La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha prestado especial atención a la situación de los derechos humanos en Colombia y en uso de su competencia, ha






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F. Personas privadas de libertad





  1. Respecto de las personas privadas de libertad, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) habría informado que en julio de 2011 ingresaron 1.743 personas a las 144 cárceles del país, llegando a 95.184 la cifra total de presos, lo que indica que la sobrepoblación carcelaria pasó de 28.39 por ciento a 30.77 por ciento. Tomando en cuenta que la capacidad instalada de Colombia, oficialmente es de 78.000 plazas253.




  1. En julio de 2011 se recibió en la Relatoría de Personas Privadas de Libertad una carta enviada por un agente del INPEC que labora en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de la Ciudad de Bucaramanga (Santander) en la que denuncia la grave situación de hacinamiento en ese centro. De acuerdo con la información suministrada, la capacidad de alojamiento inicial de ese establecimiento era de 700 plazas, y debido a la implementación de “planchas y Chambranas” se habría logrado aumentar el número de plazas a 1.236; sin embargo, la población actual de la cárcel sería de 2.558 reclusos. Esta situación obligaría a los internos a dormir en los baños, pasillos e incluso a “colgarse en cobijas” atadas a alturas de hasta diez metros sobre el nivel del suelo.




  1. De igual forma, durante este año la Comisión recibió información de diversas fuentes según la cual la Cárcel de Valledupar –que actualmente alojaría más de 1.300 reclusos– estaría sufriendo una grave crisis sanitaria originada fundamentalmente por la falta de provisión regular de agua. Además, se ha denunciado la falta de provisión de atención médica y la comisión reiterada de actos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del personal de seguridad de esa cárcel. La falta de agua en este establecimiento generaría además consecuencias directas en las condiciones higiénicas y de salubridad; sería la causa de constantes riñas entre internos y situaciones de violencia dentro de la cárcel; y afectaría la provisión de otros servicios básicos, como la entrega de alimentos en buen estado. A este respecto, la CIDH envió una carta de solicitud de información al Estado, con base en las atribuciones del artículo 41 de la Convención254.




  1. Con relación a la situación general de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, la CIDH toma nota del Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes255, preparado por la Coalición Colombiana contra la Tortura, publicado en agosto del presente año y remitido a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. Lo señalado en este documento va en la línea de la información observada consistentemente por la Relatoría en el ejercicio de sus funciones de monitoreo.




  1. De acuerdo con el citado informe –en el que participaron diez organizaciones de la sociedad civil–, a pesar de que entre 1998 y mayo de 2010 se habilitaron 23.851 cupos carcelarios en el país, la población reclusa aumentó en ese lapso de 44.398 personas a 80.490, pasando de un 34.1% al 41.3% de hacinamiento (tomando en cuenta la capacidad oficial declarada por el Estado). Asimismo, en este informe se señala como principales problemas, además del hacinamiento, las deficiencias en las prestaciones de los servicios de salud por parte de la empresa CAPRECOM; la violencia carcelaria256; y la comisión e impunidad de actos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los reclusos, los que en su mayoría consistirían en palizas, uso de gases lacrimógenos, requisas denigrantes, castigos colectivos y uso arbitrario y desproporcionado del aislamiento celular257.




  1. La CIDH observa además que tanto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas258, como la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos259 se han pronunciado recientemente en el mismo sentido con relación a la comisión de actos de tortura, tratos crueles e inhumanos por parte de agentes de la fuerza pública contra personas bajo su custodia.




  1. Finalmente, la CIDH manifiesta su preocupación por las informaciones ampliamente difundidas por distintos medios de comunicación durante el presente año, según las cuales serían frecuentes los supuestos casos de corrupción, irregularidades y falta de transparencia institucional por parte del Instituto Nacional Penitenciario, institución a cargo de la administración y custodia de las cárceles.



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