Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario






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Vicepresidencia de la República de Colombia

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Programa de Prevención de Accidentes por Minas Antipersonal y Atención a Víctimas Observatorio de Minas Antipersonal


GUÍA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL

y DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS ABANDONADOS1.
Los Derechos de las Víctimas y los Procesos para Acceder a las Ayudas Humanitarias

MARCO LEGAL



Colombia es un Estado Social y Democrático de Derecho. La Constitución Política consagra un amplio conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales cuyo respeto, protección y garantía en beneficio de los habitantes y nacionales del país son un fin imperativo para las decisiones de la gestión del Estado. 2
El Estado debe proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad manifiesta y sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.3
El Gobierno Colombiano fijó, como uno de sus lineamientos de política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la humanización del conflicto armado interno. Dentro de dicho propósito y como un área prioritaria de trabajo, se dispuso el impulso al proceso de ratificación de la Convención de Ottawa.
Este lineamiento de política se adelantó exitosamente conduciendo a la expedición de la Ley 554 de enero 14 del año 2000, mediante la cual se dio aprobación a dicho instrumento internacional. La Ley de Aprobación de la Convención de Ottawa fue revisada por parte de la Corte Constitucional, que la declaro exequible mediante sentencia C-991/2000 del 2 de agosto. El 6 de septiembre de 2000, en el marco de la Cumbre del Milenio, se ratificó la Convención y Colombia se convirtió en el Estado Parte número 103. El Tratado entró en vigor el 1° de marzo del año 2001.

La Convención de Ottawa, señala en el Artículo 6 que “Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas, y su integración social y económica, así como para los programas de sensibilización sobre minas. Esta asistencia puede ser otorgada, inter alia, por el conducto del Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su Federación Internacional, organizaciones no gubernamentales, o sobre la base de acuerdos bilaterales”.

En enero del 2001, se creó el Programa Prevención de Accidentes y Atención a las Víctimas por Minas Antipersonal, como parte del Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario dirigido por la Vicepresidencia de la República, respondiendo a su línea de política de erradicación de minas antipersonal como una de sus áreas prioritarias de trabajo y medida particular de impulso al Derecho Internacional Humanitario.
El 25 de julio del 2002 el Gobierno Colombiano sanciona la Ley 759 “Por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia, de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en Colombia el uso de las minas antipersonal”

