Laudo del tribunal arbitral "ad hoc" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república






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que se vieron

finalmente imposibilitadas de transitar y ejercer el

comercio a través de

las rutas internacionales en virtud del corte de las

mismas, sin

previsibilidad ni límite temporal preciso, por períodos

desproporcionadamente extensos y durante la época de mayor

intercambio

comercial y turístico entre ambos países, tal como hemos

visto

precedentemente. Ello implicó una restricción fáctica al

intercambio

comercial de Argentina y otros países que comercian con

Uruguay a través del

paso de mayor importancia entre ambos países.
159) Los comprensibles sentimientos de la población que se

manifestaba de

esa manera en la costa argentina no pueden, pese a ello,

ser justificables

en la medida en que, tal como lo expresaran los tribunales

"ad hoc" del

MERCOSUR en el Laudo VIII sobre la aplicación de impuesto

IMESI a la

comercialización de cigarrillos y en el Laudo IX sobre

subvenciones a la

Lana, en el derecho del MERCOSUR ante el presunto

incumplimiento de los

compromisos de uno de los Estados Partes no se justifica el

incumplimiento

de los compromisos por parte del otro.
160) En una sociedad civilizada los conflictos deben

encauzarse a través de

medios pacíficos para su solución y no a través de vías de

hecho. Así es

como sucedió, aunque con un desfase temporal que generó los

desbordes de los

vecinos de la costa argentina, al canalizarse ese conflicto

a través de las

vías institucionales correspondientes mediante la demanda

entablada por la

República Argentina contra la República Oriental del

Uruguay ante la Corte

Internacional de Justicia de La Haya por la invocada

violación al Estatuto

del río Uruguay.
161) Dicho conflicto reconoce una normativa que reviste

carácter bilateral

cuyo objeto excede a la materia de integración económica

propiamente dicha,

razón por la cual se ventila ante otra jurisdicción. El que

tenemos entre

manos, en cambio se refiere a la interrupción del tránsito

por los puentes

sobre el río Uruguay con las consecuente barrera de hecho a

la libre

circulación económica que compromete el cumplimiento de los

objetivos

asumidos en el ámbito del Tratado del MERCOSUR y, en

segundo lugar, genera

distorsiones en el comercio de Uruguay no solamente con

Argentina sino

también con otros países miembros y no miembros del

MERCOSUR con los cuales

dicho país comercia a través del tránsito terrestre por

territorio aduanero

argentino, razones ambas por las cuales la jurisdicción

aplicable es la de

este tribunal.
- II - J -

LA RELEVANCIA DE LOS PERJUICIOS
162) La Parte Reclamante ha expresado que no pretende un

reclamo

resarcitorio en estas actuaciones, sin perjuicio de hacer

reserva de

plantearlo ante el ámbito jurisdiccional pertinente, pese a

lo cual, gran

parte de la prueba producida en estas actuaciones se

refirió a los

perjuicios ocasionados por los cortes de ruta.
163) El sistema de solución de controversias del MERCOSUR,

que se ha

inspirado en los regímenes imperantes en el Tratado de

Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN o NAFTA en sus siglas de idioma

inglés) y en el

Entendimiento de Solución de Diferencias de la OMC,

privilegia la remoción

de las barreras comerciales al comercio mas que a la

imposición de una

segunda barrera al comercio consistente en retorsiones ( ).
164) De tal manera la obligación de reparar debe ser

interpretada en un

sentido prospectivo, pues se procura remover la

inconsistencia de la medida

ilegal y limitar el daño hacia el futuro ( ), a punto que

sólo se prevén

compensaciones en el caso en que la decisión recaída en la

solución de

controversias no es acatada dentro de un plazo prudencial (

), tal como se

desprende, en el caso del MERCOSUR, del art. 31 del

Protocolo de Olivos.
165) La comprobación de que una medida nacional ha violado

el derecho del

MERCOSUR no entraña más que una obligación de adecuarse a

ese derecho. Las

normas del MERCOSUR no obligan a una parte incumplidora a

reparar el

eventual daño causado por su medida ilícita ( ).
166) Consecuentemente la prueba referida a los daños

