La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha prestado especial atención a la situación de los derechos humanos en Colombia y en uso de su competencia, ha






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sic) y Sergio Rafael Cabarcas Torrenegra, 4 de octubre de 2011.

110 En junio de 2011 el subsecretario General de la Organización de Naciones Unidas (“ONU”), Heraldo Muñoz, visitó Colombia. Según Muñoz, luego de conocer los resultados de un estudio realizado por el PNUD se conoció que el mayor flagelo que actualmente enfrenta Colombia es la desigualdad. América Latina es el continente más desigual del mundo; Colombia está entre los 15 más desiguales.

111 Ver: http://www.acnur.org/t3/operaciones/situacion-colombia/desplazamiento-interno-en-colombia/ y CODES, Boletín 77 de 28 de febrero de 2011 en: http://www.codhes.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=63&Itemid=50.

112 Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la CIDH sobre el País correspondiente a 2011, 27 de diciembre de 2011, pág. 17.

113 Consejo de Derechos Humanos, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 4 de marzo de 2010, A/HRC/13/72, párr. 79.

114 Comunicado de Prensa, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 26 de noviembre de 2010, Al repudiar la muerte violenta del líder Óscar Maussa, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos solicita establecer una política de protección de las personas que reclaman la restitución de tierras, http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2010/comunicados2010.php3?cod=37&cat=81.

115 OEA, Décimo Quinto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), OEA/Ser.G, CP/INF. 6225/11, 15 de abril de 2011, pág. 3.

116 Los autos de la Corte Constitucional de Colombia están disponibles en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/radicador/RADICADOR%20AUTOS%202009.php.

117 Corte Constitucional, Auto 008 de 2009, Magistrado Ponente Manuel José Cepeda, 26 de enero de 2009, párrs. 134-137.

118 Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada (SNAIPD). Informe del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional sobre la Superación del Estado de Cosas Inconstitucional Declarado Mediante la Sentencia T-025 de 2004, 1º de julio de 2010. Documento disponible en http://www.vertice.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Dy3R__Am2-8%3D&tabid=71&mid=454.

119 Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada (SNAIPD). Informe del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional sobre la Superación del Estado de Cosas Inconstitucional Declarado Mediante la Sentencia T-025 de 2004, 1º de julio de 2010. Documento disponible en http://www.vertice.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Dy3R__Am2-8%3D&tabid=71&mid=454.

120 Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada (SNAIPD). Informe del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional sobre la Superación del Estado de Cosas Inconstitucional Declarado Mediante la Sentencia T-025 de 2004, 1º de julio de 2010. Documento disponible en http://www.vertice.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Dy3R__Am2-8%3D&tabid=71&mid=454.

121 Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado, Comentarios al Informe de 1º de julio de 2010 del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional sobre la Superación del Estado de Cosas Inconstitucional Declarado Mediante la Sentencia T-025 de 2004, julio de 2010. Documento disponible en http://derechoydesplazamiento.ilsa.org.co:81/sites/derechoydesplazamiento.ilsa.org.co/files/doc/Comseg/comen-inf-gob nal.pdf.

122 La Mesa de Seguimiento está integrada por la Corporación Casa de la Mujer, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Corporación Sisma Mujer, la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP), la Ruta Pacífica de Mujeres, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Liga de Mujeres Desplazadas.

123 Tercer Informe de Seguimiento al Auto 092 de 2008, junio de 2010. El Estado también indicó que en el marco del proceso penal adelantado por cada uno de los fiscales especializados de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, donde se tiene como víctimas a mujeres y niñas, se estaría brindando apoyo con el fin de: informarlas de los derechos que les asisten y tratar de no revictimizarlas en casos de violencia sexual, entablar un diálogo directo con el fin de establecer espacios de confianza, atender prioritariamente a mujeres y niñas y sus solicitudes en materia de seguridad y salud ante las entidades estatales competentes, y sensibilizar a los funcionarios estatales en el tema de enfoque diferencial en cuanto al género. Adicionalmente, el Estado informó que se estaría adelantando un modelo de atención integral para las víctimas de violencia sexual y se habría avanzado en la reglamentación del plan obligatorio de salud. Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la CIDH sobre el País correspondiente a 2011, 27 de diciembre de 2011, págs. 17 y 18.

