2011 Opinión: p r e n s a L i b r e: Guatemala, martes 3 de mayo de 2011 p u n t o d e e n c u e n t r orielos monzón business






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Marielos Monzon

2011


Opinión:

P R E N S A L I B R E: Guatemala, martes 3 de mayo de 2011

P U N T O D E E N C U E N T R ORIELOS MONZÓN

Business es business


T R A S E L T E R R E M O TO Q U E A S O L Ó

Haití fueron detenidos un grupo de

10 norteamericanos, pertenecientes

a la iglesia bautista del sur, que intentaron

sacar de ese país a 33 supuestos

huérfanos hacia una inexistente

casa hogar en República Dominicana.

Tras comprobarse que todos

los niños tenían familiares vivos y

que se trataba del robo de los menores,

los miembros del grupo fueron

encarcelados y manifestaron ser

“simplemente 10 cristianos obedientes

al llamado de Dios”.

La vigorosa maquinaria de las

iglesias evangélicas estadounidenses

—con el poder político y económico

que les caracteriza— y varios

congresistas y senadores que les representan

lograron que las autoridades

haitianas les dejaran en libertad,

y continuaron con la presión para

declarar con carácter urgente las

adopciones internacionales en Haití.

Antes de la tragedia habían señalado

que en la isla caribeña había

más de 400 mil huérfanos, a lo que

Unicef respondió que a lo sumo podría

haber 50 mil niños sin padres.

Una de las principales figuras del

movimiento adoptista es la senadora

demócrata por Luisiana, Mary Landrieu,

quien en el medio de la polémica

declaró a la agencia AP que de no

cambiar su posición, Unicef tendría

numerosas dificultades para obtener

el apoyo del Congreso estadounidense.

En pocas palabras, la senadora pretendía

que el Fondo de Naciones Unidas

para la Infancia diera el aval a los

procedimientos de adopciones internacionales

irregulares e ilegales, que

son, ni más ni menos, tráfico y venta

de menores. De acuerdo con un artículo

de la periodista Kathryn Joyce,

publicado en thenation.com, las iglesias

evangélicas que tramitan las

adopciones internacionales en EE.

UU. reciben pagos que pueden ir desde

los US$20 mil hasta los US$63 mil

por niño “colocado” en adopción.

Queda muy claro entonces cuál es el

“llamado divino” de estas redes que

trafican con niños atienden.

Esta misma senadora, probablemente

siguiendo los designios del Señor,

estuvo de visita la semana pasada

en Guatemala, para exigir agilizar los

procesos de adopciones internacionales

pendientes. Entre otras linduras,

presionó a las autoridades guatemaltecas

—incluido al propio presidente

Colom— a fijar un plazo no mayor de

60 días para que aparezca la madre

biológica de un menor, supuestamente

huérfano, a quien se pretende dar

en adopción. En otras palabras, no importa

si el niño fue robado y esa es la

razón por la que la madre no aparece;

los negocios son negocios.

A tal grado llega el “genuino y noble”

interés de la senadora por la niñez

de este país, que no tardó en descalificar

públicamente el informe de

la Cicig —relativo a los actores involucrados

en los procesos de adopción

irregular—, que da cuenta que

en más del 60% de los procesos hay

ilegalidades e indicios de la comisión

de varios delitos —asociación

ilícita, sustracción de menores, trata

de personas con fines de adopción

irregular, falsedad material e ideológica,

entre otros—. Dicho sea de paso,

el informe es producto de una investigación

de 18 meses y elaborada

por un equipo de expertos profesionales

de la Comisión Internacional,

que ahora le exige a la señora Landrieu

las pruebas en las que sustenta

la descalificación realizada.

Realmente grave fue la presencia de

Francisco Villagrán, embajador guatemalteco

en Washington, quien no solamente

acompañó a la delegación, sino

cabildeó a favor de las exigencias de

Landrieu ante las autoridades nacionales.

