La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha prestado especial atención a la situación de los derechos humanos en Colombia y en uso de su competencia, ha






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- Acciones Judiciales


  1. El 25 de mayo de 2011, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia C-442-11, mediante la cual declaró que los jueces que conocen casos relativos a injurias y calumnias deberán realizar una interpretación restrictiva de estos tipos penales de forma que se favorezca “la vis expansiva de la libertad de expresión”, la cual goza de un carácter privilegiado en el ordenamiento jurídico colombiano. Precisó, que “sólo consagra como sancionable el comportamiento doloso”, es decir, que la imputación sea realizada con conocimiento y la intención de producir daño. Finalmente, reiteró la importancia de atender a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión 85.




  1. A pesar de la sentencia mencionada en el numeral anterior, el 12 de septiembre de 2011, el director del periódico “Cundinamarca”, Luis Agustín González, habría sido declarado culpable de los delitos de injuria y calumnia por la jueza primera penal municipal de Fusagasugá. El periodista habría sido demandado por la ex gobernadora Leonor Serrano de Camargo quien habría considerado que la publicación de un editorial en 2008 en el que se cuestionaba la candidatura al Senado de Serrano afectaba su honra y buen nombre, por lo que habría reclamado 50 millones de pesos colombianos de indemnización (equivalente a unos 26.000 dólares)86.

- Regulaciones a la prensa durante periodos electorales


  1. La CIDH toma nota de la emisión, durante el año 2011, del Decreto 3569 de 2011, “por el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el período de elecciones de Autoridades y Corporaciones Públicas Territoriales y se dictan otras disposiciones”87. Este nuevo decreto preserva, en general, el lenguaje del Decreto 1800 de 201088, respecto del cual la CIDH expresó preocupación en su Informe Anual 201089.




  1. Al respecto, la CIDH observa en primer lugar que el Decreto 3569 mantiene la prohibición, durante el día de las elecciones, de “toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político electorales” por cualquier medio de comunicación90. En segundo lugar, con respecto a la “información de resultados electorales”, el Decreto 1800 de 2010 establecía que durante el día de las elecciones, mientras tiene lugar el acto electoral, los medios de comunicación “solo podrán suministrar información sobre el número de personas que emitieron su voto…”91. La redacción del artículo relevante ha sido modificada en el Decreto 3569 de 2011, eliminando la palabra “solo” para establecer que los medios “podrán suministrar información sobre el número de personas que emitieron su voto…”92. Finalmente, el anterior decreto establecía que “en materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día de las elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales”93. El Decreto 3569 de 2011, por su parte, elimina la palabra “únicamente” de su redacción, expresando que “en materia de orden público, los medios de comunicación trasmitirán el día de las elecciones, las informaciones confirmadas por fuentes oficiales”94.




  1. La CIDH reitera lo señalado en su Informe Anual 2010, en el sentido que durante los periodos electorales pueden existir restricciones especiales del derecho a la libertad de expresión que, sin embargo, deben respetar de manera estricta las garantías constitucionales e internacionales, particularmente aquellas consagradas en el artículo 13.2 de la Convención. Según esta norma, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar; a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. En aplicación de esta disposición, la CIDH y la Corte ya han indicado que toda restricción debe encontrarse establecida en una ley tanto en sentido material como formal y que las normas restrictivas deben ser claras y precisas en su alcance. En este sentido, la CIDH advierte que en el presente caso se establecieron restricciones generales a través de disposiciones de carácter administrativo que no parecen compatibles con las condiciones antes anotadas95.


- Derecho de Acceso a la Información


  1. La CIDH toma nota de la aprobación, por parte del Congreso de la República, del proyecto de ley, “[p]or medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los Organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”96. Según la información recibida, la norma aprobada se encuentra bajo revisión previa de la Corte Constitucional, como corresponde al ser una ley estatutaria97.