124 Mesa de Seguimiento al Auto 006 de 2009 Desplazamiento y Discapacidad, julio de 2010.

125 Mesa de Seguimiento al Auto 006 de 2009 Desplazamiento y Discapacidad, julio de 2010.

126 "La aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras marca un avance histórico. Es la culminación de un esfuerzo impulsado por el Presidente Juan Manuel Santos para poner a las víctimas en el centro de la atención del Estado colombiano. Su implementación va a significar un nuevo horizonte de esperanza en la búsqueda de la paz y la reconciliación del país: un desafío que merece el respaldo de toda la sociedad colombiana y de la comunidad internacional", dijo Christian Salazar Volkmann, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Comunicado de Prensa de OACNUDH, 25 de mayo de 2011, en: http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2011/comunicados2011.php3?cod=12&cat=86.

127 El Estado refirió a las razones que llevaron a la delimitación del universo de víctimas dentro del programa de reparaciones creado por la Ley 1448 relacionadas éstas con la naturaleza de esta normativa como un mecanismo de justicia transicional. Agregó que la Corte Constitucional se encontraría estudiando la exequibilidad de la norma ante recursos de inconstitucionalidad planteados desde su aprobación. Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la CIDH sobre el País correspondiente a 2011, 27 de diciembre de 2011, pág. 18.

128 El Estado indicó que la misma ley contempla mecanismos de coordinación para la planeación, ejecución y seguimiento de una estrategia de seguridad para la restitución de tierras. Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la CIDH sobre el País correspondiente a 2011, 27 de diciembre de 2011, pág. 18.

129 Declaración de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Bogotá D.C., 7 de junio de 2011, en: http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2011/comunicados2011.php3?cod=14&cat=86.

130 Según informó el Estado, en ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas por el artículo 205 de la Ley 1448 de 2011, en donde se regula la política pública de atención, asistencia, reparación integral y restitución de derechos territoriales. Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la CIDH sobre el País correspondiente a 2011, 27 de diciembre de 2011, pág. 26. Ver también: Decreto 4633-2011 en: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Diciembre/09/dec463309122011.pdf; Decreto 4634-2011 en: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Diciembre/09/dec463409122011.pdf y 4635-2011 en: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Diciembre/09/dec463509122011.pdf.

131 El Estado indicó que estos Decretos fueron objeto de un proceso de concertación y consulta previa con cada uno de los grupos étnicos. Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la CIDH sobre el País correspondiente a 2011, 27 de diciembre de 2011, págs. 26 y 27.

132 En relación con los desafíos para la implementación de la ley el Estado resaltó su compromiso para que las medidas de asistencia, atención y reparación consagradas en la Ley de Víctimas se hagan efectivas y destacó su proceso de reglamentación “comprehensivo y participativo […] con el fin de materializar las medidas mediante la adopción por Decreto reglamentario de las herramientas normativas y operativas necesarias para poner en marcha la ley en todo el territorio nacional”. A diciembre de 2011 el referido Decreto reglamentario estaría siendo estudiado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para su expedición puesto que resultó “modificado sustancialmente como consecuencia del ejercicio de participación y retroalimentación” por parte de las víctimas. Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la CIDH sobre el País correspondiente a 2011, 27 de diciembre de 2011, págs. 23-26.

133 Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Logros: Balance de Gobierno 2002-2010. Documento disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/noticias/2010/julio/documentos/10%20logros%20Oficina%20del%20Alto%20Comisionado%20para%20la%20Paz.pdf

134 Cifras oficiales indican que entre agosto de 2002 y octubre de 2010 se desmovilizaron más de 54.000 miembros de grupos armados ilegales (AUC, FARC, ELN). Esta cifra incluye tanto a las personas que se desmovilizaron en forma colectiva, como las aproximadamente 22.000 personas vinculadas al paramilitarismo o la guerrilla que entregaron sus armas en forma individual. Cifras del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PADH) – Oficina del Alto Comisionado para la Reintegración, Estadísticas Agosto de 2002 – Octubre 2010. Documento disponible en: http://www.reintegracion.gov.co/Es/proceso_ddr/Documents/presentaciones/Presentacion_oct_2010.ppt#304,5,Slide 5.

