Laudo del tribunal arbitral "ad hoc" de mercosur constituido para entender de la controversia presentada por la república oriental del uruguay a la república






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Ríos fluctuaron

entre el tímido ejercicio de la disuasión e inaceptables

manifestaciones de

complacencia.
21) La República Oriental del Uruguay entiende que los

referidos cortes de

ruta le ocasionaron importantes daños y perjuicios así como

también a

sectores y agentes económicos de este país,

fundamentalmente vinculados a

negocios de exportación e importación, turismo y transporte

terrestre de

pasajeros y mercaderías.
22) Para la Parte Reclamante el Tratado de Asunción, por el

cual se decide

constituir el Mercosur, establece que el mercado común

implica la libre

circulación de bienes, servicios y factores productivos

entre los países a

través de la eliminación, entre otras, de las

restricciones no arancelarias

a la circulación de mercaderías y "de cualquier otra medida

equivalente"

(art. 1).
23) Alega Uruguay en su Reclamo que por "restricciones" se

entiende,

cualquier medida de carácter administrativo, financiero,

cambiario o de

"cualquier naturaleza" mediante el cual un Estado Parte

impida o

"dificulte", por decisión unilateral, el comercio recíproco

(Anexo I al

Tratado de Asunción art. 2º lit .b).
24) Señala la representación de la Reclamante que es un

valor entendido que

a partir del 1º de enero de 2000, el MERCOSUR constituye

una zona de libre

comercio universal (salvo algunas excepciones) por lo que a

partir de dicha

fecha todas las restricciones que impidan o dificulten el

comercio recíproco

constituyen barreras y obstrucciones al comercio,

incompatibles con los

compromisos asumidos
25) Afirma la República Oriental del Uruguay que la libre

circulación de

servicios, fue establecida por el Protocolo de Montevideo,

vigente entre los

Estados Partes, y elimina las medidas que en cualquier

forma afecten ese

comercio, incluso las dispuestas por autoridades

provinciales, municipales o

locales y por las instituciones no gubernamentales (art.

II).
26) Para Uruguay en el ámbito del referido Protocolo,

existen compromisos

asumidos por Argentina, entre otros, los relativos a

turismo y transporte

los cuales han sido afectados por las medidas que dan

motivo a esta

controversia.
27) Entiende la Reclamante que en materia de libre

circulación de personas,

los cortes de ruta han desconocido compromisos vigentes

entre las Partes en

virtud de instrumentos jurídicos internacionales relativos

a Derechos

Humanos así como también exigibles en la Argentina por sus

normas internas.
28) También invocó la Representación de la República

Oriental del Uruguay el

Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT)

vigente entre

"países del cono sur" del continente -entre otros los

Estados Partes- y que

fue asumido por instrumentos del Mercosur como medio idóneo

para avanzar en

la integración en materia de transporte terrestre. La

obstrucción a la libre

circulación de pasajeros y cargas afectó operaciones de

transporte al amparo

del Convenio ATIT, no sólo entre los Estados Partes sino

también respecto a

movimientos de tránsito desde o hacia terceros países

Partes de este

acuerdo.
29) En su fundamentación, también menciona Uruguay las

normas de la

Organización Mundial del Comercio (OMC) que vinculan a las

Partes, tales

como las relativas a trato de la nación más favorecida,

libertad de

tránsito, acceso a los mercados -entre otras- las cuales

resultaron

afectadas por las medidas denunciadas.
30) A pesar que los actos materiales que obstaculizan la

libre circulación

son realizados por particulares, el incumplimiento lo

imputa la República

Oriental del Uruguay al Estado Argentino por la omisión en

adoptar las

medidas adecuadas, razonables y eficaces para evitar

dichos actos. El

Reglamento del Protocolo de Olivos incluye en la materia

que puede ser

objeto de una controversia, entre otras, las "omisiones"

incompatibles con

la normativa del MERCOSUR (art.27).
31) En tal sentido, Uruguay trae al caso el asunto

resuelto por el Tribunal

de Justicia de las Comunidades Europeas (Comisión c/Francia

- Asunto

C-265/95) en el cual, frente al bloqueo de rutas en Francia

dispuesta por

particulares, el órgano judicial estableció la

responsabilidad de este

Estado por la omisión en restablecer la libre circulación.
32) Así que, según la Reclamante, el incumplimiento