  1. La CIDH observa con preocupación algunos aspectos de la referida ley de inteligencia y contrainteligencia que podrían afectar de manera desproporcionada el derecho de acceso a la información. En primer lugar, la norma adiciona al Código Penal el crimen de “Revelación de secreto por parte de particulares”, el cual establece: “Quien dé a conocer documento público de carácter reservado, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, salvo en cumplimiento de un deber constitucional o legal”98. Sin embargo, en el artículo 33(4) del Capítulo VI (Reserva de información de inteligencia y contrainteligencia) la norma establece: “[El] mandato de reserva no vincula a los periodistas ni a los medios de comunicación cuando ejerzan su función periodística de control del poder público, en el marco de la autorregulación periodística y la jurisprudencia constitucional, quienes en cualquier caso estarán obligados a garantizar la reserva respecto de sus fuentes”. La CIDH recuerda al respecto que las autoridades públicas y funcionarios tienen la responsabilidad exclusiva de proteger la confidencialidad de la información secreta legítimamente bajo su control. Otros individuos, incluidos los periodistas y representantes de la sociedad civil, no deberán estar nunca sujetos a sanciones por la mera publicación o ulterior divulgación de esta información, independientemente de si ha sido filtrada o no, a no ser que cometan fraude u otro delito para obtener la información99. Por otro lado, la CIDH reconoce la protección parcial que la norma otorga a los funcionarios que denuncien irregularidades (whistleblowers)100 y recuerda que los denunciantes que de buena fe divulguen información sobre violaciones de leyes, casos graves de mala administración de los órganos públicos, una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o una violación de los derechos humanos o del derecho humanitario deberán estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales101.




  1. El Estado indicó en sus observaciones al presente informe que, “con respecto al derecho a la información y a los servicios de inteligencia y de contrainteligencia proporcionados por el Estado colombiano (…) la ley estatutaria de la Ley de inteligencia y contrainteligencia cumple con las especificaciones dispuestas por la Corte Constitucional para la introducción de la reserva legal como lo son: (i) la claridad y precisión de los términos; (ii) La motivación por escrito justificando la razonabilidad y proporcionalidad de la decisión de negar el acceso a la información; (iii) el límite temporal para tal reserva; (iv) el sistema de custodia de la información; (v) la existencia de controles sobre tales decisiones; y (vi) la existencia de recursos y acciones judiciales para impugnar la decisión de mantener en reserva una información determinada”. El Estado enfatizó que “la Ley no vulnera la libertad de prensa ni de expresión” y reiteró que el párrafo 4º del artículo 33, establece que “el mandato de reserva no vincula a los periodistas ni a los medios de comunicación cuando ejerzan su función periodística de control del poder público, en el marco de la autorregulación periodística y la jurisprudencia constitucional, quienes en cualquier caso estarán obligados a garantizar la reserva respecto de sus fuentes”. Para el Estado, esta disposición eleva a rango de ley estatutaria la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual “la reserva no vincula a los medios, quienes son responsables sólo por la revelación de su fuente.” El Estado expuso en sus observaciones que la justificación de tal disposición, “como lo ha explicado la propia Corte, es que a los medios de comunicación les corresponde cumplir con una función de control del poder público. Esta tarea no podría desarrollarse a cabalidad si los medios se conformaran con las informaciones que les fueran suministradas”. El Estado explicó que “la excepción de la reserva legal se hace para los periodistas pero no así para todas las organizaciones de la sociedad civil, puesto que el principio general de la información de inteligencia es que ésta debería ser reservada debido a su estrecha relación con la garantía de la seguridad y la defensa nacional. Sin embargo, el Legislador consideró que la función de control social que cumplen los medios de comunicación debería permitirle a los periodistas hacer uso de información reservada sin incurrir en una conducta delictiva. No obstante, si cualquier organización de la sociedad civil puede hacer uso de información reservada sin incurrir en una conducta delictiva, a pesar de que se implementen todos los mecanismos de seguridad de la información, cualquier persona podría acceder por medios ilegítimos a esta información y publicarla, poniendo en grave riesgo la seguridad nacional, la defensa y las relaciones internacionales, entre otros intereses de la Nación”. Según las observaciones del Estado, la Corte Constitucional ha avalado la creación de la reserva legal “para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de terceras personas que puedan resultar desproporcionadamente afectados por la publicidad de una información y ante la necesidad de mantener la reserva para garantizar la seguridad y defensa nacional”. El Estado añadió que “de ello se ha desprendido que los funcionarios públicos que tienen acceso a esta información estén obligados a mantenerla en reserva, so pena de incurrir en responsabilidad penal y disciplinaria” y especificó que, según la Corte Constitucional, “su divulgación genera responsabilidades penales y disciplinarias sólo para el funcionario que la suministra”102.




