Laudo del tribunal arbitral "ad hoc" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república






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pronunciamiento final, el procedimiento culmina por

considerarse que la

cuestión ha devenido abstracta desde que el soporte

normativo del obstáculo

al comercio habría desaparecido ( ). No es necesario para

ello que la norma

cuestionada haya sido puesta en práctica, bastando que haya

un peligro de

daño que puede tornarse en daño real mediante su activación

en cualquier

momento. Dicho peligro, como un arma apuntando al corazón

del posible

afectado, es suficiente para considerar que el

mantenimiento de ese estado

de cosas es contrario a los compromisos contraídos,

debiendo resolverse

mediante la desactivación del peligro potencial.
79) A diferencia del supuesto antes señalado, en el caso

que se encuentra a

conocimiento del Tribunal, la Parte Reclamante no cuestiona

la existencia de

una "norma", actual o potencialmente lesiva de los

compromisos existentes,

sino que cuestiona la conducta omisiva del Gobierno de la

Parte Reclamada

en impedir que parte de su población despliegue "conductas"

consideradas

incompatibles con la normativa MERCOSUR, pues aquí no hay

norma alguna que

se cuestione y cuyos efectos nocivos pudieran desactivarse

mediante su

derogación. Se trata de una situación amenazante de ciertos

particulares que

habiendo ya realizado actos cuyos efectos la Parte

Reclamante considera

reñidos con los compromisos asumidos en el ámbito del

MERCOSUR, pueden

reanudarlos en cualquier momento, con la posibilidad cierta

de que, en tal

supuesto, el Gobierno argentino continúe manteniendo una

conducta permisiva.
80) Al tratarse de vías de hecho que, pese a la queja del

Gobierno de la

Parte Reclamante - tal como surge de la Prueba documental

aportada por

Uruguay que no ha sido refutada por la contraparte ( ) -,

han sido toleradas

por el Gobierno de la Parte Reclamada, cabe pensar que, de

reanudarse

aquellas vías de hecho, se reitere la conducta permisiva

que, en virtud de

su repetición adopta el carácter de un "standard" de

conducta, para este

supuesto, del Gobierno argentino. En otras palabras, las

conductas

reiteradas y sucesivas delinean un "modelo" o "patrón" de

conducta de la

Parte Reclamada que es dable esperar se repita en los casos

futuros en

virtud del principio de congruencia en las conductas

asumidas por la

administración pública. Esta expectativa, de manera similar

(aunque no

idéntica) al caso de una norma cuestionable susceptible de

ser activada,

genera una situación de peligro potencial que el Estado

Reclamado no ha

tenido interés en desactivar, por lo que cabe considerar

que en este caso

nos hallamos ante el peligro latente de que se produzcan

nuevos hechos

similares a los anteriores, lo que descarta que nos

hallemos ante una

cuestión meramente abstracta.
81) Si bien al tratar los casos de responsabilidad

internacional de los

Estados por hechos ilícitos, cuya aplicación a casos como

el presente en el

cual se trata de incumplimientos de tratados de integración

ofrece dudas, la

Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas (en

adelante CDI) ha

sostenido que la trasgresión a la norma internacional no

necesariamente debe

manifestarse en un acto o hecho instantáneo o continuado,

sino que puede

exteriorizarse también a través de una serie de acciones u

omisiones que se

prolonguen -aún con interrupciones- a lo largo del tiempo,

a los cuales

denomina "hecho compuesto" ( ), y el caso presente no

carece de complejidad,

dada la diversidad de protagonismos - grupos, asambleas,

poderes públicos -

y las intermitencias, reiteraciones y continuidad de la

situaciones

contempladas.
- II - C -

LA SEDE DEL TRIBUNAL
82) La Parte Reclamada cuestionó la decisión tomada por el

Tribunal Ad Hoc

de establecer su sede en la ciudad de Montevideo, aduciendo

que esto suponía

un menoscabo a la independencia del Tribunal por tratarse

de la ciudad

capital de uno de los Estados Partes involucrado en la

controversia.