Que alguien explique si el diplomático

chapín es también parte del negocio

o es la suya la posición oficial del

Gobierno guatemalteco

Solo el 10% de los niños

dados en adopción entre

2007 y 2010 estaban en

orfandad o abandono.



P U N T O D E E N C U E N T R O

MARIELOS MONZÓN

10 de mayo 2011

Como siempre: abUSAdos

Estreno: 11 de mayo, Teatro

Nacional, 18 horas.

A B U S A R : US A R M A L , E X C E S I VA ,

injusta, impropia o indebidamente

de algo o de alguien. (2) Hacer objeto

de trato deshonesto a una persona

de menor experiencia, fuerza o

poder.

Así define el diccionario de la

Real Academia Española este verbo,

que no pudo ser mejor escogido por

el director de cine guatemalteco

Luis Argueta para titular su última

producción: abUSAdos, la redada de

Postville, un documental que narra

los atropellos y maltratos sufridos

por un grupo de connacionales migrantes

que trabajaban en un frigorífico,

en el estado de Iowa.

La cinta cuenta cómo el 12 de mayo

de 2008, 900 agentes de la Oficina

de Control de Inmigración y Aduanas,

acompañados por efectivos de

otras agencias locales, estatales y federales

realizaron un operativo en la

planta Agriprocessors, Inc. para ejecutar

una orden de arresto por los

cargos de robo de identidad agravado

y uso fraudulento de números del

seguro social. Detuvieron a 389 personas,

el 70%, guatemaltecos. Como

si se tratara de criminales peligrosos,

o de a quienes ellos consideran

terroristas, en la acción se utilizaron

helicópteros y se colocaron grilletes

y cadenas en las muñecas, cinturas y

tobillos de los trabajadores. Aprovechándose

del desconocimiento de

las leyes, del idioma y de las garantías

del debido proceso, se les obligó

a firmar “voluntariamente” un documento

de consentimiento para su

deportación, a cambio de reducir a

cinco meses la pena de encarcelamiento;

no firmar ese documento les

traería más tiempo en la cárcel. Está

claro que en el medio de la redada,

con agentes coaccionándolos y encerrados

en cárceles rodantes, la

única opción que tenían era firmar

su declaración de culpabilidad, con

base en la cual fueron deportados en

octubre de ese mismo año.

Abogados, sicólogos y estudiantes

del Centro de Derechos Humanos

y Justicia Internacional de la

Universidad de Boston iniciaron

procesos legales en contra de las autoridades

estadounidenses, por las

arbitrariedades cometidas en Postville.

Sostienen que es “ilegal y antiético

que no se individualizara a

cada acusado y que los procesos legales fueran colectivos”; también

“que una persona no puede declararse

culpable ante un juez sin que este

sepa realmente si el acusado comprende

lo que significa su declaración,

el proceso legal en su contra y

los derechos a los que renuncia”.

Lo que llama poderosamente la

atención es la doble moral en el accionar

de las autoridades estadounidenses.

En el proceso contra Luis

Posada Carriles, un terrorista confeso,

acusado de haber mentido a las

autoridades migratorias al ingresar

en ese país, se levantan todos los cargos

y se le absuelve. En el caso de este

grupo de trabajadores migrantes,

se procede arbitrariamente y se les

condena con la deportación, habiéndolos

sometido a cinco meses en la

prisión y a tratos degradantes e inhumanos.

Después de su regreso forzoso a

Guatemala, los deportados de Postville

siguen viviendo un calvario. El

Estado guatemalteco —al igual que

ocurre con miles de nuestros compatriotas—

no ha sido capaz de garantizarles

el cumplimiento a sus derechos

fundamentales. Sus hijos,

ciudadanos estadounidenses deportados

junto a sus padres, no tienen

acceso a salud o educación. Este país

les expulsa y les recibe con las mismas

carencias y la misma falta de

oportunidades.

De eso se trata abUSAdos, un documental

que denuncia los abusos e

ilegalidades cometidos contra trabajadores

migrantes, en la autoproclamada

tierra de la democracia, la justicia

y la libertad.