  1. Por otra parte, durante 2011 la CIDH recibió información sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de grupos de campesinos en el Departamento del Atlántico. Los distintos grupos de campesinos solicitaron información del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (“INCODER”) respecto de la ejecución de programas agrarios en sus respectivas parcelaciones, incluyendo programas de capacitación, servicios sociales, infraestructura física, vivienda rural, adecuación de tierras, asistencia técnica, financiación y acompañamiento legal103. En varias ocasiones los grupos de campesinos han acudido a la acción de tutela ante respuestas de INCODER a sus derechos de petición que consideraban insatisfactorias. Dichas acciones fueron resueltas favorablemente en los casos de las parcelaciones de Los Guayacanes del municipio de Repelón104, Banco Totumo del municipio de Repelón105, y Maramara del municipio Baranoa106. Los fallos judiciales en estos casos, en atención a “lo genérico e incompleta de la respuesta” de INCODER, ordenan “al INCODER a que atienda todas y cada una de las peticiones elevadas, pronunciándose claramente sobre ellas […] sin incurrir en formulas evasivas o elusivas, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado”, en el término de 48 horas107. INCODER habría impugnado las decisiones judiciales en estos tres casos108; en el caso de la parcelación de Los Guayacanes, la tutela ya fue confirmada en segunda instancia109.




  1. La CIDH recuerda que el principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que “[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos”, y reconoce como buena práctica la respuesta judicial para garantizar el ejercicio de este derecho en los casos mencionados. Al mismo tiempo, y sin perjuicio de las eventuales resoluciones de segunda y tercera instancia en estos procesos, la CIDH expresa su preocupación ante los indicios de incumplimiento reiterado del derecho de acceso a la información por parte de INCODER.


C. Respeto y garantía estatal para el ejercicio de la libertad de circulación y residencia


  1. La CIDH continúa recibiendo denuncias sobre la comisión de crímenes por parte de agentes del Estado y grupos armados al margen de la ley, las denuncias y solicitudes de medidas de protección fundamentadas en las diferentes acciones de los grupos “post desmovilización” han aumentado y, además de los grupos armados emergentes, las FARC y el ELN continúan perpetrando actos de violencia y hostigamiento. Estas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil, aunadas a los problemas de desigualdad de ingresos, género, territorial y étnico110, ha provocado el aumento del fenómeno del desplazamiento interno.




  1. Así, la Agencia de la ONU para los Refugiados (“ACNUR”) indicó que, hasta mayo de 2011, el Gobierno ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país, lo que representa un incremento en relación con el año 2010 en que el Comité Internacional de la Cruz Roja (“CICR”) refirió a 3,3 millones. Asimismo, según el análisis de ACNUR, se espera que en Colombia el número de desplazados internos siga aumentando durante los próximos dos años. Por su parte, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (“CODHES”) informa que un total de 280.041 personas fueron desplazadas en el año 2010 en Colombia por causa del conflicto armado y otras manifestaciones de violencia política y social111. Finalmente, el Estado indicó que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, contaría a diciembre de 2011 con 212 casos asignados de los cuales 166 se encontrarían activos, con 469 personas vinculadas, 209 personas acusadas y 128 personas privadas de la libertad y que se habrían logrado 62 sentencias condenatorias en las cuales resultarían afectadas 163 personas112.




  1. La Comisión ha observado que los desplazamientos afectan mayormente a personas y comunidades ubicadas en zonas donde se produce el mayor número de confrontaciones armadas y que el despojo de tierras por los actores armados ilegales determina en su mayoría los desplazamientos. La Comisión observa que, en su mayoría, las tierras despojadas siguen en poder de los poseedores ilegítimos y sus testaferros. Al respecto, la OACNUDH ha manifestado preocupación por las numerosas amenazas y asesinatos contra personas que lideran o participan en procesos de restitución de tierras113 y ha solicitado al Estado “la adopción de un programa de protección integral que complemente las medidas necesarias de seguridad pública, incluyendo análisis de riesgo a nivel local y apoyo político, técnico y financiero a personas y organizaciones comunitarias y de víctimas que reclaman la restitución de sus tierras”114. La Comisión mantiene especial preocupación respecto a la situación humanitaria y de seguridad de los desplazados así como a la sostenibilidad de sus procesos de retorno.




