La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha prestado especial atención a la situación de los derechos humanos en Colombia y en uso de su competencia, ha






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B. Pueblos indígenas





  1. La CIDH, en el Capítulo IV de su Informe Anual de 2010, examinó en detalle la situación de los pueblos indígenas y las condiciones de riesgo a las que se enfrentan la mayoría de los grupos, como consecuencia del conflicto armado. En el 2011, los factores generadores de este riesgo han continuado, siguiendo graves patrones de afectación semejantes a los que se han documentado para los años precedentes. Algunos de los hechos de violencia más graves que se pusieron en conocimiento de la CIDH motivaron la adopción de medidas cautelares o la emisión de comunicados de prensa.




  1. En agosto de 2011 la Organización Nacional Indígena de Colombia (“ONIC”) publicó un “Informe sobre la crisis humanitaria y violación a los derechos de los pueblos indígenas”, en el cual denuncia la continuidad de la victimización de los indígenas por el conflicto armado, reportando, para el primer semestre de 2011, 51 casos de asesinatos, masacres o desapariciones por los distintos actores del conflicto, 27 víctimas de minas antipersonal (6 de ellas mortales), y tres desplazamientos forzados masivos de comunidades indígenas enteras190. Asimismo, las organizaciones indígenas del país denunciaron públicamente, por ejemplo, que: cinco miembros del pueblo indígena Zenú de la región del Bajo Cauca fueron asesinados por grupos armados, incluyendo el vicegobernador del Cabildo La 18 (zona rural del municipio de Zaragoza), junto con sus dos hijos de 15 y 16 años de edad, así como el hijo del vicegobernador del cabildo Unión Pató (municipio de Caucasia)191; el 10 de junio de 2011 un miembro del pueblo U’wa fue asesinado en el departamento de Arauca y posteriormente presentado como un guerrillero dado de baja en combate por las fuerzas Armadas; el 5 de julio fue asesinada la Cacica del Cabildo Zenú El Porvenir de la Fe, en el municipio de Montelíbano, Córdoba, por parte de desconocidos. Asimismo, algunos miembros de pueblos indígenas colombianos también habrían sido muertos en el curso de operaciones militares del Ejército Nacional. Según denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca, el 27 de abril de 2011 el Ejército, en el curso de una operación antinarcóticos, dio muerte al fiscal suplente del cabildo del resguardo de Togoima, e hirió a otros tres comuneros.




  1. De particular gravedad es la situación de los pueblos indígenas del departamento del Cauca, uno de los de mayor concentración indígena del país. En el curso del primer semestre de 2011 se presentaron varios enfrentamientos violentos en las zonas urbanas y rurales de varios municipios del Cauca de alta población indígena, incluyendo Jambaló, Caldono, Caloto, Corinto y Toribío. El 5 y 6 de julio los municipios de Jambaló y Toribío fueron hostigados por las FARC. El 9 de julio de 2011 las FARC detonaron un carrobomba en el casco urbano de Toribío (Cauca), causando la muerte de dos indígenas e hiriendo a aproximadamente ochenta más. En la misma fecha se presentaron fuertes enfrentamientos armados entre la Fuerza Pública (Ejército) y la guerrilla de las FARC en el área urbana de los municipios de Toribío y Corinto (Cauca), atrapando a numerosos civiles indígenas.




  1. Igualmente grave es la situación de los Awá. El 16 de marzo de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del pueblo indígena Awá de los departamentos de Nariño y Putumayo, Colombia. La solicitud de medida cautelar e información proveniente de diversas fuentes indican que el pueblo Awá ha sido blanco de numerosos atentados, asesinatos y amenazas en el contexto del conflicto armado colombiano. Agrega que recientemente se registraron enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados irregulares en territorio del resguardo Chinguirito Mira y de la comunidad de La Hondita, lo cual habría dejado a miembros del pueblo Awá en medio del fuego cruzado. La solicitud indica, además, que en 2011 habrían tenido lugar tres accidentes con minas antipersonal sembradas por los actores del conflicto armado en su territorio ancestral192.




  1. La población indígena en situación de desplazamiento forzado continúa en condiciones de desprotección y pobreza lesivas de los derechos fundamentales de sus miembros. Por ejemplo, según se reportó en la prensa, en el mes de junio, más de treinta miembros del pueblo Nukak-Makú desplazados en San José del Guaviare fueron afectados por una epidemia respiratoria; este pueblo indígena ha sido diezmado en las décadas recientes por brotes de gripa y malaria, y el 40% de sus miembros están desplazados de su territorio por causa de las FARC. Por otra parte, el 3 de junio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 21 familias de la comunidad Nonan, del pueblo indígena Wounaan; en la solicitud de medida cautelar se informaba que las familias habían sido objeto de hostigamientos por parte de las fuerzas armadas y grupos armados ilegales, por lo cual debieron desplazarse de su territorio y sufrieron, en consecuencia, graves problemas en el acceso a alimentación, vivienda y medicinas. Asimismo se informaba que las familias no habrían recibido atención médica y humanitaria de forma consistente y efectiva durante los nueve meses transcurridos desde su desplazamiento, a pesar de que se dictó un fallo de tutela a su favor, situación que se relacionó con la muerte por tuberculosis de una niña de 11 meses de edad, el 12 de mayo de 2011.




  1. Igualmente grave es la afectación de la población indígena por la siembra de minas antipersonal en sus tierras ancestrales. Por ejemplo, varios miembros del pueblo indígena Awá, incluidos algunos niños, han sido víctimas de minas antipersonal, presuntamente sembradas en su territorio por grupos armados ilegales. El 31 de enero y el 7 de febrero de 2011 ocurrieron dos explosiones de minas antipersonal que cobraron la vida de un niño e hirieron a cuatro adultos, lo cual motivó la emisión de un Comunicado de Prensa por la CIDH el 10 de febrero de 2011193. Asimismo, distintas fuentes han reportado un aumento en el reclutamiento forzado de niños indígenas por parte de las FARC durante 2011194. El 26 de marzo de 2011, en la vereda Gargantillas del Resguardo de Tacueyó – municipio de Toribío (Cauca), la Fuerza Pública bombardeó un campamento de las FARC donde estaban algunos guerrilleros recién reclutados; estas víctimas de reclutamiento incluían a dieciséis personas indígenas, la mayoría de ellos niños, quienes murieron como consecuencia del ataque195.



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