La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha prestado especial atención a la situación de los derechos humanos en Colombia y en uso de su competencia, ha






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B. Respeto y garantía estatal para el ejercicio de la libertad de expresión49


  1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información relativa a la situación del derecho a la libertad de expresión en Colombia y para ello ha contado con datos proporcionados tanto por la sociedad civil como por el Estado de Colombia. En este último sentido, el 27 de diciembre de 2011, el Estado de Colombia dirigió a la CIDH el oficio MPC/OEA No.: 1829 a la CIDH, mediante el cual remitió la nota DIDHD.GAIID No. 79338/1665 del 23 de diciembre de 2001, de la Dirección de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual el Estado hace referencia a la situación de la libertad de expresión en Colombia y aporta información respecto de los casos particulares que han sido reportados a la CIDH y que se presentan en este informe.


- Avances


  1. La CIDH toma nota de la aprobación por el Congreso de la República de Colombia de la Ley No. 1426, firmada por el Presidente Juan Manuel Santos el 29 de diciembre de 2010, según la cual en el futuro se amplía de 20 a 30 años el plazo de prescripción de los homicidios cometidos contra periodistas, defensores de derechos humanos, o miembros de organizaciones sindicales50. En 2011 prescriben al menos siete asesinatos de periodistas51.




  1. De acuerdo con información recibida, la Fiscal General de Colombia, Viviane Morales Hoyos, anunció que será fortalecido el departamento para crímenes contra periodistas de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con el fin de agilizar las investigaciones por amenazas que han recibido los comunicadores. Según lo informado, ese departamento recibirá todos los casos que manejan de manera independiente diferentes oficinas del Ministerio Público. Durante 2010, la Fiscalía habría registrado unas 50 denuncias por amenazas contra periodistas52.




  1. El 29 de marzo habrían sido objeto de una orden de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, los políticos Francisco Ferney Tapasco González y Dixon Ferney Tapasco Triviño, por el asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria, ocurrido el 30 de enero de 2002. En sus observaciones a la CIDH, el Estado comunicó que el 25 de julio se acusó a tres personas “entre ellas al señor Francisco Ferney Tapasco González, quien se encuentra privado de su libertad, cumpliendo una sentencia condenatoria en su contra por el delito de Concierto para Delinquir Agravado, es así como, a su vez, el Fiscal del caso precluyó la investigación en favor del señor Dixon Ferney Tapasco Triviño”53. En su informe, el Estado señaló que en el caso del periodista Orlando Sierra “hasta el momento se ha obtenido sentencia condenatoria en contra de tres personas”54.




  1. La CIDH conoció que la Fiscalía ordenó la prisión preventiva sin beneficio de excarcelación de Jaime Arturo Boscan Ortiz, presunto responsable del asesinato del periodista Jaime Rengifo Ravelo, ocurrida en 2003 en Maicao, departamento de Guajira55.




  1. En sus observaciones a la CIDH el Estado indicó que, “en cuanto al tema de delitos cometidos contra periodistas, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación, hasta la fecha cuenta con 49 casos asignados; 39 de ellos se encuentran activos, en los cuales existen 106 personas vinculadas, 67 personas acusadas y 58 personas privadas de la libertad. Actualmente, se han obtenido 18 sentencias condenatorias, en contra de 26 personas”56.




  1. De acuerdo con información recibida, el 24 de febrero el Juzgado 23 Municipal de Bogotá absolvió a la periodista Claudia López de los delitos de injuria y calumnia. La periodista enfrentaba una denuncia planteada por el ex presidente Ernesto Samper, quien alegó que una columna de la periodista, publicada en el periódico “El Tiempo” habría afectado su honor. Los jueces de la causa absolvieron a la periodista, en referencia a la doctrina y jurisprudencia interamericanas57.




  1. La CIDH tuvo conocimiento de la decisión de la Juez 16 Penal de Bogotá en septiembre de 2011 que habría exonerado a los periodistas Darío Arizmendi Posada, Clara Elvira Ospina, Vicky Dávila, Juan Carlos Giraldo y Héctor Rincón Tamayo, quienes habrían sido demandados por el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria por el delito de calumnias e injurias tras la publicación de unos artículos en junio de 200958.

  2. La Comisión reconoce la importancia de la expedición de la Ley No. 1474 del 12 de julio de 2011, “[p]or la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, en la que se establecen reglas sobre los gastos de publicidad oficial59.


- Asesinato


  1. El 30 de junio de 2011 fue asesinado el periodista Luis Eduardo Gómez en el municipio de Arboletes. El periodista realizaba trabajos independientes para diarios como El Heraldo de Urabá y Urabá al Día, donde cubría temas relacionados con el turismo y el medio ambiente. Luis Eduardo Gómez era conocido por sus investigaciones sobre el manejo de los recursos públicos del gobierno local, el impulso a la investigación sobre la muerte de su hijo y sus exigencias al Estado por los avances en dicha investigación, así como por su papel de testigo ante la Fiscalía en casos de infiltración del paramilitarismo en la política en la región.60 En una comunicación dirigida a la Relatoría Especial, el Estado colombiano manifestó que “lamenta y rechaza el homicidio del que fue víctima el señor Gómez, e informa que ha desplegado las acciones necesarias dentro de su ordenamiento jurídico con miras a que los responsables de este hecho sean debidamente identificados y llevados ante las autoridades competentes”61.