  1. Asimismo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (“MAPP/OEA”) ha referido a esta situación en su informe de abril de 2011, mediante el cual indica que mantiene su preocupación por la forma en que resulta involucrada la población civil en las dinámicas violentas impuestas por los grupos post desmovilización. Los enfrentamientos que se producen entre estos grupos en zonas rurales de municipios del sur de Córdoba, Bajo Cauca, Chocó, y en la costa nariñense, han generado desplazamientos de comunidades afro-colombianas e indígenas que quedan en medio de las confrontaciones. Las condiciones de inseguridad que producen estos hechos, pueden generar una afectación contraria a las comunidades a través del confinamiento o de la restricción de la movilidad, impidiendo también que reciban la ayuda humanitaria proveniente de las agencias del Estado y la cooperación internacional115.




  1. La Corte Constitucional de Colombia examina en forma periódica la situación de la población desplazada en el marco del conflicto armado. Mediante sentencia T-025 de 2004 declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional por efecto del desplazamiento forzado y ordenó que las políticas públicas protejan efectivamente los derechos de las personas desplazadas y superen el estado de cosas inconstitucional. Estas directrices han sido progresivamente precisadas por la Corte Constitucional en sucesivos autos de seguimiento116.




  1. Corresponde destacar que en el Auto 008 la Corte Constitucional señaló que “a pesar del esfuerzo presupuestal realizado por el gobierno, así como el avance en varios de los componentes de atención a la población desplazada, existe acuerdo, tanto entre el gobierno nacional como por parte de los órganos de control, los organismos internacionales y la Comisión de Seguimiento, en que aún no están dadas las condiciones para declarar superado el estado de cosas inconstitucional”. Señaló que aun cuando “según el gobierno los recursos presupuestados son suficientes para proteger el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, el nivel de cobertura de casi todos los componentes continúa estando lejos de alcanzar un nivel aceptable”117.




  1. El 1º de julio de 2010 el Gobierno presentó a la Corte Constitucional un informe sobre la superación del estado de cosas inconstitucional declarado mediante la sentencia T-025 de 2004 en el que solicitó a la Corte que declare dicho estado como superado118. Concretamente, el Estado señaló que entre las medidas implementadas y que darían por superado el estado de cosas inconstitucional se encuentran el mejoramiento de la coordinación interinstitucional a través de la conformación del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada; el fortalecimiento del Ministerio del Interior y de Justicia a través de técnicos especializados en el tema y la territorialización de la información que permite una mejor coordinación nación-territorio y sensibilización de las autoridades locales; madurez de los sistemas de seguimiento e información que permiten monitorear el desempeño de la política, instituciones, entes territoriales, registro administrativo de la prestación de servicios y goce efectivo de los derechos; y la participación eficaz de las organizaciones119.




  1. Asimismo, el Estado destacó el aumento contundente del presupuesto y reorganización de la política pública a fin de costear el esfuerzo presupuestal. Señaló que tres cuartas partes del presupuesto ya hacen parte del Marco Fiscal de Mediano Plazo (es decir que están financiados) y que para la otra cuarta parte entrará a buscar la financiación. El Estado concluyó que dado que se han superado las barreras que generaban un bloque estatal para enfrentar el problema y que se está avanzando notablemente en la plena realización del goce efectivo de derechos de las poblaciones en situación de desplazamiento forzado por la violencia y que es posible continuar con la vigilancia y control de las medidas necesarias para consolidar dichos avances sin necesidad de recurrir a la figura del estado de cosas inconstitucional120.




  1. Por su parte, en sus comentarios al Informe del Gobierno, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado señaló que en la Sentencia T-025 la Corte se refiere reiteradamente a los problemas presupuestales y de capacidad institucional que están en la base de la masiva violación de derechos de la población desplazada y concluyó que


el Informe de Gobierno permite concluir que aún subsiste una acentuada insuficiencia de recursos financiaros para atender las necesidades de la [población en situación de desplazamiento forzado], que el nivel de los indicadores de goce efectivo para la mayoría de los derechos de este segmento poblacional, si bien en algunos casos registra unas leves mejoras, impide afirmar que se ha logrado el goce efectivo de los mismos tal como lo demanda la sentencia T-025, y que se carece aún de las políticas requeridas para garantizar la superación del desplazamiento forzado en Colombia121.


