Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, martes 20 de octubre de 2009,

Despedidos de LFC mantienen rechazo a pagos

De los corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 20 de octubre de 2009, p. 29

Al comenzar la segunda semana luego que el gobierno federal intervino la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), unos 20 de los 2 mil empleados de la empresa en Puebla han aceptado sus liquidaciones, al igual que unos 40 del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl y alrededor de 90 en Toluca.

El responsable de la oficina de pago ubicada en el municipio serrano de Huauchinango, Puebla, Gustavo Castillo, aseguró que al menos mil 800 trabajadores de LFC en la entidad rechazan la oferta del gobierno federal.

En Toluca, los trámites son lentos y tortuosos. Cada ex trabajador de LFC tiene que esperar al menos dos horas para recibir su cheque. Es un engaño. En Internet te dicen una cifra y aquí te dicen otra; te reconocen menos antigüedad de la que en realidad tienes, y te hacen muchos descuentos, afirmaron ex trabajadores que reclamaron su finiquito.

En cuatro días, el centro de liquidación ubicado en la avenida Isidro Fabela, en Toluca, ha extendido unos 90 cheques. Es una burla. Nos dicen que podemos abrir una franquicia, pero lo que nos dan no te alcanza para nada, dijo un ex empleado de la división Toluca de LFC.

Ayer se reportaron cortes de electricidad en las regiones oriente y norte del estado de México. En Chimalhuacán la CFE restableció el servicio, suspendido desde el viernes, y también dio apoyo en Zumpango y Ecatepec.

El alcalde de Tlanepantla, estado de México, Arturo Ugalde Meneses, sostuvo que al menos 5 mil empresarios padecen apagones desde mucho antes del cierre de LFC.

Arturo Alfaro Galán / La Jornada de Oriente, Israel Dávila, René Ramón, Javier Salinas, Mario Antonio Núñez y Silvia Chávez
La Jornada, miércoles 21 de octubre de 2009,

Exigimos propuestas serias: Esparza

Vuelta al diálogo, sólo con las cabezas del sector: SME

Reclama la presencia del director de LFC

Patricia Muñoz y Fabiola Martínez

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) volverá a la mesa de diálogo sólo si se sientan a negociar para resolver el conflicto los secretarios de Energía, Georgina Kessel; de Hacienda, Agustín Carstens; de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el director de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Jorge Gutiérrez Vera, quien está desaparecido, es responsable de la situación de la empresa y hasta incurrió en un subejercicio de gasto de cerca de mil 500 millones de pesos.

Rechazo a cursos de manualidades

Martín Esparza Flores, secretario general del SME, sostuvo lo anterior este martes en conferencia de prensa y apuntó que el sindicato está abierto a la negociación, siempre y cuando haya propuestas serias, no para que nos ofrezcan invitaciones a liquidarse o cursos de computación y manualidades.

Consideró que deben acudir a la mesa de diálogo los funcionarios responsables de las finanzas y las políticas de la empresa; sobre todo el director, que no ejerció completo el gasto.

Acerca de que su opositor Alejandro Muñoz sí quiere negociar en la Secretaría de Gobernación, comentó que en el SME a los dirigentes los mandatan las asambleas generales y los trabajadores deciden; son ellos los que tienen que aprobar que Muñoz lleve su representación ante las autoridades.

Dijo que a pesar de esta circunstancia no hay fractura y a quienes piensan en eso no les interesa la historia del sindicato ni su contrato colectivo de trabajo.

Sostuvo que también están detrás del decreto de expropiación los 772 permisos otorgados a trasnacionales y empresas privadas para que generen electricidad, que fueron cedidos por la Comisión Reguladora de Energía, mediante los cuales firmas extranjeras venden electricidad a las grandes industrias del país, que son las mayores consumidoras y amarran contratos de abasto de hasta 20 o 25 años para que su inversión esté segura.

Además, estas empresas extranjeras le venden energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); hasta pueden desperdiciar cargas de energía, el gobierno las paga completas y no las tacha de improductivas. Su negocio es redondo, aseveró el dirigente.

La desaparición de LFC es, una vez más, privilegiar al capital extranjero.

Acerca de la CFE, señaló: a ver si no la desparecen también, porque esta empresa endeudó a través de Piridegas mil 600 veces más de lo que ya tenía en deuda, y entre esos Piridegas y los contratos de arrendamiento y transferencia que tiene con Pemex ya supera la deuda pública. Y no son los trabajadores los que tienen en esas condiciones los organismos públicos descentralizados.

