Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana Sentencia de 8 de septiembre de 2005






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Corte Interamericana de Derechos Humanos



Caso de las Niñas Yean y Bosico

vs.

República Dominicana


Sentencia de 8 de septiembre de 2005




En el caso de las Niñas Yean y Bosico,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

Sergio García Ramírez, Presidente;

Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;

Oliver Jackman, Juez;

Antônio A. Cançado Trindade, Juez, y

Manuel E. Ventura Robles, Juez;

presentes, además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,

de conformidad con el artículo 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 29, 31, 37.6, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
I

Introducción de la Causa
1. El 11 de julio de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió ante la Corte una demanda contra la República Dominicana (en adelante “la República Dominicana” o “el Estado”), la cual se originó en la denuncia No. 12.189, recibida en la Secretaría de la Comisión el 28 de octubre de 1998.
2. La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 61 de la Convención Americana, con la finalidad de que la Corte declarara la responsabilidad internacional de la República Dominicana por la presunta violación de los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 8 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos del Niño), 20 (Derecho a la Nacionalidad), 24 (Igualdad ante la Ley) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) del mismo instrumento convencional, en perjuicio de las niñas Dilcia Oliven Yean y Violeta Bosico Cofi1 (en adelante “las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico”, “las niñas Yean y Bosico”, “las niñas Dilcia y Violeta”, “las niñas” o “las presuntas víctimas”), en relación con los hechos acaecidos y los derechos violados desde el 25 de marzo de 1999, fecha en que la República Dominicana reconoció la competencia contenciosa de la Corte.
3. La Comisión alegó en su demanda que el Estado, a través de sus autoridades del Registro Civil, negó a las niñas Yean y Bosico la emisión de sus actas de nacimiento, a pesar de que ellas nacieron en el territorio del Estado y de que la Constitución de la República Dominicana (en adelante “la Constitución”) establece el principio del ius soli para determinar quienes son ciudadanos dominicanos. La Comisión señaló que el Estado obligó a las presuntas víctimas a permanecer en una situación de continua ilegalidad y vulnerabilidad social, violaciones que adquieren una dimensión más grave cuando se trata de menores, toda vez que la República Dominicana negó a las niñas Yean y Bosico su derecho a la nacionalidad dominicana y las mantuvo como apátridas hasta el 25 de septiembre de 2001. Según la Comisión, la niña Violeta Bosico se vio imposibilitada de asistir a la escuela por un año debido a la falta de documentos de identidad. La inexistencia de un mecanismo o procedimiento para que un individuo apele una decisión del Registro Civil ante el Juez de Primera Instancia, así como las acciones discriminatorias de los oficiales del Registro Civil que no permitieron a las presuntas víctimas obtener sus actas de nacimiento, son igualmente alegadas por la Comisión como violaciones a determinados derechos consagrados en la Convención. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que otorgue una reparación que comprometa una plena satisfacción por las presuntas violaciones de derechos ocurridas en perjuicio de las niñas. Además, pidió que el Estado adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias para garantizar el respeto a los derechos consagrados en la Convención y establezca directrices que contengan requisitos razonables para la inscripción tardía de nacimiento y no impongan cargas excesivas ni discriminatorias, con el objeto de facilitar los registros de los niños domínico-haitianos. Finalmente, la Comisión requirió a la Corte que ordenara al Estado pagar las costas y gastos razonables generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del sistema interamericano.
II

Competencia
4. La Corte es competente, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, para conocer sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso, en razón de que la República Dominicana es Estado Parte en la Convención Americana desde el 19 de abril de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 25 de marzo de 1999 (infra párrs. 100 a 108 y 132).
III

