Iii informe Periódico del Estado de Guatemala al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales






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REPÚBLICA DE GUATEMALA




III Informe Periódico del Estado de Guatemala al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Guatemala, julio 2011


Coordinado, sistematizado y redactado por:

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia

de Derechos Humanos -COPREDEH-


Presentación
1. Guatemala ratificó con el Decreto 69-87 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cuyo artículo 17, establece que los Estados Partes del mismo deben presentar informes con las medidas adoptadas y los progresos realizados con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos dentro del Pacto.
2. La Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH-, en representación del Estado de Guatemala presenta el III Informe Periódico al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La información consignada en el presente informe abarca de 2002 a 2010. El mismo debió ser entregado durante 2008.
3. La metodología para la elaboración del presente informe fue participativa e interinstitucional a través de consultas directas a las instituciones con competencia sobre materias puntuales señaladas dentro del Pacto. Asimismo, con talleres temáticos, cuyo objetivo primario fue compilar información directa de los funcionarios que, al interactuar con representantes de otras instituciones, enriquecieron la información a través del intercambio de perspectivas al compartir programas, proyectos, inquietudes y dificultades en el desempeño de las acciones desarrolladas en torno a la aplicación del Pacto.
4. Adicionalmente se aplicaron las directrices sobre los documentos específicos que deben presentar los Estados parte con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –E/C. 12/2008/2-. Éste es el primer informe de Estado que Guatemala presenta apegado a las nuevas directrices, así como a los indicadores de promoción y vigilancia de los derechos humanos. El uso de indicadores para medir el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales es un mecanismos para hacer visibles y sensibilizar a los sistemas nacionales de estadística ante la posibilidad de dejar datos disponibles sobre derechos humanos para usuarios potenciales en los campos académico, político, de monitoreo, etc.
Parte I
Artículo 1. Derecho a la Libre Autodeterminación
5. El derecho a la libre autodeterminación es el que tiene cada uno de los pueblos para decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural. Es decir, el derecho a la libre autodeterminación respalda la formación de estados nacionales independientes que garanticen los derechos de las personas individuales y colectivas.
6. El artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce que en el país todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad.
7. En cuanto a la protección y reconocimiento de la forma de vida de los diferentes grupos étnicos que conforman la República de Guatemala, el artículo 66 de la Constitución Política reconoce que el país está formado por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya, xinca y garífuna. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, así como el uso de sus respectivos idiomas.
8. Actualmente se encuentra en el Congreso de la República la iniciativa de ley 3835 sobre la Ley de Lugares Sagrados, con la que se busca garantizar el derecho histórico, cultural y espiritual de los pueblos indígenas, por medio del reconocimiento, respeto, dignificación, uso, conservación, administración y acceso a lugares sagrados, construidos o naturales; de los pueblos indígenas, ubicados en el territorio nacional.
9. Asimismo, el artículo 67 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se refiere a la protección a las tierras y cooperativas agrícolas indígenas o cualquier otra forma de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, “así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida”.
10. El abordaje del tema de tierras en Guatemala ha sido complejo por la falta de certeza sobre la propiedad de la misma. Debido a esto, a través del Decreto 41-2005 se emitió la Ley del Registro de Información Catastral y se creó dicho Registro, el cual –artículo 2- se crea para ser la institución encargada de establecer, mantener y actualizar el catastro nacional; definir políticas, estrategias y planes de trabajo en materia catastral; registrar y actualizar la información catastral y definir políticas para percibir y administrar los ingresos provenientes de la prestación de servicios y venta de productos catastrales.
a. Explotación minera en Guatemala
11. El Congreso de la República emitió el Decreto 48-97 con el que se crea la Ley de Minería, con el objeto –artículo 1- de normar toda actividad de reconocimiento, exploración, explotación y, en general, las operaciones mineras. Así como también otorga la competencia –artículo 2- al Ministerio de Energía y Minas de coordinar y formular las políticas respectivas, así como tramitar, resolver y dar cumplimiento en lo que concierne a dicha normativa.
12. Dentro de la misma –artículo 20- se especifica que los interesados en obtener una licencia de explotación minera, deben presentar ante dicho Ministerio un estudio de impacto ambiental para su evaluación y aprobación. Para el control de los mismos, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales coordina el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental –Acuerdo Gubernativo 23-2003- en el cual se vela por reflejar los compromisos ambientales establecidos al probar los estudios de evaluación ambiental presentados, debiendo los proponentes establecer canales de comunicación y resolución de potenciales conflictos con las comunidades y presentando informes periódicos al MARN sobre el tema.
13. Guatemala ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribuales a través del Decreto 9-96. Por ello, el Gobierno de Guatemala asume la obligación de establecer o mantener procedimientos para consultar a los pueblos interesados.
14. El Estado de Guatemala a través del Expediente 1179-2005 de la Corte de Constitucionalidad, señala que las consultas realizadas por las poblaciones son legítimas pero no están apegadas a los procedimientos legales señalados para consulta, así como tampoco hay una reglamentación específica para consultar a los mismos.
15. En este sentido, desde el Organismo Ejecutivo por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social se elaboró y presentó ante los representantes de gobierno, de la sociedad civil y la comunidad internacional durante el primer trimestre de 2011 una propuesta de reglamentación para las consultas comunitarias, el cual deben examinar y comentar las partes interesadas1.
b. La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala –CODISRA- y la Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial
16. La CODISRA fue creada a través del Acuerdo Gubernativo 390-2002 como un órgano de formulación y seguimiento de políticas y acciones orientadas al cumplimiento de las funciones que la Constitución Política y las leyes le fijan al Gobierno de Guatemala en lo relativo al desarrollo de mecanismos efectivos que ayuden a combatir la discriminación y el racismo en Guatemala.
17. Durante 2005 se elaboró y aprobó la Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial, cuyo objetivo general es “implementar acciones orientadas a la construcción del Estado plural a través de la identificación y eliminación de los mecanismos del racismo y la discriminación racial”.
18. Con ella se busca contribuir al tránsito de un Estado plural, con el fin de que los pueblos indígenas, grupos socio culturales y ciudadanos en general no padezcan de ningún tipo de discriminación racial ni exclusión económico social y se sientan reconocidos en igualdad de derechos ciudadanos a partir de su cultura, etnia y género.
19. Los ejes de dicha Política son: Económico social, Político jurídico, Cultural, Formación ciudadana, Igualdad de acceso a los servicios estatales –educación, salud, vivienda y empleo- y Ambiental.