- Agresiones y amenazas contra medios y periodistas


  1. A mediados de febrero, desconocidos habrían arrojado una bomba incendiaria a la casa de Rodolfo Zambrano, periodista del periódico Magangué Hoy, en Magangué, que causó daños en la fachada de la vivienda. De acuerdo con la información recibida, en el momento del atentado se encontraban en la vivienda varios familiares del periodista, que no sufrieron heridas62.




  1. La CIDH recibió información concerniente al ataque con piedras y palos que habrían sufrido el 18 de marzo la periodista del noticiero CM&, Ana Mercedes Ariza, y el camarógrafo Armando Camelo, por parte de pobladores de una zona minera, en el municipio de California, Santander. Días después las autoridades detuvieron a cuatro sospechosos de la agresión, que quedaron grabados en el equipo de video de Cameo63.

  2. El 26 de mayo de 2011 Héctor Rodríguez, periodista en la emisora La Veterana en Popayán, Cauca, habría sido atacado por dos desconocidos que habrían disparado un arma de fuego cuando se encontraba ingresando a su lugar de trabajo. El periodista no sufrió ninguna lesión debido a la intervención de escoltas policiales que habían acompañado al comunicador durante tres meses, debido a la situación de riesgo en la que se encontraba64.




  1. La CIDH tuvo conocimiento de un número importante de casos de amenazas contra comunicadores. El 2 de diciembre de 2010 el periodista Ramón Sandoval Rodríguez habría recibido varias llamadas a su teléfono celular; en una de esas llamadas se le decía: “se rebozó la copa. Se calla y se va de Sabana de Torres, o asume las consecuencias. No es el primer perro que hemos matado en este pueblo”. Sandoval relaciona la amenaza con una serie de informaciones que ha publicado acerca de presuntos actos de corrupción en la administración municipal65. Asimismo, de acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el 17 de febrero de 2011 llegó a varias organizaciones no gubernamentales colombianas un correo electrónico que habría sido enviado por el autodenominado “Bloque Capital de las Águilas Negras”, el cual anunciaba: “llegó la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que se hacen pasar por defensoras de derechos humanos, y aún más que se infiltran como ONGs internacionales, periodistas (…)“66. A continuación el mensaje mencionaba personas y entidades entre las cuales se incluía a la Federación Colombiana de Periodistas (“FECOLPER”) y a los comunicadores Eduardo Márquez González, Claudia Julieta Duque, Daniel Coronell, Hollman Morris y Marcos Perales Mendoza67. Según lo informado, el 18 de febrero representantes de diversas organizaciones periodísticas tuvieron una reunión en Bogotá con el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, en la que se trató la amenaza recibida y se discutieron posibles medidas para garantizar la seguridad de las personas en peligro68. El 14 de marzo circuló de nuevo una supuesta amenaza del llamado “Bloque Capital de las Águilas Negras” que reiteraba las advertencias69. Al respecto, la Relatoría Especial consultó al Estado las medidas adoptadas para garantizar la vida e integridad de las personas amenazadas, en una nota enviada el 4 de marzo70. En su respuesta del 13 de abril de 2011, el Estado expresó a la Relatoría Especial su repudio a las amenazas proferidas contra los comunicadores, reiteró su compromiso con la defensa de la libre expresión, destacó el funcionamiento del Programa de Protección del Ministerio del Interior y Justicia y señaló que incluso se han puesto en ejecución medidas de seguridad para proteger a los periodistas en zonas de violencia y en misiones peligrosas. En su comunicación, el Estado recordó que los comunicadores beneficiarios del Programa han aumentado de 14 en el año 2000 a 175 en 2010, mientras que las muertes de periodistas se han reducido de 27 entre 2001 y 2003 a 2, entre 2008 y 2010. El Estado explicó que los casos de amenazas mencionados en la comunicación del 14 de marzo “han sido puestas en conocimiento de las autoridades judiciales respectivas, con el fin de que se adelanten las investigaciones respectivas”. Indica finalmente, que en los casos de los periodistas Hollman Morris y Claudia Julieta Duque ya tienen implementadas medidas a su favor en el marco del Programa de Protección mencionado71.




  1. La CIDH tuvo conocimiento de que a finales de marzo circularon en el departamento de El Cauca tres panfletos atribuidos a las “Águilas Negras, Rastrojos y las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC”, que declaraban como “objetivos militares permanentes a 11 periodistas y 11 radioemisoras comunitarias”72. Asimismo, en el mes de agosto la periodista Mary Luz Avendaño, corresponsal del periódico “El Espectador”, en Medellín, habría sido obligada a salir del país dada su elevada situación de riesgo, a pesar de recibir protección de la Policía Municipal73. El riesgo se habría originado tras la publicación de artículos sobre la violencia entre bandas de narcotraficantes y la colusión de miembros de la Policía, por lo que habría recibido varias llamadas de amenaza desde el 22 de junio de 201174. De acuerdo con información recibida, el 29 de septiembre un presunto integrante de una banda criminal habría llamado a la emisora Radio Guatapurí, en la ciudad de Valledupar, para advertir que le habían ordenado atentar contra una serie de personas en esa localidad, entre ellas la periodista Ana María Ferrer, colaboradora en el programa de televisión “La Cuarta Columna” en el Canal 12 de Valledupar75.