Procedimiento ante la Comisión
5. El 28 de octubre de 1998 las niñas Yean y Bosico, a través del señor Genaro Rincón Miesse2 y de la señora Solain Pierre3, coordinadora general del Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas (en adelante “MUDHA”), presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana fundada en la “negación a [las niñas Yean y Bosico] de sus actas de nacimiento que les permit[ieran] tener una nacionalidad y un nombre; [y cuya denegación] coarta[…] el derecho a [la] educación, ya que en la República [Dominicana], sin la certificación de nacimiento es imposible asistir a la escuela entre otras cosas”.
6. El 27 de abril de 1999 la Comisión recibió una denuncia enmendada en inglés y una solicitud de medidas cautelares, presentadas por el señor Genaro Rincón Miesse, representante de MUDHA, la señora María Claudia Pulido, representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”), y por las señoras Laurel Fletcher y Roxana Altholz, representantes de la International Human Rights Law Clinic, School of Law (Boalt Hall), University of California, Berkeley (en adelante “Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos”), como representantes de las peticionarias. El 11 de junio de 1999 fue recibida en español la versión final de la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana, en la cual los representantes de las peticionarias alegaron la violación de los artículos 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Convención Americana, así como de los artículos VI, VII, VIII, XII, XVII, XIX, XX y XXIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración Americana”), toda vez que “negarse a registrar a [las niñas con] base [en] su estado legal y del origen de sus padres, constituy[ó] una violación a [sus] derechos [… y] exp[uso] a las [niñas] a peligros inmediatos y de largo plazo en términos de seguridad personal y bienestar”.
7. El 7 de julio de 1999 la Comisión abrió el caso, transmitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia, le solicitó información respecto de los hechos, y de acuerdo al Reglamento de la Comisión vigente en ese momento, le pidió que le suministrara “cualquier elemento de juicio que permit[iera] […] apreciar si en el caso […] se ha[bían] agotado o no los recursos de la jurisdicción interna”.
8. El 27 de agosto de 1999 la Comisión solicitó a la República Dominicana la adopción de medidas cautelares a favor de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, con la finalidad de “otorgar inmediatamente a [las niñas] las garantías necesarias tendientes a evitar que pud[ieran] ser expulsadas del territorio dominicano y que Violeta Bosica (sic) pud[iera] continuar asistiendo normalmente a la escuela y recibiendo la educación que se brinda a los demás niños de nacionalidad dominicana”.
9. El 30 de agosto de 1999 el Estado solicitó información a la Comisión Interamericana sobre “las razones que [la] llevaron a […] solicitar medidas cautelares en esta oportunidad y no en una fecha anterior o posterior”, así como sobre la ocurrencia de nuevos hechos que ameritasen dicha solicitud. El 2 de septiembre de 1999 la Comisión informó al Estado que la solicitud de medidas cautelares se refería a una situación que “reun[ía] los requisitos de urgencia y veracidad, y a la necesidad de evitar que se consum[aran] daños irreparables a las personas”.
10. El 30 de septiembre de 1999, después de otorgada una prórroga, el Estado informó a la Comisión que “la Junta Central Electoral, organismo […] del cual dependen el Registro Civil y los Oficiales del Estado Civil[, hizo] constar que no ha[bía] sido apoderada del caso en cuestión, por lo que […] aún no ha[bían] sido agotados los recursos de jurisdicción interna en el caso”, y adjuntó copias de un oficio emitido el 27 de septiembre de 1999 por el Presidente de la Junta Central Electoral, dirigido al Embajador Encargado de la División de Estudios Internacionales, una comunicación emitida el 20 de septiembre de 1999 por la señora Thelma Bienvenida Reyes, Oficial del Estado Civil, dirigida al Encargado de Inspectoría de la Junta Central Electoral, y una lista emitida por la Junta Central Electoral, en la cual se indican once requisitos para la declaración tardía de nacimiento.
11. El mismo 30 de septiembre de 1999 el Estado informó, respecto de la adopción de medidas cautelares, que “no exist[ía] ninguna posibilidad de que la República Dominicana repatri[ara] a un ciudadano haitiano que esté bajo alguna condición de legalidad en el país como son: residencia legal, refugiados, permiso de trabajo, [y] visado vigente en el país[,] o bajo alguna de las condiciones de tolerancia a inmigrantes ilegales que [se] h[an] establecido[, tales como] ciudadanos con un largo período de estadía o con vínculos familiares con nacionales dominicanos”, y que “la Dirección General de Migración, reiteró a los departamentos correspondientes las disposiciones que había establecido en los procesos de repatriación, enfatizándoles […] que no proceda a repatriar a las [niñas Yean y Bosico] hasta tanto no se culmine con el proceso de verificación de la autenticidad de sus argumentos”.
12. El 5 de octubre de 1999 la Comisión Interamericana realizó una audiencia sobre las medidas cautelares dictadas en el caso, en la cual los representantes de las peticionarias alegaron que “las acciones del [Estado] ha[bían] dejado a las niñas Dilcia y a Violeta sin nacionalidad y las ha[bían] expuesto al peligro de una inmediata y arbitraria expulsión de su país natal”. El Estado señaló que “nunca violó la ley ni negó la inscripción de nacimiento[, sino que] no se había cumplido con el procedimiento establecido [en la ley]”, y agregó que “tenía dudas sobre el agotamiento de los recursos internos”.
