Corte Interamericana de Derechos Humanos






descargar 177 Kb.
títuloCorte Interamericana de Derechos Humanos
página2/5
fecha de publicación08.03.2016
tamaño177 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
1   2   3   4   5

c. Testimonio de María del Carmen Aguirre Charvet, exfuncionaria de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
En junio de 1992 trabajaba en el área legal de la Comisión Ecuménica. Margarita Ramadán entró en contacto con ella aproximadamente el 24 de junio de 1992. Le ayudó a buscar al señor Suárez Rosero y, para estos efectos, habló con el Lic. Leonardo Carrión, asesor del Ministro de Gobierno. No obtuvo resultados de esta gestión y entonces presentó un oficio a dicho asesor, quien le manifestó que ni dejara dicho documento en su oficina, porque se trataba de un caso de drogas y le informó que el señor Suárez Rosero estaría incomunicado más o menos un mes.
d. Testimonio de Rafael Iván Suárez Rosero, presunta víctima en este caso
Nunca ha visto una orden de detención. En la madrugada del 23 de junio de 1992 fue aprehendido, junto con el señor Nelson Salgado, por dos individuos encapuchados que se desplazaban en un vehículo sin identificación, quienes les informaron que su detención se produjo como consecuencia de una denuncia de que los ocupantes de un vehículo “Trooper” se encontraban quemando droga en la quebrada de Zámbiza. Fueron conducidos a las oficinas de la Interpol, en las cuales fueron trasladados a los calabozos de la parte posterior. Nunca pudo ver o saber el nombre de la persona que hizo la denuncia. Nunca participó en los hechos que le fueron atribuidos. No le permitieron informar a su familia sobre su aprehensión. Le presionaron y amenazaron para que aceptara su implicación en el delito. Durante toda la tarde lo golpearon; le colocaron una bolsa en la cabeza e inyectaron en ella gas lacrimógeno, le amenazaron con colocarlo en una estructura metálica electrizada y un tanque lleno de agua y le increparon que él era narcotraficante; le amenazaron con citar a su esposa y hacerle hablar a través de presiones. Rindió declaración dentro de las primeras 24 horas de su detención ante el Fiscal Tercero, quien no le informó que tenía derecho a acceder a un defensor de oficio. Su celda, de aproximadamente 15 metros cuadrados y en la cual había 17 personas, estaba en un subterráneo aproximadamente a unos dos metros y medio del nivel del patio, era húmeda, sin ventanas o ventilación y sin camas. Durmió durante 30 días sobre un periódico. Le dio pulmonía y le administraron analgésico y, al final de su incomunicación, le administraron penicilina que le había llevado su familia. El 23 de julio de 1992 un grupo de la policía del Grupo de Intervención y Rescate lo llevó a golpes al patio junto con otros detenidos, le hizo poner las manos en la nuca y le puso en posición de cuclillas, le obligó a confesarse como narcotraficante y le golpeó; fue amenazado y, tras taparle los ojos, fue obligado a correr alrededor del patio. Le dijeron que lo iban a matar. Durante su incomunicación perdió 30 ó 40 libras porque tenía miedo de consumir los alimentos; se volvió alérgico a ciertas cosas y alimentos. El 28 de julio de 1992 pudo ver a su familia. Estuvo preso preventivamente por cuatro años en una celda de cuatro por dos y medio metros aproximadamente; podía salir al patio cuatro horas cada día. Las entrevistas con su abogado se realizaron siempre en presencia de un policía. Nunca compareció ante un juez. Después de su puesta en libertad, siente temor constantemente, se siente alterado con la sola presencia de policías.
e. Informe del perito Ernesto Albán Gómez ex Decano y Profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Para que se produzca una detención en el Ecuador debe existir una orden judicial, con las solas excepciones de la detención para investigaciones y la detención en caso de delito flagrante. La detención ilegal es un delito tipificado en el Código Penal. En el ordenamiento ecuatoriano está permitida la incomunicación máxima de 24 horas. El plazo máximo para que un detenido rinda su testimonio indagatorio ante un juez es de 24 horas y solamente a pedido del propio detenido o por considerarlo necesario el juez, este plazo puede extenderse 24 horas más. Existe una ley especial que limitó la duración temporal de la prisión preventiva en términos de relación con la pena máxima a la cual podría ser condenado el detenido, pero se excepcionó de su aplicación, en forma discriminatoria, a las personas acusadas por delitos de tráfico de drogas o estupefacientes. La Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas establece una presunción de culpabilidad en vez de la presunción de inocencia. Un cuartel de policía no es un lugar adecuado para mantener a un detenido en prisión preventiva según la ley, ya que ésta establece que los lugares en donde pueden estar los internos sobre los cuales versan prisiones preventivas o condenas definitivas son los centros de rehabilitación social determinados en el Código de Ejecución de Penas. El recurso de hábeas corpus judicial debe ser interpuesto por escrito; la decisión tiene que ser tomada en un plazo de 48 horas y si bien la ley no establece cuál es el plazo con el que cuenta el juzgador para llamar a la persona que presenta la solicitud y escucharla, dicho plazo podría ser también de 48 horas. En ningún caso la ley permite la prisión preventiva de un encubridor y la pena máxima por este delito es de dos años de prisión. El juez tiene la obligación de nombrar defensores de oficio en el auto cabeza del proceso penal; existen defensores públicos pero no se puede decir que los detenidos tengan acceso eficaz a ellos. De acuerdo con la legislación ecuatoriana, el procedimiento penal debe durar aproximadamente 180 días. Hay retardo sistemático en la administración de justicia, uno de los graves problemas de la administración de justicia ecuatoriana, que es mucho más grave en materia penal. Más del 40 por ciento de las personas que están en las cárceles ecuatorianas han sido detenidas por delitos relacionados con el narcotráfico. El artículo 20 de la Constitución Política del Ecuador determina que todos los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales que estén establecidos por las Convenciones, Pactos o Declaraciones internacionales son aplicables a quienes viven en su territorio.
* * *
24. El 16 de junio de 1997 la Secretaría, por instrucciones del Presidente, comunicó al Estado y a la Comisión que se había señalado plazo hasta el 18 de julio del mismo año para presentar sus alegatos finales escritos sobre el fondo del caso. El 16 de julio la Comisión solicitó al Presidente una prórroga de cuatro días en el plazo mencionado. El 18 de julio el Ecuador solicitó una prórroga en el plazo hasta el 31 de julio siguiente. El 21 de julio la Secretaría informó al Ecuador y a la Comisión que el Presidente había otorgado la extensión del plazo hasta el 11 de agosto de 1997.
25. Los escritos de alegatos finales fueron presentados por la Comisión y el Estado el 22 de julio de 1997 y el 8 de agosto del mismo año, respectivamente.

