Oaxaca: Convocatoria Movilización Nacional Contra la Política Energética Nacional






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CHILE: Declaración pública sobre acontecimiento mapuche
Con motivo de los graves acontecimientos que se han producido los últimos días, especialmente la trágica muerte del matrimonio constituido por Werner Luchsinger Lemp y Vivianne McKay González, precisamente después de conmemorarse el brutal asesinato del joven comunero mapuche Matías Catrileo Quezada, hechos que han estremecido a la opinión pública, la Asociación de Observadores y Defensores de Derechos Humanos declara:
Los hechos:
1) Diversos sucesos de violencia: actos delictuales (incendio de vehículos, de viviendas de agricultores y de comuneros), represión policial en las comunidades, asesinatos de jóvenes comuneros mapuche y ahora de este matrimonio de agricultores, en la región de La Araucanía han provocado gran alarma y comprensible temor en la población, incrementándose en el último tiempo.
2) Procesos judiciales contra comuneros, líderes sociales y espirituales de las comunidades mapuche, quienes son encarcelados y juzgados utilizando acusaciones que en la mayoría de los casos demuestran una inconsistencia procesal vergonzosa, son llevados a efecto contra estos miembros de la sociedad civil acusándolos y utilizando muchas veces la cuestionada “ley antiterrorista”, hasta que finalmente es puesto en evidencia lo absurdo de las pruebas y los detenidos son dejados en libertad, incluso después de pasar por los rigores de huelgas de hambre, debido a lo improcedente de las acusaciones.
3) El ex Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter Kirberg, actual titular de Defensa, aparece involucrado en un conjunto de hechos, especialmente relacionados junto al fiscal Alejandro Peña, este último de cuestionado desempeño en casos denominados como “montajes procesales” en los tribunales de la capital, hasta que finalmente este mismo fiscal es nombrado precisamente en su rol en La Araucanía. El ex Ministro Hinzpeter, en tanto, luego de permitir el ingreso de una base de entrenamiento “anti-subversivo” en el fuerte Aguayo, en Concón, bajo control de militares estadounidenses, y después de reunirse con personeros de Colombia y EEUU, conocidos por librar una antidemocrática “guerra contra el terrorismo”, en la cual han usado perversamente este argumento para acallar a miembros de la sociedad civil que han considerado un estorbo para su sistema, ya sea porque obstaculizan sus afanes expansionistas en lo económico y en lo político, o porque dan cuenta de la ilegitimidad de su proceder, como es el caso de los diversos observadores y defensores de derechos humanos.
4) Es en ese contexto que el ex titular de Interior es nombrado en la cartera de Defensa, para coordinar acciones con las diversas ramas de las Fuerzas Armadas. Hoy, el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, primero en la voz de su primo hermano, el titular de Interior Andrés Chadwick Piñera, y posteriormente en forma directa ha anunciado la creación de una “unidad especializada de lucha contra el terrorismo”, con un incremento en el número de efectivos policiales y equipamiento tecnológico, helicópteros, carros blindados, etc. para Carabineros, entidad que depende directamente del Ministro de Defensa, es decir, Rodrigo Hinzpeter Kirberg.
5) En esta ocasión el presidente Sebastián Piñera señaló que su lucha “no es contra el pueblo mapuche, sino contra una minoría de delincuentes, terroristas que se sienten con derecho a pasar por encima de la ley”, fustigando además “la responsabilidad política y moral” de quienes “colaboran de una u otra forma, protegiendo, amparando o justificando estos hechos”.
Las precisiones:
1) El Relator Especial de Naciones Unidas, Ben Emmerson, quien visitó La Araucanía, en su informe “sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”, de 18 de agosto de 2011, ante la Asamblea General de la ONU, advirtió que “la protección de los derechos de las víctimas del terrorismo es una responsabilidad jurídica genuina que compete principalmente a los Estados y que no se utilice como pretexto para violar los derechos humanos de los sospechosos de terrorismo, para adoptar medidas de emergencia que establezcan poderes ejecutivos excesivos y desproporcionados o para otros propósitos de carácter fundamentalmente políticos” y que será firme “al responsabilizar a los Estados cuando considere que la obligación de proteger los derechos de las víctimas del terrorismo se esté usando de manera inadecuada para encubrir acciones represivas del Estado que no sean consistentes con las normas internacionales sobre la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de quienes estén acusados de preparar, instigar o cometer actos de terrorismo”.
