Colombia se encuentra en el umbral del siglo XXI, orgullosa pero amenazada, frente al reto histórico de establecer y consolidar una sociedad dentro de la cual






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EL PLAN COLOMBIA

INTRODUCCION

 

Colombia se encuentra en el umbral del siglo XXI, orgullosa pero amenazada, frente al reto histórico de establecer y consolidar una sociedad dentro de la cual el Estado pueda ejercer su verdadera autoridad y cumplir con sus obligaciones fundamentales, de acuerdo con la Constitución Política:

".... Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. ".

Hoy, todos estos objetivos están en juego. Nuestra mayor responsabilidad como gobierno es construir un país mejor y más seguro para las generaciones de hoy y mañana y asegurar que el Estado sea una fuerza más eficaz para la tranquilidad, la prosperidad y el progreso nacionales. Debemos construir un Estado de justicia social que proteja a todos los ciudadanos y mantenga vigentes sus derechos a la vida, la dignidad y la propiedad, la libertad de creencia, opinión y de prensa.

Para que este propósito fundamental se vuelva realidad para Colombia, debemos superar las dificultades y situaciones cambiantes del ámbito nacional e internacional. Debemos enfrentar los retos de una economía internacionalizada y otros heredados de nuestra historia y evolución. Nuestros retos determinantes se han originado en la proliferación del narcotráfico y en el impacto económico, político y social del proceso de globalización.

No cabe duda que Colombia padece de los problemas de un Estado que aún no ha sabido consolidar su poder, una falta de confianza en la capacidad de sus fuerzas armadas, policía y sistema judicial, de garantizar la permanencia del orden y la seguridad; una crisis de credibilidad en los distintos niveles y en las varias instancias de gobierno; y corrupción en la conducta de los sectores público y privado.

Todo esto ha sido fomentado y agravado por los desestabilizadores efectos del narcotráfico, el cual, con sus vastos recursos económicos ha venido generando una violencia indiscriminada, y al mismo tiempo ha socavado nuestros valores hasta un punto comparable solamente con la era de la prohibición en los Estados Unidos.

De esta forma, y a pesar de haber logrado 40 años de crecimiento continuo, la economía colombiana no ha podido canalizar los beneficios de su prosperidad hacia el pueblo en general, ni ha logrado disminuir sus niveles de pobreza en forma significativa. La violencia y la corrupción, alimentados por el narcotráfico, han generado desconfianza entre los inversionistas extranjeros, hecho que ha sido uno de los mayores obstáculos en nuestro camino hacia la modernización. La inversión extranjera es un elemento esencial en la generación de empleo y en el logro de una posición estable y próspera para Colombia en un mundo ahora globalizado.

En resumen, las aspiraciones del pueblo colombiano, y las labores de su gobierno, han sido frustradas por el narcotráfico, y esto ha dificultado los esfuerzos del gobierno en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Un círculo vicioso y perverso de violencia y corrupción ha agotado los recursos indispensables para la construcción y éxito de un Estado moderno.

Entendemos que el logro de nuestros objetivos dependerá de un proceso social y de gobierno que probablemente durará muchos años, años en los cuales será de vital importancia obtener un consenso duradero dentro de la sociedad donde la gente entienda y exija sus derechos, al tiempo que esté dispuesta a cumplir con sus deberes.

Frente a todo esto, mi gobierno tiene el compromiso inexorable de fortalecer al Estado, recuperar la confianza de nuestros ciudadanos y restaurar las normas básicas de una sociedad pacífica. El logro de la paz no es cuestión de una simple voluntad de hacerla; la paz se debe construir; y sólo nos llegará mediante la estabilización del Estado y una mayor capacidad de garantizar a cada uno de los ciudadanos, en todo el país, que tendrán seguridad y la libertad para ejercer sus derechos y libertades.

Las negociaciones con los grupos insurgentes, ya iniciadas por mi gobierno, constituyen el núcleo de nuestra estrategia, ya que es crítico resolver un conflicto que ya lleva 40 años como fuente de obstáculos para la creación del Estado moderno y progresista en que Colombia debe convertirse con urgencia. La búsqueda de la paz y la defensa de las instituciones democráticas exigirán esfuerzos continuos, fe y persistencia para combatir con éxito las presiones y dudas inherentes en un proceso tan lleno de dificultades.