V

Medidas urgentes adoptadas en este caso
26. La Comisión solicitó a la Corte el 15 de marzo de 1996 que “tom[ara] las medidas necesarias para asegurar que el Sr. Iván Suárez Rosero [fuera] puesto en libertad inmediatamente, pendiente la continuación de los procedimientos”. Como fundamento de su solicitud, alegó que el señor Suárez Rosero había estado en detención preventiva por aproximadamente tres años y nueve meses, que durante este lapso no se encontraba separado de los presos condenados y que existía una resolución judicial que ordenaba su libertad. El 12 de abril de 1996, la Comisión solicitó a la Corte ampliar esas medidas urgentes a la esposa del señor Suárez Rosero, señora Margarita Ramadán de Suárez y a su hija, Micaela Suárez Ramadán debido a un supuesto atentado contra la vida del señor Suárez Rosero, ocurrido el 1 de abril de 1996 y a las amenazas y hostigamientos realizadas contra él y su familia.
27. Por resoluciones del 12 y 24 de abril de 1996 el Presidente solicitó al Estado adoptar, sin dilación, las medidas que fueran necesarias para asegurar eficazmente la integridad física y moral de los señores Rafael Iván Suárez Rosero, su esposa, señora Margarita Ramadán de Suárez y su hija, Micaela Suárez Ramadán.
28. El 28 de junio de 1996 la Corte decidió levantar las medidas urgentes en vista de que la Comisión y el Estado le informaron que el señor Suárez Rosero fue puesto en libertad, debido a lo cual su seguridad y la de su familia ya no estaban en riesgo.