La Ley 759/2002 crea como Autoridad Nacional, la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal4 , y determina como sus instancias operativas la Secretaría Técnica ejercida por el Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, y las Subcomisiones Técnicas de a) Atención a Víctimas, b) Prevención Integral, Señalización, Elaboración de Mapas, Desminado Humanitario, conformadas por los Ministerios e Instituciones del Estado responsables de la prestación de bienes y servicios. Participan dos Organizaciones no Gubernamentales representantes de las Víctimas.
Entre sus funciones la Autoridad Nacional debe promover y verificar las medidas nacionales de atención a las víctimas de minas antipersonal.
La promoción y monitoreo de la aplicación de esta Guía, hace parte del cumplimiento del objetivo general propuesto por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario respecto a este tema: “Ley 759 aplicada y todo el país sensibilizado y comprometido en la erradicación de las minas antipersonal y la atención a las víctimas”.
Sin embargo, las posibilidades de construcción de las condiciones indispensables para el disfrute pleno de estos Derechos, y la capacidad del Estado para proveer su garantía, encuentran un impedimento de considerable magnitud en la existencia del conflicto armado interno. Esta confrontación bélica interna, que se remonta cuarenta o cincuenta años atrás, y se alimenta de fuentes de financiamiento tan poderosas y letales como la economía ilegal de las drogas y la práctica del secuestro extorsivo, ha conllevado a su creciente generalización, fragmentación y degradación. Aún en el marco del conflicto armado, Colombia ha tomado medidas nacionales de aplicación de la Convención de Ottawa. Son obvias las dificultades para desminar.
Los enfrentamientos armados internos generan muchos efectos negativos sobre nuestra sociedad. Tanto en forma directa como indirecta, la población sufre un doble efecto, de una parte el generado por las acciones mismas del conflicto armado y, de otra, por la disminución de la eficiencia y capacidad del Estado para cumplir adecuadamente con sus funciones. Esta última, sin duda afecta en forma más rigurosa a aquellos sectores de la población que dependen en mayor medida de la política social del Estado. Como parte de ella, un número creciente de personas con discapacidad generada por el empleo de minas antipersonal y que incluye tanto a población combatiente, como a la no combatiente. Durante el periodo 1990 – 2002 el Observatorio de Minas Antipersonal ha registrado -----víctimas.
A los sobrevivientes les espera toda una vida de invalidez, con las obvias secuelas emocionales, sociales y laborales. En términos económicos, sin contar lo que la víctima deja de producir, los costos para el país son considerables en cuanto a la atención y los cuidados médicos que se requieren. El Comité Internacional de la Cruz Roja, calcula estos costos de por vida para cada una de las víctimas entre US $ 5.000 y US $ 7.000 (dólares).
Por ello aunque vivamos aún el conflicto armado interno, el Gobierno Colombiano a través de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal, y de sus Órganos Técnicos, ha enfocado su esfuerzo en identificar las áreas de peligro, iniciar los estudios de diagnóstico y evaluación de impacto social y económico, para adoptar las medidas necesarias, tan pronto como sea posible para asegurar que no hayan mas víctimas, hasta que todas las minas hayan sido destruidas.
POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS DERECHOS COMO VÍCTIMAS DE LAS MINAS ANTIPERSONAL y EXPLOSIVOS ABANDONADOS
Las víctimas de minas antipersonal y de artefactos explosivos abandonados y sus familias tienen derecho a recibir las ayudas humanitarias que ha determinado el Estado en beneficio de las víctimas de atentados terroristas, sin necesitar ningún intermediario para reclamarlas y para recibirlas.
Son víctimas de la violencia las personas afectadas directamente por atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos explosivos, así como las personas afectadas por tomas guerrilleras, por combates en los que la población civil es atacada indiscriminadamente, y por masacres discriminadas contra civiles, en hechos ocasionados por motivos ideológicos y políticos dentro del conflicto armado interno. (Decreto 444 de 1993; Ley 418 de 1997; Ley 548 de 1999).
Las Víctimas de Minas Antipersonal y Explosivos Abandonados son Víctimas de la Violencia.
SUBSIDIOS, AYUDAS E INDEMNIZACIONES como DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS prestados a través del MINISTERIO DE SALUD – FOSYGA
Estas son las ayudas humanitarias a las que tienen derecho las víctimas y que paga el Gobierno desde 1994 a través del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) actualmente administrado por el consorcio fiduciario FISALUD y que depende del MINISTERIO DE SALUD. Fisalud está ubicado en Bogotá, en la carrera 7 # 32 – 33, oficina 1604, (PBX): (091) 6075555 extensiones 593, 634, FAX (092) 6055555 extensión 104.
El Ministerio de Salud – Fisalud, una vez el reclamante radica la documentación en cumplimiento con los requisitos de la ley establecidos en el Decreto 1283/96, si resulta aprobada, aproximadamente en 60 (sesenta) días se genera el pago de la indemnización. Emite el cheque correspondiente al valor de la ayuda humanitaria y ubica el giro en la cuenta corriente o de ahorros de la entidad bancaria y ciudad señalada por los/as beneficiarios/as. El pago a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud lo hace a través de cuentas bancarias autorizadas para hacer las consignaciones o reclamación personal del cheque en FISALUD, por la persona autorizada por la Gerencia de la IPS.
Las deben reclamar durante el primer año siguiente a la ocurrencia del accidente


  1. Subsidio de Transporte para trasladar la víctima a un centro de atención en salud. Se reconoce un valor máximo de 10 salarios mínimos diarios vigentes en el año en que ocurre el evento. Por ejemplo, en el año 2002, $103.000. Puede ser cobrado por la institución de salud o por la persona particular que prestó el servicio.




