La credibilidad de la víctima. (Guia de criterios de actuacion judicial frente a la violencia de genero. Consejo General del Poder Judicial. 2013)






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LA CREDIBILIDAD DE LA VÍCTIMA. (Guia de criterios de actuacion judicial frente a la violencia de genero. Consejo General del Poder Judicial. 2013)

VII.5.3. La credibilidad de la víctima

Enlazando con lo anterior y para una correcta aproximación a esta cuestión, resulta obligado referirse a la doctrina jurisprudencial sentada por el TS y por el TC, acerca de los requisitos que la declaración de la víctima ha de tener para ser valorada a la hora de fundar una Sentencia condenatoria.

Como punto de partida conviene recordar que, tal como la Sentencia del Tribunal Supremo 7384/2011 (ponente Diego Antonio Ramos Gancedo), señalaba, la declaración de la víctima, no es prueba indiciaria sino directa y ha sido admitida como prueba de cargo tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional.

Afirmando la STS 21/03/2011 -con cita de otras anteriores, como las SSTS 19/02/2011 y de 21/09/2010- que dicha Sala viene diciendo de manera constante y reiterada, que el testimonio de la víctima aunque no hubiera otro más que el suyo, cuando no existen razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas en el juzgador, impidiéndole formar su convicción en consecuencia, es considerado apto para destruir la presunción de inocencia

Para que esto suceda, se hace preciso que se den una serie de circunstancias concurrentes.

Las Sentencias del Tribunal Constitucional 229/1991, de 28 de noviembre, y del Tribunal Supremo, de 1 de febrero y 7 de marzo de 1994 y de 30 de enero y 9 de julio de 1999, permiten inferir la consideración como prueba de cargo de la declaración de la víctima del delito cuando se den en la misma los siguientes elementos:

1. Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las previas relaciones acusado-víctima que pongan de relieve un posible móvil espurio o de venganza que pueda enturbiar la sinceridad del testimonio.
2. Verosimilitud del testimonio, que ha de estar corroborado por otros datos objetivos obrantes en el proceso.

3. Persistencia en la incriminación, que ha de ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresa y expuesta sin ambigüedades o contradicciones en lo fundamental.
Esta doctrina jurisprudencial, que podríamos llamar clásica, mantiene hoy en día toda su vigencia, si bien el TS en algunas Sentencias llama la atención acerca de las precauciones que deben seguirse en relación con la misma, sobre todo en aquellos casos en los que la perjudicada se constituye además en parte y ejercita la acción penal, llegando a hablar la Sentencia del TS, de 18 de julio de 2.002, de una “situación límite de riesgo” para el derecho a la presunción de inocencia cuando la única prueba de cargo es la declaración de la presunta víctima, señalando la STS de 23 de marzo de 1999 que el riesgo se hace más extremo si ésta es precisamente quien inicia el proceso, mediante la correspondiente denuncia o querella, haciéndose aún más acentuado si ejercita la acusación.

Asimismo en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de mayo de 2010 (ponente Perfecto Andrés Ibáñez), se efectúa una crítica de lo que entiende viene produciéndose en la valoración de la declaración de la víctima, cuando los delitos se cometen en la intimidad y sin testigos, otorgándosele a aquella un plus de credibilidad. Criterio contrario al principio de presunción de inocencia.

No obstante lo anterior, la Sentencia del TS 725/07, de 13 de septiembre, con cita de las Sentencias del mismo Tribunal 409/04, de 24 de marzo, 104/02, de 29 de enero, y 2035/02, de 4 de diciembre, afirma que

"nadie debe padecer el perjuicio de que el suceso que motiva el procedimiento penal se desarrolle en la intimidad de la víctima y del inculpado, so pena de propiciar situaciones de incuestionable impunidad",

como sucede en buena parte de los procedimientos competencia de los JVM.