  1. Adicionalmente, la Mesa de Seguimiento al Auto 092 de 2008122 sobre protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional de la sentencia T-025 de 2004 verificó, en su Tercer Informe, que las entidades encargadas no han cumplido las obligaciones derivadas de dicho Auto y las constataciones hechas por la Corte Constitucional se mantienen. Concretamente, la Mesa señaló que (i) la Fiscalía General de la Nación no ha diseñado e implementado una política pública que permita reconocer, enfrentar y superar las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni se han registrado avances significativos ni consistentes en los procesos que se adelantan por la comisión de dichos crímenes; (ii) el Estado no ha implementado una política efectiva en materia de prevención y protección que permita disminuir el riesgo al que están expuestas las mujeres; (iii) los programas de protección no han sido eficaces, persisten los obstáculos para su acceso y deficiencias en la implementación de las medidas de protección y el trámite para la vinculación de las mujeres a los programas ha sido discriminatorio y revictimizante; y (iv) la Fiscalía General de la Nación no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar que las mujeres víctimas de violencia sexual en hechos asociados al conflicto armado cuenten con atención integral en salud física y mental, que les permita acceder a la justicia123.

  2. En julio de 2010 la Mesa de Seguimiento al Auto 006 de 2009 de la Corte Constitucional sobre Desplazamiento y Discapacidad emitió un informe sobre el cumplimiento de algunas de las órdenes emitidas por la Corte en dicho Auto y señaló que el panorama es poco alentador124. La Mesa señaló, entre otros, que el Ministerio de Protección Social como rector de la Política Pública de Discapacidad y organismo involucrado en las órdenes del Auto 006 de 2009 y Acción Social como rector de la Política Pública de Desplazamiento no han logrado concertar verdaderos mecanismos eficientes de coordinación y acción y que dicha desarticulación interinstitucional causa retrasos e imposibilita el avance en el cumplimiento del Auto 006 de 2009125.




  1. El 10 de junio de 2011 se sancionó la Ley 1448 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, también denominada “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”. Ésta ha sido catalogada como un importante paso para muchas de las víctimas del conflicto armado126. Uno de sus puntos cruciales es que reconoce la existencia de un conflicto armado, que había sido negado sistemáticamente por el Estado. Con ello, se estaría permitiendo la reparación de las víctimas y la devolución de tierras que habrían sido despojadas por grupos paramilitares y, en ocasiones, con la connivencia de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, su reciente aprobación presenta muchos desafíos y críticas. Entre otros puntos destaca que la ley establecería la posibilidad de una reparación económica sólo a las víctimas de abusos después de 1985 y sólo podría reclamarse la restitución de tierras despojadas después de 1991127. También excluiría a las víctimas recientes de grupos paramilitares porque el Estado afirmaría que tales grupos se desmovilizaron en el 2003. Asimismo, la ley presentaría un reto económico para el Estado por la cantidad de personas a reparar y la ley no incluiría medidas que garanticen la seguridad de las personas que regresan a sus tierras frente a aquéllas que las habrían desplazado128.




  1. En junio de 2011 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia emitió una declaración sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras mediante la cual declaró que “El reconocimiento del daño y del sufrimiento causados por las décadas de conflicto y violencia, y la voluntad colectiva de hacer un esfuerzo significativo para repararlos, son sin duda un acto de justicia con las víctimas y un paso importante en la búsqueda de la paz y la reconciliación” y realizó observaciones particularmente en cuanto a los principios de no discriminación, acceso a la justicia, reparación integral, enfoque diferencial, deber de protección y participación de las víctimas129.




  1. En diciembre de 2011 el Presidente de la República expidió los Decretos-Ley 4633, 4634 y 4635130, dirigidos a las víctimas individuales y colectivas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, al pueblo Rrom o Gitano y a las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras respectivamente131.




  1. La Comisión ha dado seguimiento a la discusión y aprobación de la Ley 1448 y coincide en que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es un avance en el desarrollo de un concepto integral de reparación; sin embargo, reconoce que plantea múltiples desafíos132 para el Estado colombiano y establece que continuará dando seguimiento a las medidas que se adopten a fin de atender la situación de la población desplazada y el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional y la nueva normativa a la luz del carácter urgente de su implementación y de las complejidades de la situación.