  1. Asistencia Médica, Quirúrgica y Hospitalaria. Todas las instituciones hospitalarias públicas o privadas de todo el territorio nacional deben prestar atención de manera inmediata a las víctimas sin exigir ninguna condición previa para su admisión. La atención de urgencias consiste en hospitalización, material médico quirúrgico relacionado con sustitución de huesos, si así lo requiere el paciente: Osteosintesis y ayudas externas como son las órtesis y las prótesis; medicamentos, honorarios médicos, transfusiones de sangre, laboratorios, radiografías. El costo es sin límite, se deben prestar todos los servicios que necesita la víctima.




  1. Rehabilitación Física y Psicológica, para apoyar a la víctima a lograr una vida con la mayor independencia posible para desarrollar las actividades cotidianas por si solas: caminar, comer, bañarse, escuchar, hablar. Los servicios se deben prestar hasta por 1 año. Cuando existe la posibilidad científica de mejorar y el médico o médica tratante así lo certifica, se pagará el servicio de rehabilitación durante 6 meses más. Se deben prestar todos las terapias que necesita la víctima, según el criterio del Médico/a responsable del tratamiento.



LAS SIGUIENTES INDEMNIZACIONES SOLO SE RECONOCEN SI LA VÍCTIMA NO ESTABA AFILIADA AL REGIMEN DE PENSIONES O DE RIESGOSPROFESIONALES.


  1. Indemnización por Incapacidad Permanente, cuando la víctima pierde una función de cualquier parte del cuerpo y no se puede recuperar con el tratamiento médico y las terapias. La certificación la da la Junta de Calificación de Invalidez, que es una entidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presente en la capital de cada departamento y en Bogotá. El costo de la certificación de invalidez es de un salario mínimo diario legal vigente (1 SMDLV) ($ 10.300 pesos) y es pagado por la víctima. La invalidez es clasificada por el médico/a según las tablas establecidas para las juntas de calificación de invalidez. Se reconoce por una sola vez como indemnización, un valor máximo de 180 salarios mínimos diarios vigentes. Por ejemplo, en el año 2002, $1.854.000.




  1. Indemnización por Muerte. La reclama el familiar más cercano a la víctima según las normas vigentes, por ejemplo: hijos/as; esposa o compañera; el papá o la mamá, si la víctima no tenía otra familia. Se reconoce un valor máximo de 600 salarios mínimos diarios vigentes. Por ejemplo, en el año 2002, $6.180.000.




  1. Gastos Funerarios. Se reconoce un valor máximo de 150 salarios mínimos diarios vigentes. Por ejemplo, en el año 2002, $1.545.000.



PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR
RECUERDE: NO NECESITA INTERMEDIARIOS PARA RECLAMAR y RECIBIR SUS DERECHOS. Articulo 46 ley 418 /97)
Para reclamar cualquiera de los subsidios, asistencias o indemnizaciones a que TIENE DERECHO LA VÍCTIMA, se debe realizar el siguiente procedimiento y enviar por correo o entregar personalmente a FISALUD los siguientes documentos para todos los casos:

  1. Certificación de la ocurrencia del evento firmado por el alcalde.




  1. Certificado de atención médica prestada a la víctima (resumen de atención o epicrisis).


Los siguientes documentos varían según sea el tipo de indemnización a solicitar y si lo hace una persona jurídica (IPS) o una natural:
1) PARA GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS Y TRANSPORTE:
PERSONA JURIDICA: Además de los anteriores.

  1. Formulario FOSGA 01

  2. Cuenta de cobro FOSGA 02: Esta debe ser presentada con sujeción a las normas y tarifas del Decreto 2423/96 (Manual de Tarifas SOAT).

  3. Anexo traslado víctimas (Resolución 003/92): Solo es necesario si se esta haciendo cobro de servicios de traslado de víctima.