En la antes citada STS de 21 de marzo de 2011, también se incidía en que si no se aceptara la validez de ese testimonio se llegaría a la más absoluta impunidad este tipo de ilícitos penales, que suelen perpetrarse de forma clandestina, secreta y encubierta y que por tanto para su descubrimiento, resulta fundamental esa declaración.
También ha señalado, como en la STS de 17 de junio de 2.000, respecto del requisito de ausencia de incredibilidad subjetiva, que no es razonable exigir a la víctima de cualquier agresión la solidaridad o indiferencia respecto a la persona causante del prejuicio, por lo que el presupuesto ha de actuar respecto de hechos, relaciones o situaciones diferentes de los concretos hechos a enjuiciar.

Al hilo de lo anterior, y siguiendo igualmente la línea marcada por la Sentencia del TS de 30 de junio de 2.005 y la anteriormente citada de 13 de septiembre de 2.007,

no pueden establecerse en esta cuestión criterios apriorísticos”.

Efectivamente, tal y como declara la Sentencia del TS de 30 de junio de 2.005, conviene recordar que la jurisprudencia de la Sala Segunda del TS no ha establecido la necesidad de cumplir unos requisitos rígidos para que la declaración de la víctima pueda ser valorada como prueba de cargo suficiente, de manera que, si se demuestra su concurrencia, haya de concluirse necesariamente que existe prueba y, si no se aprecian, también necesariamente hubiera de afirmarse que tal prueba no existe. Simplemente se han señalado pautas de valoración, criterios orientativos, que permiten al Tribunal expresar a lo largo de su razonamiento sobre la prueba aspectos de su valoración que pueden ser controlados en vía de recurso desde puntos de vista objetivos.

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha declarado que cuando la carencia es aplicable a los tres requisitos, ello determina un vacío probatorio o ausencia de prueba, en el cual la condena, violaría el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

Como se señalaba anteriormente, la razonabilidad de la argumentación que debe contener la Sentencia debe expresar el juicio de inferencia realizado por el/la Juzgador/a cuando la declaración de la víctima se erige en prueba de cargo.

En la misma línea la STS 681/10/2007 tras insistir- refiriéndose a otras sentencias del TS ( Ss. 578/2001 de 6 de abril y 1211/2006 de 13 de diciembre -entre otras-)- en el grave riesgo que para el derecho constitucional de presunción de inocencia se produce cuando la única prueba de cargo viene constituida por la declaración de la supuesta víctima del delito y afirma que en estos supuestos el control no puede limitarse a la mera constatación formal de que dicha declaración es hábil para ser valorada como prueba de cargo, sino que va más allá: ha de verificarse la racionalidad de la decisión que fundamenta la condena.
Así, llama la atención de la lectura de numerosas Sentencias dictadas por Juzgados de lo Penal y por Secciones Especializadas de AP el que se suele utilizar como criterio para negar credibilidad a la víctima el hecho de que la misma se encuentre inmersa en un procedimiento de separación o divorcio, pese a que los datos ofrecidos por diferentes estudios especializados, -entre otros los efectuados por el Grupo de Expertos/as en Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, respecto de la totalidad de sentencias dictadas por los Tribunales de Jurado, en casos de homicidios y/o asesinatos entre miembros de la pareja o ex pareja-, permiten concluir que en tales supuestos se produce un incremento del riesgo de que la mujer sufra una agresión.

En este sentido, no resulta razonable cuestionar la credibilidad de la denunciante por el mero hecho -sin otras circunstancias concurrentes- de que la misma, en el ejercicio de un derecho constitucional, como el de acceso de cualquier ciudadano/a a los/las Jueces/zas y Tribunales en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, haya entablado una demanda ante el Juzgado de Familia o ante el JVM contra su presunto agresor, y ello con independencia del escaso porcentaje de procedimientos civiles que tramitan estos últimos respecto del total de asuntos de naturaleza penal.