135 Durante más de un año y medio el proceso de desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil se adelantó a la luz del régimen de desmovilización individual y colectiva vigente, conforme al Decreto 128 de 2003 por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil. El 22 de junio de 2005 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 975 de 2005, la cual entró en vigor tras la sanción presidencial del 22 de julio de 2005. Adicionalmente el 30 de diciembre de 2005 se adoptó el Decreto No. 4760, del Ministerio del Interior y de Justicia, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos de la Ley 975 relacionados con los plazos disponibles para investigar a quienes busquen acceder a los beneficios de la ley –artículo 4- y con la introducción del principio de oportunidad a favor de terceros relacionados con la adquisición, posesión, tenencia, transferencia y en general con la titularidad de los bienes ilícitos que sean entregados para la reparación de las víctimas –artículo 13. El 29 de septiembre de 2006 se hizo público el Decreto No. 3391 por el cual reglamentó parcialmente la Ley 975 de 2005 Ministerio del Interior y de Justicia, Decreto No. 3391 de 2006, 29 de septiembre de 2006, “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 975 de 2005”.

136 La compatibilidad de la Ley 975 con la Constitución colombiana fue cuestionada ante la Corte Constitucional. En respuesta, la Corte Constitucional declaró a la Ley 975 constitucional en forma global y a la vez señaló condiciones a fin de que varias de sus disposiciones pudieran ser consideradas compatibles con el bloque de constitucionalidad. Entre los parámetros de interpretación establecidos por la Corte Constitucional se destacan aquéllos destinados a proteger la participación de las víctimas en el proceso, y su acceso a una reparación integral. La sentencia también clarifica la obligación de imponer en forma efectiva la pena reducida de prisión allí prevista e introduce consecuencias legales, tales como la pérdida de beneficios, en caso de que los desmovilizados que buscan beneficiarse de la aplicación de la Ley oculten información a las autoridades judiciales. Asimismo, la sentencia aclara la calificación del paramilitarismo como un delito común. En suma, los desmovilizados implicados en la comisión de crímenes relacionados con el conflicto armado que quieran obtener los beneficios establecidos por la Ley 975 tendrán que colaborar con la justicia a fin de que se logre el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Corte Constitucional, Expediente D-6032 - Sentencia C-370/06, fundamentos hechos públicos el 13 de julio de 2006.

137 Consejo Permanente de la OEA, Resolución CP/RES. 859 (1397/04) ”Apoyo al Proceso de Paz en Colombia”, punto resolutorio tercero. OEA/Ser. G CP/RES. 859 (1397/04) del 6 de febrero de 2004. Ver CIDH Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999; Informe sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia OEA/Ser.L/V/II.120 Doc. 60, del 13 de diciembre de 2004; Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia. OEA/Ser/L/V/II. 125 Doc. 15, 01 de agosto de 2006. CIDH, “Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización y primeras diligencias judiciales” OEA/Ser.L/V/II.129 Doc. 6, 2 de octubre de 2007. Ver también capítulo IV de los informes anuales de la CIDH para los años 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

138 OEA, Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de justicia transicional colombiana, MAPP/OEA, octubre de 2011. En: http://www.indepaz.org.co/attachments/691_DiagnosticoJyP%20Mapp-OEA.pdf.

139 Ver Sexto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). OEA/Ser. G/CP/doc. 4075/06, 16 de febrero de 2006. Asimismo ver Séptimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA). Ver OEA/Ser.G/CP/doc. 4148/06, 30 de agosto de 2006; Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). OEA/Ser.G. CP/doc. 4176/07, 14 febrero 2007; Noveno Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 3 de julio de 2007; Décimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 31 de octubre de 2007; Décimo Primer Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 25 de junio de 2008; Décimo Segundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 9 de febrero de 2009.

140 OEA, Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de justicia transicional colombiana, MAPP/OEA, octubre de 2011, pág. 158. En: http://www.indepaz.org.co/attachments/691_DiagnosticoJyP%20Mapp-OEA.pdf.

141 Décimo Cuarto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 26 de abril de 2010.

142 Décimo Cuarto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 26 de abril de 2010. Esta información concuerda con la recibida en el marco del 141º y 143º períodos de sesiones de la CIDH. Audiencia sobre la situación de derechos humanos en Colombia, llevada a cabo el 25 de marzo de 2011, en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=122 y Situación de derechos humanos en Colombia, llevada a cabo el 27 de octubre de 2011, en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=123.

143 Consejo de Derechos Humanos, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 4 de marzo de 2010, A/HRC/13/72, párr. 61.