PERSONA NATURAL Además de los documentos requeridos para todos los casos:

  1. FOSGA – 03 Ver anexo No. 3.

  2. Facturas originales de los servicios o insumos pagados por el reclamante


Es importante aclarar que el FOSYGA solo reconoce los gastos médicos y quirúrgicos que tengan relación directa con los daños físicos sufridos a consecuencia del evento.


  1. PARA COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE, además de la certificación del alcalde:

2.1. Formulario llamado FOSGA-03. Ver anexo No 3,

2.2. Certificado de Incapacidad Permanente expedido por la Junta de Calificación de Invalidez.

2.3. Declaración juramentada donde conste que la víctima no se encuentra afiliado/a a ningún fondo de pensiones o al sistema de riesgos profesionales.

2.4. Cedula de ciudadanía del reclamante (víctima)


  1. PARA COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MUERTE:

    1. Formulario llamado FOSGA-03, firmado por el primer beneficiario. Ver anexo No 3.

    2. Registro civil de defunción de la víctima expedida por una notaria o por la Registraduría Nacional (no son validos las certificaciones sobre muerte expedidas por el DANE.)


Y ADEMÁS, en TODOS LOS CASOS en los que reclame cualquier persona como primer beneficiario:

  1. Fotocopia del documento de identidad del reclamante o persona que reclama.




  1. Declaración juramentada por el primer beneficiario en una notaria, en la que conste que la víctima no se encontraba afiliado (a) a ningún Fondo de Pensiones o Sistema de Riesgos Profesionales


Si la víctima era soltero (a) sin hijos, anexar ADEMÁS:

    1. Registro civil de la víctima para demostrar el parentesco,

    2. Registro civil de los padres, si son ellos los que cobran la indemnización,

    3. Dos declaraciones extrajuicio hechas por el reclamante, en las que conste que la víctima era soltero(a) y no tenia hijos/as,


Si la víctima era casado(a), sin hijos, anexar ADEMÁS:

  1. Registro civil de matrimonio,

  2. Dos declaraciones extrajuicio donde conste que la víctima no tenia hijos/as.


Si la víctima era casado(a), con hijos, anexar ADEMÁS:

  1. Registro civil de matrimonio, Registro civil de los hijos (as),

  2. Dos (2) declaraciones extrajuicio, en las que conste la totalidad de hijos/as de la víctima, con el cónyuge que reclama o con otra pareja (si este es el caso).

  3. Poder otorgado por los hijos(as) de la víctima, mayores de edad, en el que autoricen al cónyuge a cobrar a nombre de ellos.


Si la víctima convivía en unión marital de hecho, sin hijos, anexar ADEMÁS:

  1. Dos (2) declaraciones extrajuicio en las que conste la relación de convivencia con la víctima,

  2. Dos (2) declaraciones extrajuicio en las que conste que la victima no tenia hijos (as).


Si la víctima convivía en unión marital de hecho, con hijos/as, anexar ADEMÁS:

  1. Dos (2) declaraciones extrajuicio en las que conste la relación de convivencia con la víctima,

  2. Registro civil de los hijos/as,

  3. Dos (2) declaraciones extrajuicio en las que conste la totalidad de hijos de las víctima, con el/la compañero/a que reclama o con otra pareja ( si es el caso),

  4. Poder otorgado por los hijos/as de la víctima, mayores de edad, en el que autoricen al compañero(a) a cobrar.


Si es un hijo/a quien reclama, anexar ADEMÁS:

  1. Registro civil de matrimonio de sus padres, o OJO convivencia

  2. Registro civil del hijo/a que reclama,

  3. Registro civil de los otros hijos/as (si va a reclamar a nombre de otros hijos) .

  4. Poder otorgado por los otros hermanos mayores,

  5. Si hay un padre sobreviviente anexar la autorización por escrito del padre/madre sobreviviente si va a reclamar a nombre de este.


4) PARA COBRO DE GASTOS FUNERARIOS:


  1. Carta juramentada por los familiares donde conste que la víctima no estaba afiliada al Sistema General de Pensiones, o al Sistema de Riesgos Profesionales.

