La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha prestado especial atención a la situación de los derechos humanos en Colombia y en uso de su competencia, ha






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C. Defensoras y defensores





  1. Durante 2011 la Comisión observó la continuidad en los discursos de desprestigio en contra de defensores y defensoras; de ataques en contra de su vida e integridad, sin resultados notorios en las investigaciones; así como de la iniciación de acciones penales, presuntamente, infundadas con el objetivo de criminalizar sus labores196.




  1. La CIDH notó que aunque el Estado indicó haber adoptado una política de “desarme de la palabra”, como discurso de no confrontación con defensoras y defensores de derechos humanos, en la práctica, no se han verificado avances significativos en su grave situación que persiste desde hace varios años197. En este sentido, resulta especialmente preocupante que funcionarios públicos continúen emitiendo declaraciones de descrédito que podrían incrementar el riesgo en que defensoras y defensores realizan sus actividades y minar la confianza de la sociedad colombiana en organizaciones de derechos humanos.




  1. En particular, se tuvo conocimiento de las declaraciones de altas autoridades públicas en el marco de los hechos relacionados con un presunto fraude por parte de una de las personas identificadas como víctima en el caso de la Masacre de Mapiripán198. Así, se recibió información de que el Presidente de la República, habría indicado que con el presunto fraude “se confirma lo que mucha gente venía diciendo respecto a que hay intereses oscuros, intereses económicos, que utilizan dicho sistema, que hacen burla de él, para lucrarse a costa de los recursos públicos del Estado, que son los recursos de los ciudadanos”199. Asimismo, el Procurador General de la Nación habría señalado que integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (“CCAJAR”) podrían haber incurrido en los delitos de fraude procesal y falsedad al haber representado a falsas víctimas de la masacre cometida por paramilitares en Mapiripán, y “que conductas como las conocidas son propias de bandas criminales especializadas en estafar al Estado colombiano”200. La Comisión considera que declaraciones como las enunciadas, antes de que el Estado haya realizado las investigaciones correspondientes, pueden impactar negativamente en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos colombianas, que a lo largo de estas últimas décadas han desarrollado su trabajo en defensa de derechos humanos en situaciones de serio riesgo, lo cual ha costado la vida a muchos de ellos y ha llevado a la Comisión a solicitar reiteradamente al Estado colombiano a respetar y proteger su accionar 201.




  1. En cuanto a los asesinatos de defensoras y defensores, según información disponible, en los tres primeros meses de 2011 se habrían registrado 96 casos de agresión, de los cuales 9 habrían sido asesinatos y 4 desapariciones202. Al concluir el primer semestre de 2011, organizaciones de la sociedad civil documentaron que cada día y medio habría sido agredido un defensor203. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la responsabilidad de gran parte de las violaciones en contra de defensoras y defensores habría sido atribuida a agentes del Estado, miembros de grupos post desmovilización e integrantes de las FARC-EP y del ELN204. Durante su 143º período de sesiones, la CIDH recibió información por parte de organizaciones sindicales, según la cual, en el año de 2011 habrían sido asesinados 23 sindicalistas205.




  1. En particular, la CIDH ha recibido información sobre la continuidad en la exposición de algunos grupos a sufrir ataques en contra de su vida, entre los cuales se encuentran líderes y lideresas sindicalistas206; indígenas207 y afrodescendientes, así como de personas desplazadas en la lucha por la restitución de tierras, estos últimos, documentados por la OACNUDH con especial intensidad en los departamentos de Cauca, Sucre y la región del Urabá208.