144 El Estado presentó, entre otras, las siguientes consideraciones en relación con las “BACRIM”: En Colombia se desmantelaron los grupos organizados armados ilegales de las AUC mediante procesos de paz; las BACRIM son un fenómeno criminal producto del narcotráfico y otras economías ilícitas; se trata de un modelo clásico de crimen organizado que se expande mediante la “compra” de franquicias relacionadas con el narcotráfico; su objetivo es controlar la cadena de narcotráfico y otras economías legales e ilegales; su estructura no es propiamente jerárquica; son un “fenómeno de macro-criminalidad complejo que no responde estrictamente a los requisitos de los distintos instrumentos internacionales sobre conflictos armados y crimen transnacional”; el control territorial es reducido y su capacidad de conducir operaciones militares sostenidas y concertadas es limitada; y su caracterización jurídica se asemeja más a la de un grupo delictivo organizado en los términos de la Convención de Palermo. Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la CIDH sobre el País correspondiente a 2011, 27 de diciembre de 2011, págs. 30-31.

145 Comisión Colombiana de Juristas. Colombia: La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segundo Informe de Balance sobre la Aplicación de la Ley 975 de 2005, págs. 96 a 101. Ver también: http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-jefes. El Estado indicó que “la participación de los desmovilizados en estos grupos ilegales no es generalizada y por el contrario se trata de un número reducido comparado con el total de personas desmovilizadas a la fecha, que son 54.213”. Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la CIDH sobre el País correspondiente a 2011, 27 de diciembre de 2011, pág. 30.

146 El Estado informó que se habrían estado adelantando “dos procesos complementarios para superar los problemas evidenciados en la puesta en práctica de la Ley de justicia y paz”. A saber: 1) trámite de acto legislativo de justicia transicional que habría sido “aprobado en primera vuelta” el 14 de diciembre de 2011 y a través del cual se buscaría “elevar a nivel constitucional la paz como finalidad prevalente de los instrumentos de justicia transicional”. Éste autorizaría la creación de instrumentos de justicia transicional no judiciales de investigación y sanción y facultaría al legislador a determinar criterios de priorización y selección en materia de investigación penal y 2) proyecto de ley de reforma a la Ley de Justicia y Paz que habría sido aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes el 15 de diciembre de 2011 y tomaría en cuenta algunas de las recomendaciones formuladas por el Diagnóstico MAPP/OEA. Adicionalmente, el Estado indicó que para el año 2011 se habría venido ejecutando la estrategia “Centro de Coordinación Operacional contra las BACRIM -C.E.C.O.B.- para concertar las capacidades de inteligencia de las agencias de seguridad del Estado, la acción integral de investigación criminal y las operaciones para desvertebrar las BACRIM. Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la CIDH sobre el País correspondiente a 2011, 27 de diciembre de 2011, págs. 27-28.

147 Consejo de Derechos Humanos, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 4 de marzo de 2010, A/HRC/13/72, párr. 64.

148 Alta Consejería presidencial para la reintegración, http://www.reintegracion.gov.co/Es/prensa/noticias/Paginas/111104a.aspx. Según informó el Estado, el Reglamento de la Ley 1424 tendría una implementación efectiva a partir del año 2012. Adicionalmente, el Estado informó sobre la articulación en los procesos judiciales de Justicia y Paz mediante el sistema de información interinstitucional cuya aplicación estaría planificada para el primer semestre del año 2012. Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la CIDH sobre el País correspondiente a 2011, 27 de diciembre de 2011, págs. 30, 36-38.

149 Información actualizada a 30 de agosto de 2010, en http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=1856.

150 Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz, información al 31 de mayo de 2010. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/reconstruyendo/1856-estadisticas.

151 Ley 782 del 23 de diciembre de 2002 por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones.

152 En la mayoría de los casos la información ya había sido recabada en los circuitos de desmovilización. CIDH. Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Proceso de Desmovilización de las AUC en Colombia, Compendio de documentos publicados (2004-2007). III. Implementación de las Primeras Diligencias Judiciales de la Ley de Justicia y Paz, párrs. 20-24. Disponible en http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/COLOMBIA%20COMPILACION.pdf.

153 Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, Información en proceso de consolidación y verificación a 30 de junio de 2010.

154 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Informativo de Justicia y Paz: Caminos, Edición No. 2 a abril de 2010, cifras a marzo 18 de 2010. Disponible en: http://www.cnrr.org.co/new/boletin-justiciaypaz/EDI-2/justicia%20y%20paz-EDI2.pdf. Las cifras no especifican si la confesión de hechos fue total o parcial.

155 Información actualizada a septiembre de 2011, con base a lo indicado por la Fiscalía para el 31 de julio de 2011 en: http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=1856.

