Laudo del tribunal arbitral "ad hoc" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república






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acuerdos del MERCOSUR,

generando daños importantes a ambos países.
99) El 13 de febrero de 2006, el Presidente de Uruguay se

dirigió al

Presidente argentino solicitando el levantamiento de dichos

cortes (Recaudo

Nº 2 de la prueba documental uruguaya).
100) El 22 de febrero de 2006 el Ministro (interino) de

Relaciones

Exteriores de Uruguay dirigió una nota a su par argentino

expresando que ese

país había decidido plantear la controversia

correspondiente a la violación

de la libre circulación en contravención a la normativa

MERCOSUR y

disposiciones y principios del derecho internacional,

solicitando el inicio

de negociaciones directas contempladas en los arts. 4 y 5

del Protocolo de

Olivos.
101) El 3 de marzo de 2006 el Ministro de Relaciones

Exteriores de Argentina

contestó, expresando que la nota uruguaya no establecía que

acciones

precisas se le imputaban a la República Argentina, ni

tampoco se

determinaban las normas internacionales que ese país

consideraba vulneradas,

expresando que la Argentina no impedía la libre circulación

a través de esas

vías de acceso que unen a ambos países.
- II - E -

SOBRE LA EXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR OMISIÓN FRENTE A

LA NORMATIVA DEL

MERCOSUR
102) Se ha planteado el interrogante respecto de si, en el

ámbito del

MERCOSUR, se encuentran plenamente vigente la libre

circulación de bienes

mencionada en el Tratado de Asunción y sus normas

complementarias, así como

la libre circulación de servicios referida en el Protocolo

de Montevideo. En

tal sentido se ha afirmado que las metas del Tratado de

Asunción aún no se

han alcanzado en su plenitud (Respuesta de la Parte

Reclamada a fs. 47).
103) La integración económica puede ser considerada como

una "situación" o

como un "proceso". Dado que la integración parte de la

existencia de

distintos ámbitos espaciales económicos en los cuales la

mercadería u otros

factores económicos originarios del exterior dejen de ser

discriminados,

como "situación" la integración consiste en la ausencia de

las formas de

discriminación entre las economías nacionales, pero como

"proceso" consiste

en el conjunto de medidas dirigidas a abolir en forma

progresiva la

discriminación entre las unidades económicas pertenecientes

a diferentes

naciones ( ) con el objetivo de conformar una nueva unidad

económica.
104) Consecuentemente, no se puede negar que como

"proceso", el MERCOSUR se

encuentra en permanente desarrollo. No obstante, también es

dable señalar

que, salvo determinadas excepciones, a partir del 31 de

diciembre de 1999,

el MERCOSUR constituye una zona de libre comercio ( ) y

que sin perjuicio

de que hay una dinámica referente a compromisos que deben

estructurarse,

también es cierto que lo andado hasta el momento ha

generado vínculos

ciertos y en vigencia que implican compromisos exigibles

por los Estados

Partes.
105) Respecto a la libre circulación de servicios, no se ha

puesto en

cuestión la vigencia del Protocolo de Montevideo, que rige

esta materia, así

como tampoco el pleno vigor del mismo en cuanto a los

servicios que

resultaron afectados por los cortes de ruta (transporte,

turismo, etc.) y

cuyos efectos son analizados en este proceso. Por otra

parte, no se

considera del caso determinar la aplicabilidad a la

cuestión en proceso del

Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT) en

virtud de que su

materia está ya alcanzada por el Protocolo de Montevideo,

antes mencionado.

Por último, tampoco resulta procedente analizar en forma

específica, la

libre circulación de personas en el ámbito del MERCOSUR en

virtud de que, en

forma indirecta, tal derecho resulta cubierto por las

libertades de

circulación antes tratadas.
106) El artículo 1° del Tratado de Asunción luego de

expresar que los

Estados Partes deciden constituir un Mercado Común,

establece que este

Mercado Común "...implica: la libre circulación de bienes,

servicios y

factores productivos entre los países, a través, entre

otros, de la

eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no

arancelarias a la

circulación de mercaderías y de cualquier otra medida

equivalente".
107) El Anexo I, art. 2 literal b) del Tratado de Asunción

da una definición

de carácter residual de las "restricciones" -como

complementarias de los

"gravámenes"- incluyendo en las mismas "cualquier medida de

carácter

administrativo, financiero, cambiario o de cualquier

naturaleza, mediante el

cual un Estado Parte impida o dificulte, por decisión

unilateral, el

comercio recíproco...". Cabe preguntarse si la definición

citada ("medida de

cualquier naturaleza"), alcanza a las medidas denunciadas.

