Laudo del tribunal arbitral "ad hoc" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república






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"Declaración Universal

de los Derechos Humanos" de 1948, el art. 32 apartado 2 de

la "Convención

Americana sobre Derechos Humanos" (Pacto de San José de

Costa Rica), del 22

de enero de 1969 ( ) y, en especial respecto de la libertad

de expresión, el

art. 19 apartados 2 y 3 y artículo 21 del "Pacto

Internacional de Derechos

Civiles y Políticos" de las Naciones Unidas del 19 de

diciembre de 1966, que

son parte integrante de la Constitución de la Nación

Argentina desde 1994 al

haber sido incorporados en su art. 75 inciso 22.
- II- G -

LA CONDUCTA DEBIDA ANTE LAS CIRCUNSTANCIAS EXISTENTES
140) El problema de juzgar cuestiones en las cuales están

íntimamente

entrelazadas instituciones del derecho nacional enraizadas

con garantías

constitucionales como lo son los derechos humanos y

compromisos asumidos en

pactos internacionales de capital importancia como lo es

del de la

integración económica de América del Sur radica en que, en

virtud de lo

dispuesto en el art. 1º, apartado 1 del Protocolo de

Olivos, el Tribunal

Arbitral "Ad Hoc" debe limitar su examen a la

interpretación, aplicación y

cumplimiento de la normativa del MERCOSUR, corriendo el

riesgo de exceder su

competencia jurisdiccional si interpreta las leyes

nacionales de uno de los

Estados Partes, en especial los derechos constitucionales

de que gozan los

ciudadanos y el poder del Estado para manejar su política

interna. Se trata

de un ámbito de discrecionalidad, relacionado con las

políticas que

internamente se fija el Gobierno argentino, propios de su

soberanía política

y que el principio de no intervención resguarda de toda

intromisión de un

Estado extranjero.
141) En el caso que nos ocupa los obligados deberían

hallarse ante la

necesidad de adoptar medidas que dependen del derecho

interno y en las

cuales hay un importante uso de la discrecionalidad, que

indican que la

razonabilidad y la buena fe son elementos independientes

del posible

incumplimiento incurrido, pues la violación de una norma

por un Estado Parte

no necesariamente significa que éste haya actuado de mala

fe ( ).
142) La buena fe debe presumirse y de la prueba acompañada

no se desprende

que Argentina haya promovido o alentado la actitud asumida

por los vecinos.

Más bien, la actitud de ellos fue la de llamar la atención

del Gobierno

argentino sobre el problema. No surge por lo tanto que haya

existido en las

autoridades argentinas la intención de impedir la libre

circulación y burlar

el compromiso del art. 1º del Tratado de Asunción, ya que

la política de

tolerancia adoptada por el gobierno argentino en relación

con las

manifestaciones de los vecinos de Gualeguaychú, parece no

diferir de la

adoptada en relación con los demás conflictos que hubo en

las ciudades o

rutas del interior de Argentina. Ello hace concluir a este

tribunal que no

ha habido en el Gobierno argentino intencionalidad

discriminatoria para

perjudicar el tráfico comercial con Uruguay.
143) Por otra parte, si bien los cortes de ruta producidos

por la población

y la actitud permisiva del Gobierno argentino produjeron

innegables

inconvenientes, los mismos afectaron tanto al comercio

uruguayo como al

argentino, ya que los manifestantes que protagonizaron los

cortes de ruta no

hicieron diferencias de tratamiento entre la mercadería de

origen uruguayo o

de origen argentino ni tampoco entre las importaciones o

las exportaciones

de uno u otro país.
144) Así las cosas, este Tribunal considera que el Gobierno

argentino pudo

haber tenido razones para creer que actuó dentro de la

legalidad al ser

tolerante con las manifestaciones de los vecinos que

cortaron las rutas en

cuestión, por considerar que violentar la actividad de los

mismos podía

implicar cercenarles derechos fundamentales y porque esos

reclamos eran

juzgados atendibles en razón de la creencia (cierta o

errónea, aun no lo

sabemos pues ello dependerá de las conclusiones a que se

arribe con el

tiempo) de que las obras cuestionadas en el territorio

uruguayo generarán en

el territorio argentino una repercusión negativa para su

calidad de vida y

para el futuro económico de la zona.
145) No obstante, en el singular caso que nos ocupa, los