  1. En la última semana de mayo, desconocidos habrían irrumpido por una ventana en el apartamento del periodista Gonzalo Guillén, mientras se encontraba fuera del país, y habrían robado una memoria externa de 1000 gigas y una computadora portátil. Los equipos robados contenían datos de investigaciones periodísticas recabados en los últimos 15 años. Entre la información robada, habría documentación acerca de temas como ejecuciones extrajudiciales, gastos reservados del Estado y corrupción en organismos de seguridad del Estado. El periodista pidió una investigación a la Fiscalía General de la Nación76. A raíz de estos hechos y las amenazas que Guillén habría recibido, la Relatoría Especial solicitó información del Estado colombiano77. En su respuesta del 4 de agosto de 2011, el Estado informó que el periodista Guillén ha sido beneficiario desde el mes de julio de 2007 del Programa de Protección del Ministerio de Interior y de Justicia, y que actualmente cuenta con un esquema móvil de protección. También informó que respecto al hurto de información periodística de la residencia del señor Guillén, la Fiscalía 113 local adelanta una investigación por el presunto delito de hurto calificado y agravado, la cual se encuentra en etapa de indagación, en averiguación de responsable78. Al cierre del presente informe no se habían reportado avances en la investigación referida.


- Espionaje y hostigamiento del DAS contra periodistas


  1. En sus informes anuales de 2009 y 2010, la CIDH reportó la información que había recibido sobre actividades ilegales de espionaje, hostigamiento, desprestigio e incluso amenazas de muerte contra periodistas, que se llevaron a cabo desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 2002 y 2008. En su informe anual del año pasado, la Comisión dio seguimiento particular a los casos de algunos de los periodistas más asediados: Daniel Coronell, Claudia Julieta Duque, Carlos Lozano y Hollman Morris79.




  1. Durante 2011 la CIDH continuó dando seguimiento a los procesos judiciales en curso con relación a las actividades ilegales de espionaje y hostigamiento contra los periodistas mencionados. La información recibida por la Relatoría Especial indica que aún no ha habido ninguna condena penal relacionada específicamente con los hechos ilícitos cometidos contra estos periodistas. Al mismo tiempo, la CIDH toma nota de los avances importantes en la investigación de algunos de estos casos. En el caso de la periodista Claudia Julieta Duque, por ejemplo, la Fiscalía 3ª de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación halló documentos en las instalaciones del DAS que incluyen información sobre la señora Duque actualizada hasta noviembre de 2008. Duque ha sido objeto de reiteradas amenazas que le habrían producido un sufrimiento extremo y es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde noviembre de 2009. En agosto de 2011, luego de publicar un artículo en el Washington Post sobre los abusos del DAS y las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos80, Duque habría sido objeto de acusaciones estigmatizantes por parte del ex Presidente Álvaro Uribe81. El ex presidente Uribe también habría hecho afirmaciones estigmatizantes en contra del corresponsal del periódico The Washington Post en Colombia, Juan Forero, por la publicación de una nota acerca de presuntas graves irregularidades que habrían cometido funcionarios de su gobierno82. Las organizaciones de prensa expresaron una razonable preocupación por las eventuales consecuencias que podrían tener dichas declaraciones83.




  1. El Estado de Colombia señaló que ha cumplido con todas las medidas de protección ordenadas por la CIDH en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, quien el 26 de noviembre del año 2004, “instaur[ó] ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la FGN, denuncia penal con ocasión a las presuntas amenazas de las cuales ha sido víctima desde el año 2001”. De acuerdo con lo reportado por el Estado, la periodista indicó “que fue víctima de un secuestro en la modalidad de paseo millonario, de seguimientos, hostigamientos, e interceptación de correos electrónicos al parecer por miembros de organismos de Seguridad del Estado (DAS), en atención a las investigaciones y un documental presentado sobre el asesinato del periodista Jaime Garzón”. En sus observaciones al informe de la CIDH, el Estado reportó que de la labor investigativa adelantada por parte de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la FGN, “se ha logrado establecer el vínculo de agentes del Estado en la comisión del delito, que actualmente se centra en establecer la identificación de dichos agentes con el fin de hacerlos comparecer ante la Justicia colombiana. Hasta el momento no se ha logrado establecer si personas pertenecientes al Alto Gobierno tuvieron conocimiento o participaron en las acciones delictivas en contra de la periodista”. El Estado enfatizó las acciones realizadas por el Fiscal del caso para garantizar la vida e integridad de la periodista, “así como el cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a las medidas cautelares que le asisten a ella y a su hija menor”84.

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