Estas normas

requieren de ciertas precisiones.
108) En primer lugar, el verbo "implicar" mencionado en el

encabezamiento

del artículo 1º del Tratado de Asunción, que significa

"contener" o "llevar

dentro de sí", indica que la libre circulación allí

mencionada constituye un

objetivo esencial del acuerdo, a punto tal que no se puede

concebir un

Mercado Común sin ese requisito, a lo que cabe agregar el

compromiso asumido

en las restantes disposiciones del Tratado que promueven la

eliminación de

las barreras arancelarias y no arancelarias que impidieran

o dificultaran

esta libre circulación.
109) En segundo lugar, que si bien el corte de rutas no

constituiría una

restricción no arancelaria en sentido estricto, pues esta

última presupone

un acto administrativo, no es necesario apelar a esa

asimilación para

considerarla como una restricción objetiva a la libre

circulación, pues la

mención que la norma hace de los derechos aduaneros, de las

restricciones no

arancelarias y de cualquier otra medida equivalente, se

hace a un mero

título ejemplificativo.
110) En tercer lugar, la circulación de bienes a la que

allí se alude es la

"económica", esto es que la mercadería permanezca o sea

consumida, utilizada

o industrializada en el espacio económico al que se la

introduce ( ) y si

bien es un concepto que excede al de mero tránsito o

traslado fronterizo,

pues este último tiene un sentido espacial (geográfico o

físico) aludiendo a

la posibilidad de atravesar determinado espacio económico

sin sufrir por ese

mero hecho restricciones directas o indirectas, las

barreras al tránsito

implican barreras al comercio y, por ende a la libre

circulación económica.
111) De la prueba producida por las Partes surge que las

medidas denunciadas

crearon -en el período considerado- dificultades

significativas en los

intercambios recíprocos, sobre todo a nivel de los agentes

económicos, lo

que se manifestó en la necesidad de buscar vías

alternativas para el paso de

frontera, generalmente, con aumento de las distancias a

recorrer y el

consiguiente incremento de costos. En algunos casos,

servicios de transporte

debieron ser suspendidos y, en otros, negocios vinculados

con la actividad

de tránsito por el puente Gral. San Martín, en forma

primordial, sufrieron

serias dificultades. En otras palabras, que los hechos

relatados quebraron

la libre circulación que el art. 1º del Tratado de Asunción

considera

presupuesto básico del compromiso entre los Estados Partes.
112) El Tribunal Arbitral Ad Hoc ha tenido ocasión de

