Oaxaca: Convocatoria Movilización Nacional Contra la Política Energética Nacional






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La resistencia continúa

A pesar de estas nuevas medidas represivas dadas a conocer por el ministro del Interior chileno, la resistencia mapuche continua en Wallmapu. Entre ayer y hoy día 4 nuevas acciones de resistencia afectaron intereses forestales y latifundistas.
Durante la madrugada de ayer 2 camiones fueron atacados en la ruta que une Capitán Pastene con Lumaco, mientras que una hora antes en el Fundo Santa Gisela, ubicado en el kilómetro 12 del camino que une Quepe -Boroa, un galpón con al menos dos tractores y dos máquinas fumigadoras fueron destruidas. Mientras que durante la tarde, en el sector de Huallepen alto, ribereña al Lago Lleu Lleu, fueron afectadas por un incendio 5 máquinas forestales pertenecientes a una empresa contratista que realizaba trabajos de faenas de explotación forestal para la empresa Volterra. Hoy pasadas las 05 hrs de la madrugada, en el sector Muko bajo cerca de Lautaro un incendio afecto la casa patronal del latifundista Álvaro Gutiérrez, domiciliado en Las Condes.
Estas nuevas acciones de sabotaje se enmarcan en la guerra de baja intensidad que mantiene el estado chileno contra el Pueblo Nación Mapuche, y sobretodo, frente al estado de sitio implementado por el gobierno chileno en gran parte del territorio en conflicto. Fuerte represión que ha dejado como saldo la detención y posterior libertad vigiada de la machi Francisca Linconao Huircapan, del Lof Rawe en Vilcún y del werken de la Comunidad Autónoma de Temucuicui Jaime Huenchullan.
CHILE. Atentado reaviva histórico conflicto mapuche

La comunidad mapuche reivindica terrenos ancestrales de la Araucanía.

Marianela Jarroud / IPS
Santiago. El ataque incendiario contra una finca rural de la sureña región chilena de la Araucanía, en el que murieron un empresario y su esposa, puso otra vez sobre el tapete el conflicto mapuche. Analistas entienden que pone en evidencia la "ignorancia supina" de las autoridades respecto de la historia nacional.
El incendio sucedió a una serie de ataques ocurridos en las últimas semanas en la denominada "zona roja", epicentro de la lucha del pueblo mapuche, muchas veces violenta y otras tantas reprimida a sangre y fuego por las fuerzas de seguridad. Son territorios reivindicados por esta etnia aborigen, la principal de Chile conformada hoy por poco más de 700.000 personas.
Werner Luchsinger y su esposa Vivianne McKay murieron como consecuencia del atentado perpetrado en la madrugada de este viernes 4 en la comuna de Vilcún, ubicada 640 kilómetros al sur de Santiago.
Los informes policiales preliminares señalan que los autores fueron 20 encapuchados que le prendieron fuego a la casa principal de este empresario del sector forestal de 75 años, quien repelió a balazos a los atacantes hasta ser abatido.
Una persona, que fue detenida horas atrás por la policía en relación con el hecho, está herida de bala. La justicia designó a un fiscal exclusivo para la investigación.
El gobierno del derechista Sebastián Piñera anunció la invocación de la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), lo cual fue rechazado por el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos, que consideró que esa normativa "vulnera principios del debido proceso".
Piñera suspendió su agenda oficial y se trasladó de urgencia a la Araucanía, donde anunció la creación de una unidad especializada antiterrorista y una zona de control de tráfico vehicular e identidad de personas en la región.
Además, confirmó que se aumentará la dotación policial en la zona, exacerbando las críticas que ya se daban por entender que hay una excesiva "militarización". "Quiero reafirmar categóricamente que este gobierno va a seguir trabajando para combatir esta violencia extrema y este terrorismo, y vamos a utilizar todos los instrumentos legales que tengamos a mano", dijo Piñera.
"Vamos a aplicar sin ninguna contemplación todo el rigor de la ley hasta derrotar a estos terroristas y devolverle a esta región el derecho a vivir en paz", añadió.
Junto a la casona destruida, Carabineros (policía militarizada) encontró panfletos en alusión al asesinato en enero de 2008 del dirigente universitario mapuche Matías Catrileo Quezada, uno de los 11 indígenas muertos desde que a comienzos de la década del 90 se reactivaron las reivindicaciones de tierras ancestrales.
El asesinato de Catrileo Quezada se registró en el fundo Santa Margarita, de propiedad de Jorge Luchsinger, primo hermano del empresario que murió este viernes y uno de los principales opositores a la demanda mapuche.
Jorge Luchsinger declaró a Radio Agricultura tras el atentado que la violencia en la zona es insostenible, que en Chile "no hay estado de derecho" y que "la guerrilla está ganando". "(Este es) un comando paramilitar, con entrenamiento paramilitar, y no importa dónde estén entrenados, lo que importa es que están actuando", agregó.
La presunta existencia de un grupo entrenado para actuar violentamente en el marco de la lucha mapuche es compartida por sectores conservadores de Chile. Incluso, el 25 de diciembre, el ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, aseguró que las autoridades se enfrentan a "un enemigo poderoso que goza de apoyo político e internacional", aunque no lo identificó.