Esparza comentó que si las autoridades quieren una mesa de diálogo es preciso que los funcionarios del sector asuman su responsabilidad: ya estuvo bien de la campaña de linchamiento contra los trabajadores, en la que les adjudican hasta la crisis nacional, los tachan de criminales y abusivos, y a los directivos no los tocan, ellos están ¡como si nada!

En la conferencia de prensa, la investigadora Leticia Campos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que con las medidas adoptadas por el gobierno se pone en riesgo de un colapso de voltaje a la ciudad de México, que es el núcleo urbano con la mayor concentración poblacional y económica del país, y se desdeña y se tira a la basura el aprendizaje tecnológico de los trabajadores de LFC.

Por último, Esparza se refirió a las acusaciones presentadas en su contra ante la Procuraduría General de República por Alejandro Muñoz. Afirmó que no existe una sola prueba de sus dichos, ya se dictó sentencia y ésta le fue favorable. Todo fue montado.
La Jornada, miércoles 21 de octubre de 2009,

Alejandro Muñoz plantea la recontratación en CFE con la figura de patrón sustituto

Reclama la disidencia del SME retomar el diálogo con la Secretaría de Gobernación

La base trabajadora puede rebasar a la dirigencia, porque está desesperada ante la falta de salario

Fabiola Martínez y Patricia Muñoz

El grupo encabezado por Alejandro Muñoz solicitó a la Secretaría de Gobernación restablecer el diálogo para analizar la posibilidad de que los afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sean recontratados en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de acuerdo con la figura de patrón sustituto.

En ese eventual diálogo se estudiaría la forma en que los integrantes del SME pudieran incorporarse a la CFE, y si para ello tienen que cobrar o no su finiquito como empleados de Luz y Fuerza del Centro (LFC), organismo declarado extinto por el decreto presidencial del 11 de octubre pasado.

Aunque Martín Esparza, dirigente del SME, anunció la víspera que daba por concluido el diálogo con el gobierno federal, Muñoz (su opositor en la contienda interna de este gremio) indicó que buscará a los funcionarios federales, sin importar el nivel que posean, siempre que tengan capacidad de tomar acuerdos.

La alternativa que promueve Muñoz no pasa por derogar el decreto presidencial, sino alcanzar acuerdos con el gobierno, porque en la pasada reunión en la Secretaría de Gobernación, dijo, quedó claro que la extinción de LFC es irreversible.

Convivir con el SUTERM

Acogerse a una nueva contratación significaría convivir, en términos laborales, con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), titular del contrato colectivo de los poco más de 50 mil trabajadores de la CFE.

“Vamos a intentar seguir con la mesa de diálogo (…) intentar sacar este problema adelante, y si se nos hace un planteamiento (por parte del gobierno) y creemos que es viable, lo bajamos a la base; si ésta lo califica como bueno, adelante, y si no, pues pasaré a la historia como el peor de los traidores en este sindicato. Pero yo no puedo permitir que mis compañeros estén en la calle buscando su trabajo y yo sentado. Lo vamos a intentar”, dijo Muñoz en conferencia de prensa, realizada en un hotel ubicado en Insurgentes Sur.

Por la noche, en entrevista, precisó que ya hizo el planteamiento, vía telefónica, al subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, para seguir con el diálogo.

De acuerdo con Muñoz, un sector de los afiliados al SME lo apoya, otros están en favor de Esparza y el resto con ninguno de los dos, por lo que no se descarta que la base rebase a la dirigencia del SME y determine sus propias acciones, porque está desesperada ante la falta de salario.

Ramón Mera, ex secretario de trabajo (en la gestión de Esparza) y actualmente integrante del grupo de Muñoz, señaló que la alternativa de buscar a CFE como patrón sustituto es viable, porque la materia de trabajo subsiste.

Es decir, dijo, no se necesita tirar el decreto, porque en toda la historia del SME (creado en los primeros años del siglo XX) han podido defender el contrato, aun con el cambio de nombre o propietarios de la empresa eléctrica que atiende a la zona centro del país.

En los próximos días, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolverá acerca de la validez del proceso electoral interno en el SME.