hechos han tenido

efectos que trascienden las fronteras y afectan la libre

circulación entre

los Estados Partes del MERCOSUR; esto es, un bien jurídico

que Argentina se

ha comprometido a respetar.
146) Sin embargo y pese a la "buena fe" que pudiera haber

inspirado el punto

de vista de la Parte Reclamada, la elección de la "conducta

debida" no

depende del propósito de la parte, por bien intencionado

que el mismofuera,

sino de la efectividad de las medidas adoptadas para

obtener el resultado

requerido, cumpliendo con los compromisos asumidos

internacionalmente.
147) Como ya se ha expresado precedentemente, la base de la

responsabilidad

del Estado por los hechos antijurídicos de los particulares

que residen en

el territorio sometido a su jurisdicción no radica en una

presunta

complicidad con ellos, sino solamente en el hecho de que el

Estado ha dejado

de cumplir con sus obligaciones internacionales de impedir

que dicho acto

lesivo se pueda producir ( ).
148) Los Estados, desde que son reconocidos como tales por

el derecho

internacional publico, tienen el monopolio de la coacción

para hacer

cumplir, con la persuasión que ese poder implica, los

deberes que prescriben

tanto sus ordenamientos jurídicos internos como los que

surgen de los

tratados internacionales que celebran y que el manejo de

ese poder puede ser

ejercido sin necesidad de incurrir en represiones cruentas,

bastando con ser

categórico en el respeto de determinados cronogramas de las

manifestaciones

de protesta, la delimitación de los espacios físicos

afectados a ese fin,

con el objeto de equilibrar los intereses contrapuestos en

juego para

hacerlos compatibles con el compromiso internacional

asumido por los países

en uno de los más importantes emprendimientos de grandeza

que se han dado en

construir los países de América del Sur y que este Tribunal

tiene la misión

de defender.
149) En ese contexto, no parece compatible con el sistema

del MERCOSUR que

una interrupción del tráfico en el puente fluvial por el

cual pasa el mayor

tráfico terrestre en el comercio entre Argentina y Uruguay

tenga una

duración que superó los dos meses sin solución de

continuidad y que, luego

de un cese de dos semanas, volvió a interrumpirse otra vez,

por más de un

mes, sin que la actitud del Gobierno argentino ante esta

reiteración haya

tomado medidas que impidieran la repetición de esos hechos.
150) El Tribunal considera que no son asimilables a este

caso ninguno de los

precedentes de la Corte de Justicia Europea invocados en el

Reclamo y en la

Respuesta. No sólo por la diferencia cualitativa que tiene

el derecho

comunitario europeo, de claro carácter supranacional

respecto del derecho

del MERCOSUR que es índole interestatal y por el hecho de

que la normativa

aplicable es diferente de la que rige en nuestro caso, sino

también por

razón de la peculiaridad de los casos.
151) En el caso de la sentencia del 9 de diciembre de 1997

recaída en el

caso "Comisión de las Comunidades Europeas contra la

República Francesa s/

libre circulación de las mercaderías" (Asunto C-265/95) se

trataba de la

obstrucción de particulares a la circulación de vehículos

por el territorio

francés provenientes de otro país de la Comunidad, pero en

el mismo el móvil

que guiaba a los particulares que protagonizaron el hecho

era netamente

discriminatorio contra el ingreso de la mercadería de otro

de los países. A

ello debe añadirse que se produjeron hechos de violencia

sobre los

conductores y la carga, que no han existido en el caso que

nos ocupa.
152) El caso de la sentencia del 12 de junio de 2003

recaída en el caso

"Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und

Planzugue contra la

República de Austria" (Asunto C-112/00), se trataba de un

corte, en Austria,

de la ruta que une el tráfico entre Alemania e Italia. Pero

a diferencia del

caso en análisis, se trataba de una demanda de daños y

perjuicios entablada

directamente por el particular y no un reclamo declarativo

de incumplimiento

de un Estado contra otro Estado, a lo que cabe añadir que

el período de

interrupción del tráfico fue de tan sólo 28 horas y no de

tres meses como el

que nos ocupa, se produjo en una sola oportunidad y se

trató de cortes

previamente anunciados y autorizados por la autoridad con

hora de inicio y

de culminación.
153) Cada Estado soberano tiene pleno autogobierno, regula

independiente y

libremente su forma de Estado y de Gobierno, su

organización interior y el

comportamiento de sus miembros, su política interior y

exterior ( ), y los

demás Estados no pueden inmiscuirse en las medidas

concretas que aquél

adopte en el orden interno para cumplir con sus compromisos

internacionales.

