Informe de: Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima






descargar 63.1 Kb.
títuloInforme de: Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima
fecha de publicación26.02.2016
tamaño63.1 Kb.
tipoInforme
ley.exam-10.com > Derecho > Informe
INFORME

DE: Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima

SOBRE: Restricciones al Derecho a la Libertad de Expresión e Información y su Impacto en la Democracia, el Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción

I. INTRODUCCION
La Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, viene generando diversos informes para promover el respeto de los derechos humanos dentro del objetivo general del Colegio de Abogados de Lima, que es la democracia, el estado de derecho y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

En tal virtud, ha considerado necesario llamar la atención sobre las denuncias que desde el año 2006 se vienen formulando contra diversos comunicadores y otras personas que en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e información y de participación en asuntos del Estado, han dado cuenta de diversas situaciones que involucran a funcionarios del Estado.
II. CONTEXTO
Durante el año 2006 y en el presente año, los medios de comunicación han dado cuenta de diversos procesos judiciales iniciados en contra de comunicadores y otras personas que han denunciado actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos, entre ellos: Augusto Alvarez Rodrich (Director del Diario Perú 21), Nelson Manrique (analista político e historiador), Raul Wiener (Investigador periodístico del Diario La Primera), Juan Carlos Tafur (Ex Director del Diario Correo), Angel Paez (periodista de investigación del Diario La República), Manuel Danmert Egoaguirre (ex Congresista), Ronald Gamarra (ex Procurador), Antonio Maldonado (ex Procurador del Estado), entre otros, en los que se han visto involucrados funcionarios del Estado.
Algunos de estos procesos judiciales iniciados en contra de estos comunicadores y otras personas han concluido con condenas y otros se encuentran en trámite.

La naturaleza de estos procesos judiciales es privada –querellas por difamación-, y han sido iniciados por los funcionarios del Estado alegando daño moral o a su reputación.
El efecto de esos procesos judiciales contra comunicadores y otras personas, es que los apartan de sus investigaciones y denuncias, convirtiendo a los funcionarios denunciados en víctimas y a sus investigadores en sus victimarios.
III. ALGUNOS PROCESOS PENALES POR DELITO DE DIFAMACION INICIADOS EN LOS AÑOS 2006 Y 2007 CONTRA COMUNICADORES Y OTRAS PERSONAS POR INFORMACION Y DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS DEL ESTADO
3.1 Augusto Alvarez Rodrich (Director del Diario Perú 21)

3.2 Nelson Manrique (analista político e historiador)

3.3 Raúl Wiener (Investigador periodístico del Diario La Primera)

3.4 Juan Carlos Tafur (Ex Director del Diario Correo)

3.5 Angel Paez (periodista de investigación del Diario La República)

3.6 Manuel Danmert Egoaguirre (ex Congresista)

3.7, Ronald Gamarra (Ex Procurador del Estado).

3.8. Antonio Maldonado (ex Procurador del Estado)
IV. MARCO LEGAL PERUANO
4.1 DE LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL

4.1.1 Declaración Universal de Derechos Humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 consagra los derechos y libertades fundamentales considerados básicos. Aunque per se no es un documento obligatorio o vinculante para los Estados, sin embargo respecto a nuestro país, fue incorporado a la legislación interna mediante Resolución Legislativa Nº. 13282 del 15 de diciembre de 1952. La Declaración Universal sirvió como base para la formulación de las dos convenciones internacionales de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La Declaración reconoce en su artículo 19 el derecho a la libertad de expresión y de opinión en los siguientes términos:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Asimismo, establece en su artículo 29:

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

4.1.2 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

El Perú adopto la la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre el 2 de mayo de 1948. Dicha Declaración establece en su Artículo IV lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio

La Declaración Americana ha sido incorporada en la Carta de la Organización de Estados Americanos – OEA a efecto de establecer los derechos y libertades fundamentales que la organización promueve. Al ser el Estado peruano, miembro de la OEA ha asumido la obligación de promover, respetar y garantizar en el continente americano, los derechos y libertades fundamentales que la organización promueve.
4.1.3 La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, ratificada por el Perú y en vigor desde el 28 de julio de 1978. En su artículo 13 inc. 1 señala:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Asimismo, en el inciso 3 del artículo 13 se establece la no restricción de dicho derecho:

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4.1.4 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Fue aprobado por el Perú mediante Decreto Ley Nº 22128. En su artículo 19, reproduce la Convención Americana, en los siguientes términos:

Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones;

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
4.1.5 La Jurisprudencia internacional vinculante – La Corte Interamericana de Derechos Humanos
4.1.5.1 Caso Ivcher Bronstein. La Corte Interamericana ha señalado que el derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática debe garantizar:

(…) las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse.1
4.1.5.2 Caso Herrera Ulloa. La Corte Interamericana2 ha señalado que tratándose de funcionarios públicos su honor debe ser protegido de manera acorde con los principios del pluralismo democrático, toda vez que los delitos de prensa inhiben la libertad de expresión, así como los medios suficientes para reguardar la lesión al honor de un funcionario público, como el derecho de rectificación y la acción civil, propendiendo la Corte a la despenalización de los delitos contra el honor cuando los afectados sean funcionarios públicos.

4.2 NORMATIVA NACIONAL
4.2.1 La Constitución Política de 1993. El inciso 3) y 4) del artículo 2° de la Constitución que protege el derecho a la libertad de pensamiento y a la de la información sin trabas de ninguna clase.

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión.(...)


4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. (...)Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.

4.2.2 La Jurisprudencia nacional vinculante - Tribunal Constitucional

4.2.2.1 Caso… El Tribunal Constitucional ha señalado que:

Difícilmente se puede ejercer el derecho a la libertad de información si es que no se encuentra garantizado también el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión. Esta estrecha vinculación ha llevado a reconocer a la doctrina constitucional que la libertad de información -relatos de hechos noticiables que sean veraces- y la libertad de expresión -pensamientos, ideas, opiniones, juicios de valor- se confunden, a veces, en el ejercicio de la actividad periodística. Por eso mismo se ha señalado que la libertad de expresión no se limita a exteriorizar pensamientos, ideas y opiniones; implica asimismo la libertad de buscar, recibir y difundir información. Y ello por todos los medios existentes y disponibles en cada circunstancia de lugar y tiempo.” 3

4.2.2.2 Caso… El Tribunal Constitucional ha expresado que el derecho a la libre expresión y a la información

Representa(n) un valor básico político, pues es herramienta de control de los gobernantes y previene y detiene las arbitrariedades del poder. Más aún, su constitucionalización corresponde principalmente a tal finalidad.4
4.2.2.3 Caso Caja Rural de Ahorro y Crédito de San Martín. El Tribunal Constitucional ha expresado que en determinadas circunstancias es necesario otorgar mayores garantías para el ejercicio de la libertad de información si:

(…) en el caso, la información propalada tiene significación pública, no se sustenta en expresiones desmedidas o lesivas a la dignidad de las personas o pese a ser falsa, sin embargo, ésta no se ha propalado animada por objetivos ilícitos o socialmente incorrectos del informante”.5

V. CUESTIONES PREVIAS
5.1 ROL DEL PODER JUDICIAL COMO GARANTE DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES V.G. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN.

