Introducción. Concepto de participación política y participación social






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Universidad Marítima de Chile

Escuela de Derecho

Estatuto constitucional de la participación

Apuntes para un curso de derecho constitucional

Docente: Eduardo Aldunate Lizana

§1. Introducción. Concepto de participación política y participación social.


En un sentido amplio, se entiende por participación toda actividad de una persona que, trascendiendo su individualidad, interactúa con otros individuos al interior de una agrupación humana. En este sentido, se dice que alguien “participa” en la medida que “toma parte” de un grupo social: en la medida en que no está aislado. Sin embargo, podemos encontrar una noción más precisa de participación en un grupo social entendida como la acción consciente de una o más personas tendiente a influir en dicho grupo, con alguna finalidad. Nos movemos aquí al interior de elementos definidos para la idea de asociación. La participación viene a ser, en sentido estricto, entonces, la dimensión de la conducta de una persona en el ámbito de la coordinación de acciones en vistas a un fin.

Desde esta perspectiva amplia, todos los habitantes de un Estado son integrantes del sistema político, participan en él. En este sentido es participación política el comunicarse sobre temas políticos, debatir, informarse para hacerlo con fundamento, convencer a otros de determinadas ideas o valores, etc. En este espectro, existe una íntima relación entre la mayoría de las libertades protegidas por la Constitución y la idea de participación, y por esta vía también de democracia.

En un sistema democrático, que desde una perspectiva implica que es el sustrato social el que da origen al sistema político, el tema de la participación tiene dos facetas. Por la primera, se reconoce la libertad de los individuos para participar en las distintas asociaciones a nivel social, sin intervención estatal. Por la segunda, se define el sistema político sobre la base de la participación difundida (idea de ciudadanía extensa, como habilitada para participar). Con respecto a la participación política, interesa aquí determinar el diseño constitucional, como conjunto de normas (tratadas como un “estatuto”) que regulan el cómo la actuación de un individuo, y en qué niveles, podrá incidir en la formación y ejercicio del poder político.

En un sentido más restringido, cuando la participación tiene por objeto incidir en el proceso de toma de decisiones en el Estado, hablamos de participación política en sentido estricto. Respecto de ese proceso existe la posibilidad de crear canales de comunicación entre los intereses de grupos, al interior de la sociedad, y los órganos estatales. En estos casos, en que se crean vías de comunicación, sin facultades decisorias, se habla de participación social. Si, en cambio, se les da los intereses sociales, en cuanto interese sectoriales, la posibilidad de incidir en forma determinante en las decisiones políticas, estamos ante una forma de participación política de tipo corporativo (ej: que decisiones políticas fuesen tomadas por un órgano compuesto por un representantes de los agricultores, otro de los industriales, otro de los transportistas, otro de los empleados públicos, etc.). De lo contrario (si la articulación de los intereses sociales no llega a tener una incidencia directa, institucionalizada, en la toma de decisiones), la participación social tiene la función de cumplir el rol de un foro en que los intereses de los grupos representados ante la autoridad pueden comunicar su inquietudes y coordinar acciones con la autoridad, sin imponer ni los titulares de los órganos públicos ni el contenido de sus decisiones. Desde la perspectiva de la autoridad es una instancia útil para obtener información.

Hoy, y sobre la base de los principios igualitaristas esenciales del Constitucionalismo, que reconoce como único título de la participación política la calidad de ciudadano -precisamente por surgir como respuesta y repudio a los poderes y privilegios estamentales- se rechaza la participación política de tipo corporativo, y se acepta como base de la participación política al pueblo, entendido como conjunto de ciudadanos.

Sin perjuicio de que el tema de la participación política es mucho más amplio, el objeto de este trabajo es el tema de la participación política institucionalizada y decisoria (o decisiva), entendida como aquella forma de acción destinada a influir o determinar los procesos de configuración de la titularidad de los órganos estatales y de toma de decisiones, que se encuentra regulada por el ordenamiento jurídico.

De lo expuesto en el párrafo anterior surge de inmediato una primera distinción entre participación institucionalizada, esto es, aquella regulada jurídicamente, y no institucionalizada, no regulada, por lo menos no en su vertiente específicamente política.1
No toda las formas de participación política se encuentran comprendidas en el estatuto constitucional que la regula. El sistema político es un sistema complejo, y dentro de esa complejidad, la Carta escoge algunos elementos y los institucionaliza. Por ejemplo, los requisitos de la participación (ciudadanía-derecho de sufragio activo-pasivo), sus formas (elecciones, plebiscitos), sus actores organizados (partidos políticos), etc. En algunos casos, intenta simplificar el sistema, estableciendo una separación entre lo social y lo político, según se verá. Sin embargo, la mayor parte del sistema político no se encuentra recogido en la regulación constitucional. Por solo mostrar un ejemplo, todo el complejo de interacciones entre partidos políticos no encuentra hitos normativos en la Constitución.
Se tratarán también en este curso los elementos de participación social que contempla nuestra Carta; todo ello desde la perspectiva de las posibilidades dadas al individuo para participar, y sus condiciones orgánicas y procedimentales. De aquí el nombre del tema, Estatuto Constitucional de la Participación: el conjunto de normas constitucionales e infraconstitucionales que definen la posición de la persona en nuestro sistema político, en relación a las facultades de participación política institucionalizada y social que le otorga el ordenamiento jurídico.

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