Manifestó que se trata de un proceso arbitral que produce

estrépito en el

foro que podría llevar a una decisión injusta en razón de

reunirse en una

ciudad donde la cuestión se encuentra en el debate público

cotidiano que

podría influir negativamente en los Árbitros.
83) El Tribunal eligió la ciudad de Montevideo como sede

para la realización

de los actos procesales así como para sus deliberaciones en

razón de

encontrarse allí la Secretaría del MERCOSUR que constituye

un importante

apoyo administrativo para su labor y de conformidad con las

facultades que

al efecto le confiere el artículo 38 última parte del

Protocolo de Olivos.
84) Dicha elección en forma alguna aparejó menoscabo para

la independencia

del Tribunal ni otorgó ventaja alguna a la Parte Reclamante

como se ha

insinuado, habiéndose desarrollado las pruebas testimonial

y de informes sin

incidentes dignos de mención. Además de ejercer una

facultad expresamente

contemplada en la normativa vigente, cabe resaltar que éste

no es el primer

caso en que un Tribunal Ad Hoc en el que el país en que se

encuentra

radicada la Secretaría del MERCOSUR está involucrado como

contendiente,

pese a lo cual ello no influyó en desigualdades procesales.

Si bien puede

ser que en este caso la opinión pública se encuentre mas

motivada a prestar

atención que en los anteriores, ello no ha influido en las

opiniones y

libertad de decisión de ninguno de los Árbitros que

integran este Tribunal.
- II - D -

LOS HECHOS QUE GENERARON LAS MANIFESTACIONES DE LOS VECINOS

DE LA COSTA

ARGENTINA QUE DIERAN LUGAR A LA CONTROVERSIA
85) La controversia que hoy se ventila ante este Tribunal

"Ad hoc" se

origina en las manifestaciones efectuadas por las

poblaciones de la ribera

argentina del río Uruguay, en especial la población de la

ciudad de

Gualeguaychú, como reacción ante la construcción por dos

empresas privadas

en Fray Bentos, costa uruguaya del mismo río enfrente de la

mencionada

ciudad argentina, de dos fábricas de pasta de papel a las

cuales ven como un

futuro foco de contaminación ambiental que consideran en

infracción a las

cláusulas del Acuerdo que sobre la administración del río

Uruguay tienen

celebrado Argentina y Uruguay en el año 1975.
86) La Parte reclamada invoca, la existencia de esas

manifestaciones desde

el mes de septiembre de 2003 a través de la movilización

denominada "Abrazo

Solidario", con la participación de vecinos de poblaciones

argentinas y

uruguayas que se manifestaron contra la construcción de las

plantas

procesadoras de pasta de papel en la zona (punto IV- 1, de

la Respuesta

argentina, no desconocida por la contraparte en sus

alegatos).
87) La denominada "Asamblea Ambiental Ciudadana de

Gualeguaychú" hizo sendas

presentaciones ante el Ministro de Relaciones Exteriores de

Uruguay (21 de

julio de 2005) y al Presidente Néstor Kirchner, en este

caso con pliegos

conteniendo 35.484 firmas de pobladores de esa ciudad

(prueba documental

argentina, Anexo II, 1.2 y Anexo II,1.3, no desconocida por

la Parte

Reclamante). En ellas denunciaron al Gobierno argentino y

al Gobierno

uruguayo el incumplimiento del tratado que estableció el

Estatuto del Río

Uruguay y solicitaron a ambos países la paralización de las

construcciones

hasta que se efectuara un análisis del impacto ambiental

sobre la cuenca a

través de una comisión bipartita, de manera que, si de

resultas de ello,

hubiera discrepancia entre las delegaciones de ambos

países sobre ese

punto, la cuestión fuera ventilada ante la Corte

Internacional de Justicia.
88) El 6 de octubre de 2005 reiteró el pedido al Ministro