13. El 1 de noviembre de 1999 la Comisión informó que “se pon[ía] a disposición de las partes interesadas con el objeto de lograr una solución amistosa en el caso”.
14. El 1 de diciembre de 1999 el Estado comunicó a la Comisión su disposición de acceder al mecanismo de solución amistosa, e hizo constar que “aún no ha[bían] sido agotados los recursos internos”.
15. El 2 de diciembre de 1999 los representantes de las peticionarias alegaron que “ha[bían] agotado los recursos internos [y] ha[bían] cumplido con las disposiciones de la ley dominicana para recurrir la denegación de registro[…, ya que las niñas] apelaron la decisión ante el Procurador Fiscal[, quien la] denegó”. Asimismo, los representantes de las peticionarias alegaron que la Junta Central Electoral “ya ha[bía] considerado y resuelto en contra de las [niñas su solicitud de registro] y, por tanto, Dilcia y Violeta ha[bían] agotado el discutible ‘proceso de apelación’ ante la [Junta Central Electoral]”.
16. El 11 de enero de 2000 los representantes de las peticionarias informaron que estaban de acuerdo en participar en el proceso de solución amistosa auspiciado por la Comisión.
17. El 1 de marzo de 2000 los representantes de las peticionarias presentaron una propuesta de solución amistosa ante la Comisión, en la cual solicitaron determinadas medidas de satisfacción, tales como, el registro de nacimiento de las niñas, el cambio de requisitos para la declaración tardía de nacimiento para asegurar los derechos de los niños dominicanos de ascendencia haitiana, la creación de un mecanismo interno de quejas en el que se resuelvan las disputas de casos, y la garantía del derecho a la educación sin distinción por nacionalidad. Además, en lo que se refiere a las indemnizaciones, solicitaron daños morales para las niñas y sus familiares, y daños emergentes para los familiares de las niñas.
18. El 6 de marzo de 2000 la Comisión realizó, durante su 106º Período Ordinario de Sesiones, una audiencia sobre una posible solución amistosa en el caso. En esa ocasión, los representantes de las peticionarias reiteraron los pedidos que habían presentado en su propuesta de solución amistosa, y al final de la audiencia solicitaron a la Comisión dar por concluido el referido procedimiento de solución amistosa. A su vez, el Estado señaló que los casos de las niñas Yean y Bosico no eran aislados y que los recursos internos no se habían agotado. Además, el Estado manifestó que los requisitos para el procedimiento de registro impuestos por la Ley No. 659 sobre Actos del Estado Civil de 17 de julio de 1944 (en adelante “Ley No. 659”), no son discriminatorios y son de carácter general, ya que se trata de una ley nacional, y que el acoger la solicitud de las niñas implicaría la violación de legislación interna.
19. El 6 de marzo de 2000 el Estado presentó un escrito en el cual se refirió a lo manifestado en la audiencia ante la Comisión y señaló que: a) “es inaceptable para el [Estado] que las [niñas] pretendan hacerse dotar del Acta de nacimiento de una manera ilegal […]; una declaración tardía efectuada fuera de los parámetros de [la Ley No. 659] sería de una nulidad absoluta”; b) “los requisitos exigidos por [la] Junta [Central Electoral] son obligatorios para todas las personas que se encuentren en territorio dominicano [y] la denegación a la declaración efectuada por le Procurador Fiscal […] estuvo basada […] en que no se habían cumplido los requisitos legales obligatorios”, y c) “el procedimiento agotado por las [niñas] concluyó con el Auto de la Procuraduría Fiscal del Distrito de Monte Plata”. Al respecto, el artículo 41 de la Ley No. 659 establece que “[e]l Oficial del Estado Civil que haya recibido una declaración tardía de nacimiento remitirá inmediatamente copia certificada del acta al Procurador Fiscal del Distrito Judicial correspondiente, quien […] apoderará al Juzgado de Primera Instancia[, el cual deberá] ratificar o no mediante sentencia el Acta de declaración tardía. […] De aquí que resulte obvio el no agotamiento de los recursos internos en el presente caso”.
20. El 2 de mayo de 2000 los representantes de las peticionarias expresaron que “ha[bían] agotado los recursos internos procedentes [y que] est[aban] exentas de agotar cualquier otro recurso ante la Junta Central Electoral o cualquier institución dominicana, ya que dichos recursos no son adecuados ni efectivos”. En ese sentido, reiteraron que “no hay procedimiento establecido por el cual se puede llevar a cabo la apelación ante la Junta Central Electoral”, y mencionaron que el artículo 6 de la Ley Electoral No. 275-97 de 21 de diciembre de 1997, especifica que las decisiones de la Junta Central Electoral son inapelables, lo que está confirmado en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana (en adelante “Suprema Corte de Justicia”), por lo que no hay posibilidad de revisión judicial de las decisiones de la Junta Central Electoral. Respecto del cumplimiento del artículo 41 de la Ley No. 659 señalaron, por un lado, que el recurso dirigido al Procurador Fiscal fue el adecuado ante la negativa del Oficial del Estado Civil en proveer las actas de nacimiento, y por otro lado, que “no hay disposición legal que establezca la obligación o posibilidad” de apelar ante el Juzgado de Primera Instancia, ya que está a cargo del Procurador la transmisión de las declaraciones tardías al referido juzgado y “no hay disposiciones que autoricen a las [niñas] realizar esa presentación por sí mismas”.