El Poder Judicial en el Perú adolece de niveles de aprobación, de la opinión pública, extremadamente bajos. Si bien es un fenómeno antiguo en los últimos años ha sido considerado como una de las instituciones menos confiables en el país. La falta de confianza ciudadana se explica en la percepción de una justicia lenta e inconfiable. Los fallos no son predecibles, la jurisprudencia no se conoce y la que se conoce no es orientadora; el nivel técnico del juez suele ser bajo y generalmente esta desubicado ante las áreas nuevas del derecho y de la vida social. La desconfianza del ciudadano toca al sistema judicial, al juez, fiscal y alcanza asi a todo el sistema legal. Quizás uno de los de los aspectos más gravitantes en esta percepción tiene que ver con la ideología judicial. El razonamiento jurídico de nuestros jueces se ha caracterizado por su formalismo. Los jueces conciben su función, predominantemente como aplicadores mecánicos de la ley; asi, privilegian un razonamiento e interpretación formalista. Se renuncia a resolver los conflictos que se da entre la ley y realidad, en un país de tanta diversidad cultural como el nuestro.6
“La independencia judicial7, resulta una necesidad impostergable en un país como el Perú donde los conflictos sociales son diversos e innumerables. Todos piden un Poder Judicial previsible y justo y que sus resoluciones sean ilustrativas para la sociedad, donde el razonamiento jurídico incorpore todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional que vincula al Perú. Requerimos una adecuada formación de los magistrados (tema académico) pero también el reconocimiento del sentido y rol social de su función (sentido social y valorativo del juez).
Las resoluciones no solo deben ser legales, sino también legítimas es decir que puedan servir para solucionar un conflicto y no atizarlos. Cuando una sentencia se inserte en el dialogo de la ciudadanía entonces habrá un menor número de resoluciones incumplidas.
La confianza que debe ganarse el Poder Judicial esta aún pendiente y requiere varios comportamientos objetivos y subjetivos del personal (jueces, fiscales y personal auxiliar). Los principios de independencia e imparcialidad judicial constituyen componentes esenciales de la función jurisdiccional, pero a su vez también constituyen garantías para las partes procesales.
Las siguientes sentencias del Tribunal Constitucional recogen los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Europea de Derechos Humanos referidos básicamente al Poder Judicial, exigiendo ganen confianza de la población como necesidad de supervivencia institucional y esencia de su existencia.
En doctrina que este Colegiado hace suya, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que una de las características básicas de la sociedad democrática es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos (mutatis mutandis, Caso Piersack contra Bélgica, Sentencia de 1 de octubre de 1982, Fundamento N.° 30). En tal sentido, el Tribunal Constitucional remarca que otro de los elementos que, conforme al artículo 43° de la Constitución, nos configuran como una República Democrática, es la independencia judicial, necesaria para inspirar la confianza de los ciudadanos en los tribunales8 .
"[Un] Tribunal9: no podría, sin embargo, contentarse con las conclusiones obtenidas desde una óptica puramente subjetiva; hay que tener igualmente en cuenta consideraciones de carácter funcional y orgánico (perspectiva objetiva). En esta materia, incluso las apariencias pueden revestir importancia (...); debe recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los justiciables (...)".10
El Tribunal Constitucional considera al Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales al momento de ejercer sus funciones; tremenda misión que esperamos este a la altura de ser asumido:
(…) Está fuera de duda que el Poder Judicial es el órgano estatal que tiene como principales funciones resolver los conflictos, ser el primer garante de los derechos fundamentales y ejercer el poder punitivo del Estado, canalizando las demandas sociales de justicia y evitando que éstas se ejerzan fuera del marco legal vigente.11
En otro fallo del Tribunal Constitucional, retorna a exigir la confianza como elemento legitimador, pero ahora en toda la administración pública. Este es un llamamiento de atención a los municipios, gobiernos regionales, ministerios, sectores uniformados, etc. No cabe duda que los cargos por elección popular están bastante desprestigiada y es común que durante la campaña electoral se ofrezca muchas cosas positivas y cuando se asume el cargo se gobierna de espaladas a la población e incluso se legisla o ejecuta disposiciones contrarias a los intereses de los que lo eligieron:

En esta oportunidad, siguiendo al mismo alto Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (Caso Ahmed y otros vs. El Reino Unido, Sentencia del 2 de septiembre de 1998, mutatis mutandis, fundamento 53), el Tribunal Constitucional del Perú considera como uno de los elementos esenciales de nuestro modelo de Estado Social y Democrático de Derecho la obligación de todos los servidores de la Nación, independientemente de su jerarquía y la función pública que cumplan en los ámbitos civil, militar y policial, de que ejerzan dicha función con probidad, honestidad y austeridad en el manejo de los recursos públicos, necesarias para generar la confianza ciudadana en los servidores de la Nación a través de la cual el modelo democrático establecido por la Constitución se legitima.1213
5.2. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN COMO RASGO DISTINTIVO DE UN ESTADO DE DERECHO