VI

Valoración de la prueba
29. Como anexos al escrito de demanda, la Comisión presentó copia de 32 documentos relacionados con la detención del señor Suárez Rosero y el proceso penal que, en su contra, llevó a cabo el Estado. Por su parte, el Ecuador presentó copias certificadas de diez documentos judiciales referentes al proceso contra el señor Suárez Rosero y el texto oficial certificado del Código de Procedimiento Penal de la República del Ecuador y, a solicitud de la Corte, presentó los textos oficiales certificados de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y del Código Penal ecuatoriano. En el presente caso, dichos documentos no fueron controvertidos ni objetados, ni su autenticidad puesta en duda, por lo que la Corte los tiene como válidos.
30. La declaración de la testigo señora Carmen Aguirre y el informe pericial del doctor Ernesto Albán Gómez tampoco fueron objetados por el Estado y, por ello, la Corte tiene por probados los hechos declarados por la primera, así como las consideraciones que, sobre el derecho ecuatoriano, hizo el perito.
31. Los testimonios de los señores Rafael Iván Suárez Rosero, Margarita Ramadán de Suárez y Carlos Ramadán fueron objetados por el Estado en escrito de 9 de septiembre de 1996, con fundamento en el artículo 38.1 del Reglamento entonces vigente. El Ecuador fundamentó sus objeciones en las siguientes razones:
[al] primero por haber sido encausado en el juicio penal Nº 181-95 que por narcotráfico se sigue en contra del señor Hugo Reyes Torres; y, al haberle sindicado en dicha causa como encubridor del hecho ilícito. A la segunda y al tercero por no ser idóneos, al no poder mantener un criterio independiente frente a los hechos que se investigan, pues se trata de su cónyuge y de su cuñado quienes guardan una afinidad directa con el actor de la presente causa.
El 11 de septiembre de 1996 la Corte decidió “[o]ír las declaraciones de los señores Rafael Iván Suárez Rosero, Margarita Ramadán de Suárez y Carlos Ramadán, las cuales serán valoradas en la sentencia definitiva”.
32. La Corte considera plenamente aplicable a los testimonios de los señores Margarita Ramadán de Suárez y Carlos Ramadán lo que ha declarado reiteradamente en su jurisprudencia, de acuerdo con lo cual el eventual interés que dichas personas pudiesen tener en el resultado de este proceso no les descalifica como testigos. Además, sus declaraciones no fueron desvirtuadas por el Estado y se refirieron a hechos de los cuales los declarantes tuvieron conocimiento directo, por lo cual deben ser aceptadas como prueba idónea en este caso.
33. Respecto de las declaraciones del señor Rafael Iván Suárez Rosero, la Corte estima que, por ser él presunta víctima en este caso y tener un posible interés directo en el mismo, su testimonio debe ser valorado dentro del conjunto de pruebas de este proceso. Sin embargo, la Corte considera necesario realizar una precisión respecto del valor de este testimonio. La Comisión argumenta que el señor Suárez Rosero fue incomunicado por el Estado del 23 de junio hasta el 28 de julio de 1992. Si este hecho quedara demostrado, implicaría necesariamente que sólo el señor Suárez Rosero y el Estado tendrían conocimiento del trato que se dio al primero durante este período. Por lo tanto, serían éstos los únicos capacitados para aportar pruebas en el proceso sobre dichas condiciones. Al respecto, ya ha dicho la Corte que
en ejercicio de su función jurisdiccional, tratándose de la obtención y valoración de las pruebas necesarias para la decisión de los casos que conoce, puede, en determinadas circunstancias, utilizar tanto las pruebas circunstanciales como los indicios o las presunciones como base de sus pronunciamientos, cuando de aquéllas puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos (Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 49).
En concordancia con este principio, al quedar demostrado (infra párr. 34, aparte d) que el señor Suárez Rosero estuvo incomunicado durante el período indicado por la Comisión, su testimonio acerca de las condiciones de dicha incomunicación adquiere un alto valor presuntivo, sobre todo cuando se tiene en cuenta que el Estado afirmó que “no podría confirmar ni asegurar nada” en relación con el trato que se dio al señor Suárez Rosero durante su incomunicación.