Sin embargo, días después y tras duras críticas por sus dichos, Chadwick aclaró que los "violentistas" son "un grupo muy chico, reducido, de personas muy violentas que nada tienen que ver con el pueblo mapuche", algo que Piñera reafirmó este viernes.
Domingo Namuncura, exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, advirtió, ante la consulta de IPS, que el espiral de conflictos en la Araucanía podría no tener límites, debido a casi dos décadas de insuficientes respuestas por parte del Estado y de los gobiernos de turno a las demandas mapuches y a la "dramática agenda de orden público y el clima de represión en diversas zonas" de esa región.
A su juicio, el problema radica en que "nunca el tema indígena ha sido considerado en la cultura de los movimientos políticos, menos en los sectores conservadores, como un tema de derechos políticos".
Por su parte, el indígena Pedro Cayuqueo, director del periódico Mapuche Times, sostuvo que este ataque incendiario es el reflejo del "abandono de la responsabilidad política de las autoridades para gestionar el conflicto y la insistencia de medidas represivas, que simplemente avivan los antagonismos y que producen este tipo de escaladas".
"Este es un conflicto histórico y político que demanda salidas que tienen que ver con cambios en el modelo de Estado, de desarrollo, en la visión de cómo Chile se construye como país hacia el futuro", señaló el periodista a IPS.
Criticó, además, la "ignorancia supina que tienen las autoridades respecto de la historia de este país y especialmente de la historia de esta región".
Cayuqueo advirtió que "el conflicto más violento está acotado a sectores rurales muy específicos" y que la Araucanía no es "una región en llamas o una región en guerra". Subrayó que la ignorancia "de la historia terrible que vivió esta zona, hace que las autoridades aparezcan sorprendidas de lo que aquí ocurre".
"Hay un desconocimiento absoluto de cómo llegó (el estado de) Chile a esta región, de cuándo se produjo la invasión militar, de la muerte, de tierra arrasada que implicó esa llegada a esta zona y cómo también se instalaron los colonos, que fueron traídos desde Europa por las autoridades nacionales y a los que se les regaló tierras mapuches", aseveró.
El periodista mapuche precisó que en el caso específico de la familia Luchsinger, el conflicto con las comunidades locales vecinas a sus tierras data desde hace 90 años, cuando ese clan llegó a Chile proveniente de Suiza.
Por su parte, el abogado Alberto Coddou, investigador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, llamó a "repensar de manera estructural, con un enfoque sistemático, lo que está haciendo el Estado de Chile en la zona".
Esto implica "hacerse cargo de toda la historia, quizás repensar el Estado como hicieron Canadá, Noruega o Nueva Zelanda, que actuaron desde una perspectiva mucho más sistemática la política estatal hacia los pueblos indígenas u originarios", concluyó.
CHILE: Colegio de Periodistas pide evitar ‘espiral de violencia’ en La Araucanía y respeto a comunicadores

