", cit.).

Sin perjuicio de ello, debe especialmente contemplarse que la incertidumbre de los actores acerca de la existencia o extensión del daño podría considerarse una circunstancia eminentemente subjetiva, no puede dudarse que la existencia efectiva de daños a la propiedad superficiaria constituía un dato sujeto a comprobación objetiva, por lo que la prescripción de las acciones personales comienza a correr desde la fecha del título de la obligación (art. 3.956 del Cód. Civil), entendiéndose como tal a los actos o hechos jurídicos que puedan servir de fuente de la obligación.

La servidumbre de hidrocarburos constituida en el sub lite importó, como es natural a su objeto, el asentamiento de instalaciones de diversa índole en parte del campo de propiedad de los actores. Estos conservaron, sin embargo, todas las potestades jurídicas inherentes a su derecho, para ingresar por sí o por terceros al inmueble, y comprobar el alcance, características y dimensiones de su utilización para los fines públicos, hallándose también en disposición de los recursos judiciales pertinentes para el caso en que existiesen circunstancias de hecho que impidiesen el acceso, es decir que los accionantes no perdieron nunca la facultad ni el derecho de verificar el uso que el Estado hacía del predio afectado por la exploración y explotación petrolera.

En dicho marco fáctico y jurídico, se concluye que, nada obstaba a que los propietarios apreciaran el monto del perjuicio durante el período por el que aquí reclaman, ya que podían estimar el daño por vía de mensuras extrajudiciales, o bien judiciales, ordenadas a título de diligencias preliminares o valiéndose de los mismos medios de prueba que después emplearon en el proceso, por lo que no existía impedimento para que los propietarios, relevaran el estado de su propiedad y de las instalaciones respectivas, a fin de determinar si la demandada, la indemnizaba en una medida menor que la debida según el régimen legal aplicable.

IV. Colofón

En el desarrollo precedente señalamos algunos de los elementos fundamentales de las servidumbres, partiendo desde su conceptualización, para aproximarnos a las características distintivas de la servidumbre administrativa, haciendo foco en particular en las llamadas servidumbres hidrocarburíferas o simplemente petroleras, pasando revista someramente al entramado normativo que regula la institución, puntualizando el sistema configurado por las leyes 17.319 y 17.352 y decretos reglamentarios.

Asimismo, en el análisis del fallo que encabeza este opúsculo, reseñamos la jurisprudencia existente en materia de prescripción de la acción indemnizatoria aplicable al seguimiento del cobro del resarcimiento de daños y cánones por el uso y la ocupación de un inmueble de la actora, para la exploración y explotación de petróleo, en virtud de la constitución de una servidumbre que favorecía a la accionada, enfatizando la admisión del criterio de la prescripción bienal, por considerarse aplicable el término del art. 4.037 del Código Civil, temperamento definido por la CSJN en el caso "Lagos, Alejandro c/ YPF SE".

Finalmente, abordamos distintas ópticas en relación al punto de partida del curso de la prescripción de la acción que nos ocupa, planteando la complejidad casuística, y diversos enfoques de la institución, con inocultables efectos prácticos conforme la interpretación que se adopte.

En síntesis, procuramos trazar los ejes directrices de los ítems propuestos, en la inteligencia de que nuevos aportes contribuirán a enriquecer el debate y profundizar el conocimiento del régimen de las servidumbres hidrocarburíferas y sus efectos, invitando al lector a empaparse en la reflexión sobre la compleja problemática abordada, habida cuenta de los intereses públicos y privados que se contraponen.

 (1) GADANO, Nicolás, Historia del Petróleo en Argentina, ed. Ensayo Edhasa, 2006, págs. 22 y 24.
 (2) Cossari, Nelson G. A. y Luna Daniel en Gurfinkel de Wendy, Lilian N., Derechos Reales, Tomo II, Ed. Abeledo Perrot, 2010, pág. 1049.
 (3) Kiper, Claudio, Código Civil Comentado, T. III, pág. 12.
 (4) Papaño-Kipper-Dillón-Causse, Manual de Derechos Reales, Ed. Astrea, pag. 541.
 (5) Obra citada, pág. 557.
 (6) Bielsa, Rafael, "Derecho Administrativo", Tomo III, El Ateneo, 4a.edición, 1947, n° 659, p. 381.
 (7) Diez, Manuel María, "Derecho Administrativo", T. IV, págs. 191/192.
 (8) Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV, nro. 1263
 (9) Diez, Manuel M., Derecho Administrativo, Tomo IV, pág. 190, Plus Ultra.
 (10) Villegas Basavilbaso, Benjamín, "Derecho Administrativo", Tomo VI, nos. 800 a 802, TEA, 1956.
 (11) Messineo, Francesco, "Le Servitú". Ed. Dott A. Giúffre. Milán, 1949, pág. 268.
 (12) Pozo Gowland, Servidumbres administrativas, Publicado en: Derechos Reales. Jurisprudencia Argentina. Dirigido por Juan Carlos Cassagne, Septiembre 2010, http://www.pozogowlandabogados.com.ar/pozo-gowland/id/es/notas/_21072011055411/187/
 (13) Gómez Sanchís, Daniel, La Ley Gran Cuyo 2012 (marzo), pág 119.
 (14) Gómez Sanchís, Daniel, La Ley Gran Cuyo 2012 (marzo), pág 119 antes citada.
 (15) Alterini- Ameal-López Cabana, Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales, Ed. Abeledo Perrot, pág. 727.
 (16) "Murcot" del 12/9/1996, Considerandos 4º y 5º.
 (17) Cfr. Sala III Cam Civ y Com Fed, Causa Nº 6.858/93, del 28/19/1997, voto del Dr. Amadeo.
 (18) "Fallardi de Pestalozza, Ida Ernestina c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A. s/ responsabilidad por daños (YPF); y sus acumulados: C. 20051/94 Fallardi de Pestalozza, Ida Ernestina c/ Petrolera Argentina San Jorge S. A. s/ daños y perjuicios varios"; C. 17824/96 Fallardi de Pestalozza, Ida Ernestina c/ YPF S.A. s/ proceso de conocimiento; y C. 1491/97 Fallardi de Pestalozza, Ida Ernestina c/ YPF S.A. s/ proceso de conocimiento" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 14/02/2006.
 (19) Conf. causa S. 738. XXXVII, in re, "Staudt, Juan P. G. v. Fisco de la Provincia de Buenos Aires" y sus citas)
 (20) Conf. sentencia de la Corte del 12/12/1985, en autos: "Bianchi, Héctor A. y otro v. Dirección Provincial de Vialidad" y dictamen de la procuradora fiscal, Dra. Reiriz, en el precedente de Fallos 315:596, in re, "Aranda Camacho, Carlos v. D.N.V. s/ Expropiación irregular".



 

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