VII

Hechos probados
34. Del examen de los documentos, de declaraciones de los testigos, del informe del perito, así como de las manifestaciones del Estado y la Comisión en el curso de los procedimientos, la Corte considera probados los siguientes hechos:
a. el señor Rafael Iván Suárez Rosero fue arrestado a las dos y treinta horas del 23 de junio de 1992 por agentes de la Policía Nacional del Ecuador, en el marco de la operación policíaca “Ciclón”, cuyo objetivo era “desarticular a una de las más grandes organizaciones del narcotráfico internacional”, en virtud de una orden policial emitida a raíz de una denuncia hecha por residentes del sector de Zámbiza, en la ciudad de Quito, quienes manifestaron que los ocupantes de un vehículo “Trooper” se encontraban incinerando lo que, en apariencia, era droga (informe policial de la Oficina de investigación del delito de Pichincha de 23 de junio de 1992; declaración presumarial de Rafael Iván Suárez Rosero de 23 de junio de 1992; contestación de la demanda; testimonio de Rafael Iván Suárez Rosero);
b. el señor Suárez Rosero fue detenido sin orden emitida por autoridad competente y sin haber sido sorprendido en flagrante delito (manifestación del agente alterno del Estado en el curso de la audiencia pública; testimonio de Rafael Iván Suárez Rosero; boleta constitucional de encarcelamiento número 158-IGPP-04 de 22 de julio de 1992; Orden judicial que autoriza la detención preventiva, de 12 de agosto de 1992);
c. el día de su detención, el señor Suárez Rosero rindió declaración presumarial ante oficiales de policía y en presencia de tres fiscales del Ministerio Público. En este interrogatorio no estuvo presente un abogado defensor (declaración presumarial de Rafael Iván Suárez Rosero de 23 de junio de 1992; informe policial de la Unidad de Investigaciones Especiales de 7 de julio de 1994; oficio número 510-CSQ-P-96 del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito; testimonio de Rafael Iván Suárez Rosero; resolución de la Sala Primera de la Corte Superior de Justicia de Quito de 10 horas de 16 de abril de 1996, numeral séptimo);
d. del 23 de junio al 23 de julio de 1992, el señor Suárez Rosero estuvo incomunicado en el Regimiento de Policía “Quito número dos”, ubicado en la calle Montúfar y Manabí de la ciudad de Quito, en una húmeda y poco ventilada celda de cinco por tres metros, con otras dieciséis personas (informe policial de la Unidad de Investigaciones Especiales de 7 de julio de 1994);
e. el 22 de julio de 1992, el Intendente General de Policía de Pichincha ordenó al Director del Centro de Rehabilitación Social para Varones que mantuviera detenido, entre otras personas, al señor Suárez Rosero hasta que un juez emitiera orden en contrario (boleta constitucional de encarcelamiento número 158-IGPP-04 de 22 de julio de 1992);
f. el 23 de julio de 1992 el señor Suárez Rosero fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social para Varones de Quito (antiguo penal García Moreno), en el cual permaneció incomunicado por cinco días más (boleta constitucional de encarcelamiento número 158-IGPP-04 de 22 de julio de 1992, testimonio de Rafael Iván Suárez Rosero; resolución de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Quito de 10 horas de 10 de julio de 1995);
g. durante el período total de su incomunicación, del 23 de junio hasta el 28 de julio de 1992, no se permitió al señor Suárez Rosero recibir visitas de su familia o comunicarse con un abogado. Durante este lapso, su único contacto con sus familiares se limitó al cambio de ropa y sucintas notas manuscritas, las cuales eran revisadas por el personal de seguridad. Este intercambio se hacía posible por medio de “pasadores”, que son personas vestidas de civil que tienen la posibilidad de hacer llegar este tipo de efectos a los reclusos (informe policial de la Unidad de Investigaciones Especiales de 7 de julio de 1994; testimonios de Rafael Iván Suárez Rosero, Margarita Ramadán de Suárez y Carmen Aguirre);
h. a partir del 28 de julio de 1992 se permitió al señor Suárez Rosero, en días de visita, recibir a su familia, abogado y miembros de organizaciones de derechos humanos. Las entrevistas con su abogado se realizaron en presencia de oficiales de la policía (testimonios de Rafael Iván Suárez Rosero, Margarita Ramadán de Suárez y Carlos Ramadán);
i. el 12 de agosto de 1992 el Juez Tercero de lo Penal de Pichincha dictó auto de prisión preventiva al señor Suárez Rosero (boleta constitucional de encarcelamiento número 125 de 12 de agosto de 1992);
j. el 3 de septiembre de 1992 el Juez Tercero de lo Penal de Pichincha se inhibió de conocer la causa contra el señor Suárez Rosero y los otros detenidos en la “Operación Ciclón”, en virtud de que uno de los sindicados en dicho proceso fue ascendido al grado de Mayor de Infantería, y remitió el expediente a la Corte Superior de Justicia de Quito (resolución del Juez Tercero de lo Penal de Pichincha de 15 horas del 3 de septiembre de 1992);
k. en dos oportunidades, el 14 de septiembre de 1992 y el 21 de enero de 1993, el señor Suárez Rosero solicitó que se revocara la orden que autorizó su detención preventiva (escrito de Rafael Iván Suárez Rosero de 14 de septiembre de 1992 y escrito de Rafael Iván Suárez Rosero de 21 de enero de 1993);
