Laudo del tribunal arbitral "ad hoc" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república






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58) Manifiesta la representación argentina que toda otra

conducta que

hubiere observado ese país hubiera implicado el riesgo de

provocar

reacciones difíciles de controlar y graves alteraciones del

orden público.
59) Menciona la República Argentina que la Parte actora

afirma que en otras

manifestaciones populares, similares a las de este proceso,

las autoridades

argentinas las disolvieron mediante la fuerza pública. No

obstante, tales

manifestaciones, a diferencia de la que refiere el presente

caso, se trataba

de acciones violentas, según responde la República

Argentina.
60) También sostiene la República Argentina que la

circulación de bienes y

personas, entre los dos países, contó siempre con vías

alternativas de

acceso y, a efectos de facilitar su uso, los servicios de

Aduana y Migración

argentinos, en esos puntos, fueron reforzados durante las

medidas. Con ello

se demuestra que no hubo omisión.
61) Tampoco hubo omisión según la Representación Argentina

por la acción

disuasoria de las autoridades argentinas que, en

definitiva, se demostró

eficaz al punto que los manifestantes levantaron los cortes

de ruta.
62) Por escrito del 27 de julio de 2006, el Representante

de la República

Argentina efectuó determinadas erratas incurridas en el

escrito de Respuesta

al reclamo que individualiza.
- I-H -

PROPOSICIONES Y PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA
63) Las Partes formularon proposición de prueba, lo que fue

tratado en la

Resolución de 28 de julio de 2006 del Tribunal haciendo

lugar a la prueba

documental, testimonial e informativa ofrecida por ambas

Partes,

determinando que debían presentar el listado de preguntas a

los testigos al

menos con tres días de antelación. Admitió las reservas de

proponer prueba

Informativa por ambas Partes y, de conformidad con el

Artículo 17 de las

Reglas de Procedimiento, convocó a las Partes a una sesión

en la que

pudieran presentar brevemente sus exposiciones para

fundamentar sus

respectivas posiciones. Por último convocó a las Partes a

una comparecencia

a celebrar los días 9 y 10 de agosto de 2006.
64) El día 9 de agosto de 2006 se dio comienzo a la

Audiencia, en cuyo

transcurso, la Representación argentina presentó cuestión

de previo y

especial pronunciamiento basada en las amenazas que alega

haber sufrido el

testigo por ellos propuesto Don Anibal Oscar Oszust. El

Tribunal le recibió

testimonio y encargó a la Secretaría del MERCOSUR que

diera traslado de

esta cuestión a las Representaciones Diplomáticas de la

República Argentina

y la República Oriental del Uruguay para que dieran curso a

las actuaciones

que procedieran.
65) Posteriormente de conformidad con la propuesta de las

Partes y con el

objeto de facilitar, en lo posible, la presencia de los

testigos convocados,

en compatibilidad con sus cargos y ocupaciones, el Tribunal

"Ad Hoc" examinó

los testigos en el orden que seguidamente se establece:

Aníbal Oscar Oszust,

Daniel Sica, Ricardo Echegaray, Alejandro García, Raúl

Cuence, y Jorge

Campañà, todos ellos de nacionalidad argentina,

correspondientes a la Parte

Reclamada. Se inició posteriormente el examen de los

siguientes testigos:

José Carlos Gonzálvez Huerta, Javier Larrondo, Yanina

Corsini, Antonio

Carámbula, Benjamín Liberoff, Víctor Sosa Echevarría, Luis

Alberto Borsari

Brenna, Antonio Serrentino, Pablo Garbarino Lazcano,

Leopoldo Cayrús Tarreh

y Daniel Sureda Tortosa, todos ellos de nacionalidad

uruguaya y solicitados

por la Parte Reclamante.
66) La Representación de Uruguay manifestó que el testigo

cuya declaración

ofreciera, señor José Larramendi, no pudo declarar debido a

que tuvo que

retirarse del Edificio antes de la Audiencia por enfermedad

de un familiar y

el testigo Gustavo Teske se vio impedido de concurrir.
67) Ambas Partes formularon las respectivas preguntas a los

testigos y el

Tribunal interrogó asimismo cuando lo entendió oportuno a

los mencionados

testigos en el transcurso de la audiencia.
68) En la segunda parte de la reunión que tuvo lugar en la

mañana del día 10

de agosto, las Partes hicieron sus exposiciones para

fundamentar sus

respectivas posiciones, en el orden establecido por el

Tribunal Arbitral Ad

Hoc. Tanto las declaraciones de los testigos como los

alegatos de las Partes

fueron grabados en soporte magnetofónico, que se entregó a

las Partes y

quedó unido a las actuaciones.
69) El Tribunal Arbitral Ad Hoc, expresó "in voce" en este

acto su

resolución de admitir toda la prueba documental presentada

hasta el momento

por las Partes, incluido el documento utilizado en la

declaración del Dr.