Parte II
Artículo 2. Medidas legislativas adoptadas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto
20. En cuanto a marcos legales creados para la protección del ejercicio de los derechos enunciados en el texto del Pacto, un avance importante fue el impulso de la Ley de Desarrollo Social a través del Decreto 42-2001. La misma fue emitida con el objeto –artículo 1- de crear “un marco jurídico que permita implementar los procedimientos legales y de políticas públicas para llevar a cabo la promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones gubernativas y del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona humana en los aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos de especial atención”.
21. Para dar cumplimiento a dicha Ley, su artículo 19 menciona la necesidad de una Política de Desarrollo Social y Población. Este conjunto de medidas, coordinadas por el Organismo Ejecutivo, son creadas con el fin de promover las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que faciliten el acceso de toda la población a los beneficios del desarrollo en condiciones de igualdad y equidad de acuerdo a la dinámica y características propias de la población guatemalteca.
22. A través del Decreto 57-2002 se añadió el artículo 202 bis. al Código Penal guatemalteco –Decreto 17-73- en el cual se entiende la discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, o cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
23. A continuación se hace un listado de las diferentes acciones llevadas a cabo por el Estado para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 del Pacto.
a. Consejo de Cohesión Social –CSS-
24. A través del Acuerdo Gubernativo 79-2008, modificado según Acuerdo 118-2010; se creó el Consejo de Cohesión Social –CCS-. El mismo fue establecido con el objetivo de ser ““un ente rector por medio del cual se adopten las medidas necesarias para administrar y ejecutar los programas que respondan a las necesidades de inversión social”. El mismo está integrado por el Ministro de Educación, el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente y presidido por el Presidente de la República.
25. Las atribuciones del Consejo de Cohesión Social son:

  • Fortalecer las acciones de los entes e instituciones que conforman dicho Consejo, específicamente las relacionadas con los programas de inversión social.

  • Velar porque las políticas y estrategias del Estado, sean compatibles con los programas de inversión social, para garantizar el desarrollo del mismo.