  2. Factura original de los servicios funerarios, la cual debe cumplir con los requisitos exigidos por la DIAN:

  1. Expedida en papel membreteado, donde conste la razón social de la funeraria, el número del NIT, dirección, teléfono y número de la factura.

  2. Indicar la fecha y al descripción de los servicios que le prestaron a la víctima, especificando para cada servicio el valor.

  3. La factura se debe expedir a nombre de la persona que solicita los servicios de la funeraria.

  4. Especificar el nombre y apellido(s) de la victima.

  5. Debe tener el sello de cancelado.

  6. Firma y cédula del representante legal de la funeraria.



AYUDAS SUBSIDIOS Y ASISTENCIAS como DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS a través de la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL:

Las víctimas y sus familias también TIENEN DERECHO a reclamar las siguientes ayudas humanitarias que da el gobierno a las víctimas de atentados terroristas a través de las Unidades Territoriales de la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL, las cuales están presentes en las ciudades capitales de cada departamento y en Bogotá en la Calle 7 No 6 – 54, piso 3, Programa de Atención Integral a Municipios Afectados por la Violencia Política en Colombia , PBX(910) 5 96 08 00 Extensiones : 7018, 7059 .En La Red de Solidaridad una vez que se radica la documentación completa y después de en un plazo mínimo de 3 tres meses y dependiendo de la asignación de presupuestal, se transfiere el monto de la ayuda a la sucursal de Bancolombia del lugar de residencia del reclamante y para los residentes en Bogotá se gira cheque a nombre del directo beneficiario para ser reclamado en la oficina de la Pagaduría de la Red de Solidaridad. Calle 7 No. 5 – 54 piso 3 Ver anexo No 4: “Directorio de Unidades territoriales de la Red de Solidaridad Social”.

Existe un plazo de un año a partir de la ocurrencia del hecho para que los afectados o familiares eleven solicitud de ayuda humanitaria ante la Red de Solidaridad Social

Una vez se radique la documentación queda interrumpida el plazo del año fijado por la ley 418 del 97 para presentación de solicitud de ayudas humanitarias ante la Red de Solidaridad Social.



  1. Asistencia Humanitaria por Incapacidad Permanente, representada en un valor máximo de 42.29 salarios mínimos mensuales vigentes del año en que ocurrió el accidente. El porcentaje a reconocer se determina con base en la incapacidad definitiva que expide el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o la EPS y de acuerdo con la tabla de incapacidades. Ver anexo No. Por ejemplo en el año 2002, el monto máximo es de $13.067.610.




  1. Asistencia Humanitaria por Muerte. La reclama la familia más cercana a la víctima, hijos/as; esposa o compañera; el papá o la mamá; o los hermanos si la víctima no tenía otra familia. Tiene un valor máximo de 42.29 salarios mínimos mensuales vigentes del año en que ocurrió el accidente. Por ejemplo en el año 2002, el monto máximo es de $13.067.610.




  1. Asistencia Humanitaria por Pérdida de Bienes o Heridas Leves sin Incapacidad Permanente. Son 2 salarios mínimos mensuales vigentes del año en que ocurre el evento. Por ejemplo en el 2002, son $618.000.




  1. Asistencia Educativa. Los niños y niñas víctimas de atentados terroristas tienen derecho al cupo y a estudiar sin pago de matrícula y pensiones únicamente durante el primer año, en las instituciones públicas de primaria y secundaria y algunas veces en instituciones privadas si estas así lo deciden. La red de Solidaridad emite una certificación con destino a los rectores de planteles educativos en donde Estén o deseen ingresar las víctimas o los (as) hijos (as) de las víctimas, con el fin de que sean eximidos del pago de matricula y pensiones.