continuado de Argentina

por omisión frente a los cortes de ruta -dispuestos y luego

levantados por

voluntad de los particulares- hace suponer que de reiterase

los mismos en el

futuro, dicho Estado observará la misma conducta generando,

así, un

permanente estado de duda e inseguridad.
33) Finalmente solicita la República Oriental del Uruguay

que:
a) el Tribunal decida que Argentina ha incumplido sus

obligaciones derivadas

de los artículos 1 y 5 del Tratado de Asunción, artículos

1º,2º y 10 par.2º

del Anexo I de dicho Tratado; artículos II, III y IV del

Protocolo de

Montevideo sobre Comercio de Servicios así como de

principios y

disposiciones del Derecho Internacional aplicables en la

materia; y

b) que la República Argentina, de reiterarse los

impedimentos a la libre

circulación, debe adoptar las medidas apropiadas para

prevenir y/o hacer

cesar tales impedimentos y garantizar la libre circulación

con Uruguay.
- I-G -

RESPUESTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
34) El 26 de julio de 2006 fue presentado, en tiempo y

forma, Escrito de

Respuesta de la República Argentina, mediante el cual

fundamentaba su

oposición y ofrecía su prueba.
35) Afirma la Representación de la República Argentina que

Uruguay ha

innovado y ampliado el objeto respecto al contenido de la

solicitud de

negociaciones directas. Mientras que en ésta el objeto eran

"impedimentos a

la libre circulación", la demanda refiere a la "omisión

del Estado

argentino en adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o

hacer cesar los

impedimentos a la libre circulación".
36) Además, para Argentina el reclamo carece de objeto en

virtud de que, a

la fecha de la demanda, los cortes de ruta habían cesado,

situación que se

mantiene. Es, asimismo, inespecífico y abstracto porque

solicita al Estado

argentino que, de reiterarse en el futuro esas

manifestaciones, adopte

medidas sin determinar cuáles serían éstas.
37) En su opinión, la República Argentina formula

objeciones a que la ciudad

de Montevideo sea sede del Tribunal Ad Hoc por cuanto esto

supone un

menoscabo a la independencia del mismo y le otorga ventajas

a uno de los

Estados Partes, sobre todo en lo relativo a la producción

de prueba.
38) Al referirse la República Argentina a las etapas

previas de esta

controversia, afirma que la solicitud de Uruguay de

mantener negociaciones

directas, fue contestada por nota de 3 de marzo de 2006 en

la cual se

manifestó la disposición del Gobierno Argentino "en

mantener un diálogo

bilateral franco y exhaustivo".
39) Por otra parte la Representación Argentina realiza

observaciones a la

integración del Tribunal Ad Hoc fundadas en aspectos de

procedimiento.
40) Respecto a los hechos, la Parte Reclamada da cuenta que

los cortes de

ruta fueron precedidos de una movilización realizada el 30

de abril de 2005,

conocida como "El Abrazo Solidario" que reunió en las

proximidades de la

ciudad Argentina de Gualeguaychú, por cinco horas, a más de

40.000 personas

en protesta por la construcción de las plantas de celulosa

en territorio

uruguayo.
41) Según los alegatos la opinión de la República Argentina

a partir del mes

de diciembre de 2005 comenzaron los cortes de ruta aunque

éstos, contra lo

que afirma la Parte reclamante, no se tradujeron en

perjuicios ni desde el

punto de vista del comercio bilateral ni del turismo en

virtud de que ambos

rubros, en el período de los cortes, lejos de disminuir,

aumentaron a favor

de Uruguay.
42) Además, la Representación Argentina entiende que los

agentes económicos

que utilizaban los puentes, tampoco pueden invocar

perjuicios por cuanto los

cortes de ruta eran, en general, anunciados con antelación

y así podían

dirigirse a vías alternativas de comunicación entre los dos

países.
43) La Representación de la República Argentina en el

proceso arbitral pone

de manifiesto que su Gobierno comprendió, sin alentar, las

manifestaciones

llevadas a cabo por entender que constituyen el ejercicio

de un legítimo

derecho. Ello no impidió que se realizaran gestiones para

que los cortes de

ruta fueran dejados sin efecto.
44) Según la República Argentina las circunstancias