Sica. De conformidad con las Partes, que así lo asumen, el

Tribunal resolvió

que se admitiría como prueba documental e informativa la

que se presentara

hasta el mismo día de vencimiento del plazo de presentación

de los alegatos

escritos que finalizaba el día 17 de agosto de 2006.
- I-I-

ALEGATO FINAL POR ESCRITO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL

URUGUAY
70) Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 18

de las Reglas de

Procedimiento, ambas Partes presentaron en tiempo y forma

sus alegatos

finales.
71) La Representación uruguaya solicitó que hiciera lugar

al reclamo

presentado en la forma ya impetrada y que decidiera:
"a) que la República Argentina ha incumplido sus

obligaciones derivadas de

los artículos 1 y 5 del Tratado de Asunción; artículos 1º,

2º y 10 párrafo

segundo del Anexo I de dicho Tratado; artículos II, III y

IV del Protocolo

de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, así como de

principios y

disposiciones del Derecho Internacional aplicables a la

materia, por la

omisión del Estado Argentino en adoptar medidas apropiadas

para prevenir y/o

hacer cesar los impedimentos a la libre circulación

derivados de los cortes

en territorio argentino de vías de acceso a los Puentes

Internacionales

Gral. San Martín y Gral. Artigas que unen la República

Argentina con la

República Oriental del Uruguay; y

b) que la República Argentina, de reiterarse los

impedimentos a la libre

circulación a los que alude el literal a) precedente u

otros de similares

características, debe adoptar medidas apropiadas para

prevenir y/o hacer

cesar en forma inmediata los impedimentos a la libre

circulación, y

garantizar la libre circulación con la República Oriental

del Uruguay."
- I-J -

ALEGATO FINAL POR ESCRITO DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA
72) La Representación argentina solicitó que el Tribunal

resolviera:
"a) que la presente controversia carece de objeto y las

solicitudes de

Uruguay se fundan en abstracciones;

b) que el derecho de libertad de expresión, ejercido por

los ciudadanos

argentinos, constituye un derecho humano fundamental

reconocido en todos los

ordenamientos constitucionales y en los tratados

internacionales sobre

derechos humanos, vinculantes para la Argentina y el

Uruguay, y que, además,

gozan, en Argentina, de jerarquía constitucional;

c) que no cabe invocar legítimamente una restricción a la

libertad de

expresión - derecho humano protegido - en desmedro de otro

derecho -

libertad de circulación de bienes y servicios - que está

legalmente

protegido pero que no reviste esa calidad de derecho

humano;

d) que las manifestaciones en rutas efectuadas en forma

intermitente entre

el 6 de enero y el 2 de mayo de 2006 constituyen una

muestra de la libre

expresión ciudadana, que fueron puestas en conocimiento del

público con

antelación suficiente y no implicaron, en ningún caso, un

impedimento total

a la libre circulación de bienes y servicios entre ambos

países;

e) que el Gobierno argentino no ha adoptado medida alguna

que constituya una

violación de los principios de libre circulación de bienes

y servicios,

previstos en los artículos 1 y 5 del Tratado de Asunción,

en los artículos I

y II, III y IV y Anexos del Protocolo de Montevideo sobre

el Comercio de

Servicios, en el Acuerdo sobre Transporte Terrestre

Internacional (ATIT) y

en otros principios o disposiciones de derecho

internacional aplicables a

esta materia;

f) que el Gobierno argentino ha actuado, a nivel nacional,

provincial y

municipal, con el objetivo de disuadir a sus ciudadanos de

utilizar las

manifestaciones en rutas como forma de expresión de su

protesta y ha

arbitrado los medios necesarios para facilitar la libre

circulación de

bienes y servicios durante la etapa de vigencia de las

mismas;