  1. La CIDH dio especial seguimiento durante 2011 a los ataques contra líderes y lideresas sociales de personas en situación de desplazamiento y ha identificado que muchos de estos ataques guardan relación con el estado de indefensión que guardan ante la violencia generada por las confrontaciones con grupos armados en las zonas de desplazamiento, así como frente a los intereses de grupos opositores a las actividades de reivindicación de los derechos de las personas desplazadas. Según la información disponible, cuando menos 45 líderes de población desplazada que tendrían vínculos con los procesos de restitución de tierras habrían sido asesinados en el período de 2002 a 2011209. Concretamente en 2011, la CIDH recibió información sobre el asesinato de Bernardo Ríos Londoño, líder social miembro de la Comunidad de Paz la Comunidad de San José de Apartadó quien fue asesinado por disparos de arma de fuego el 22 de marzo de 2011210; Eder Verbel Rocha cuya familia ha denunciado la existencia de grupos paramilitares en San Onofre, Sucre quien recibió un impacto de bala el 23 de marzo de 2011 que terminó con su vida211; David de Jesús Góez quien reclamaba la restitución de 20 hectáreas de tierra en el sector de Tulapa y fue ultimado el día 23 de marzo de 2011 en un centro comercial al suroeste de Medellín212; Ana Fabricia Córdoba, lideresa social afrodescendiente de desplazados en la restitución de tierras en la región de Urabá, fundadora de la Asociación Líderes Hacia delante Por un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ) e integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres, quien perdió la vida a consecuencia del disparo de arma de fuego el 7 de junio de 2011213. Tras el asesinato de la lideresa social Ana Fabricia Córdoba, la CIDH recibió información, según la cual, altas autoridades del Estado de Colombia, públicamente habrían afirmado que el asesinato de la defensora podría haberse evitado, ya que desde el 9 de mayo el Programa de Protección del Ministerio del Interior habría tenido conocimiento sobre las amenazas contra la lideresa sin que se hubieran implementado medidas de protección oportunamente214.



  1. La CIDH ha observado que algunos de los asesinatos de defensoras y defensores ocurridos en 2011, fueron precedidos por notas de amenazas e intimidación que determinan a defensores y defensoras de derechos humanos o a sus organizaciones como objetivos de grupos paramilitares, tales como los autodenominados “águilas negras” 215 o “rastrojos”216. A ese respecto, días antes del asesinato de la lideresa social Ana Fabricia Córdoba217, decenas de organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de la población desplazada, entre las cuales se encontraba Ruta Pacífica de las Mujeres -a la cual pertenecía la defensora-, recibieron una amenaza de muerte con fecha del 2 de junio firmada por el grupo armado “Rastrojos”, la cual estaba dirigida a quienes tuvieran una participación crítica en el marco de implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que sería aprobada días después de la amenaza, el 10 de junio de 2011. Entre las organizaciones señaladas como objetivos en el escrito de “Rastrojos” se encuentran CREAR, Arco Iris, Ruta Pacífica de la Mujer, Fundación Social, Sisma Mujer, Red de Empoderamiento, CCAJAR, FUNDEPAZ, Casa Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, FUNDHEFEM; CODHES, FUNDEMUD, MOVICE, UNIPA y Fundación Nuevo Amanecer. Integrantes de varias de las organizaciones señaladas en esas amenazas son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH218.



  1. Por otro lado, durante 2011 persistieron las agresiones en contra de operadores de justicia. La CIDH recibió información según la cual, 4 operadores de justicia habrían sido asesinados en el período de enero a junio de 2011219 y cuando menos 750 amenazas se habrían registrado en el transcurso de los últimos cuatro años contra miembros de la rama judicial, en especial de jueces penales220. Entre los ataques en contra de la vida de operadores de justicia, la CIDH tuvo conocimiento del asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona quien murió en el mes de marzo de 2011 tras recibir disparos por arma de fuego en Saravena (Arauca). De acuerdo a la información disponible, la jueza Gaona estaba a cargo de complicados procesos penales relacionados con el narcotráfico, así como el caso de la masacre de tres niños por cuya presunta autoría se encuentra detenido un subteniente del ejército221.



  1. La Comisión ha destacado desde informes anteriores222 la continuidad del “Programa de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y líderes sociales”223, el cual se extendería a 10.421 personas224. Este programa regido de conformidad al Decreto 1740 promulgado el 19 de mayo de 2010 contribuye significativamente a la protección de defensores, defensoras, líderes sindicales225 y operadores de justicia en riesgo. Durante 2011, la CIDH recibió información relacionada con una serie de deficiencias en los procesos de solicitud e implementación de las medidas de protección especiales que brinda este programa. Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia manifestó en su informe sobre Colombia de 2011 su preocupación por la persistencia de las demoras en la realización de los estudios de riesgo, la lentitud en la implementación de medidas, la ausencia de un enfoque diferencial y la cesión de los esquemas de protección a empresas privadas226. Asimismo, en sus recomendaciones la OACNUDH ha alentado al gobierno a una revisión exhaustiva de las políticas y programas de protección, tanto gubernamentales como de otras entidades del Estado227.