156 Información actualizada a septiembre de 2011, con base a lo indicado por la Fiscalía para el 31 de julio de 2011 en: http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=1856. El 27 de diciembre de 2011 el Estado indicó que a 20 de diciembre del mismo año, el Gobierno Nacional habría postulado al procedimiento de Justicia y Paz a 4.643 desmovilizados para aplicarles el procedimiento de la Ley 975 de 2005. Informó que en total, en desarrollo de las diligencias de versión, los postulados habrían confesado plenamente un total de 33.170 hechos delictivos que involucrarían a 44.280 víctimas. Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la CIDH sobre el País correspondiente a 2011, 27 de diciembre de 2011, pág. 39.

157 El 29 de junio de 2010 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá condenó a Edwar Cobos Téllez alias “Diego Vecino” y a Uber Enrique Banquez Martínez alias “Juancho Dique” a la pena principal de 468 y 462 meses de prisión respectivamente y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por 20 años por haber sido hallados como coautores responsables de cometer los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, secuestro simple, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, cometidos en concurso homogéneo y heterogéneo. Por su parte, Edwar Cobos Telléz fue también hallado responsable del delito de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo y heterogéneo. Asimismo, el Tribunal les concedió el beneficio de la pena alternativa por un periodo de ocho años de privación de libertad.

El Tribunal señaló que los desmovilizados condenados cometieron

[…] graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, por que como actores del conflicto armado atentaron contra la población civil al desplazarla de su territorio, al atentar contra la vida de no combatientes y al saquear sus propiedades luego de la incursión, aclarando que en respeto al principio de legalidad taxativo, la tipicidad se hizo de cara a delitos comunes, atendiendo la fecha de ocurrencia de los hechos. Pero además como autores de crímenes de Lesa Humanidad, por que no se trató de conductas punibles aisladas; La generalidad, sistematicidad, comisión de actos inhumanos y los destinatarios de estos ataques –la población civil- permiten concluir que la pertenencia al grupo de autodefensas (concierto para delinquir), el desplazamiento forzado de los pobladores de San Cayetano y Mampujan y las ejecuciones extrajudiciales deben ser calificados como crímenes de Lesa humanidad.

Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sentencia de 29 de junio de 2010, radicación: 110016000253200680077, Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López.

158 En su sentencia de primera instancia el Tribunal estableció un sistema de reparaciones basado en el concepto de la equidad, siguiendo la práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las masacres de Pueblo Bello y de Ituango, así como la del Consejo de Estado. Con base en ello, estableció unas tablas de indemnización individual por delito y parentesco de carácter fijo que traten conjuntamente los daños materiales e inmateriales partiendo del valor atribuido al daño por el delito más grave, es decir el homicidio con un valor máximo de referencia de 240 millones de pesos por núcleo familiar. Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sentencia de 29 de junio de 2010, radicación: 110016000253200680077, Magistrada Ponente Uldi Teresa Jiménez López (pies de página omitidos), párrs. 343 - 352. Para casos de homicidio el Tribunal concedería a cada víctima indirecta que tenga la condición de cónyuge, padre, madre o hijo una cuantía de 40 millones de pesos, mientras que a aquellos que tengan la condición de hermanos una cuantía de 4 millones de pesos, con un límite máximo por núcleo familiar de 240 millones de pesos. Para el caso del desplazamiento el Tribunal acudió a la práctica del Consejo de Estado el cual, atribuye por daños inmateriales a toda persona desplazada la mitad (50 salarios) de los atribuidos a cónyuge, padres e hijos en caso de un delito de homicidio (100 salarios) por lo que cada persona desplazada de un mismo núcleo familiar recibiría una cuantía de 17 millones de pesos, con un máximo por núcleo familiar de 120 millones de pesos. Para el caso de los secuestros, la Sala estableció una medida entre lo que se concede en vía administrativa y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el delito de homicidio y determinó que a la víctima directa le corresponderían 30 millones de pesos, sin que el valor de lo concedido exceda por grupo familiar de 180 millones, y para los hermanos igualmente se reconocerían 4 millones. Finalmente, la Sala establece que en el caso de que una misma persona haya sido víctima de varios delitos, se realizará el cálculo de la indemnización que le corresponde a él y/o a su núcleo familiar teniendo en cuenta la cuantía correspondiente al delito más grave con un límite total por el conjunto del núcleo familiar de 240 millones de pesos.

159 Asimismo, en junio de 2011 se profirió sentencia en contra de un desmovilizado del Bloque Catatumbo que fue condenado a una pena de 424 meses que fue suspendida para imponerle la pena alternativa de 6 años por dos delitos de fuga y concierto para delinquir agravado. OEA, Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de justicia transicional colombiana, MAPP/OEA, octubre de 2011, pág. 78. En: http://www.indepaz.org.co/attachments/691_DiagnosticoJyP%20Mapp-OEA.pdf.