La lucha contra el narcotráfico es otro de los temas importantes del Plan Colombia. Nuestra estrategia busca adelantar una alianza entre los países productores y los países consumidores de narcóticos, basada en los principios de reciprocidad e igualdad. El tráfico en drogas ilícitas constituye una amenaza transnacional compleja, una fuerza destructora en todas nuestras sociedades, que conlleva consecuencias inimaginables para los consumidores del veneno, y efectos arrolladores a partir de la violencia y corrupción que generan sus inmensas ganancias. La solución no se logrará con recriminaciones mutuas entre países productores y consumidores. Nuestros esfuerzos nunca serán suficientes a menos que formen parte de una alianza de alcance realmente internacional para combatir

el narcotráfico.

Colombia ha demostrado su indeclinable compromiso y ha sufrido grandes sacrificios en la búsqueda de una solución definitiva al fenómeno del narcotráfico, al conflicto armado, a las violaciones de derechos humanos y a la destrucción del medio ambiente ocasionada por los cultivos ilícitos.

Sin embargo, debemos reconocer que ahora, veinte años después de la llegada de los cultivos de marihuana a Colombia, junto con un aumento en la producción de coca y amapola, el narcotráfico sigue creciendo en importancia como fuerza desestabilizadora; es una causa de distorsiones en nuestra economía, de una reversa en los avances logrados en la redistribución de tierras, una fuente de corrupción en la sociedad, un multiplicador de la violencia, y un factor negativo en el clima de inversión y lo que es más grave de todo sirve como fuente de los crecientes recursos de los grupos armados.

Colombia ha asumido el liderazgo en la lucha mundial contra las drogas, en sus enfrentamientos con los carteles, y a costa de las vidas de muchos de sus mejores ciudadanos. Hoy, cuando el narcotráfico tiene una estructura más dispersa, más internacional y más oculta y que por ello es más difícil de combatir el mundo sigue ensayando nuevas estrategias. Actualmente se destinan mayores recursos a la educación y a la prevención que en épocas anteriores. Los resultados se pueden ver en los niveles más altos de decomiso y expropiación de fondos y propiedades producto del narcotráfico.

Recientemente, Colombia ha montado operaciones para destruir los laboratorios y redes de distribución. Estamos mejorando y fortaleciendo la seguridad y el control de nuestros ríos y espacio aéreo con el fin de garantizar mayores decomisos, y estamos estudiando nuevos métodos de erradicación de los cultivos ilícitos. Los factores directamente relacionados con el narcotráfico, tales como el lavado de activos, el contrabando de precursores químicos y el tráfico de armas, son componentes de un problema polifacético que exige una reacción en todas partes del mundo donde hay producción, transporte o consumo de drogas ilícitas.

En el camino hacia el éxito, también necesitamos reformas en el corazón de nuestras instituciones, especialmente en las fuerzas armadas, con el fin de apoyar la ley y recuperar la confianza y la seguridad para todos los colombianos en todos los rincones del país. Para consolidar y mantener el estado de derecho, es indispensable tener unas fuerzas armadas y de policía fuertes, responsables y ágiles en su respuesta, con un compromiso contundente por la paz y el respeto a los derechos humanos. Trabajaremos incansablemente hacia el éxito, convencidos que nuestra obligación primordial como gobierno es garantizar que nuestros ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades fundamentales sin miedo.

Pero al mismo tiempo la estrategia para la paz y el progreso depende de la reforma y modernización de otras instituciones, para que el proceso político pueda funcionar como un instrumento eficaz de progreso económico y de justicia social. En este sentido, debemos disminuir las causas y factores que generan violencia, mediante la apertura de nuevos caminos hacia la participación social y la creación de una conciencia colectiva que responsabilice al gobierno por los resultados. Nuestra estrategia en esta área incluye una iniciativa específica para garantizar que dentro de cinco años habrá acceso universal a la educación y un sistema de salud adecuado, con especial atención para los sectores más vulnerables y abandonados. Adicionalmente, trataremos de fortalecer la administración local a fin de hacerla más sensible y de más ágil respuesta a las necesidades del ciudadano. Asimismo, fomentaremos una participación activa del pueblo en general en la lucha contra la corrupción, el secuestro, la violencia y el desplazamiento de las personas y comunidades de zonas de conflicto.