El Mostrador
El Colegio de Periodistas condenó este lunes el ataque incendiario que provocó la muerte del matrimonio Luchsinger McKay en La Araucanía, advirtiendo que “el deplorable suceso de violencia” instala un ambiente de “mayor intimidación” que perjudica el derecho de los mapuche a plantear sus demandas.
“Este hecho es una demostración más, de la compleja situación que aqueja a las comunidades indígenas de la región, que requieren que el Estado -y la sociedad en general- atiendan de una vez por todas las demandas y los derechos del pueblo mapuche, además del cumplimiento pleno de los tratados internacionales que resguardan la materia, a modo de instaurar la paz definitiva en la zona”, recalcaron mediante un comunicado.
El gremio expresó que, junto con la necesidad urgente de llevar a cabo todas las diligencias judiciales necesarias para esclarecer el atentado incendiario perpetrado contra la propiedad de la familia Luchsinger, también es importante que durante las próximas jornadas “se evite iniciar un espiral de violencia” y se respeten tanto los derechos de los ciudadanos, como de los comunicadores que allí cumplan su rol de informar a la sociedad sobre la situación actual.
En reiteradas ocasiones, agregan, la directiva nacional del Colegio de Periodistas ha manifestado su preocupación a las autoridades y ha apoyado la preocupación esgrimida por Reporteros Sin Fronteras, que alude a situaciones vividas por periodistas y comunicadores en la zona, que serían víctimas de persecución policial y judicial.
“Esperamos que en esta oportunidad, en medio de los graves sucesos ocurridos, este tipo de casos no vuelva a repetirse y que los comunicadores que trabajan en la zona puedan garantizar –por vía de su labor cotidiana- el ejercicio del derecho de toda la ciudadanía a estar informada de los hechos recientes acaecidos la región”, enfatizaron.
CHILE: Conflicto en La Araucanía: “El Estado suspende derechos fundamentales sin consenso político”

radio.uchile.cl
La codirectora del Observatorio de Derechos Indígenas, Nancy Yáñez, cuestionó el aumento de la represión y criminalización en La Araucanía, destacando que no existe consenso sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista ni sobre la existencia de terrorismo en la zona. La abogada advirtió, además, sobre el peligro de que estas medidas lleven a una escalada de violencia interétnica, donde el conflicto se polarice aún más.
En el programa Radioanálisis de nuestra emisora, la codirectora del Observatorio de Derechos Indígenas, Nancy Yañez, se mostró preocupada “por la estrategia del Gobierno y la violación de los derechos humanos que puede resultar de ello”, en referencia al aumento de la militarización y criminalización en la Región de La Araucanía, que está provocando la aplicación de la Ley Antiterrorista por parte del Gobierno.

“El gobierno que se moviliza en la zona con el objetivo de aplicar lo que ha calificado, desafortunadamente, como ‘una guerra contra el terrorismo’, agravando la situación de militarización que se viene dando hace muchos años, como consecuencia de un Estado que ha respondido a la movilización mapuche con una estrategia de criminalización. Observamos un aumento del proceso de represión, que no hace sino aumentar las condiciones de confrontación interétnica que se vienen dando en la zona”, explicó la abogada en conversación con Felipe Pozo.

En este sentido, Nancy Yáñez, indicó que además de que esta medida es cuestionada desde el ámbito de derechos humanos, tampoco existe consenso político de su aplicación así como de la existencia de terrorismo propiamente tal en la Novena Región, por lo que se debería generar un debate político en torno a las medidas a aplicar.

“Dentro de las filas de la Concertación no hay una posición unánime respecto a la aplicación de la Ley Antiterrorista y al hecho de que exista terrorismo en La Araucanía. No obstante eso, el Gobierno dice ‘nos parece legítima la discrepancia’, pero vamos a proseguir en esta estrategia. Cuando el Estado, por proteger la democracia suspende los derechos fundamentales, es una cuestión esencial abrirse al debate político”, indicó.