D. Garantías para el debido proceso legal y de un acceso efectivo a la justicia


        1. El proceso de desmovilización de grupos armados y el esclarecimiento judicial y reparación de crímenes perpetrados en el marco del conflicto armado interno


a. Reintegración de desmovilizados y desmonte de estructuras armadas


  1. Tras los acuerdos alcanzados entre el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez y líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, se produjo la desmovilización colectiva de más de treinta y un mil personas133 que se identificaron como miembros de las AUC, con la verificación internacional de la Misión de Apoyo para el Proceso de Paz en Colombia de la OEA. El Gobierno ha mantenido también diálogos con grupos armados de la guerrilla, algunos de los cuales se han plegado al proceso de desmovilización colectiva134. El marco legal del proceso, establecido entre otras normas por Ley 975 de 2005 o de “Justicia y Paz”135, establece una serie de beneficios procesales y de morigeración de penas para aquéllos que –habiendo participado en la comisión de crímenes— se plieguen al proceso de desmovilización136.




  1. Desde el año 2004, la CIDH ha dado seguimiento al proceso de desmonte de las estructuras armadas ilegales y principalmente a la aplicación del marco legal destinado a establecer la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto, como parte primordial de su rol de asesoría a los Estados miembros de la OEA, la Secretaría General de la Organización y la MAPP/OEA137.




  1. En octubre de 2011, la MAPP/OEA presentó un Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de justicia transicional colombiana a la vista de las dificultades y obstáculos que se han acumulado en los seis años de vigencia de la Ley 975/2005 (“Diagnóstico MAPP/OEA”)138. El informe hace un recuento extensivo de las etapas del proceso penal especial de Justicia y Paz y de los esfuerzos realizados así como de las dificultades para la implementación de la Justicia transicional en Colombia. El informe presenta un total de 110 recomendaciones sobre cada uno de los temas que trata. En esta ocasión, la CIDH hace suyas las consideraciones y recomendaciones presentadas por la MAPP/OEA durante el año 2011.




  1. La Comisión observa en particular que, a pesar de los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las AUC, grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de actos de hostigamiento y violencia contra poblaciones vulnerables, líderes sociales y defensores de derechos humanos. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos ha identificado en sus informes al Consejo Permanente de la Organización la existencia de fenómenos de violencia posteriores a las desmovilizaciones, conforme a información obtenida en el terreno por la MAPP/OEA. Conforme a estos informes, la situación obedece a dinámicas diversas: (1) reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; (2) reductos que no se desmovilizaron; (3) aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados139.




  1. De esta forma, según el Diagnóstico MAPP/OEA de octubre de 2011, “[a] pesar de que formalmente los grupos paramilitares dejaron de existir, el INML [(Instituto Nacional de Medicina Legal)] registró, entre 2004 y 2008, 16 casos de violencia sexual atribuibles a ‘paramilitares-autodefensas’; y durante 2009, siete casos a ‘bandas emergentes’”140. Asimismo, la MAPP/OEA ha reportado que en diversas zonas del país las acciones de las denominadas “estructuras emergentes o bandas criminales en contra de la población no han cesado y continúan presentándose masacres, secuestros, desapariciones, homicidios, amenazas y extorsiones”141. La MAPP/OEA ha encontrado que “estas estructuras afectan directamente a líderes comunitarios y sociales, funcionarios públicos, poblaciones indígenas y afrocolombianas cuando representan un obstáculo para el desarrollo de sus actividades ilegales, situación que genera incertidumbre y temor dentro de las comunidades”142.




  1. Durante el año 2011 la CIDH ha recibido, como en años anteriores, denuncias sobre grupos que actúan bajo las denominaciones de “Águilas Negras”, “Rastrojos”, “Los Paisas”, “Los Urabeños”, “Renacer”, “ERPAC” y “Autodefensas Gaitanistas”, entre otros. Al respecto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya ha destacado que en las filas de estos grupos hay personas desmovilizadas y no desmovilizadas de las antiguas organizaciones paramilitares, reclutadas voluntaria o forzadamente y que varios de los actuales cabecillas fueron anteriormente mandos medios de esas organizaciones o militares143.




  1. Asimismo, la CIDH continúa recibiendo información que indica que conocidos jefes paramilitares están o han estado al frente de grupos que han sido denominados como “bandas criminales” o “BACRIM”144. Por ejemplo, la información recibida indica que el paramilitar Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario”, quien fue capturado en 2009, habría estado al mando de los grupos paramilitares de su hermano Freddy Rendón Herrera alias “el Alemán” que se agruparon bajo los nombres de “Héroes de Castaño” y “Autodefensas Gaitanistas”. Asimismo, Pedro Oliveiro Guerrero alias “Cuchillo”, quien se desmovilizó en 2006 y que actualmente se encuentra prófugo, estaría al mando del Frente Héroes del Guaviare que hacía parte del Bloque Centauros de las AUC y Héctor Germán Buitrago alias “Martín Llanos”, quien no se desmovilizó y actualmente continuaría delinquiendo, estaría al mando de las Autodefensas Campesinas del Casanare145.