17 de mayo

En tierra de nadie

EL DO M I N G O S E C O N O C I Ó L A

masacre cometida contra 27 trabajadores

en una finca del departamento

de Petén. Las víctimas fueron decapitadas

y sus restos, esparcidos en los alrededores

del lugar. Aun y cuando se

está en proceso de investigación para

esclarecer lo ocurrido, lo que queda

claro es la ausencia absoluta del Estado

en gran parte del territorio nacional.

Ausencia que se palpa en el abandono

de cientos de miles de compatriotas

a su suerte. No hay salud, no

hay educación, no hay alimentos y

tampoco protección y garantías a su

seguridad e integridad.

Basta recorrer un poco el interior

del país para ver los vehículos doble

cabina, repletos de hombres armados,

que se trasladan a sus anchas sin que

nadie les marque un alto. O la impunidad

con la que actúan las guardias privadas

de los terratenientes contra las

comunidades campesinas. Todo con

la complicidad o la aquiescencia de las

autoridades.

La ausencia del Estado no es un hecho

fortuito, es producto de una muy

bien montada estrategia de los grupos

de poder económico, político y militar

para controlar el país y hacer lo que se

les venga en gana. Un Estado débil y

sin recursos es la mejor forma de garantizar

su dominio y la impunidad de

sus actos. Porque tampoco cabe ninguna

duda de que las masacres, decapitaciones,

asesinatos y demás crímenes

se siguen cometiendo mientras se

tenga la garantía de que la justicia no

acciona y que la impunidad es la que

reina en casi la totalidad de los casos.

Como siempre sucede cuando ocurren

hechos como el del domingo, saltan

las voces de los energúmenos arguyendo

que aquí lo que hace falta es

mano dura y la aplicación de la pena

de muerte, cuando se tiene más que

probado que la disminución real de los

hechos delictivos pasa por una pronta,

cumplida y eficaz aplicación de la justicia

—porque nadie dice que no se

castigue con todo el peso de la ley a los

responsables, a los verdaderos responsables,

y no a los chivos expiatorios—,

pero también por una estrategia

integral de seguridad y justicia, que

aborde la problemática desde todas

sus aristas. Convertir la Plaza Central

en una especie de coliseo para fusilar a

delincuentes, como promete un triste

político aspirante a la Presidencia, no

solo no resolvería el problema, sino lo

agravaría. ¿O qué si no es represión

pura y dura —en forma de ejecuciones

extrajudiciales, limpieza social o asesinatos

selectivos— lo que hemos aplicado

durante los últimos 50 años?

Respecto de lo sucedido en la finca

Los Cocos, la Oficina del Alto Comisionado

de las Naciones Unidas señala:

“Esta masacre se suma a otros hechos

recientes de violencia, vulnerabilidad

generalizada y abandono que

afectan a los habitantes del departamento

de Petén y que confirman la urgente

necesidad de implementar una

estrategia integral de seguridad humana

que garantice los derechos humanos”,

y agrega: “En una misión realizada

en el mes de noviembre de 2010 por

esta oficina al departamento de Petén,

se observó la situación de inseguridad

y desprotección en la que se encuentran

las comunidades campesinas del

municipio de La Libertad y San Andrés

ante diversos fenómenos tales

como el narcotráfico, la concentración

de las tierras en manos de grandes finqueros,

la ganadería ilegal y las amenazas

de ser desalojados de las tierras

que ocupan”.

Datos objetivos de la realidad que

solo confirman nuestra triste historia

de despojo, violencia y muerte, producto

de un sistema de exclusión,

opresión y acumulación, que sigue cobrando

la vida de los más pobres, porque

al parecer, aquí tienen derechos

solo los que pueden pagar por ellos.

Oacnudh: “Es urgente

implementar una estrategia

integral de seguridad

humana que garantice los

DDHH”.