“La libertad de expresión e información constituye uno de los derechos más importantes y trascendentales de la persona, así como también el rasgo distintivo (e imprescindible) de una sociedad que pretenda ser calificada como democrática. El grado de plenitud en su ejercicio puede servir como termómetro para medir el nivel de libertad y tolerancia existentes en un determinado régimen político, así como para evaluar la madurez alcanzada por las instituciones políticas y jurídicas de una sociedad”14.
Igualmente para la Corte Europea de Derechos Humanos
(…) la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. 15
Sobre la importancia del derecho a la libertad de expresión en la medida que constituye el marco de protección para los demás derechos fundamentales, Amnistía Internacional ha señalado que:
Cuando los periodistas y los profesionales de la comunicación son silenciados, ellos no son las únicas víctimas de las leyes y las prácticas represivas; también lo son todas las personas que se ven privadas de su derecho a la información. El periodismo es una profesión, no un delito y la libertad de expresión es una de las herramientas de defensa del resto de derechos humanos.16
La libertad de expresión tiene importancia cuando se aplica a la prensa, porque siempre son los periodistas o los dueños de los medios de comunicación los que están amenazados, sobre todo cuando no complacen a los gobernantes de turno, sin embargo no debemos olvidar que también es importante la libertad de expresión desde la óptica del derecho que tienen los receptores de la información. En este último sentido se pronuncia la Corte Europea:
(…) No sólo implica que compete a los medios de comunicación la tarea de transmitir información e ideas relativas a asuntos de interés público, sino también que el público tiene el derecho a recibirlas17.

La importancia de la libertad de expresión en el marco de un sistema democrático ha quedado remarcada en la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 11 de setiembre del 2001. Se trata de un documento en el cual se establecen las posibilidades de actuación de la OEA cuando en un Estado miembro de la organización se presentan signos de alteración del sistema democrático. Entre los elementos a evaluar para determinar si esto ocurre se encuentra el análisis sobre el respeto de la libertad de expresión. En este sentido, el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana señala que "son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa." 18

El Relator de la CIDH para la Libertad de Expresión ha manifestado al respecto 19:

"El sistema democrático ha brindado una mayor libertad de expresión en comparación con las décadas pasadas, cuando muchos países en las Américas estaban sometidos a dictaduras o gobiernos autoritarios. Sin embargo, en muchas democracias de América Latina, actualmente las instituciones designadas para ejercer controles sobre las autoridades e individuos aún son débiles. Por ejemplo, en muchas oportunidades, el Poder Judicial no investiga los casos que se le presentan y no sanciona a los culpables. Asimismo, las instituciones públicas se han visto debilitadas debido en parte a los altos niveles de corrupción. En los países afectados por este tipo de problemas, los medios de comunicación se han convertido en el control principal tanto de las autoridades como de los individuos sacando a la luz actos ilícitos o abusivos que anteriormente pasaban desapercibidos, eran ignorados o perpetuados por los órganos de control oficiales. Al cumplir con esa función, los medios de comunicación fortalecen la democracia a través del ejercicio de la libertad de expresión."

El control del poder estatal a través de la libertad de expresión constituye, en consecuencia, un aspecto clave en el desarrollo de un sistema democrático. Así lo ha remarcado también el Tribunal Constitucional del Perú, el que ha señalado que la libertad de expresión "representa un valor básico político, pues es herramienta de control de los gobernantes y previene y detiene las arbitrariedades del poder"20.

El ejercicio de este derecho fundamental siempre es objeto de críticas sobre todo por los funcionarios del Estado, a quienes no les gusta ser criticados, observados, evaluados y en respuesta abusan de su poder, antes de enmendar su comportamiento. El Tribunal Constitucional considera que

[...] los límites de críticas aceptables son más amplios con respecto al gobierno que en relación a un ciudadano privado o inclusive a un político. En un sistema democrático las acciones u omisiones del gobierno deben estar sujetas a exámenes rigurosos, no sólo por las autoridades legislativas y judiciales, sino también por la opinión pública2122
 VI. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE INFORMACIÓN, RELACION INDISOLUBRE

Tanto la libertad de expresión como la libertad de información, están íntimamente ligados, que resulta difícil pensar el ejercicio de uno de los derechos sin estar garantizado el otro y esta cohesión resulta más férrea en la actividad periodística, sobre todo del periodismo de investigación.