de Relaciones

Exteriores argentino a fin de que se requiriera del

Gobierno uruguayo la

inmediata paralización de las obras que las empresas

seguían construyendo a

la vera del río Uruguay, solicitando que ante el rechazo

uruguayo Argentina

iniciara acciones ante la Corte Internacional de Justicia

de La Haya (Anexo

II. 1.4 de la prueba argentina no negada por la

contraparte).
89) Mientras tanto, y según se desprende de un informe de

la Policía de la

Provincia de Entre Ríos, acompañado por la Parte Reclamada

(Anexo II.2 de la

prueba documental), se produjeron cortes en los tres

puentes internacionales

que unen Argentina y Uruguay aunque con intensidad muy

dispar.
90) En la ruta internacional Nº 136 y Provincial Nº 42 que

une Gualeguaychú

con Fray Bentos a través del Puente General San Martín,

hubo un primer corte

el 8 de julio de 2005 de 10 a 18 horas, sucediéndose luego

un corte

temporario de cuatro horas el 15 de agosto, reanudándose en

el mes de

diciembre con dos cortes realizados los días 8 (tres

horas), 18 (cinco

horas), 23 (10 horas y media) y 30 de diciembre de 2005 (13

horas). En el

año 2006 los cortes comenzaron el 30 de enero de 2006

manteniéndose en forma

esporádica y temporaria, hasta el 3 de febrero de 2006 en

que comenzó un

corte de ruta que se prolongó por 46 días hasta el 20 de

marzo de ese año y,

posteriormente, un corte que se prolongó por 26 días desde

el 5 de abril a

las 8 horas hasta el 2 de mayo del mismo año a las 16

horas. De tal manera,

el Puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos estuvo

cortado

aproximadamente 72 días corridos.
91) En cuanto a la ruta que une a la ciudad de Paysandú con

Colón (a través

del puente General Artigas), sufrió cortes por 35 días

corridos (desde el 16

de febrero hasta el 23 de marzo de 2006), reiterándose

luego por el lapso de

8 días (desde el 11 de abril hasta el 19 del mismo mes de

2006).
92) Por último, en el puente internacional ubicado sobre la

represa de Salto

Grande, se produjeron cortes los días 13 y 14 de enero y

22 de febrero de

2006 por lapsos de una hora, una hora y media, y treinta

minutos

respectivamente.
93) Los datos antes mencionados relativos a los cortes de

los tres puentes

internacionales coinciden, con pequeñas diferencias de

días, con lo

expresado por la representación uruguaya en su alegato

(punto IV, página

20).
94) En razón de los cortes sucedidos, la Dirección General

de Aduanas

argentina por correo electrónico N° 47 del 8 de febrero de

2006 (Prueba

documental argentina Anexos II.3 y II.4), instruyó a las

aduanas acerca de

una operatoria de emergencia a fin de garantizar el normal

flujo del

comercio internacional, reforzando las dotaciones de

personal de las aduanas

de Concordia y Colón para hacer frente al incremento de

trabajo generado por

el desvío de operaciones desde la aduana de Gualeguaychú.
95) De la prueba documental antes mencionada, así como de

los testimonios

recogidos en la audiencia testimonial, se desprende que los

vecinos de

Gualeguaychú procuraron llamar la atención, tanto de la

República Oriental

del Uruguay por su omisión en impedir la continuación de

construcciones que

ellos consideraban potencialmente dañinas, como de la

República Argentina

por su falta de reacción categórica ante ese proceder, lo

que inclina a este

Tribunal a comprender el sentimiento de la alarma y

consecuente protesta de

los mismos, con independencia de la mayor o menor

justificación de sus

actuaciones.
96) Debe tenerse en cuenta que el levantamiento de los

cortes por los

vecinos de Gualeguaychú se produjo dos semanas después del

discurso del

Presidente de la Nación de Argentina del 19 de abril de

2006, en el cual les

manifestó que no compartía los cortes de ruta y en el cual

les solicitó que

los dejaran sin efecto (Prueba documental argentina Anexo

II.6, no negada

por la representación uruguaya).
97) Dos días, después del levantamiento de los cortes de

ruta, es decir el 4

de mayo de 2006 quedó formalmente registrado el ingreso de

la demanda de

Argentina contra Uruguay ante la Corte Internacional de

Justicia de La Haya

por la controversia suscitada en relación con el Acuerdo

del río Uruguay.
98) Con anterioridad a esto último y ante la situación de

los cortes de

rutas, el 16 de enero de 2006 el Ministro de Relaciones

Exteriores de la

República Oriental del Uruguay había hecho llegar al

Embajador argentino en

ese país una Nota (Recaudo Nº 1 de la prueba documental de

Uruguay)

respondiendo una Nota del 12 de enero de 2006 del

Secretario de Relaciones

Exteriores de la República Argentina referida a las

autorizaciones

concedidas por Uruguay a dos empresas para construir sendas

plantas

industriales de producción de celulosa sobre la margen

izquierda del río

Uruguay, así como una autorización para construir y operar

una terminal

portuaria destinada al uso exclusivo de una de esas plantas

industriales,

reiterando una nota anterior. En la segunda parte de esa

nota el Canciller

uruguayo manifestaba su preocupación por los cortes de ruta

de acceso en

territorio argentino a los pasos fronterizos, que

obstaculizaban la libre

circulación de personas y bienes en violación a los
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