24 de mayo

Entre los W y los Zetas

E L S Á B A D O 2 1 F U E A S E S I NA D O ÓS -

car Reyes, un campesino de 34 años,

miembro de la cooperativa Tzalamila,

ubicada en el Valle del Polochic.

De acuerdo con la denuncia presentada

por el CUC, miembros de la seguridad

privada del ingenio Chabil

Utzaj, propiedad de la familia Widman,

atacaron a comunitarios mientras

trabajaban en terrenos de la cooperativa.

En el hecho también resultaron

heridos de gravedad otros tres

campesinos. Todo inició con la “incursión

de los guardias de la seguridad

privada del ingenio comandados

por Jorge Mario Barrientos y Efraín

García, quienes sin mediar palabra

comenzaron a disparar contra la población”,

reza el comunicado.

Esta nueva agresión sucede tras los

violentos desalojos ocurridos en el

Valle del Polochic en marzo, cuando

fue ejecutado extrajudicialmente Antonio

Beb Ac. En los hechos participaron

policías, soldados y la guardia privada

del ingenio, dirigida por su propietario,

Carlos Widman. Después de

la quema de sus cosechas y la destrucción

de sus precarias viviendas y pertenencias,

800 familias quedaron a la

orilla de la carretera, y desde entonces

han sido hostigadas y amenazadas.

Las agresiones han ido en aumento y

estamos frente a otro asesinato. La

misma historia que en la finca Nueva

Linda, lo único que cambia es el nombre

de los terratenientes agresores y

de las autoridades en el Ejecutivo, tan

complacientes y aquiescentes como

las del gobierno anterior.

El 19 de mayo, en San Juan Sacatepéquez,

fueron atacados varios líderes

comunitarios que dirigen la resistencia

contra la empresa Cementos

Progreso. Con nombres y apellidos,

los sanjuaneros denunciaron públicamente

a los responsables del ataque

como trabajadores de la empresa

quienes agredieron, con armas de fuego

y machetes, a cuatro dirigentes

—entre ellos una mujer con su hijo de

seis meses en los brazos—. Una semana

antes se dio la matanza de 27 jornaleros

en la finca Los Cocos, en Petén,

atribuida a los Zetas.

En todos los hechos las víctimas

son trabajadores campesinos en situación

histórica de pobreza y exclusión;

unos a merced de los narcotraficantes,

y otros a merced de los terratenientes,

que se benefician, ambos, con

el clima imperante de impunidad que

ellos mismos construyeron y mantienen.

Todos muertos o heridos a manos

de guardias privadas o cuerpos armados

del crimen organizado. Todas

víctimas de autoridades gubernamentales

funcionales al sistema, que obedecen

sin miramientos a la oligarquía

criolla de este país.

A este respecto, la Udefegua señala

en su más reciente informe: “Este

bimestre se caracterizó por la criminalización

de los defensores de derechos

humanos, particularmente desde

la Presidencia de la República luego

de los desalojos del Polochic (…)

asumiendo el discurso que por años

han tenido los sectores más conservadores

e intolerantes (…) La pretensión

de las cámaras empresariales de

generar límites al derecho de manifestación

a través de amparos también

ha generado un ambiente tenso

y criminalizador al que se ha prestado

la CC”.

Estamos viendo la expresión más

elocuente del accionar de los señores

feudales guatemaltecos, que se amparan

en su poder y en la convicción de

que la justicia nunca los alcanzará. Para

ellos, este país es su finca, y en una

finca no hay estado de Derecho. Los

ejércitos privados —de los terratenientes

y del crimen organizado— se

sienten con carta libre para asesinar y

ejecutar, ante la ausencia del Estado

que ha sido debilitado a propósito, como

parte de la estrategia de la impunidad.

Pero, ojo, la historia reciente de

Latinoamérica ha demostrado que,

aunque lenta, la justicia llega.

Para ellos este país es su

finca, y en una finca, no

hay estado de Derecho.

31 de mayo
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