Laudo del tribunal arbitral "ad hoc" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república






descargar 323.19 Kb.
títuloLaudo del tribunal arbitral "ad hoc" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república
página6/9
fecha de publicación26.02.2016
tamaño323.19 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8   9

aplicando el "debido

cuidado" en la elección de la que fuere mejor, dadas las

circunstancias y

teniendo en consideración todos los valores en juego, de

manera de

perjudicar de la menor manera posible los intereses

contrapuestos; esto es,

que no implique un sacrificio demasiado grande para otros

intereses

respetables para lo cual deberán tomarse las precauciones

que eviten daño

sustancial ( ).
121) Si no hay criterio claro de las normas del MERCOSUR

respecto de la

conducta que en concreto se deba adoptar en las

circunstancias que la

realidad presenta, cabrá preguntarse si el Gobierno de la

Parte Reclamada

adoptó algún tipo de medidas para resguardar los

compromisos asumidos en el

seno de esa organización y, en tal caso, si los medios que

se hubieran

utilizado fueron adecuados a las circunstancias con el

objetivo de obtener

el fin propuesto y a la vez respetando los demás intereses

en juego.
122) En relación con el planteo de la Parte reclamada que

no se le puede

exigir que para impedir las manifestaciones reprima a sus

propios

ciudadanos, el Tribunal considera que la cuestión no pasa

por que se exijan

al Estado Reclamado resultados sin reparar en los costos

(tanto sociales

como individuales) que ellos pudieran implicar, pues no se

desconoce que se

está afectando a ciudadanos de toda una comunidad que

sostienen reclamos

que, en sí mismos, no pueden ser calificados de injustos ya

que, en su

visión, se consideran amenazados con un futuro que

implicaría una

disminución en su calidad de vida; por lo que cabría

detenerse y determinar

si la Parte Reclamada ha acreditado en estos autos que le

era imposible

adoptar medidas mas eficaces, lo que no parece que haya

sucedido.
123) La Parte Reclamada considera que las medidas que

"impiden o dificultan"

los intercambios deberían responder a una decisión positiva

de un Estado

Parte pero, como hemos dicho antes, la responsabilidad del

Estado puede

resultar comprometida por los actos de las personas

privadas, si omite la

"conducta debida" tendiente a prevenir que los mismos

causen perjuicio a

otro Estado, como es el caso de los cortes de rutas sin que

el Estado Parte

tome las medidas apropiadas para remover la referida

actividad de

obstrucción ( ).
- II - F -

SOBRE LA REFERENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS
124) La Parte demandada ha procurado refutar el cargo según

el cual habría

incurrido en omisión, en el caso, en virtud de que en

reiteradas

oportunidades sus autoridades - tanto nacionales como

provinciales- trataron

de disuadir a los manifestantes respecto a los cortes de

rutas. Una acción

más enérgica -agrega- no habría sido procedente sino a

riesgo de violar

Derechos Humanos en vigor cuando no, de provocar graves

alteraciones del

orden público.
125) Se ha puesto en cuestión la competencia jurisdiccional

del Tribunal

Arbitral para entender en una materia que involucra

aspectos de los Derechos

Humanos que, como tales, resultan ajenos a la normativa del

MERCOSUR

(exposición del representante de la Parte Reclamada en la

audiencia de 10 de

agosto de 2006).
126) Los integrantes del Tribunal pertenecen a países en

los cuales se ha

experimentado el avasallamiento de los denominados derechos

humanos, que

nuclean el plexo normativo que ampara los aspectos más

íntimamente ligados

con la dignidad del ser humano, por lo que el planteo no

deja de serles de

alta sensibilidad.
127) La Parte Reclamada invoca la imposibilidad de adoptar,

frente a los

cortes de rutas, medidas más enérgicas que las de

disuasión por cuanto ello

importaría tanto como desconocer derechos humanos como los

de libertad de

expresión, de reunión y de manifestación que revestirían en

su derecho

interno, rango constitucional, mientras que el derecho de

integración sólo

reviste rango legal. De tal manera, la Parte Reclamada

parece reposar en que

el contenido del compromiso internacional depende de las

posibilidades

jurídicas que le brinda el propio derecho interno argentino

en materia de

derechos humanos.
128) Aceptar que el cumplimiento de la obligación

internacional asumida en

el Tratado del MERCOSUR, consistente en mantener la libre

circulación,

dependa de las posibilidades del propio derecho interno, se

contrapone con

el principio de que los Estados no pueden eludir sus

compromisos

internacionales invocando normas de su derecho interno que

surge del art. 27

de la Convención sobre el derecho de los Tratados de Viena

de 1969.
129) Al respecto cabe tener presente lo que dispone el art.