conocer en profundidad

a través de todo el material probatorio de alta calidad

aportado al proceso

el conjunto de repercusiones que los cortes de los puentes

han producido

sobre los flujos económicos mas generales que podrían haber

sido afectados,

así como la manera en que quedaron perturbadas las

conductas de los

operadores económicos, de los ciudadanos y de las entidades

públicas de uno

u otro país que se vieron obligados todos ellos a modificar

sus decisiones y

estrategias, cambiar sus modos de trabajo, asumir las

diferencias en las

cargas de actividad administrativa aduanera, redistribuir

no solo los

itinerarios sino también los medios de transporte

utilizados etc.
113) El tiempo de los cortes; la arbitrariedad e

imprevisibilidad de los

mismos, las alternativas en la presentación y duración de

su práctica han

sido tan variables y del tal entidad que el Tribunal

Arbitral Ad Hoc no

puede dejar de valorar como infracción a lo establecido en

el artículo 1 del

Tratado de Asunción la efectividad de las restricciones

resultantes de todo

ello para la libertad de circulación de mercancías y

servicios.
114) Así que cualesquiera que hayan sido las cifras

aportadas, y los

balances sectoriales y generales que han sido traídos como

prueba ante el

Tribunal Arbitral Ad Hoc, lo cierto es que el ejercicio por

los vecinos de

Gualeguaychú de su derecho de protesta ha sobrepasado en

sus efectos los

límites del respeto que tanto ellos como los Estados, en

este caso el Estado

Argentino deben al cumplimiento de la norma que obliga a

garantizar la libre

circulación de bienes y servicios. Libre circulación que

por la

intermitencia, insistencia y continuidad de los cortes

quedo sin efecto para

quienes forzados por aquella situación extraña a la

normalidad económica

hubieron de cambiar sus decisiones como ciudadanos o como

agentes económicos

de MERCOSUR. Prestatarios y prestadores de servicios

hubieron de revisar sus

decisiones merced a un factor exógeno e ilícito,

cambiando sus estrategias

para prestar servicios turísticos o de transporte o para

servirse de ellos;

alterando los tiempos y formas de comprar o suministrar

mercancías;

corrigiendo la composición de los precios y los tiempos de

entrega: en

definitiva sintiendo alterado el marco de libertad de

circulación de

mercaderías y servicios que señala el Tratado de MERCOSUR y

que para una

inmensa cantidad de gente quedo por un tiempo sin efecto,

en un volumen

económico extraordinariamente significativo y generando una

situación

gravosa para todos aquellos que tenían que recomponer sus

conductas como

resultado de los hechos infractores que se estaban

produciendo con los

cortes en los puentes.
115) Y eso es así en todo caso aunque el balance final de

intercambio de

flujos económicos no lo explicite ni quizás pueda

explicitarlo, teniendo en

cuenta que las fluctuaciones fueron dispersas en los

sectores, en los

tiempos y en los protagonistas afectados; y en todo caso al

ser

imprevisibles, discontinuas, y no siempre registrables, la

difícil medida de

su valor en magnitudes monetarias no es un parámetro que

alcance a

desvirtuar la realidad de la libertad de circulación

perturbada y de la

infracción que tal cosa comporta.
116) No obstante, en el caso que nos ocupa, la conducta de

obstruir la vía

de comunicación ha sido desarrollada por particulares y no

por el Estado

mismo, y en principio, la responsabilidad del Estado no

resulta comprometida

por los actos de las personas privadas, sino sólo por los

actos u omisiones

de sus propios agentes ( ). No obstante, el Estado puede

igualmente ser

considerado responsable, ya no por el hecho ajeno, sino por

el hecho propio,

si omitiera la "conducta debida", esto es, por la "falta de

diligencia" en

prevenir o corregir actos de los particulares que puedan

causar perjuicio a

otro Estado ( ). En esta situación, "...no estamos ante una

responsabilidad

vicaria o indirecta sino frente a una responsabilidad por

hecho propio" ( ).
117) No nos hallamos aquí ante una disposición normativa

que prescriba en

forma específica que en el caso que ciertos particulares

obstaculizaran el

paso internacional de vehículos, el Gobierno del Estado

Parte

correspondiente está obligado a prevenir o hacer cesar esos

impedimentos. No

obstante, no toda conducta debida surge diáfana de una

prescripción

normativa específica.
118) La "conducta debida" se deriva del compromiso que los

Estados Partes

asumen de mantener la libre circulación entre los Estados

del MERCOSUR por

ser consustancial con el objetivo perseguido, lo que

implica la obligación

de aplicar los "medios" para arribar a dicho objetivo

aunque no se

determinen cuales son las "medidas necesarias" para

obtenerlo, lo que deja

un amplio margen de posibilidades, entre las cuales el

Estado obligado

deberá elegir la que considere mas adecuada a las

circunstancias.
119) Como vemos, la "conducta debida" surgiría de la

interpretación de una

pauta general de conducta. La norma presenta una "textura

abierta" del

lenguaje legal ( ) esto es, una regla formulada en

abstracto de una manera

muy general, que origina legítimas dudas acerca de las

formas específicas de

conducta exigidas por ellas. En estos casos se deja librada

a la

discrecionalidad del obligado el optar por el mejor medio

para acceder al

fin.
120) Dado que todo conflicto de derecho implica tener que

arbitrar entre

diferentes valores en pugna, el deber del gobernante que se

enfrenta con ese

dilema, consistirá en tomar las medidas apropiadas,
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