Muñoz y su equipo plantean que aun cuando la autoridad laboral ordenara la repetición del proceso electoral, éste debería ocurrir en fecha posterior y, en tanto, designar un interino, para que proceda el acceso a las cuentas bancarias del sindicato.

Señalaron como una opción a Humberto Montes de Oca, quien tiene toma de nota vigente como secretario del interior.

De hecho, comentó Muñoz en la conferencia matutina, la representatividad general no la tienen. “Ni Martín es secretario general del SME, ni yo; entonces, lo que tenemos qué buscar es ‘planchar’ la alternativa para ser reconocido por la autoridad”.
La Jornada, miércoles 21 de octubre de 2009,

Si se demuestra la ilegalidad, el Presidente podría ser llevado a juicio político, señala

Deficiencias jurídicas del decreto de extinción de LFC hacen viable el amparo: Carrancá

Patricia Muñoz, Fabiola Martínez y Alfredo Méndez

El abogado Raúl Carrancá y Rivas planteó ayer ante el pleno de la asamblea general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que si se demuestra legalmente que el presidente Felipe Calderón violó la Constitución al emitir el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), se haría acreedor a responsabilidades jurídicas y hasta a un juicio político.

El equipo jurídico que defenderá legalmente al SME está conformado por Carrancá y Rivas, maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por los abogados laboristas Néstor de Buen y Carlos de Buen, quienes explicaron ayer en este pleno el proceso legal, e informaron que los primeros amparos para impugnar el decreto presidencial se presentarán la próxima semana, una vez que se termine de recabar documentación y firmas de los trabajadores.

Puntualizaron que no se requiere un número determinado de firmas de sindicalizados para presentar los amparos, e hicieron hincapié en que son múltiples las violaciones cometidas contra los trabajadores, ya que se pasó por encima de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en el propósito de liquidar la empresa y el contrato colectivo de trabajo.

Carrancá hizo una amplia exposición de los fundamentos del amparo que se presentará y que, entre otros objetivos legales, buscará demostrar que el decreto de liquidación de la empresa careció de motivación y fundamentación, además de que el Ejecutivo pasó ofensivamente por alto al Congreso de la Unión, ya que nunca sometió esta decisión al análisis y decisión del Poder Legislativo, cuando debía hacerlo, por lo cual violentó el artículo 73 de la Carta Magna.

Entrevistado antes de la sesión, el abogado destacó que el decreto calderonista tiene deficiencias jurídicas de origen, porque no se contempló la desaparición inmediata del centro de trabajo, lo cual constituye una causal para impugnar la resolución presidencial ante los tribunales federales, e incluso para obtener una suspensión en vía de amparo.

Hasta hoy siguen operando las instalaciones de Luz y Fuerza. No hubo, pues, una extinción definitiva de la empresa ni se requisó el centro laboral de los trabajadores afectados, por lo que de ninguna manera se puede hablar de que con la promulgación del decreto se haya dado paso a un hecho consumado. No hay tal hecho: el organismo sigue operando, luego entonces procede la protección de la justicia federal, expuso.

A su vez, el experto en temas laborales Néstor de Buen sostuvo que el amparo se tiene que presentar en 15 días hábiles, y aunque hay una jurisprudencia que señala que se tienen hasta 30 días para hacerlo, no queremos llegar a este límite, sino a más tardar en el curso de la semana que viene.

Señaló que los amparos laborales se fundamentarán en que la LFT establece claramente que en un proceso de extinción o cierre de una empresa se lleva a cabo un juicio en el que deben participar precisamente la parte patronal y los trabajadores; se tiene que probar la fuerza mayor y tiene que haber una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, todo lo cual se violó, entre muchos otras disposiciones que enumeró.

Carlos de Buen adelantó que se prepara una demanda del sindicato para defender sus derechos, y varias individuales de los trabajadores activos y jubilados. Esto es porque también están en riesgo los derechos adquiridos de los jubilados y no hay nada que indique que no resultarán afectados en sus pensiones.

Antes de la asamblea, otro miembro del grupo de abogados que asesora al SME, Manuel Fuentes Muñiz, señaló que también se presentará una demanda ante la Procuraduría General de la República contra todos los que firmaron el decreto presidencial y quien resulte responsable de lo que se derive de este acto.