generados como

consecuencia de los cortes de ruta deben ser considerados

como la medida de

la existencia de la infracción misma que se denuncia, así

como de la

demostración de un interés jurídicamente protegido que

legitima activamente

a la Parte Reclamante ante estos estrados. De lo contrario

la violación

podría ser inocua y una contienda de estas características

en ese escenario

transgrediría el principio de que se requiere interés para

impulsar las

acciones.
- I - K -

EL PEDIDO DE QUE SE CONDENE A LA PARTE RECLAMADA A ADOPTAR

LAS MEDIDAS

APROPIADAS PARA PREVENIR O HACER CESAR LA POSIBLE

REITERACIÓN FUTURA DE

HECHOS SIMILARES
167) La Parte Reclamante sostiene que las acciones de los

particulares y la

inacción argentina son incompatibles con los compromisos

asumidos por

Argentina en el seno del MERCOSUR y solicita que la

Reclamada ofrezca

garantías adecuadas de no repetición de las circunstancias

pasadas.
168) La determinación de una conducta futura a la cual

debería someterse uno

de los Estados contendientes implicaría que el Tribunal se

arrogara

facultades legiferantes y tropieza con inconveniente que en

tal caso dicha

obligación vincularía a una sola de las partes y no a los

restantes miembros

del MERCOSUR, lo que atentaría contra el principio de

igualdad y

reciprocidad que impera en el Tratado de Asunción.
169) Sin perjuicio de lo expresado precedentemente y en

relación con el

pedido de garantías futuras, el establecimiento de reglas

claras a las

cuales deben atenerse los países a partir del

pronunciamiento que recae en

esas actuaciones, y de las cuales han carecido hasta el

momento ya que este

tipo de circunstancias no se encuentran reglamentados en el

ámbito del

MERCOSUR, determinarán con claridad los límites entre lo

permitido y lo

prohibido, por lo que no cabe esperar la reiteración de

este tipo de

conflictos.
III

CONCLUSIONES
170) La modificación terminológica realizada por la Parte

Reclamante,

consistente en haber sustituido la denominación formulada

al comienzo de la

etapa de negociaciones de "impedimentos a la libre

circulación derivados de

los cortes", por la de "omisión del Estado argentino en

adoptar medidas

apropiadas para prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a

la libre

circulación", utilizada poco antes de iniciarse el

procedimiento arbitral

careció de virtualidad para afectar el derecho de defensa

de la Parte

Reclamada.
171) La decisión del Tribunal de establecer su sede en la

ciudad de

Montevideo, además de basarse en el legítimo ejercicio de

una facultad

expresamente conferida por el artículo 38 última parte del

Protocolo de

Olivos, se fundó en la razón práctica del apoyo

administrativo que en ese

lugar le brinda la Secretaría del MERCOSUR. Cabe recordar

que es una

decisión que se ha venido reiterando en sucesivas

integraciones de los

Tribunales "Ad Hoc" de MERCOSUR en el pasado, cualesquiera

que fueran las

partes en conflicto y que, desde luego, no ha aparejado

menoscabo para la

independencia del Tribunal ni de ninguno de sus miembros,

ni tampoco ha

otorgado ventaja alguna a la Parte Reclamante.
172) El Tribunal Arbitral "Ad Hoc" ha de descartar que nos

hallemos ante una

cuestión abstracta. Si bien los cortes de ruta

protagonizados por los

vecinos de la ribera argentina del río Uruguay habían

cesado ya al momento

del primer escrito de la Parte Reclamante, lo cierto es que

no se puede

considerar abandonada la actitud permisiva exteriorizada

por la Parte

Reclamada, pese al pedido de la Parte Reclamante para que

hiciera

restablecer las vías de comunicación. El carácter repetido

y continuado de

la actitud de condescendencia de la Parte Reclamada

conforma un "standard"