En este sentido, la codirectora del Observatorio, manifestó que en la región existe confusión e incertidumbre sobre los responsables de la violencia, pero destacó la madurez del movimiento mapuche, que ha manifestado un repudio unánime a los últimos hechos. “La mayoría de las organizaciones mapuches han condenado los hechos y eso da cuenta de la madurez del movimiento político mapuche y hay dirigentes que han sido explícitos en señalar que las reivindicaciones deben hacerse en un marco de responsabilidad de pleno respeto a las personas. Queda en evidencia que hay una mayoría que no se identifica para nada con un hecho de estas características”, aseguró Nancy Yañez.

Por lo mismo, la abogada advirtió del peligro del incremento de una violencia interétnica, donde “de una forma absolutamente inorgánica se polaricen las posiciones, generando condiciones de violencia que son, finalmente, incontrolables porque no tienen un referente orgánico a diferencia de lo que pretende el Gobierno. Si uno piensa como se vienen dando las dinámicas en La Araucanía, a lo mejor, estamos en presencia de una polarización del conflicto interétnico es que hemos llegado a las situaciones que hoy se vienen generando”, dijo.

Asimismo, Nancy Yáñez dio cuenta de un doble estándar en las protestas sociales que se han dado en la Región de la Araucanía, donde el gobierno no cuestionó el llamado que hicieron los agricultores a “armarse” ni tampoco las movilizaciones de los camioneros durante esta jornada, mientras sí condenan otro tipo de manifestaciones que surgen desde la ciudadanía, por ejemplo, las movilizaciones estudiantiles.
CHILE: Queman camiones y galpones en zona de conflicto indígena

Xinhua
Dos atentados incendarios este sábado, sin víctimas fatales, causaron la quema de dos galpones y dos camiones de empresas forestales, en un nuevo hecho de violencia al sur de Chile, en un recrudecimiento del conflicto que mantienen algunas organizaciones radicalizadas mapuche con el Estado chileno.
Estos incendios se suman al atentado que el viernes le costó la vida a un matrimonio de hacendados, en un recrudecimiento del conflicto que mantienen algunas organizaciones radicalizadas mapuche con el Estado chileno.
El ataque incendiario del viernes a una casa patronal en la comuna de Vilcún, en la misma región, dejó como víctimas fatales a un hacendado y su esposa, en un suceso que llevó al gobierno del presidente Sebastián Piñera a invocar la Ley Antiterrorista. Tras el atentado y en sucesivos operaciones policiales fue detenido un sospechoso del ataque, informó el Ministerio Público.

Grupos radicalizados mapuche han protagonizado crecientes protestas, ante la indiferencia del Ejecutivo en acoger sus demandas de devolución de su territorio ancestral.
Fuentes judiciales y policiales relacionaron el atentado al resurgimiento de la violencia en la región, coincidente con el cuarto aniversario de la muerte del activista mapuche Matías Catrileo, muerto tras recibir disparos de la policía en enero de 2009, tesis que fue reafirmada por el Ejecutivo.
Organizaciones de apoyo a los indígenas convocaron esta semana a una serie de protestas por lo que consideran impunidad en el homicidio, luego que una corte marcial aplicó al autor de los disparos una pena menor que cumplirá en libertad y sin perder su puesto de trabajo.
La quema de predios y camiones de empresas forestales atribuidas a organizaciones radicalizadas de indígenas han motivado en las últimas semanas a la aplicación de medidas de seguridad extraordinarias por parte del gobierno.
El gobierno y la oposición de centro izquierda difieren en cuanto a la aplicación de la Ley Antiterrorista, aunque concordaron en la necesidad de abordar de manera integral el conflicto.
Los mapuche, la mayor etnia originaria del país con unas 800.000 personas, 6 por ciento de la población chilena, reclaman la restitución de su territorio ancestral.
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