2) La abogada, académica y doctora en Derecho, Myrna Villegas Díaz, experta en “terrorismo”, fue consultada sobre la situación específica de la zona golpeada por estos hechos, y ella ha explicado recientemente que: “En La Araucanía no existen actos de terrorismo. Lo que puede haber son actos delictuales comunes y eso ha sido ratificado por la propia Corte Suprema”. Al ser consultada antes sobre la calificación de terrorismo expresó que debido a la falta de criterios en la doctrina con relación a este concepto, el terrorismo puede definirse como: “violación sistemática de derechos humanos y no de cualquier derecho, sino que de derechos fundamentales”. Asimismo señaló que para recibir esta cualificación el delito debe poner en peligro las bases de sustentación del Estado.
3) La “lucha contra el terrorismo” ha sido usada por potencias militares para justificar sus acciones hegemónicas desde el fin de la Guerra Fría. En efecto, conocida como Guerra de Baja Intensidad (GBI) durante la década de los ’80 (fluctuando entre la contra-insurgencia de los grupos de liberación y la pro-insurgencia hacia los grupos que efectuaban acciones tendientes a desestabilizar a gobiernos contrarios a su política expansionista) la lucha antiterrorista fue reinaugurada por el ex Presidente George W. Bush, luego de los atentados del 11 S, con la USA PATRIOTIC ACT, una ley que, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, conculcó los derechos y las libertades fundamentales de los propios ciudadanos norteamericanos y estableció un clima “del terror” en todo el planeta, produciendo los más graves delitos contra los derechos humanos de miles de personas, víctimas de acciones espantosas, muchos de los cuales han conmovido a la comunidad internacional.
4) Hoy, siguiendo la lógica de una doctrina penal del “enemigo” y del derecho penal de “la seguridad”, se han usado estas cuestionadas plataformas ideológicas como un instrumento para conculcar los bienes jurídicos más esenciales de las personas, especialmente de la sociedad civil que reclama por una auténtica protección de sus derechos civiles y políticos, así como de sus derechos económicos, sociales y culturales y de sus derechos llamados “de tercera generación”.
Nuestra demanda:
1) Los hechos hablan por sí mismos. Deploramos todo atentado contra la vida humana, derecho humano universal. Asimismo, manifestamos nuestra inquietud y alarma sobre la política represiva que comienza a evidenciar el Administrativo, desvirtuando la gestión política y social del diálogo, la negociación pacífica y la respuesta a las demandas de una ciudadanía respecto a la cual se deben en su condición de representantes.
2) Insistimos y resaltamos la opinión en que han coincidido el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes y el Relator Especial sobre los derechos de los indígenas cuando sostienen que “el principio de legalidad en el derecho penal, contemplado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el artículo 15 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, el cual no es derogable incluso en situaciones de emergencia pública” y que no debe ser utilizado en interpretaciones que amplíen la definición de la conducta prohibida, más allá de los estipulado en forma precisa por la ley.
3) Demandamos una investigación acuciosa con relación a estos hechos luctuosos, que sea de carácter imparcial, no tendenciosa y respetando las normas del debido proceso. No es legítimo que conocidos los responsables, en una política que avala el terrorismo de Estado, sus imputados no reciban la pena y la sanción que la ley determina. Estas conductas sólo contribuyen a debilitar la confianza en los instrumentos legales y en el propio Estado de Derecho.
4) Apoyamos públicamente a todos los observadores y defensores de derechos humanos que, trabajando voluntariamente, se amparan en la legislación internacional y nacional para realizar sus funciones. Recientemente se ha realizado un hostigamiento inaceptable contra dos observadoras italianas de la Comisión Europea de Derechos Humanos, después que el propio Administrativo autorizó su ingreso y conoció de sus funciones. En forma especial hacemos público nuestro respaldo, reconocimiento y solidaridad con nuestros propios observadores de nuestra ODDH, presentes en La Araucanía y que han realizado las gestiones que el estatuto de observador y defensor de los derechos humanos contempla en todo el planeta, bajo el respaldo de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
5) Llamamos a la sociedad, a los ciudadanos y ciudadanas a hacer público su demanda por un respeto íntegro de sus derechos ciudadanos y democráticos, así como de sus derechos y libertades fundamentales.