de comportamiento ante el problema, que deja abierta la

expectativa de que

pudiera repetirse en el futuro si se dieran las mismas o

parecidas

circunstancias.
173) Este Tribunal "Ad Hoc" pone de manifiesto su

comprensión en cuanto al

sentimiento de alarma y consecuente protesta de los vecinos

de la ribera

argentina del río Uruguay. Ellos procuraron llamar la

atención sobre unas

construcciones potencialmente dañinas, y no alcanzaron

reacciones

categóricas de ninguno de los Gobiernos, argentino y

uruguayo, a los que se

dirigieron. No le es posible a este tribunal entrar a

considerar la solución

que el derecho deba dar a las mencionadas preocupaciones y

aspiraciones.
174) No obstante, las manifestaciones basadas en los

comprensibles

sentimientos de la población que se manifestaba de esa

manera, fueron

perdiendo su legitimidad originaria en la medida en que a

través de las vías

de hecho adoptadas, fueron acumulando agresiones al derecho

de otras

personas que se vieron finalmente imposibilitadas de

transitar y ejercer el

comercio a través de las rutas internacionales en virtud

del corte de las

mismas, sin previsibilidad ni límite temporal preciso, por

períodos

desproporcionadamente extensos y durante la época de mayor

intercambio

comercial y turístico entre ambos países, pues en una

sociedad civilizada

los conflictos deben encauzarse a través de medios

pacíficos para su

solución y no a través de vías de hecho.
175) Sin perjuicio que la conducta de obstruir las vías de

comunicación fue

desplegada por particulares, la Parte Reclamada no deja por

ello de ser

responsable por hecho propio en la medida en que ha omitido

su deber de

adoptar las medidas apropiadas para prevenir o corregir los

actos de los

particulares sometidos a su jurisdicción que causaren

perjuicio a otro

Estado Miembro del MERCOSUR en transgresión a las normas de

su tratado

constitutivo.
176) La "conducta debida" por la Parte Reclamada ante estos

hechos, surge

del compromiso de asegurar y mantener la libre circulación

en el ámbito del

MERCOSUR, lo que implica la obligación de aplicar los

medios necesarios para

el logro de dicho objetivo.
177) Aceptar que el cumplimiento de la obligación

internacional asumida en

el Tratado del MERCOSUR, consistente en mantener la libre

circulación,

dependa de las posibilidades del propio derecho interno, se

contrapone con

el principio de que los Estados no pueden eludir sus

compromisos

internacionales invocando normas de su derecho interno que

surge del art. 27

de la Convención sobre el Derecho de los Tratados de Viena

de 1969, reglas

que de conformidad con lo dispuesto en el art. 34 del

Protocolo de Olivos,

es derecho aplicable por los tribunales arbítrales del

MERCOSUR.
178) La política de tolerancia del Gobierno de la Parte

Reclamada en

relación con los cortes de ruta protagonizados por los

vecinos de la ribera

argentina del río Uruguay cuyas consecuencias son objeto de

esta

controversia, encontraría su explicación y significado,

según lo expresa la

Parte Reclamada en su escrito de respuesta, en los derechos

humanos,

especialmente los de expresión y reunión, amparados por la

Constitución

Argentina, la cual incorpora en su articulado diversos

Tratados

Internacionales que los consagran. No obstante, tanto la

Constitución de la

Nación Argentina como los propios Tratados Internacionales

invocados

reconocen que esos derechos no son absolutos y que su

ejercicio es

susceptible de limitaciones en cuanto afectare los derechos

subjetivos de

los demás, pues el mismo no puede exceder el margen de lo

razonable,

destruyendo o alterando el derecho de otros integrantes de

la sociedad.
179) La restricción del tránsito que, en este caso,

desemboca en una

restricción a la libre circulación económica en los

espacios integrados,

puede llegar a ser tolerada siempre que fueran tomados los

recaudos

necesarios para aminorar los inconvenientes que causaren,

de manera que no

impliquen un sacrificio demasiado grande para otros

intereses respetables;

lo que no ha sucedido en este caso, ya que los cortes,

además de repetirse

en diversas formas e intensidades, se han dilatado por

espacio de más de

tres meses en un período del año de máxima actividad

comercial y turística.
180) Este tribunal concluye que no ha habido en el Gobierno

argentino

intencionalidad discriminatoria para perjudicar el tráfico

comercial con

Uruguay. La buena fe debe presumirse y de la prueba

acompañada no se

desprende que el Gobierno de la Parte Reclamada haya

promovido o alentado la

actitud asumida por los vecinos.
181) El Gobierno de la Parte Reclamada pudo haber tenido

razones para creer

que actuó dentro de la legalidad al ser tolerante con las

manifestaciones de

los vecinos que cortaron las rutas en cuestión, por

considerar que violentar

la actividad de los mismos podía implicar cercenarles

derechos fundamentales

y porque esos reclamos eran juzgados atendibles en razón de
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