La demanda comprenderá desde las violaciones cometidas contra los trabajadores al momento de la toma de las instalaciones de LFC, hasta violaciones a la Ley Federal del Trabajo y la discrecionalidad manifiesta en las ofertas de liquidación para los trabajadores, que violan disposiciones del Código Penal Federal y la Ley Federal de Administración de Servicios Públicos.

Incluso, el próximo jueves un grupo de abogados que apoya al SME acudirá a la Cámara de Diputados a entregar un documento en el que se exige a los legisladores se promueva la controversia constitucional contra el referido decreto.
La Jornada, jueves 22 de octubre de 2009,

Utilizan los insumos e incluso vehículos de LFC, afirma el dirigente del SME

El gobierno usa empresas patito para atender apagones y caídas de voltaje

Fuera de la ley, el llamado a los trabajadores a que entreguen equipo y herramientas, sostiene

Patricia Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 22 de octubre de 2009, p. 8

El gobierno federal ya metió a empresas contratistas, como CEBSA, Proton, Electrofor y Central Eléctrica de Huatuxco, para atender las urgencias de apagones y caídas de subestaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), las cuales utilizan equipo, herramientas, material y hasta vehículos de la empresa, manifestó Martín Esparza Flores, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Sostuvo que está fuera de toda legalidad el llamado que hizo ayer el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes a los trabajadores del SME para que entreguen equipo y herramientas de la empresa, ya que “cuando las fuerzas policiacas tomaron las instalaciones y los sindicalizados fueron sacados a empellones y con violencia, no se levantó ningún inventario, nadie dio fe de lo que había; eso no les importó”.

Insistió en que las autoridades ya metieron empresas privadas a dar servicio y son las que están usando los insumos de LFC.

Esparza Flores comentó que debido a la prisa que tenía el gobierno federal por acabar con esta fuente de empleo no se cuidó la legalidad del proceso: todo se hizo al revés, no se levantó un inventario de bienes, tampoco hubo ningún procedimiento administrativo en el desalojo.

Aseveró que los contratistas de que ha echado mano el gobierno federal son empresas patito, e incluso una de ellas realizaba servicios de poda de árboles cuando se iba a hacer una instalación eléctrica, lo que prueba que no están interesados en la productividad, sino en LFC.

El dirigente dijo que la dirección del organismo descentralizado no quiso tocar a las grandes empresas que deben el consumo de energía eléctrica y acumulan cuentas millonarias, las cuales firman convenios para reducir sus adeudos y tienen facilidades para pagar poco a poco.

Entre las empresas que están en esa situación mencionó a American Express, Comercial Mexicana, Bimbo, sucursales de Aurrerá, Casas Geo, Ara, Urbi y Beta, que tienen adeudos con LFC y, bajo el régimen de cuentas especiales, en total suman una cartera vencida de más de 6 mil millones de pesos.

A estas empresas y muchas otras, aun cuando sus adeudos son enormes, no se les podía cortar la luz por instrucciones de LFC. Incluso, algunas firmas, como Casas Geo, tienen complejos habitacionales con varios años de haber sido construidos que nunca han pagado un peso de energía eléctrica por acuerdos con la compañía, y debemos dejar en claro que estas decisiones administrativas y comerciales no las tomaban los trabajadores, sino las administraciones, las cuales no quieren asumir sus responsabilidades, apuntó.

Acerca de las declaraciones de su opositor Alejandro Muñoz, respecto de que su corriente buscará el diálogo con la Secretaría de Gobernación, señaló que la asamblea del martes pasado ratificó que el único interlocutor válido ante las autoridades es el comité central que encabeza Esparza. Muñoz puede reunirse con quien quiera, agregó, pero a título personal. No tiene la representación del sindicato.

Sostuvo que el nuevo rompimiento con el tesorero de la organización sindical se dio por los propios intereses que representa del gobierno, y señaló que ayer mismo Muñoz acudió a la Secretaría del Trabajo, sin mandato del SME, a tratar asuntos de los que no informa a los agremiados.

Esparza declaró que todo el proceso de extinción de LFC se ha desarrollado de manera ilegal, porque primero se está finiquitando a los trabajadores y hasta el próximo 30 de octubre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declarará la terminación de las relaciones laborales, por lo que los electricistas realizarán un mitin en esa instancia para demandar la recuperación de su empleo.

Para este jueves se espera que los electricistas realicen una movilización en la Cámara de Diputados, en el contexto de la comparecencia del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
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