  1. Subsidios a través de Créditos Solidarios. Quienes son afectados por la violencia política, pueden acceder a créditos solidarios para financiar la reposición o la reparación de vehículos, maquinaria, equipo, equipamiento, muebles, enseres, capital de trabajo e inmuebles destinados a locales comerciales. Cualquier entidad financiera está obligada a tramitar el crédito. Si la víctima no tiene garantías suficientes para respaldar el crédito, la Red de Solidaridad Social emite una certificación dirigida al Fondo Nacional de Garantía. En la carta circular No. 8- 99- IFI donde se incluyen los requisitos, condiciones y procedimientos para acceder a la línea de crédito. Ver anexo No.


PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR LAS AYUDAS SUBSIDIOS O ASISTENCIA:
RECUERDE: NO NECESITA INTERMEDIARIOS PARA RECLAMAR y RECIBIR SUS DERECHOS(.Articulo 46 ley 418 /97)
Para reclamar cualquier ayuda o, asistencia a que TIENE DERECHO LA VÍCTIMA, se debe realizar el siguiente procedimiento y enviar por correo, o entregar personalmente a la UNIDAD TERRITORIAL de la RED DE SOLIDARIAD SOCIAL que corresponda al Departamento en el que vive la víctima o sus familiares o en el que se prestan los servicios, o al Programa de Atención Integral a Municipios Afectados por la Violencia Política en Colombia en Bogota, los siguientes documentos:


  1. Certificación de la Condición de Víctima de Minas Antipersonal: El Personero o el Comité Municipal de Prevención y Atención de Desastres, del municipio donde ocurrió el hecho debe certificar a la persona como víctima. La Red de Solidaridad Social requiere este certificado para demostrar la calidad de víctima de la violencia política y determinar el tipo de afectación: Muerte, heridas y/o perdida de bienes. Ver Anexo No 5 “Formato de la Red de Solidaridad Social para Certificar la Condición de Víctima, por muerte, heridas y/ o perdida de bienes. “



  1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima si era mayor de edad o certificado de cedulación expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si es una persona menor de 18 años anexar un registro civil de nacimiento, y cédula de uno de los padres.



  1. Recorte de prensa donde se registre el hecho, si este existe. No es indispensable.


Según el tipo de ayuda, asistencia o indemnización, ADEMÁS de la Certificación de la Condición de Víctima de Minas Antipersonal, de la fotocopia de la cédula de ciudadanía o registro civil de nacimiento de la víctima, se deben diligenciar y anexar los siguientes documentos:
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECONOCIMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POR INCAPACIDAD. TABLA DE PORCENTAJES (Ver Anexo No. 5a )
1. Certificación de Autoridad Competente, de acuerdo con el modelo adjunto.
2. Fotocopia historia Clínica o Resumen
3. Incapacidad Definitiva expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o EPS
4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima, si es mayor de edad
5. Si es menor de edad, Registro Civil de Nacimiento, en donde se establezca parentesco y fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECONOCIMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POR MUERTE:



1. Certificación de autoridad competente, que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 418 de 1997 deberá ser expedida por el Comité de Prevención y Atención de Desastres o por el Personero Municipal, especificando si los hechos ocurrieron en atentados terroristas, combates, ataques y masacres por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno.( ver anexo no.5)

2. Registro civil de defunción, expedido por la Notaría o la Registraduria Nacional, no son válidos los comprobantes, ni los certificados expedidos por el DANE.

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, si era mayor de edad o certificado de cedulación expedido por la Registraduria Nacional del Estado Civil.

4. Afirmación de únicos beneficiarios, con presentación ante Notario Público.
5. Recorte de prensa en donde se registre el hecho (si existe)
ADEMÁS:

DOCUMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS, SI LA VICTIMA ERA SOLTERO (A)

Además de los requisitos obligatorios señalados en el punto anterior:
1 Registro Civil de nacimiento de la víctima, en donde conste el nombre de los padres, para demostrar parentesco.
2 Dos declaraciones extraproceso, hechas por personas ajenas a la familia de la víctima, en donde afirmen bajo juramento que la víctima era soltera, no tenía cónyuge ni compañera permanente, además no tenía hijos.
3. Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía de los padres o registro civil de defunción del padre que haya fallecido.
DOCUMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS, SI LA VICTIMA ERA
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