La contrapartida de ese derecho es el deber de la

"diligencia debida" en

la prevención de los hechos de esos individuos ( ) que es

impuesta por el

derecho internacional, exigiendo determinados resultados (

) con

prescindencia de indicar los medios que deba utilizar para

obtenerlos, sin

obligar a alcanzarlos de una específica manera o a través

de un cierto

órgano. En este sentido cabe puntualizar que cada Estado

conserva su

libertad para elegir los medios de ejecución que considere

convenientes, de

acuerdo con sus tradiciones y con los principios

fundamentales de su

organización política ( ).
154) El Tribunal más que juzgar si un Gobierno pudo haber

tenido razones

atendibles para considerar que actuaba razonablemente bien,

debe considerar

hasta que punto fue acertada la conducta efectivamente

llevada a cabo en

relación a todos los valores en juego, entre los cuales no

sólo deben

tenerse en cuenta los derechos y legitimas afecciones de

los ciudadanos de

las fronteras amenazadas, sino también las restricciones

que la actitud de

ellos generó en los derechos y libertades de los operadores

económicos que

sustentan su actividad vital en la confianza de un orden

público efectivo

que garantice la eficacia de los compromisos asumidos por

todos los Estados

Partes del MERCOSUR.
155) Por otro lado el intérprete no debe manejar las normas

jurídicas en un

estado de indiferencia por los resultados. Legitimar los

cortes de ruta

implicaría, por una parte, despojar al Tratado de Asunción

de una parte

esencial de su razón de ser y, por la otra, alentar la

reiteración de estos

hechos por cuestiones que no siempre tendrán la relevancia

de la presente,

creando un estado de imprevisibilidad que desembocará en

inseguridad

jurídica y sentando un precedente contraproducente de cara

al desarrollo

futuro del MERCOSUR.
-II - H -

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FEDERAL POR LAS OMISIONES DE

LOS GOBIERNOS

PROVINCIALES
156) La Parte Reclamada también ha expresado que "la

policía de seguridad,

en el territorio de las provincias, corresponde a las

provincias", razón por

la cual no correspondería exigirle al Estado Federal lo que

no está en el

ámbito de sus competencias (respuesta, fs. 99). Sin

embargo, por aplicación

de los principios generales del derecho internacional

específicamente

mencionados en el protocolo de Olivos como base normativa

de los tribunales

"Ad Hoc" a los fines de dictar sus pronunciamientos, debe

considerarse hecho

del Estado, el comportamiento de todo órgano del Estado ya

sea que ejerza

funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra

índole y tanto si

pertenece al gobierno central como a una división

territorial del Estado (

).
- II- I -

LA ACTITUD DE LOS VECINOS DE GUALEGUAYCHÚ
157) Como hemos visto, el hecho de que en la costa uruguaya

no cesaran las

construcciones que la población de la costa argentina

considera agresivas

del medio ambiente y que ello no fuera impedido por el

Gobierno uruguayo,

motivó una actitud de protesta por parte de los vecinos de

la ribera

argentina que, con el tiempo derivaron en los cortes de

ruta reseñados

precedentemente y que motivaran la controversia que se

ventila ahora en este

tribunal. La amenaza de un daño que dicha población percibe

como cierto e

inminente y la inicial falta de atención que atribuían a de

ambos gobiernos

ante sus peticiones, hace comprensible que en forma

organizada, dicha

población adoptara actitudes ostensibles en aras de

divulgar, a través de

manifestaciones de alto impacto en los medios de

comunicación masiva, los

argumentos en defensa de sus legítimos derechos.
158) No obstante, dichas manifestaciones fueron perdiendo

su legitimidad

originaria en la medida en que a través de las vías de

hecho adoptadas,

fueron acumulando agresiones al derecho de otras personas
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