  1. El Estado mediante Decreto 2374 de 1º de julio de 2010 creó la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales, que tiene como objetivo articular esfuerzos que permitan la captura y judicialización de personas que conformen o hagan parte de las “bandas y redes criminales”. El decreto señala que la Fuerza Pública ha identificado varias bandas entre las que se incluyen “Los Rastrojos”, “Los Paisas”, “Urabá (o Urabeños)”, “Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (ERPAC)”, “Renacer” y “Los Machos”. A pesar de los esfuerzos del Gobierno146 para desmantelar estas estructuras armadas, la OACNUDH señaló que el alcance de la violencia organizada, “el amplio poder económico que poseen, su capacidad para corromper autoridades e instituciones del Estado, sus vínculos con autoridades y poderes fácticos locales, su impacto sobre actores sociales y la intensa violencia que generan contra la población, los convierten en un enorme desafío para el Estado de derecho”147.




  1. Por otra parte, la CIDH observa que en junio de 2011 se reglamentó la Ley 1424 que abriría la posibilidad para que alrededor de 20.000 desmovilizados puedan aclarar su situación jurídica. Para acceder a los beneficios de la nueva ley, una persona desmovilizada no puede estar postulada a la Ley de Justicia y Paz y debe: estar activa o culminar formalmente el proceso de reintegración que lidera la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, no haber incurrido en delitos con posterioridad a su desmovilización, y firmar un formato en el que se compromete a contribuir con la Verdad Histórica y la Reparación. Adicionalmente, mediante decreto presidencial de 4 de noviembre de 2011, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, que atiende a la población desmovilizada colombiana, se convirtió en Agencia Colombiana para la Reintegración (“ACR”). Según reportó, “[l]a transformación de la Alta Consejería en Agencia Colombiana para la Reintegración significa que en Colombia se institucionalizó la política de reintegración, es un claro ejemplo de que para este gobierno la desmovilización y la reintegración son prioridad en la consolidación de la seguridad”148.


b. Aplicación del marco legal: la situación de los desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz


  1. Como ha venido señalando la CIDH, de las más de treinta mil personas que se habrían desmovilizado entre noviembre de 2003 y mediados del 2006, 4.356 manifestaron interés en acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz149. Sin embargo, 1.514 postulados decidieron no ratificar su voluntad de acogerse a la Ley de Justicia y Paz150. Como se señaló en el análisis de 2009 y 2010, la Comisión aún no cuenta con información concreta sobre acciones judiciales iniciadas respecto de los desmovilizados quienes en su primera aplicación a la Ley de Justicia y Paz habrían reconocido la comisión de crímenes “atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión”151, sin perjuicio de que luego no ratificaran su voluntad de continuar participando con el proceso de la Ley de Justicia y Paz152. Respecto de los más de dos mil quinientos postulados que continúan en el proceso, se han iniciado un total de 2.431153 versiones libres, de las cuales 1.514 han terminado formalmente y tan solo 228 habrían terminado con confesión de hechos154.




  1. La información recabada en las versiones libres a julio de 2011 ha llevado a la exhumación de 3.378 fosas y de 4.185 cuerpos, de los cuales 1.594 fueron identificados plenamente y 1.491 ya fueron entregados a sus familiares155. La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz reporta que a julio de 2011 en las versiones libres se habrían llevado a término la confesión de 26.026 hechos, entre ellos 16.287 homicidios y se habrían relacionado 32.441 víctimas156.




  1. La Comisión observa que en abril de 2011, seis años después de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, la Corte Suprema ratificó la primera sentencia contra dos jefes del paramilitarismo por la masacre de Mampuján157. Esa sentencia confirmó la condena mas determinó que la reparación a las víctimas se debe ejecutar de manera individual y no colectiva, como lo había dispuesto el Tribunal, determinando techos máximos al pago de indemnizaciones; revocó las reparaciones “en equidad” que se dictaron en primera instancia para proceder a tasarlas en derecho158; y revocó los plazos establecidos para el cumplimiento de las obras públicas y programas ordenados como reparaciones colectivas, al entenderlos como exhortaciones para su cumplimiento. Con la confirmación de la sentencia han surgido algunos cuestionamientos a la voluntad y dinero para reparar a los sobrevivientes de la violencia paramilitar, aunados a las críticas a la ley en sí misma y a la falta de mayores resultados en el tema de justicia159.