27 de la

Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969

-tratado en vigor

entre ambos Estados Partes- en cuanto establece que "Una

parte no podrá

invocar las disposiciones de su derecho interno como

justificación del

incumplimiento de un tratado ...". A este respecto se ha

señalado que el

"derecho interno" del artículo 27 incluye, entonces, no

sólo a las leyes

nacionales que pudieran estar en conflicto con un tratado

internacional,

sino a la Constitución misma ( ). La opinión expuesta es

sustentada,

asimismo, por decisiones jurisdiccionales en el ámbito

internacional ( ).

Para justificar la conducta seguida, la Parte demandada

invocó, asimismo,

que toda otra acción del Estado -más allá de la disuasión-

"hubiere

implicado reacciones difíciles de controlar ... actos

violentos por parte de

los manifestantes ..." (Respuesta de la Parte Reclamada,

fs. 109). Sobre

este punto el Tribunal advierte que dicho planteo se

refiere a un supuesto

que no encuentra respaldo en la prueba producida en el

proceso.
130) La representación argentina sostiene que el gobierno

de ese país ha

procurado siempre evitar, en el ámbito de su política

interna, la aplicación

de medidas que pudieran ser interpretadas como atentatorias

contra los

derechos humanos en tanto represivas de las

manifestaciones que incluyen

cortes de vías de comunicación, salvo que ellas

desembocaran en violencia.

En tal sentido es ilustrativo el discurso pronunciado por

el Presidente de

esa Nación en el acto de la firma de Convenios para la

construcción de

viviendas en la Provincia de Buenos Aires, celebrado el 19

de abril de 2006

incorporado como prueba documental por la representación

argentina (Anexo

II.6 no desconocido por la contraparte).
131) De estas palabras se desprende que, pese a cierta

actitud crítica, la

tolerancia con los cortes parece haber constituido una

política del Poder

Ejecutivo argentino. A tenor de la contestación del reclamo

presentado por

Argentina en esta controversia, esa política encuentra su

explicación y

significado en el respeto al derecho de protesta que esa

representación

considera un derecho humano amparado por la Constitución

Nacional argentina.
132) En materia de acuerdos comerciales de cooperación y

facilitación del

comercio, el derecho internacional y el derecho interno así

como las

instituciones legales de uno y otro orden en materia de

asuntos económicos

(como es el caso del MERCOSUR) están inextricablemente

entrelazados y no es

posible entender el comportamiento de estos segmentos de

derecho aislando

unos de otros ( ).
133) No escapa a este tribunal que en materia de acuerdos

multilaterales de

facilitación del comercio y con especial referencia al

régimen de la OMC, se

ha sostenido que cabe apartarse de los compromisos asumidos

por acuerdos

multilaterales de comercio siempre que fueren invocados

principios y valores

aceptados por la comunidad internacional ( ) y que en los

casos en los que

la armonización de los derechos en juego resulta sumamente

dificultosa o

imposible, es inevitable que deba optarse por resguardar en

la mayor medida

los intereses y valores de mayor jerarquía, pues los

"bienes jurídicos" no

son otra cosa que objetos valiosos susceptibles de

clasificarse

jerárquicamente prefiriendo los más valiosos respecto de

los menos valiosos

( ). Pero el Tribunal considera que, aun cuando por vía de

hipótesis nos

halláramos ante ese caso, ello habilitaría algún grado de

restricción pero

nunca la anulación absoluta del valor que sea considerado

menor, en aras de

otro que sea juzgado de mayor jerarquía.
134) La restricción del tránsito que, como hemos visto,