21. El 19 de junio de 2000 el Estado señaló que el “apoderamiento […] ante el Procurador Fiscal [constituyó] un error de procedimiento, cuando el procedimiento correcto es el establecido por el [a]rtículo 41 de la [Ley No.] 659” y que, si los representantes descartan la competencia de la Junta Central Electoral para conocer del asunto, “debe[rían] entonces recurrir a los Tribunales Ordinarios”.
22. El 22 de febrero de 2001, durante su 110º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe No. 28/01, en el cual declaró la admisibilidad del caso y decidió proceder a la consideración del fondo. Al respecto, la Comisión señaló que
los peticionarios carecen de legitimación para instar un proceso judicial, ya que deben requerirlo del Procurador Fiscal, según el artículo 41 de la Ley 659. Por otra parte, de los alegatos que obran en el expediente se demuestra que el Procurador Fiscal no apoderó al juez de primera instancia para que éste iniciara la investigación tendiente a otorgar la declaración tardía de nacimiento de las niñas Yean y Bosico, tal y como lo establece el mismo artículo 41 de la Ley [No.] 659.
[…] En el presente caso, el Estado no ha demostrado de manera precisa cuál o cuáles serían los recursos idóneos y eficaces que deberían haber agotado los peticionarios.
[…] el Estado no demostró que las decisiones administrativas dictadas por el Procurador Fiscal, o por la Junta Central Electoral, sean susceptibles de recurso idóneo tendiente a modificarlas; ni controvirtió lo alegado por los peticionarios en cuanto a la falta de mecanismos que permitan a los demandantes apelar directamente.
[…] la Comisión consider[ó] que los peticionarios han agotado los recursos expresamente previstos en la normativa de derecho interno vigente, tal y como lo establece la Convención Americana en su artículo 46(1). Alternativamente, no existen recursos idóneos en la jurisdicción interna que deban agotarse antes de recurrir a la instancia internacional, por lo que en el presente caso se aplica la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46(2)(a).
23. El 17 de abril de 2001 los representantes indicaron que no tenían interés en participar en una solución amistosa en el caso, y que deseaban que fuese celebrada una audiencia para discutir el fondo del asunto.
24. El 24 de agosto de 2001 la Comisión celebró una reunión en la República Dominicana con la participación de los representantes y del Estado, con el propósito de alcanzar una solución amistosa. El 27 de agosto de 2001 la Comisión convocó a una audiencia sobre el fondo del caso.
25. El 1 de octubre de 2001 el Estado informó a la Comisión que “acogiéndose a la solución amistosa propuesta por la Comisión ha[bía] resuelto otorgar las actas de nacimiento a las niñas”, y adjuntó copias de los extractos de acta de nacimiento en nombre de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, ambas actas fueron emitidas el 25 de septiembre de 2001.
26. El 17 de octubre de 2001 los representantes informaron a la Comisión que si bien el otorgamiento de las actas de nacimiento a las niñas por parte del Estado fue un paso importante, consideraban que esta acción no constituía una solución amistosa en el presente caso, ya que durante la audiencia de 6 de marzo de 2000 ninguno de los puntos por ellos propuestos fueron considerados por el Estado.
27. El 15 de noviembre de 2001, durante su 113º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión celebró una audiencia sobre el fondo del caso. El Estado señaló que no existe una política de discriminación por motivos de raza u origen étnico en la República Dominicana, y reiteró que “los recursos internos no ha[bían] sido agotados” en el presente caso. Además, el Estado expresó que “ha[bía] cumplido con la solicitud de los peticionarios de proporcionar a Dilcia y a Violeta sus actas de nacimiento”, por lo que no subsiste la situación que motivó la denuncia ante la Comisión. Por su parte, los representantes de las peticionarias señalaron en la audiencia, que el daño causado a las niñas como consecuencia del procedimiento discriminatorio de registro, así como por haber vivido como apátridas por más cuatro años, no será remediado por la entrega de las actas de nacimiento por parte del Estado, y que dicha actitud no representa un acuerdo amistoso, ya que esta propuesta comprendía la adopción de otras medidas, tales como el reconocimiento público de las violaciones, la indemnización de las niñas por los daños causados por su situación de apátridas, y la adopción de medidas de no repetición.
28. El 31 de enero de 2002, después de otorgada una prórroga, el Estado presentó un escrito en el cual señaló que “en interés de dar una solución amistosa al caso y satisfacer el requerimiento fundamental de los peticionarios, otorgó a las [niñas Yean y Bosico] las actas de nacimiento solicitadas[,…] a pesar de que los peticionarios […] no concluyeron con el proceso ante el Procurador Fiscal […] ni recurrieron a un tribunal de primera instancia o a la Junta Central Electoral”. Al respecto, el Estado señaló que “[n]o existe ninguna disposición en la legislación dominicana que impida el acceso a estas instancias [, y que l]o que la ley no prohíbe, está permitido”.
29. El 6 de marzo de 2003, durante su 117º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe No. 30/03 sobre el fondo del caso y recomendó al Estado:


  1. Establecer directrices que contengan requisitos razonables y no impongan cargas excesivas ni discriminatorias, a fin de facilitar el registro de los niños domínico-haitianos ante las Oficialías del Registro Civil.




  1. Establecer un procedimiento que permite aplicar los requisitos de la manera como se señala en el inciso a) para la obtención de declaraciones tardías de nacimiento de las personas nacidas en el territorio dominicano.




  1. Crear un mecanismo jurídico que permita presentar a los individuos, en caso de controversia, sus denuncias directamente ante la instancia judicial, a fin de que sus quejas sean revisadas por un órgano judicial, independiente e imparcial.




  1. Que dicho mecanismo provea un recurso sencillo, rápido y económico a las personas que carecen de actas de nacimiento.




  1. Adoptar las medidas necesarias para que las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, así como sus madres Leonidas Yean y Tiramen Bosico Cofi, reciban adecuada y oportuna reparación y el reconocimiento público por las violaciones de sus derechos humanos contenidos en los artículos 1, 2, 3, 8, 19, 20, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y [en el] artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre. Al hacer esta recomendación, la Comisión recono[ció] que el Estado ha realizado esfuerzos para remediar la situación, sin embargo aún quedan algunas medidas pendientes.




  1. Adoptar las medidas necesarias para prevenir que estos hechos vuelvan a repetirse en el futuro.


30. El 11 de marzo de 2003 la Comisión transmitió al Estado el informe anteriormente señalado, y le otorgó un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de la transmisión de la comunicación, para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones. Ese mismo día la Comisión comunicó a los representantes de las peticionarias la emisión del Informe No. 30/03 sobre el fondo del caso, y les solicitó que presentaran, en el plazo de un mes, su posición respecto a la pertinencia de que el caso fuera sometido a la Corte Interamericana.
31. El 21 de abril de 2003 los representantes de las peticionarias, después de otorgada una prórroga de quince días, solicitaron a la Comisión que sometiera el caso ante la Corte.
32. El 5 de junio y 3 de julio de 2003, después de concedida una prórroga, el Estado presentó su escrito sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Informe No. 30/03 sobre el fondo del caso. El Estado señaló que “no faltó a las debidas garantías de que las niñas tuvieran una nacionalidad, porque éstas, aún en el caso de no ser dominicanas, serían en todo caso de nacionalidad haitiana”. Indicó que las peticionarias “no encausaron […] su demanda ante el tribunal competente ratione materiae, que […] era el Juzgado de Primera Instancia […] que pudo haber conocido de una ‘acción de reclamación de estado civil‘ y, que conoce también, de los asuntos de la nacionalidad […]”. Asimismo, el Estado indicó que las niñas no acudieron “ante la propia Junta Central Electoral, que es el órgano superior jerárquico que tiene a su cargo las Oficialías del Estado Civil”. El Estado alegó que “no violó los derechos contenidos en los artículos 1, 2, 3, 8, 19, 20, 24 y 25 de la Convención Americana [… ni] el derecho a la educación consagrado en el artículo XII de la Declaración Americana […].” Por último informó, respecto de los actuales requisitos para la obtención de la declaración tardía, que “el pasaporte p[odría] ser un documento de identificación”, y adjuntó el proyecto de ley que modificaría la Ley No. 659 y facilitaría el procedimiento de registro civil.
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