  1. Como estableció la MAPP/OEA en su informe de octubre de 2011, el desarrollo institucional establecido en la Ley de Justicia y paz, “se ha ido trabajando sobre la marcha para acondicionar el número de procesos de los postulados con la capacidad humana institucional para el juzgamiento. Esta situación se ha visto reflejada en el tiempo que ha tomado resolver el recurso de apelación por parte de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia debido a que el recurso debe ser resuelto en la Sala Penal en pleno”160. En el caso de Mampuján (supra), la Corte tardó diez meses en decidir el recurso y, a pesar de la existencia de los acuerdos de marzo de 2011 que buscaban descongestionar el sistema dándole agilidad a los trámites procesales, no se ha logrado la descongestión aspirada161.




  1. Adicionalmente, el Diagnóstico de la MAPP/OEA estableció que en el ámbito judicial se ha optado por un sistema unipersonal de investigación y conocimiento que produce un bloqueo de las acciones judiciales que, a su vez, se traduce en “una llamativa ausencia de resultados y una falta de eficacia real frente al fenómeno criminal que ha redundado en una verdadera desprotección de los derechos de las víctimas”162. La CIDH coincide con la MAPP/OEA en el sentido de que esta situación debe ser eliminada y para tal efecto, “se deberían poner en funcionamiento órganos Colegiados de Investigación y Conocimiento […] que con actividades y acciones coordinadas, simultáneas o sucesivas interactúen en las fases respectivas para lograr el objetivo perseguido en forma más rápida y eficaz”163. Asimismo, “se requiere cambiar radicalmente la estrategia de investigación de crímenes internacionales a partir de la adopción de criterios de selección y priorización”164. En ese sentido, el Estado indicó que atendiendo esta observación de la CIDH, la Fiscalía General de la Nación habría consagrado los siguientes criterios de priorización en la investigación y el juzgamiento de violaciones: representatividad del crimen cometido, vulnerabilidad de la víctima, magnitud de los efectos de determinados crímenes de connotación masiva especial y cuando los actores, por su posición jerárquica o poder dentro de las estructuras armadas, hayan incidido en la comisión de los crímenes más graves165.




  1. Aunado a lo anterior, la Comisión reitera que uno de los obstáculos sustanciales en el avance del juzgamiento de los postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz es la extradición de varios líderes paramilitares a los EEUU y la virtual paralización del proceso de esclarecimiento de graves crímenes perpetrados por las AUC, en muchos casos con la aquiescencia o colaboración de agentes del Estado166. La Comisión ha expresado reiteradamente su preocupación en vista de que la falta de esclarecimiento de dichos crímenes afecta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación167.




  1. Según el Diagnóstico MAPP/OEA, a agosto de 2011 habían sido solicitados en extradición 31 postulados a la Ley Justicia y Paz, de los cuales 29 habían sido efectivamente extraditados a los Estados Unidos168. La Comisión observa que la extradición de estos líderes paramilitares interfiere también con la obligación del Estado de juzgar a civiles y agentes del Estado involucrados en casos en los que tanto la Comisión como la Corte Interamericana han establecido su responsabilidad frente a graves violaciones a los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos169.




  1. La CIDH reitera su preocupación por el impacto de las extradiciones en los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; la participación directa de éstas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y en el acceso a la reparación del daño causado; y por los obstáculos en la determinación de vínculos entre agentes del Estado y líderes de las AUC en la comisión de violaciones a los derechos humanos por las que –en algunos casos—ya se ha establecido la responsabilidad internacional del Estado.




  1. La Comisión nota que algunos postulados y sus familias han sido víctimas de amenazas y atentados170. Asimismo, los ataques y homicidios a familiares de los líderes paramilitares extraditados ha puesto en peligro la cooperación con los procesos de Justicia y Paz. La Comisión observa que el Estado debe brindar garantías de protección a los desmovilizados a fin de que la cooperación de aquellos sea efectiva y sin condiciones171.



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