determinaron una

contraposición entre los derechos de libre expresión del

pensamiento y de

reunión, por un lado, y el derecho a la libre circulación

de bienes, por

otro. Se debe tener presente que las normas internacionales

en materia de

Derechos Humanos vigentes en la República Argentina tienen

rango

constitucional mientras que las normas de integración

revisten rango legal.
45) En cuanto a la libre circulación de bienes, la

República Argentina

expone que cabe recordar que las metas fijadas en el

tratado fundacional del

Mercosur aún no se encuentran plenamente vigentes.
46) Por otra parte, sigue alegando la República Argentina,

cuando el proceso

de integración establece la obligación de eliminar las

restricciones no

arancelarias, éstas refieren a medidas gubernamentales. Con

similar alcance

son las normas que rigen la Organización Mundial de

Comercio así como la

Comunidad Económica Europea.
47) La República Argentina, en su opinión entiende que,

respecto a la libre

circulación de servicios, el Protocolo de Montevideo que la

regula, sólo

establece compromisos de abstenerse de adoptar medidas

gubernamentales que

la afecten.
48) La República Argentina recuerda que Uruguay invoca,

asimismo, el Acuerdo

de Transporte Internacional Terrestre (ATIT) aunque éste no

consagra

libertad alguna de circulación ya que se trata de un

acuerdo administrativo

destinado a establecer criterios técnicos para otorgar

permisos de

circulación internacional de transportes terrestres.
49) Para la República Argentina la libre circulación de

personas, que se

afirma por Uruguay como lesionada por los cortes de ruta,

no está aún

operativa en el ámbito del MERCOSUR como, por el contrario,

lo está -a vía

de ejemplo- en la Comunidad Europea.
50) Tampoco según la respuesta argentina está vigente en

este proceso de

integración regional el derecho al libre tránsito en cuanto

puede afectar a

los transportes de bienes desde o hacia terceros países.
51) La Representación de la República Argentina funda su

opinión en que los

Derechos Humanos pueden justificar una restricción al

ejercicio de los

derechos consagrados por un tratado de integración.

Menciona, en tal

sentido, el precedente del caso Schmidberger, resuelto por

el Tribunal de

Justicia de las Comunidades Europeas, en el sentido de

otorgar prioridad al

derecho a la libre expresión del pensamiento sobre el

derecho a la libre

circulación de bienes el cual resultó afectado por el corte

de una ruta

internacional dispuesto por un movimiento ambientalista

(Sentencia del TJCE

de 12 de junio de 2003, Asunto C-112/00).
52) En el campo de los Derechos Humanos, según afirma la

República Argentina

con especial relevancia cabe reconocer a los derechos de

libre expresión del

pensamiento y de reunión así como al derecho de protesta

entendido, éste,

como el medio de exigir el cumplimiento de otros derechos.

A ellos cabe

agregar el derecho a elegir aquel foro público en el cual

la protesta se

pueda ejercer con mayor eficacia.
53) Así, afirma la Representación Argentina, aceptada la

validez de estas

normas, la requerida liberación del puente hubiera supuesto

una represión

inaceptable para las disposiciones de derecho público

argentino.
54) Frente a lo expuesto, según lo alegado por la República

Argentina la

disuasión ante los cortes de ruta no constituye sino la

única alternativa

legítima que se presenta a los gobernantes.
55) En la formulación de su alegación sostiene la República

Argentina que la

policía en el territorio de las provincias corresponde a la

policía de las

provincias. Imponer la intervención del gobierno federal

sobre el territorio

de las provincias sólo puede hacerse al costo de la

alteración del sistema

político democrático en la provincia.
56) En el estado actual del Derecho Internacional según

alega la

Representación Argentina en materia de responsabilidad por

hechos ilícitos,

según el Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional

de las Naciones

Unidas, se excluye la responsabilidad del Estado por los

hechos de los

particulares.
57) Para la República Argentina el Estado sólo será

responsable por el

comportamiento de una persona o grupo de personas si ellas

actúan de hecho

por disposición o bajo la dirección o el control del Estado

al observar ese

comportamiento (art. 8 del Proyecto). Este no es, bajo

forma alguna, el

presente caso.
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