Fraternalmente

ASOCIACIÓN DE OBSERVADORES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (ODDH) CHILE.
CHILE: Expertos refutan impacto de “Banco Mapuche” propuesto desde Ministerio de Desarrollo Social

Radio Unichile
El ministerio de Desarrollo Social informó de la creación de un Banco Mapuche, con capital de fomento por 10 mil millones de dólares. Se trata de un sistema de fondos rotativos para medianos emprendimientos, en el que participará el Banco Interamericano de Desarrollo y las intendencias regionales, llamado Fondo de Inversión para Comunidades Mapuche.
El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, dispondrá del financiamiento para entregar préstamos, con la idea de resolver la negativa de las instituciones bancarias a entregar créditos, debido a la prohibición de arrendar o vender las tierras entregadas por el Fisco. La idea del Gobierno, es que el monto a repartirse se mantenga, por lo que la tasa de interés será similar a la de los bancos.

Un incentivo con poca consistencia, según señaló el sociólogo Cristián Jiménez, debido a que el proyecto no está enmarcado en una agenda de largo aliento, con soluciones de fondo: “Lo que hay que atender es un tema más profundo, que es si existe autonomía. La demanda está orientada hacia la devolución de tierras, lo que implica autonomización, lo que no significa Estado sobre otro Estado, sino ejemplos como Bolivia y otros casos donde no se desarma nada, no descompone el sistema”.

El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, defendió el proyecto, que será presentado durante los próximos meses, afirmando que “nos interesa que las tierras se dediquen plenamente al desarrollo productivo”. “Estamos diseñando un sistema de financiamiento para el acceso al crédito a emprendimientos mapuches de tamaño medio. De eso se trata el fondo rotatorio”, explicó la autoridad de Gobierno.
Jorge Vargas, director del programa Asuntos Indígenas de la Corporación Proyect América, cuestionó, incluso, el monto destinado, ya que no permite atender “la situación de pobreza y falta de oportunidades de las comunidades”, según remarcó. Enfatizó en que las demandas de fondo son la recuperación de tierras y la autonomía del pueblo mapuche, además de la implementación del Convenio 169 de la OIT, lo que se soluciona con un diálogo real, “de igual a igual”, entre el Estado y las comunidades.
“Hay que coincidir que se necesita una salida política que debe ser negociada, para eso es necesario un diálogo real con las comunidades, donde se alisten todos los temas que se demandan. El Estado tiene una deuda con los mapuches que no se ha cumplido, y eso pasa por todos los gobiernos”, indicó.
El experto se refirió también a los núcleos asociativos que se han integrado a los planes y programas emanados desde el Ejecutivo, afirmando que “en el apuro aceptan estas soluciones parche, a regañadientes, porque efectivamente sus condiciones de vida son pésimas”, enfatizó.
INDIA: Cricket: New Zealand dismissed for 45 on day one of first test against

Manuela Picq
Delhi, India. Esto en cuanto a los estados de confianza con la consulta previa. Era la esperanza de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, cuando se informó sobre el "impacto catastrófico de las industrias extractivas en los derechos sociales, culturales y económicos de los pueblos indígenas" hace un año.
Pero a medida que las tensiones se acrecienten más presas y perforación, las voces indígenas de Asia a las Américas proclaman que "la consultoría es un insulto", haciendo esfuerzos para establecer relaciones de confianza entre los pueblos y las naciones-estados parecer tonto o sea delirante, o ambas cosas.
Con demasiada frecuencia, los gobiernos simplemente hacer caso omiso de los procedimientos de consulta, las comunidades desinformar, o demandas que la consulta no implica negociación. Las comunidades indígenas, a cambio, raqueta arriba, provocando la movilización de los gobiernos enojados para reprimir las protestas pacíficas o declarar estados de emergencia.
La tendencia es cada vez más a las comunidades indígenas para invocar sistemáticamente los tratados internacionales de consulta previa para presionar a sus gobiernos, que a su vez alegremente continúan violando sus compromisos legales.
Parece que siempre se puede contar con los estados que utilizan sus poderes soberanos a rechazar lo que ellos perciben como mecanismos de rendición de cuentas no deseadas.
Afortunadamente, también se puede contar con la inventiva persistente de las luchas indígenas para encontrar alternativas a los canales habituales preferidos por los estados-nación.
Las lagunas jurídicas a la consulta previa