VII. CONFLICTO ENTRE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EL DERECHO AL HONOR DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS
El derecho a la libertad de expresión y de información siempre se encuentra en conflicto con el derecho al honor y a la buena reputación, sobre todo cuando se ejerce control de la labor de los funcionarios públicos.
En esta contienda es necesario brindar una mayor cobertura a la labor de información y libertad de expresión, sin que esto genere la desaparición del derecho a la buena reputación y al honor de las personas que vienen ejerciendo funciones públicas, lo que se denomina el Balancing Test. Se precisa esa garantía, por cuanto el poder ejercido a través del Estado es inmensamente grande que puede existir sutiles formas de parametrar o reprimir información, que es importante para una sociedad democrática.
En este orden de ideas, a partir del famoso caso Sullivan vs. New York Times, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha establecido que cuando un funcionario entabla una acción reclamando indemnización por informaciones que considera falsas o difamatorias relativas a su conducta oficial, solo tendría éxito si el mismo demandante prueba que las afirmaciones que lo afectan han sido realizadas por el medio de comunicación con claro conocimiento de que eran falsas (es decir, con dolo o malicia) o con temerario desinterés por verificar acerca de si eran verdaderas o falsas. A ello se conoce como la doctrina de la “real malicia.”23
Así, la doctrina de la “real malicia” apunta a fortalecer la capacidad de fiscalización y denuncia y la labor informativa de los medios de comunicación respecto a la gestión y conducta de los funcionarios públicos, entendiendo que ello es fundamental no sólo para las libertades de expresión e información sino también para el control social del poder estatal y de la labor de las autoridades en una sociedad democrática.24
En nuestro ordenamiento existe despenalización en los casos de difamación contra funcionarios públicos regulada en el artículo 134 del Código Penal conocida como “Exceptio Veritatis” o “Excepción de Verdad” en los siguientes términos:
El autor del delito previsto en el artículo 132 puede probar la veracidad de sus imputaciones, sólo en los casos siguientes:

  1. Cuando la persona ofendida es un funcionario público y los hechos, cualidades o conductas que se le hubieran atribuido se refieren al ejercicio de sus funciones.”

Si la verdad de los hechos, cualidad o conducta resulta probada, el autor de la imputación quedará exento de pena”
La cuestión de la verdad de la imputación, en lo casos en que sea preponderante el derecho a la libertad de expresión e información, no sólo será relevante cuando las imputaciones “fueren dirigidas contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos”, sino también cuando se refieren a personas que no ostentan la calidad de funcionarios, como por ejemplo políticos.25
Vale mencionar en esta parte final, lo expresado por la Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada en Caracas el 29 de marzo de 1996 y ratificada por el Perú en 1997.
Los propósitos de la presente Convención son:

  1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y

  2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.


El artículo III, inciso 8 y 9:
(...) Los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:
 8. Sistemas para proteger a los (...)ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.

  11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

RECOMENDACIONES:
La Comisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima, recomienda que la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima llame la atención del Poder Judicial respecto de su rol fundamental en el respeto y garantía de los derechos y libertades fundamentales y la necesidad de que de conformidad con el Principio Pro Homine integre y/o aplique las normas internacionales de derechos humanos en cuanto al derecho a la libertad de expresión y de información de conformidad con la Cuarta Disposición Final de la Constitución del Estado, ajustando sus fallos a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, tal como lo viene haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional.
Lima, 14 de noviembre del 2007



1 Corte IDH. Sentencia Caso Ivcher Bronstein de 6 de febrero del 2001.

2 Sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en la Sentencia de 02 de Julio del 2004, Caso Mauricio Herrera Ulloa versus Costa Rica,

3 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia expediente Nº 0027-2005-PI/TC de 8 de noviembre de 2006.

4 Sentencia EXP. N.º 02-2001-AI/TC del 04 de abril del 2001.

5 El Tribunal Constitucional en la Sentencia expedida el 14/Ago/2001, Exp. 0905-2001-AA/TC, San Martín, Caso: Caja Rural de Ahorro y Crédito de San Martín.

6 Ver: Javier de Belaunde López de Romaña. Justicia, legalidad y reforma judicial en el Perú (1990 – 1997). Ius Et Veritas. N°. 15 año VIII. Pag. 105 y 106

7 En la Sentencia del Tribunal Constitucional N°. 004-2006-PI/TC del 29 de marzo del 2006, interpuesto por Fiscal de la Nación contra la Ley 28665, de Organización, Funciones y Competencia de la Jurisdicción Especializada en Materia Penal Militar Policial,

El Tribunal Constitucional estableció que mientras el principio de independencia judicial, en términos generales, protege al juez frente a influencias externas al proceso, ya sea que provengan de fuera de la organización o de dentro de ella, el principio de imparcialidad, estrechamente ligado al principio de independencia funcional, se vincula a determinadas exigencias dentro del proceso. El principio de imparcialidad posee dos acepciones:

a) Imparcialidad subjetiva. Se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso (...).

b) Imparcialidad objetiva. Está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable.