160 OEA, Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de justicia transicional colombiana, MAPP/OEA, octubre de 2011, pág. 78. En: http://www.indepaz.org.co/attachments/691_DiagnosticoJyP%20Mapp-OEA.pdf.

161 OEA, Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de justicia transicional colombiana, MAPP/OEA, octubre de 2011, págs. 78 y 79. En: http://www.indepaz.org.co/attachments/691_DiagnosticoJyP%20Mapp-OEA.pdf.

162 OEA, Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de justicia transicional colombiana, MAPP/OEA, octubre de 2011, pág. 79. En: http://www.indepaz.org.co/attachments/691_DiagnosticoJyP%20Mapp-OEA.pdf.

163 OEA, Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de justicia transicional colombiana, MAPP/OEA, octubre de 2011, pág. 79. En: http://www.indepaz.org.co/attachments/691_DiagnosticoJyP%20Mapp-OEA.pdf.

164 OEA, Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de justicia transicional colombiana, MAPP/OEA, octubre de 2011, pág. 79. En: http://www.indepaz.org.co/attachments/691_DiagnosticoJyP%20Mapp-OEA.pdf. El Diagnóstico, además de las recomendaciones específicas, trata algunos de los aspectos problemáticos que se han identificado después de más de seis años de aplicación de la Ley 975 de 2005 en extenso.

165 OEA, Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de justicia transicional colombiana, MAPP/OEA, octubre de 2011, pág. 79. En: http://www.indepaz.org.co/attachments/691_DiagnosticoJyP%20Mapp-OEA.pdf. El Estado indicó ser consciente de la demora que se presenta en el procedimiento de la Ley 975 de 2005 e informó que se habría presentado el Proyecto de Ley 096 de 2011 mediante el cual se introducirían modificaciones a la Ley 975 en relación con la celeridad del proceso, las distintas competencias para agilizar la investigación y juzgamiento en cada fase y el incidente de reparación integral. Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la CIDH sobre el País correspondiente a 2011, 27 de diciembre de 2011, págs. 33 y 42.

166 El Estado informó de la inclusión de un artículo en el Proyecto de Ley 096 de 2011 en relación con la adopción de medidas conducentes a facilitar la participación efectiva de los postulados desmovilizados que se encuentren en jurisdicción extranjera por efecto de extradición concedida. Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la CIDH sobre el País correspondiente a 2011, 27 de diciembre de 2011, pág. 35.

167 Durante el año 2008 la CIDH manifestó su preocupación por el potencial impacto de la extradición a los EEUU de 16 líderes paramilitares en el esclarecimiento de miles de crímenes. Concretamente observó que la extradición, en las condiciones en cuestión, afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares; impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana; y cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Finalmente, la Comisión resaltó que este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares en la comisión de violaciones a los derechos humanos. La CIDH emitió un comunicado de prensa, mantuvo audiencias públicas a fin de recibir información sobre ese tema y se pronunció sobre la cuestión en el capítulo IV de su Informe Anual para el año 2008. Ver CIDH, Comunicado de Prensa No. 21/08, “CIDH expresa preocupación por extradición de paramilitares colombianos”, Washington, D.C., 14 de mayo de 2008; Audiencia sobre extradiciones de paramilitares a los EEUU y el derecho de las víctimas en Colombia, llevada a cabo el 23 de octubre de 2008 en el marco del 133° periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. http://www.cidh.org/Audiencias/seleccionar.aspx. Informe Anual de la CIDH 2008, Capítulo IV Colombia, párrs. 30 - 38 http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/cap4.Colombia.sp.htm

168 OEA, Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de justicia transicional colombiana, MAPP/OEA, octubre de 2011, págs. 145-155. En: http://www.indepaz.org.co/attachments/691_DiagnosticoJyP%20Mapp-OEA.pdf.

169 Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en las decisiones sobre la aplicación de determinadas figuras procesales a una persona, debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos. La aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad. De tal manera, en razón de la falta de acuerdo de cooperación judicial entre los Estados que han concretado dicha extradición, corresponde a Colombia aclarar los mecanismos, instrumentos y figuras jurídicas que serán aplicadas para asegurar que la persona extraditada colabore con las investigaciones de los hechos del presente caso, así como, en su caso, para asegurar su debido enjuiciamiento. Corte I.D.H.,
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