Por último, Colombia necesita ayuda para fortalecer su economía y para generar empleo. El país necesita un mejor y más justo acceso a los mercados internacionales donde nuestros productos son competitivos. La colaboración de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea y del resto de la comunidad internacional es indispensable para el desarrollo económico del país. Ese mismo desarrollo servirá como una fuerza para combatir el narcotráfico, ya que promete alternativas de empleo lícito para las personas que de otra manera recurrirían al crimen organizado o a los grupos insurgentes que se alimentan del narcotráfico. Estamos convencidos que el primer paso hacia una globalización en el sentido real de la palabra es la creación de una solidaridad global. Por ello Colombia busca el apoyo de sus socios en esta empresa. No podemos tener éxito sin programas de desarrollo alternativo en las áreas rurales y de un mejor acceso a otros países para nuestras exportaciones lícitas. Esta es la única manera de contrarrestar el tráfico de drogas.

Hay razones para ser optimistas sobre el futuro de Colombia, especialmente si recibimos una respuesta positiva de la comunidad internacional en nuestros esfuerzos para crear una prosperidad general acompañada de justicia social. Esto permitirá que los colombianos avancemos hacia una paz duradera.

El filósofo español Miguel de Unamuno dijo que "La fe no es creer en lo invisible, sino crearlo". Hoy una Colombia en paz, progresista y libre de drogas es un ideal invisible; pero estamos comprometidos en hacerlo una realidad en el futuro. Con un compromiso pleno, toda nuestra determinación y recursos, y con la solidaridad y apoyo de nuestros aliados internacionales en la lucha común contra el flagelo del

narcotráfico, podremos forjar y forjaremos una nueva realidad, una Colombia moderna, democrática y pacífica, que entrará al nuevo milenio en plena prosperidad, no en el vilo de la subsistencia, y sobre todo con orgullo y dignidad como miembro de la comunidad mundial.

 PLAN COLOMBIA: PLAN PARA LA PAZ, LA PROSPERIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO.

 En el umbral del Siglo XXI, Colombia enfrenta el reto de la consolidación de las responsabilidades centrales del Estado. Debe recuperar la confianza entre sus ciudadanos, y dentro de este proceso, las normas básicas de convivencia social.

Es compromiso del gobierno recuperar las responsabilidades centrales del Estado: la promoción de la democracia, el monopolio de la aplicación de la justicia, la integridad territorial, la generación de condiciones para empleo, el respeto por los derechos humanos y dignidad humana, y la conservación del orden público.

Las debilidades de un Estado que todavía se encuentra involucrado en un proceso de consolidación han sido agravadas por las fuerzas desestabilizadoras del narcotráfico. Las reformas progresistas de principios de los noventa abrieron las puertas a una época de mejores oportunidades para los colombianos, pero fueron distorsionadas y compenetradas por influencias corruptoras en círculos tanto económicos como políticos; fomentando la violencia y la corrupción.

Recientemente, la relación financiera entre los varios grupos armados y los narcotraficantes ha logrado intensificar el conflicto armado, y ha limitado la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades más importantes.

La recuperación de esta capacidad por parte del Estado exige un proceso de reconstrucción de la sociedad y de la comunidad. En este sentido, la paz no es una cuestión simplemente de voluntad política. Por el contrario, se tiene que construir la paz gradualmente, y para ello debe haber avances en la institucionalización y en el fortalecimiento del Estado con el fin de garantizar la seguridad y el respeto por los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en todas partes del territorio nacional.

Un punto central en la estrategia consiste en las negociaciones con la guerrilla, que busca poner fin a conflictos que han tenido cambios profundos con el paso del tiempo. Si esta estrategia es exitosa, ello facilitará el proceso de la construcción de la sociedad, además, un acuerdo de paz negociado con la guerrilla sobre la base de la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos fortalecería el estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico.