desemboca en una

restricción a la libre circulación económica en los

espacios integrados,

puede llegar a ser tolerada siempre que fueran tomados los

recaudos

necesarios para aminorar los inconvenientes que causaren y

que sea adoptado

en períodos cortos que no entorpezcan ni causen daños

graves o continuados,

lo que no se ha dado en este caso en el cual los cortes se

han dilatado por

espacio de más de tres meses en plena temporada estival de

vacaciones en que

el turismo de ambos países sufren mas gravemente sus

consecuencias.
135) El Artículo 75 inc. 22, segundo párrafo (parte

pertinente), de la

Constitución de la Nación Argentina especifica que las

declaraciones y

convenciones internacionales sobre derechos humanos que han

sido firmados y

aceptados por la República Argentina y que allí se indican

tienen jerarquía

constitucional, no derogan artículo alguno de la primera

parte de la

Constitución y deben entenderse complementarios de los

derechos y garantías

por ella reconocidos.
136) En relación con la afirmación de que estos

instrumentos no derogan los

derechos y garantías enumerados en la parte dogmática de la

Ley Fundamental,

se ha especificado que ha existido por parte de la Asamblea

Constituyente un

juicio de comprobación en virtud del cual han cotejado los

tratados y los

artículos constitucionales y han verificado que no se

produce derogación

alguna de la primera parte de la Constitución, por lo cual

la armonía o

concordancia entre los tratados y la Constitución es un

juicio del

constituyente que los poderes constituidos no pueden

discutir ( ).
137) Ello supone, entonces, que los derechos legislados por

tales tratados

internacionales, junto a los demás enumerados por la

Constitución Argentina

(art. 14 y concordantes), no serían entendidos como

negación de otros

derechos y garantías no enumerados pero que nacen del

principio de la

soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno

(arg. art. 33

Constitución de la Nación Argentina) y que son gozados por

los habitantes de

la Nación "conforme a las leyes que reglamenten su

ejercicio", aunque tales

leyes reglamentarias no pueden alterarlos (arg. art. 28

Constitución de la

Nación Argentina). Esto es, "la interpretación valorativa

de la Constitución

en orden a los derechos humanos contenidos en ella debe dar

por presupuesto

que: a) esos derechos son, ontológicamente, limitados,

porque son derechos

"del hombre en sociedad"...b) esos derechos son relativos

y, por ende,

admiten limitaciones razonables a tenor de lo que en ese

punto habilita la

Constitución. Habrá de tenerse en cuenta al interpretar

tales limitaciones

que ellas no pueden exceder el margen de lo razonable, es

decir, no pueden

destruir o alterar el derecho limitado" ( ).
138) En sentido concordante, los propios tratados

internacionales generales

sobre derechos humanos con jerarquía constitucional

reconocen la relatividad

de los derechos subjetivos de cada uno, ante los derechos

subjetivos de los

demás, y la posibilidad de su limitación por razones de

bienestar general.

Así, el Preámbulo de la Declaración Americana de los

Derechos del Hombre

(Bogotá, 1948) especifica que "el cumplimiento del deber de

cada uno es

exigencia del derecho de todos" y que "los derechos y

deberes se integran

correlativamente en toda actividad social y política del

hombre". Por ello

se expresa en el art. XXVIII de tal Declaración que "los

derechos de cada

hombre están limitados por los derechos de los demás, por

la seguridad de

todos y por las justas exigencias del bienestar general y

del

desenvolvimiento democrático". Por su parte, el art. 29.2.

de la Declaración

Universal de Derechos Humanos, especifica que "en el

ejercicio de sus

derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona

estará solamente

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el

único fin de

asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y

libertades de los

demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral,

del orden público

y del bienestar general en una sociedad democrática".

Finalmente, el art.

32.2. del Pacto de San José de Costa Rica, expresa que "los

derechos de cada

persona están limitados por los derechos de los demás, por

la seguridad de

todos y por las justas exigencias del bien común, en una

sociedad

democrática".
139) De ello cabe concluir que, ni aún en el derecho

argentino el derecho a

la protesta es absoluto y debe limitarse cuando afecta el

derecho de los

demás tal como lo expresa el art. 29 apartado 2 de la
1   2   3   4   5   6   7   8   9

similar:

Laudo del tribunal arbitral \"ad hoc\" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república iconTratado para la constitución de un mercado común entre la republica...

Laudo del tribunal arbitral \"ad hoc\" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república iconConvenio entre los gobiernos de la republica argentina, de la republica...

Laudo del tribunal arbitral \"ad hoc\" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república iconRepública Oriental del Uruguay

Laudo del tribunal arbitral \"ad hoc\" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república iconRepública Oriental del Uruguay

Laudo del tribunal arbitral \"ad hoc\" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república iconEscrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación...

Laudo del tribunal arbitral \"ad hoc\" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república iconBienvenido José “Pepe” Mujica, Presidente Constitucional de la República Oriental del Uruguay

Laudo del tribunal arbitral \"ad hoc\" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república iconP ublicada D. O. 17 ago/000 Nº 25583 defensa del consumidor el Senado...

Laudo del tribunal arbitral \"ad hoc\" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república iconFeroz Respuesta del director de La Republica, ante la protesta del...

Laudo del tribunal arbitral \"ad hoc\" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república iconProtocolo de ushuaia sobre compromiso democratico en el mercosur,...

Laudo del tribunal arbitral \"ad hoc\" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república iconDeclaración como ciudadano ilustre del mercosur del sr. Ex presidente...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com