Ya sea durante la perforación de petróleo en el Ártico, la construcción de represas en el Himalaya indio, o la minería en Guatemala, los gobiernos normalmente quieren los pueblos indígenas fuera del camino.
Muchos estados-nación han reconocido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989) y ratificado la Declaración de 2007 de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que garantiza los derechos indígenas a participar en los proyectos de desarrollo que afectan a sus tierras. artículo 19 es inequívoco en cuanto a la obligación de Estados de consultar a las comunidades a buscar su "consentimiento libre, previo e informado". Sin embargo, más a menudo que no, los compromisos jurídicos se evaporan muy fácilmente bajo la presión de los intereses económicos o corporativos.
No importa que el derecho internacional prevalece sobre la legislación nacional, como estados miembros de la ONU acordaron por unanimidad en la Declaración de Viena de 1993, o que en muchos países, como el Perú, las leyes sobre la consulta previa han comenzado a incorporar en el derecho constitucional tan protegidos como derechos de los indígenas podría ser En teoría, la realidad es mucho más sombrío.
El Bosque Llorar
Estados con frecuencia aprovechan las lagunas, como la dificultad de definir quién es considerado indígena de ignorar las reclamaciones. Si las comunidades que los proyectos de desarrollo del concurso no cumplan con el estado definiciones técnicas propias, no pueden ser consultados.
Esto ha ocurrido en el caso de La Jagua en Colombia.
La comunidad de 400 años mantiene a esta escultura en día, la agricultura tradicional y las prácticas de tejidos, así como locales de áreas sagradas y petroglifos.
Sin embargo, en lo que el gobierno está preocupado, ellos son campesinos, no indígenas, lo que significa que no deben ser consultados con respecto a cualquiera de las nueve centrales hidroeléctricas que se están desarrollando en el Huila.
Una de las últimas tácticas desplegadas por los gobiernos para eludir la contestación indígena es consultar a no nativos comunidades indígenas.
Esto sucedió a las comunidades en el caso del proyecto de la carretera a través de Isiboro Sécure en Bolivia Parque Nacional y Territorio Indígena (TIPNIS).
La presión internacional construido después que el gobierno de Evo Morales reprimió violentamente una gran marcha indígena en contra de un proyecto de carretera en "la masacre de Chaparina". Esta masacre sigue impune, pero la ONU consulta previa requerida para ser respetado. Esto llevó al gobierno a ofrecer inversiones de última hora en las escuelas para lograr el apoyo local para el proyecto de la carretera.
Pero también implicaba un enfoque en las comunidades no nativas que habían migrado recientemente desde los Andes hasta las tierras bajas - y, por tanto menos protectora del territorio TIPNIS. Técnicamente, el gobierno cumplió con su obligación de consultar. En la práctica, sin embargo, hizo hincapié en los votos de los no nativos de los grupos indígenas que han estado en conflicto con las comunidades del TIPNIS nativas para invadir sus tierras.
La misma táctica de consultar a los grupos indígenas migrantes no nativos de territorios protegidos también se está dando más al norte. En la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, el pueblo zápara están resistiendo activamente la extracción de petróleo y la concesión de créditos de carbono basados en sus territorios. Mientras que los líderes como Gloria Ushigua, de la Asociación de Mujeres Zapara, están amenazadas por sus stands abiertos y no zápara grupos que han emigrado recientemente a la zona - y son menos sensibles, si no es ajeno al impacto de los proyectos propuestos - que se consultados.

Volviendo indigeneidad al revés, los gobiernos prefieren consultar a las comunidades no nativas que son más propensos a hacer la vista gorda ante el impacto de megaproyectos favorecidas.
Cuando los conflictos se acumulan, la práctica de los gobiernos obligados consulta, negándose a negociar el resultado de la votación.
En el TIPNIS, el gobierno de Bolivia socavado votos nativos se oponen al proyecto de la carretera mediante la ampliación del proceso de consulta a las comunidades no nativas. La estrategia consistió en diluir la oposición mediante la creación de una mayoría de votos, pero no indígena nativo, de apoyo al proyecto, para aplastar a la oposición natal.

Estas prácticas de consulta no están diseñados para obtener el consentimiento sino para cumplir con las formalidades de la ley internacional - y despejar el camino para la construcción no se interrumpa.
Entonces, ¿quién va a ser consultados? Muchos grupos están excluidos por no ser lo suficientemente indígena, mientras que las voces disidentes se diluyen entre los no nativos votos, a veces obligadas a participar en las consultas fraudulentas destinadas a mantener una fachada de cumplimiento.
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