Al mismo tiempo, la paz también requiere de actividades económicas fuertes y viables para que el ciudadano pueda mejorar sus condiciones sociales y económicas, creando así condiciones apropiadas para una conciliación duradera. El gobierno ha propuesto una estrategia económica, complementada con una estrategia de desarrollo alternativo para lograr esta meta y para ofrecer incentivos para reducir los cultivos ilícitos. Su meta es promover nuevas actividades económicas y actividades alternativas en la agricultura con atención especial a la recuperación del medio ambiente y a la protección de los ecosistemas frágiles que han sido amenazados por los cultivos ilícitos. La estrategia se forma con base en esquemas de participación que involucran el sector privado, el Estado y los beneficiarios mediante acciones orientadas hacia la demanda que se encuentra ligada a los mercados nacionales e internacionales.

Un propósito central de la estrategia también es la formación de una visión colectiva entre el país consumidor, el país productor y los demás países involucrados en la cadena de las drogas ilícitas, aplicando los principios básicos de reciprocidad e igualdad. Esta alianza debe facilitar una respuesta concertada a las amenazas del narcotráfico, una de las actividades más rentables del mundo.

El narcotráfico no sólo ha aumentado la corrupción dentro de la sociedad y disminuido la confianza en las actividades comerciales lícitas, sino que también ha alimentado el conflicto. Representa una fuente internacionalizada de financiación para los diferentes grupos armados, y ha ayudado a aumentar su influencia económica y su control territorial. En Colombia y en otros países, con la elaboración e implantación de una estrategia integral para combatir los elementos principales responsables por los cultivos ilícitos, la lucha contra el narcotráfico ha logrado resultados positivos que beneficiarán tanto a Colombia como al resto del mundo.

Colombia ha venido trabajando hacia estos objetivos y ha logrado éxitos notables en la lucha contra los carteles de la droga y el narcoterrorismo. Sin embargo, hoy Colombia enfrenta la peor crisis económica de su historia. Desgraciadamente, la capacidad del gobierno de resolver el problema está especialmente limitada en un momento cuando la violencia, intensificada por el narcotráfico, se encuentra en auge.

 LAS DIEZ ESTRATEGIAS DEL PLAN COLOMBIA.

1. Una estrategia económica que genere empleo, que fortalezca la capacidad del Estado para recaudar impuestos, y que ofrezca una fuerza económica viable para contrarrestar el narcotráfico. La expansión del comercio internacional, acompañada por un mejor acceso a los mercados extranjeros y de acuerdos de libre comercio que atraigan inversión extranjera e interna son factores claves en la modernización de nuestra base económica y para la generación de empleo. Dicha estrategia es esencial en un momento en que Colombia enfrenta su peor crisis económica en 70 años, con un desempleo hasta del 20 por ciento, lo cual a su vez limita severamente la capacidad del gobierno para luchar contra el narcotráfico y la violencia que éste genera.

2.Una estrategia fiscal y financiera que adopte medidas severas de austeridad y ajuste con el fin de fomentar la actividad económica, y de recuperar el prestigio tradicional de Colombia en los mercados financieros internacionales.

3.Una estrategia de paz que se apunte a unos acuerdos de paz negociados con la guerrilla con base en la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos, que además deban fortalecer el estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico.

4.Una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la Policía, para que estos recuperen el estado de derecho, y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra del delito organizado y los grupos armados y para proteger y promover los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

5.Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de reafirmar el estado de derecho y para asegurar una justicia igualitaria e imparcial para todos, y al mismo tiempo que promueva las reformas ya iniciadas en las fuerzas militares y la Policía para garantizar que éstas cumplan con su papel en la defensa y respeto de los derechos y la dignidad de todos.

6.Una estrategia antinarcóticos, en asocio con los demás países involucrados en algunos o todos los eslabones de la cadena: la producción, distribución, comercialización, consumo, lavado de activos, de precursores y de otros insumos, y el trafico de armas, para combatir todos los componentes del ciclo de las drogas ilícitas, y para impedir el flujo de los productos de dicho tráfico que alimenta la violencia hacia la guerrilla y otras organizaciones armadas.