Otro de los parámetros utilizados habitualmente para cuestionar la credibilidad de la víctima, el lapso de tiempo transcurrido desde que se producen los hechos hasta la presentación de la denuncia, ha de ser igualmente valorado con suma prudencia, pues como ha señalado el TS, en Sentencia 725/07, de 13 de septiembre:

La Sala no duda de que el testimonio de quien acude a la autoridad judicial denunciando hechos que se remontan a varios años antes ha de ser valorado con especial precaución. En hechos de la naturaleza del que nos ocupa, pesan en la decisión de la víctima sobre si acudir o no a la policía o al Juzgado de Guardia factores que no son de tan difícil comprensión. Lo señala la experiencia y, por ejemplo, el conocimiento público y notorio de significativas estadísticas de agresiones semejantes no denunciadas. Dependiendo de las circunstancias pueden admitirse lapsos de tiempo más o menos largos y se tienen ciertamente experiencias judiciales de denuncias al cabo de varios años de agresiones físicas y también sexuales de gravedad, incluso continuadas, que posteriormente se han visto confirmadas en modo de sentencias condenatorias, aludiendo en el caso concreto a situaciones de vergüenza y de temor
Otro de los criterios, que a menudo nos encontramos, para valorar la credibilidad de la víctima es el que ésta haya renunciado o no a las indemnizaciones civiles que le pudieran corresponder. Postura que ha sido criticada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien en su sentencia STS 404/2005 de 25 de marzo de 2005, refiere que el hecho de no solicitar indemnización civil no puede ser nunca, un dato, que refuerce la credibilidad de la víctima, ya que pueden existir otros móviles que determinen a una persona a formalizar una denuncia, a parte de los económicos. Lo que no puede sostenerse sin más -añade-, es que las víctimas que solicitan indemnizaciones, puedan tener menor credibilidad que quienes renuncian a ellas. Quiere con ello decirse -concluye el Tribunal- que “este no es un elemento de credibilidad que refuerce, la declaración de la víctima, de modo que no puede valorarse como tal”.

En la práctica es igualmente frecuente que la defensa del imputado centre todos sus esfuerzos en tratar de desmontar la credibilidad de la víctima, aduciendo algún tipo de móvil espurio, o incluso insinuando algún tipo de patología mental proponiendo la práctica de pericial psicológica o psiquiátrica de la misma. Acerca de esta diligencia cabe recordar la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de octubre de 2.004, conforme a la cual tal prueba sólo puede admitirse con carácter excepcional y cuando efectivamente pudiera haber indicios de algún tipo de patología relevante en la víctima.

Todo lo anterior nos debe llevar a ser particularmente escrupulosos a la hora de tomar declaración a la perjudicada, tratando de buscar, si existen, corroboraciones periféricas que abunden en la credibilidad de su testimonio.

Muy ilustrativa en este sentido resulta la Sentencia del TS 140/04, de 9 de febrero, en que la Sala Segunda señala expresamente que

la declaración de la víctima ha de estar rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso; lo que significa que el propio hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima (Sentencias de 5 de junio de 1992, 11 de octubre de 1995, 17 de abril y 13 de mayo de 1996 y 29 de diciembre de 1997). Exigencia que, sin embargo habrá de ponderarse adecuadamente en los delitos que no dejan huellas o vestigios materiales de su perpetración (art. 330 LECrim), puesto que, como señala la Sentencia de 12 de julio de 1996, el hecho de que en ocasiones el dato corroborante no pueda ser contrastado no desvirtúa el testimonio si la
imposibilidad de la comprobación se justifica en virtud de circunstancias concurrentes en el hecho. Los datos objetivos de corroboración pueden ser muy diversos: lesiones en delitos que ordinariamente las producen; manifestaciones de otras personas sobre hechos o datos que sin ser propiamente el hecho delictivo atañen a algún aspecto fáctico cuya comprobación contribuya a la verosimilitud del testimonio de la víctima; periciales sobre extremos o aspectos de igual valor corroborante, etc”.

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