  1. La CIDH toma nota de que mediante Decreto 4065 de 31 de octubre de 2011228 se creó la Unidad Nacional de Protección como entidad que asume las funciones de protección que desarrollaba el Departamento Administrativo de Seguridad. La Comisión observa que esta Unidad estará encargada de coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección, entre otras personas, a quienes “su liderazgo sindical y de ONGs” se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal, así como garantizar la oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas que se otorgan229. Igualmente, la Unidad, será la encargada de realizar la evaluación de riesgo a las personas que soliciten protección230.



  1. Un aspecto de especial preocupación que la sociedad civil ha expresado es que, en el proceso de liquidación del DAS231, los esquemas de seguridad del Programa de Protección que estaban asignados al mismo fueron progresivamente asignados a empresas de seguridad privada. Según varias organizaciones, esta progresiva privatización del personal encargado representa varios obstáculos para su propia seguridad y desarrollo de sus actividades, entre los cuales se encuentran: los vínculos históricos que algunas empresas se seguridad privada tendrían con grupos paramilitares; la posible participación de desmovilizados en los eventuales esquemas de protección y la falta de experiencia por parte de las empresas de seguridad en realizar una actividad que originalmente correspondería al Estado232.



  1. La CIDH ha recomendado que las actividades de análisis de riesgo e implementación de las medidas deben estar asignadas a personal que pertenezcan a un organismo de seguridad estatal que sea separado del que ejerce las actividades de inteligencia y contrainteligencia233. En este sentido, la CIDH valora los esfuerzos del Estado para que el personal encargado de protección ya no pertenezca al DAS, sin embargo, observa que de acuerdo a la información disponible en los medios, 601 escoltas que pertenecerían al DAS se trasladarían a la nueva Unidad234, por lo que en la práctica, podría ser el mismo personal el que estaría a cargo de las funciones de protección. La Comisión considera que el Estado debe asegurar que el personal que participe en los esquemas de seguridad genere confianza a los beneficiarios de la protección. Un elemento fundamental para lograr esta confianza es que el Estado garantice que la asignación del personal se haga con la participación de los beneficiarios de las medidas de protección235.



  1. Adicionalmente, otro obstáculo que defensoras y defensores han denunciado atraviesan en relación al programa de protección interno y la implementación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH o provisionales de la Corte es que los beneficiarios deban pasar nuevamente por un proceso de “demostración del riesgo” a fin de ingresar al programa de protección, aún cuando las respectivas instancias internacionales ya determinaron la existencia del mismo a través del otorgamiento de las medidas. El Estado ha indicado que los estudios de nivel de riesgo no pretenden controvertir la existencia del riesgo sino establecer su grado y hacer seguimiento a su evolución ante la implementación de medidas de protección236, asimismo, ha señalado que la realización del Estudio Técnico del Nivel de Riesgo no implica la ausencia de medidas de protección de carácter preventivo, las cuales permiten la protección de los beneficiarios durante el tiempo en el que se realiza el estudio237. La CIDH considera que si bien el Estado debe tener conocimiento y analizar la situación de riesgo del beneficiario de medidas cautelares, este análisis debe realizarse a efecto de determinar en conjunto con el beneficiario las medidas de protección más adecuadas. Sería motivo de preocupación que el Estado a través de una nueva valoración del riesgo, impusiera una carga adicional para el beneficiario para poder ingresar al Programa de Protección del Estado, constituyéndose esta conducta en un obstáculo para adoptar oportunamente las medidas de protección dictadas por los órganos del sistema interamericano.



  1. De acuerdo a la información recibida por la CIDH, en un nuevo trámite legislativo, en junio de 2011 se habría aprobado por el pleno del Senado de la República en último debate como ley estatuaria la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, misma que se encontraría pendiente el trámite de conciliación entre el Senado y la Cámara y sujeta a posterior control constitucional de la Corte Suprema238. La CIDH valora que en el proyecto de ley de inteligencia y contrainteligencia, se haya establecido que en “ningún caso la información de inteligencia y contrainteligencia será recolectada, procesada o diseminada por razones de [...] pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos [...]”239 asimismo, que la ley indique que las actividades de inteligencia estén sujetas a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad240. No obstante ello, entre otras observaciones que se harán en su oportunidad, la CIDH observa que el Estado aún no ha adoptado una ley que permita el ejercicio efectivo del derecho de hábeas data a fin de que las defensoras o defensores que habrían sido objeto de actividades de inteligencia arbitrarias, tengan acceso a sus datos y de esa forma puedan solicitar su corrección, actualización o en su caso la depuración de los archivos de inteligencia241.



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