7.Una estrategia de desarrollo alternativo, que fomente esquemas agropecuarios y otras actividades económicas rentables para los campesinos y sus familias. El desarrollo alternativo también contempla actividades de protección ambiental que sean económicamente factibles, con el fin de conservar las áreas selváticas y poner fin a la expansión peligrosa de los cultivos ilícitos sobre la Cuenca Amazónica y sobre los vastos parques naturales que son a la vez áreas de una biodiversidad inmensa y de importancia ambiental vital para la comunidad internacional. Dentro de este marco, la estrategia incluye proyectos productivos sostenibles, integrales y participativos, en combinación con la infraestructura necesaria y dedica atención especial a las regiones que combinan altos niveles de conflicto con bajos niveles de presencia del Estado, un capital social frágil y degradación grave del medio ambiente, como son el Magdalena Medio, el Macizo Colombiano y el suroccidente de Colombia.

8.Una estrategia de participación social que apunte a una concientización colectiva. Esta estrategia busca desarrollar una mayor responsabilidad dentro del gobierno local, el compromiso de la comunidad en los esfuerzos anticorrupción y una presión constante sobre la guerrilla y sobre los demás grupos armados, con el fin de eliminar los secuestros, la violencia y el desplazamiento interno de individuos y comunidades. Esta estrategia también incluye la colaboración con empresarios locales y grupos laborales, con el fin de promover modelos innovadores y productivos para así enfrentar una economía más globalizada, fortalecer de este modo nuestras comunidades agropecuarias y reducir los riesgos de violencia rural. Adicionalmente, esta estrategia busca fortalecer las instituciones formales y no formales que fomenten cambios en los patrones culturales a través de los cuales se desarrolla la violencia, y que se fortalezcan. Además incluye la promoción de mecanismos y programas pedagógicos para aumentar la tolerancia, los valores esenciales de la convivencia y la participación en asuntos públicos.

9. Una estrategia de desarrollo humano que garantice servicios de salud y de educación adecuados para todos los grupos vulnerables de nuestra sociedad durante los próximos años, especialmente incluidos no solamente los desplazados o afectados por la violencia, sino también los sectores sumergidos en condiciones de pobreza absoluta.

10. Una estrategia de orientación internacional que confirme los principios de corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento equilibrado para el problema de la droga. Se deben tomar acciones simultáneas contra todos los eslabones de la cadena de este flagelo. Asimismo, el costo de dicha acción y de sus soluciones debe recaer sobre los países involucrados habida cuenta de su capacidad económica individual. El papel de la comunidad internacional también es vital para el éxito del proceso de paz, de acuerdo con los términos del derecho internacional y con el consentimiento del gobierno colombiano.

 I. EL PROCESO DE PAZ.

Colombia ha sufrido un conflicto armado durante más de 35 años. El gobierno actual ha iniciado un proceso de negociación que busca lograr un acuerdo de paz negociado con la guerrilla sobre la base de integridad territorial, la democracia y los derechos humanos. Si esta estrategia tiene éxito, se fortalecería muy rápidamente el estado de derecho, y la lucha contra el narcotráfico en todo el país.

El proceso de paz obviamente es una de las prioridades principales del gobierno. El presidente Pastrana ha asumido un liderazgo personal del papel del gobierno junto con la colaboración del Alto Comisionado para la Paz, quien es nominado directamente por el Presidente. El Comisionado, cuyo cargo es de rango ministerial, trabaja junto con los líderes de la sociedad y del sector privado, quienes dedican pari passu sus esfuerzos hacia la solución del conflicto.

El área desmilitarizada (o "zona de distensión") fue creada por Ley para garantizar la seguridad necesaria con miras a avanzar en las negociaciones con la guerrilla. Esta ley permite que el Presidente cree y suspenda un área de distensión como expresión de la soberanía del Estado. La Ley solamente restringe la presencia del Ejército y la Policía dentro de dicha área y suspende órdenes de captura, sin embargo, no restringe la actividad de los funcionarios elegidos en el ámbito local o regional.

El proceso de paz es además parte de una alianza estratégica en contra del narcotráfico, la corrupción, y la violación de los derechos humanos. Para que este proceso se vuelva factible y duradero, se necesita un apoyo complementario en las áreas de seguridad y defensa, una alianza entre la producción, el consumo, la distribución y la comercialización de drogas, el lavado de activos y el tráfico de armas; y un plan de desarrollo que genere empleo y llegue a los más necesitados.
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