8 Sentencia del Tribunal Constitucional. caso Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo, Exp. N.° 0004-2004-CCTC, fundamento 33.

9 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso De Cubber contra Bélgica, del 26 de octubre de 1984.

10 En la Sentencia del Tribunal Constitucional N°. 004-2006-PI/TC del 29 de marzo del 2006, interpuesto por Fiscal de la Nación contra la Ley 28665, de Organización, Funciones y Competencia de la Jurisdicción Especializada en Materia Penal Militar Policial,


11 Sentencia del Tribunal Constitucional expediente N.° 004-2004-CC/TC, seguido por el PODER JUDICIAL del 31 de diciembre de 2004,


12 Sentencia del Tribunal Constitucional N°. 008-2005-PI/TC del 12 de agosto del 2005, Gorriti y 5,000 ciudadanos contra la Ley 288175, referente al derecho administrativo, del trabajo, empleo publico, huelga, sindicalización

13 Augusto Medina Otazu. Los derechos humanos y la interconexión de los sistemas regionales europeo, americano y el Tribunal Constitucional Peruano a la luz de la Jurisprudencia. Publicado en Normas legales. Fascículo 6, del mes de Junio del 2007, paginas 180 a 182.

14 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. “La libertad de información y su relación con los derechos a la intimidad y al honor en el caso peruano”. Ius et veritas. N°. 20. Lima ,2000. Pág. 193.

15 Ver: Eur. Court H.R., Handyside case, judgment of 7 December 1976, Series A No. 24, párr. 49; Eur. Court H.R.,

The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, párrs. 59 y 65; Eur. Court H.R.,

Barthold judgment of 25 March 1985, Series A no. 90, párr. 55; Eur. Court H.R., Lingens judgment of 8

16 AMNISTIA INTERNACIONAL. En: http://www.es.amnesty.org/temas/libertad-de-expresion/pagina/el-derecho-a-opinar-y-a-informar/

17 Eur. Court H.R., The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, para 65.

18Información extraída de la Red de Información Jurídica (RIJ) publicada en: http://www.cajpe.org.pe/RIJ/BASES/lib-exp/.

19 CIDH. Relatoría para la Libertad de Expresión. Informe del año 2001. Introducción, párrafo 4.

20 Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú (Expediente 02-2001-AI/TC), publicada el 5 de abril del 2001. Citado en http://www.cajpe.org.pe/RIJ/BASES/lib-exp/.

21 Eur. Court H.R., case of Sürek and Özdemir v. Turkey, judgment of 8 July 1999, párr. 60.


22 Tomado de Augusto Medina Otazu. Los derechos humanos y la interconexión de los sistemas regionales europeo, americano y el Tribunal Constitucional Peruano a la luz de la Jurisprudencia. Publicado en Normas legales Fascículo 6, del mes de Junio del 2007, paginas 182 y 183.

23 EGUIGUREN PRAELI, Francisco José. “La Libertad de Expresión e Información y el Derecho a la Intimidad Personas”. En Revista Diálogo con la Jurisprudencia, Nº 81, Junio 2005, Año 10, pp.29-32.

24 Ibid.

25 BACIGALUPO, Enrique. Delitos contra el Honor. Buenos Aires, Hammurabi, 2002, pp.63-64.

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Informe de: Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima iconDerecho de las victimas por falta disciplinaria que desconoce el...

Informe de: Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima iconPrograma Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Informe de: Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima iconInforme de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Estándares...

Informe de: Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima iconLa Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche omite las...

Informe de: Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima iconA la comisión de turno de oficio del iltre. Colegio de abogados de burgos

Informe de: Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima iconControl de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio. Aportes...

Informe de: Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima iconExperto en Derecho Internacional Humanitario

Informe de: Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima iconLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha prestado especial...

Informe de: Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima iconDerecho internacional de los derechos humanos

Informe de: Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima iconLas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en la democracia....






© 2015
contactos
ley.exam-10.com