g) que tal actuación resulta razonable atento las

circunstancias del caso

bajo análisis y las normas constitucionales e

internacionales vigentes

aplicables al mismo; y

h) que los compromisos asumidos por la Argentina en el

contexto en que se

desarrolla esta controversia no pueden ser objeto de una

interpretación

extensiva que suponga reprimir el ejercicio de un derecho

humano en una

situación claramente no prevista en los tratados de

derechos humanos en

vigor para ambos países".
- I-K-

PLAZO PARA LA EMISIÓN DEL PRESENTE LAUDO
73) El 18 de julio de 2006 el Tribunal Arbitral "Ad Hoc"

acordó por

unanimidad prorrogar el plazo para la emisión del Laudo en

las presentes

actuaciones por 30 días, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 16

y 21 de las Reglas de Procedimiento, por lo que el plazo se

extendió hasta

el 7 de septiembre del 2006.
II

CONSIDERANDOS
- II - A -

EL PLANTEO DE LA PARTE RECLAMADA SEGÚN EL CUAL HABRÍA

HABIDO UNA NOVACIÓN Y

AMPLIACIÓN DEL OBJETO DEMANDADO
74) La Parte Reclamada sostiene que la Reclamante amplió el

objeto de su

pretensión original pues según la normativa del MERCOSUR en

especial el art.

14 párrafo segundo del Protocolo de Olivos, los escritos de

demanda y

contestación determinan el objeto de la controversia que

deben basarse en

las cuestiones que fueron consideradas en las etapas

previas, añadiendo que

en las etapas de negociaciones directas, la controversia se

denominaba de un

modo ("impedimentos a la libre circulación derivados de los

cortes") y dado

que al iniciarse el procedimiento arbitral, dichas

manifestaciones habían

cesado, Uruguay habría adaptado unilateralmente a la nueva

circunstancia

denominándola ("omisión del Estado argentino en adoptar

medidas apropiadas

para prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a la libre

circulación") tal

como figura en el escrito de Reclamo de Uruguay.
75) El Tribunal considera que la modificación terminológica

indicada no pudo

perjudicar el derecho de defensa de la Parte Reclamada,

pues la convocatoria

a las negociaciones directas y la demanda en este proceso,

por sus

denominaciones, están haciendo referencia a los mismos

hechos y si bien en

la primera de las denominaciones podría entenderse que se

trata de la

imputación a actos directos del Gobierno argentino, hay que

tener en cuenta

que era de público y notorio conocimiento que los cortes

eran realizados por

particulares, a lo que cabe añadir que en la Nota del 9 de

marzo de 2006

(remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de

Uruguay a su par de

Argentina, que la Parte Reclamante agregara como Recaudo 5

sin que la Parte

Reclamada la haya negado), se reitera el pedido de

negociaciones directas,

haciendo expresa mención a los cortes de ruta "realizados

por particulares

que ocuparon las mismas, afectando la libre circulación de

personas, bienes

y servicios" agregando que "ante esta situación el Estado

argentino omitió

adoptar medidas apropias para prevenir y/o hacer cesar los

referidos cortes,

a efectos de restablecer la libre circulación entre ambos

países".
- II - B -

EL PLANTEO DE LA PARTE RECLAMADA SEGÚN EL CUAL EL RECLAMO

ES ABSTRACTO POR

CARECER DE OBJETO FÀCTICO
76) La Parte Reclamada afirma que el proceso carece de

objeto en virtud de

que, a la fecha de presentación de la demanda, los cortes

de ruta habían

cesado antes de la presentación del escrito de Reclamo de

la República

Oriental del Uruguay, situación que, sostiene, se habría

mantenido hasta el

momento en que se responde dicho escrito.
77) Al respecto, el Tribunal advierte que no ha habido

pronunciamiento

expreso de quienes mantuvieron los cortes de ruta en el

pasado en el sentido

de que no los habrán de reiterar en el futuro; ni tampoco

ha habido

pronunciamiento de las autoridades de la Parte Reclamada en

el sentido que,

de producirse tales reiteraciones, habría de seguir una

conducta distinta a

la observada cuando tales cortes de ruta ocurrieron.
78) El Tribunal no desconoce que se ha sostenido que cuando

se solicita que

uno de los Estados Partes deje sin efecto determinadas

normas legales o

reglamentarias, por considerarlas incompatibles con los

compromisos asumidos

en los en los acuerdos internacionales tendientes a la

facilitación del

comercio y a la integración económica, y la norma

cuestionada es derogada

por el Estado Reclamado antes de que el tribunal se

constituya o se dicte el
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