l. el 27 de noviembre de 1992, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito ordenó el inicio de la fase de instrucción del proceso. En esta resolución, se acusó al señor Suárez Rosero de transportar drogas con el fin de destruirlas y ocultar esta evidencia (auto cabeza del proceso de 27 de noviembre de 1992);
m. el 9 de diciembre de 1992, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito ordenó la práctica de diligencias de investigación en torno al caso, las cuales se llevaron a cabo del 29 de diciembre de 1992 al 13 de enero de 1993 (interrogatorios de Marcelo Simbana, Carlos Ximénez, Rolando Vásquez Guerrero, Lourdes Mena, Luz María Feria, José Raúl Páez; acta de reconocimiento judicial de 31 de diciembre de 1992; informe pericial de 31 de diciembre de 1992; acta de reconocimiento judicial de 4 de enero de 1993; acta de reconocimiento judicial de 5 de enero de 1993; informe pericial de 8 de enero de 1993 e informe pericial de 13 de enero de 1993);
n. el 29 de marzo de 1993, el señor Suárez Rosero interpuso un recurso de hábeas corpus ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, al amparo de lo dispuesto por el artículo 458 del Código de Procedimiento Penal del Ecuador (escrito de Rafael Iván Suárez Rosero de 29 de marzo de 1993);
o. el 25 de agosto de 1993, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito solicitó al Ministro Fiscal de Pichincha que emitiera su opinión respecto de la solicitud de revocatoria de la detención del señor Suárez Rosero (resolución del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito de 11 horas de 25 de agosto de 1993, aparte M);
p. el 11 de enero de 1994, el Fiscal de Pichincha emitió la opinión solicitada por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito (supra, aparte o) y manifestó que
por el momento; y, de conformidad con lo señalado en el informe de la Policía que sirve de base para que se de inicio al presente juicio penal, así como de las declaraciones presumariales aparecen indicios de responsabilidad en contra de[l] sindicado[...]: Iván Suárez Rosero [...] no procede la solicitud de revocatoria de la orden de prisión preventiva que pesa en su contra
(informe del Dr. José García Falconí, Ministro Fiscal de Pichincha, de 11 de enero de 1994, línea 16);
q. el 26 de enero de 1994 fueron denegadas las solicitudes del señor Suárez Rosero para que se revocara la orden que autorizó su detención preventiva (supra, aparte k) (resolución del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito de 10 horas de 26 de enero de 1994, aparte h). Este mismo día, se citó a declarar a los agentes que efectuaron su detención, quienes no se presentaron a declarar, ni tampoco comparecieron cuando fueron citados nuevamente el 3 de marzo y el 9 de mayo de 1994 (resolución de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Quito de 13:30 horas del 3 de marzo de 1994, líneas seis a 10 y resolución de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Quito de 11 horas de 9 de mayo de 1994, aparte e);
r. el 10 de junio de 1994 el Presidente de la Corte Suprema de Justicia denegó el recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor Suárez Rosero (supra, aparte n), en virtud de que
[l]a petición presentada [.] no aport[ó] dato informativo alguno que permita conocer la clase o naturaleza del juicio por el cual indica ha sido privado de su libertad, distrito al que pertenece el Presidente de la Corte Superior de Justicia que ha dictado la orden respectiva, lugar de la detención, fecha a partir de la cual se encuentra privado de libertad, motivo, etc, por lo cual no es posible acogerla al trámite y se le deniega, ordenando su archivo;
(resolución de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador de nueve horas del 10 de junio de 1994);
s. el 4 de noviembre de 1994 el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito declaró concluido el sumario y remitió el caso al Ministro Fiscal de Pichincha para su pronunciamiento definitivo (resolución de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Quito de 11:45 horas de 4 de noviembre de 1994). El fiscal debía emitir dicho pronunciamiento en un plazo de seis días, pero no existe constancia de la fecha en que lo hizo (art. 235 del Código de Procedimiento Penal del Ecuador);
t. el 10 de julio de 1995, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito declaró abierta la etapa plenaria en el proceso contra el señor Suárez Rosero, bajo la acusación de encubrimiento de tráfico de drogas. Dicho Juez también determinó que en el caso del señor Suárez Rosero no se cumplían los requisitos para la prisión preventiva, por lo que ordenó su libertad (resolución de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Quito de 10 horas de 10 de julio de 1995);
u. el 13 de julio de 1995, el Ministro Fiscal de Pichincha solicitó al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito que ampliase su auto de 10 de julio de 1995
en el sentido de que no se disp[usiera] la libertad de ninguna persona, mientras este auto no [fuera] consultado al Superior, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas


(oficio del Ministro Fiscal de Pichincha de 13 de julio de 1995 y oficio número 510-CSQ-P-96 del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito);
v. el 24 de julio de 1995, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito declaró
[q]ue [la] petición [del Ministro Fiscal de Pichincha de 13 de julio de 1995 era] procedente, ya que la norma invocada anteriormente en esta clase de infracciones, es imperativa, por tratarse de delito de narcotráfico, regido por la Ley Especial sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas [ ... y dispuso que subiera] también en consulta la orden de libertad concedida a los encubridores y a los sobreseídos provisionalmente.
En consecuencia, los autos del proceso fueron elevados a revisión ante la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito el 31 de julio de 1995 (resolución de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Quito de 10 horas de 24 de julio de 1995; resolución de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Quito de 10 horas de 31 de julio de 1995);
w. el 16 de abril de 1996 la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito dispuso la libertad del señor Suárez Rosero (resolución de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito de 10 horas de 16 de abril de 1996). Dicha orden fue cumplida el 29 de los mismos mes y año (oficio número 861-CSQ-P-96 del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito de 29 de abril de 1996; testimonios de Rafael Iván Suárez Rosero, Margarita Ramadán y Carlos Ramadán);
x. el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito, en sentencia de 9 de septiembre de 1996, resolvió que el señor Suárez Rosero es
encubridor[.] del delito del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y reprimido por el art. 62 de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por lo que, de conformidad con lo que disponen los arts. 44 y 48 del Código Penal, se le[.] imp[uso] la pena privativa de su libertad de dos años de prisión que la cumplir[ía] en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de [la] ciudad de Quito, debiéndose imputar a esa pena el tiempo que por esta causa [hubiera] permanecido detenido[.] preventivamente.
Asimismo, se impuso al señor Suárez Rosero una multa de dos mil salarios mínimos vitales generales (sentencia de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Quito de 16 horas del 9 de septiembre de 1996) e
y. el señor Suárez Rosero en ningún momento fue citado ante autoridad judicial competente para ser informado de los cargos en su contra (testimonio de Rafael Iván Suárez Rosero).
1   2   3   4   5

similar:

Corte Interamericana de Derechos Humanos iconImpunidad vs derechos humanos: a propósito de la sentencia de la...

Corte Interamericana de Derechos Humanos iconJurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Argentina...

Corte Interamericana de Derechos Humanos iconCorte interamericana de derechos humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos iconCorte interamericana de derechos humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos iconCorte Interamericana de Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos iconCorte interamericana de derechos humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos iconCorte interamericana de derechos humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos iconCorte interamericana de derechos humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos iconCorte interamericana de derechos humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos icon4. 1Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 8






© 2015
contactos
ley.exam-10.com