  • Coordinar con los entes e instituciones competentes, las acciones coherentes para la correcta inversión de los fondos públicos en materia social.

  • Facilitar, incentivar y consolidar el trabajo de las instituciones del Estado que forman parte de dicha Comisión, por medio de la armonización y complementariedad de sus Programas de Inversión Social.

  • Apoyar y fortalecer a los entes rectores que lleven a cabo actividades de inversión social, en lo relacionado con el financiamiento.

26. A lo largo del desarrollo del articulado del presente informe se irá haciendo mención de los distintos cuerpos legales creados, y se profundizará en algunos de los anteriormente mencionados, sobre todo en cuanto a los temas de educación y niñez, principalmente.
b. Ley General de Descentralización y su Reglamento
27. A través del Decreto 14-2002 se creó la Ley General de Descentralización, así como también el Reglamento de ejecución de la Ley a través del Acuerdo Gubernativo 312-2002. Este cuerpo legal responde, entre otras cosas, a la necesidad de descentralizar la administración estatal en regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales “para dar un impulso racionalizado al país”. Para esto, el objeto de la Ley –artículo 1- es “desarrollar el deber Constitucional del Estado de promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo del país, en forma progresiva y regulada, para trasladar las competencias administrativas, económicas, políticas y sociales del Organismo Ejecutivo al municipio y demás instituciones del Estado.
28. El concepto de descentralización –artículo 2- es entendido como un “proceso mediante el cual se transfiere desde el Organismo Ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado, y a las comunidades organizadas legalmente, con participación de las municipalidades, el poder de decisión, la titularidad de la competencia, las funciones, los recursos de financiamiento para la aplicación de las políticas públicas nacionales, a través de la implementación de políticas municipales y locales en le marco de la más amplia participación de los ciudadanos, en la administración pública, priorización y ejecución de obras, organización y prestación de servicios públicos así como el ejercicio del control social sobre la gestión gubernamental y el uso de los recursos del Estado”.
c. Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento
29. La necesidad de hacer una promoción sistemática de la descentralización económica y administrativa como medio para promover el desarrollo integral del país, hace urgente propiciar una amplia participación de “todos los pueblos y sectores de la población guatemalteca en la determinación y priorización de sus necesidades y soluciones correspondientes”. En este sentido, se dio vida a la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural –Decreto 11-2002- y el Reglamento respectivo –Acuerdo Gubernativo 461-2002, modificado según Acuerdos 229 y 241, ambos de 2003- para su correcta ejecución.
30. La naturaleza de dicha Ley –artículo 1- es debido a que “el Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la población maya, xinca, garífuna y no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca”.
31. El objetivo –artículo 3- del Sistema de Consejos de Desarrollo es el de “organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada”.
d. Código Municipal
32. A través del Decreto 12-2002 se emitió el Código Municipal, en consideración a que “el proceso de modernización y descentralización del Estado guatemalteco desarrolla una nueva visión de administración que interpreta el contenido del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en cuanto a su compromiso de emitir una legislación municipal adecuada a la realidad de la nación guatemalteca, la cual se caracteriza como una unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe”.
33. La importancia del Municipio –artículo 2- radica en que es la “unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. Se caracteriza primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad y multilingüismo, organizado para realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito”.
e. Ley Marco de los Acuerdos de Paz
34. El Acuerdo de Paz Firme y Duradera firmado en 1996 se convierte en base para el desarrollo de una serie de compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz. Un mecanismo propuesto es la renovación y el fortalecimiento institucional para la paz.
35. Para lograrlo se creó la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz –CNAP, Acuerdo Gubernativo 86-2004-. La misma llevó a cabo un proceso de consulta con el cual llegó al consenso sobre la necesidad e importancia de crear una ley específica que plasmara en su normativa y mecanismos la garantía de continuidad del proceso de instauración de los Acuerdos de Paz y el seguimiento de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de los mismos. De ahí nació la iniciativa para la creación de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz.
36. La misma fue creada según Decreto 52-2005 con el objeto –artículo 1- de establecer normas y mecanismos que regulen y orienten el proceso del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, como parte de los deberes constitucionales del Estado de proteger a la persona y a la familia, de realizar el bien común y de garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
37. Asimismo, para el cumplimiento de la Ley se crea –artículo 6- el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz –CNAP-, con autonomía e independencia funcional para dialogar, coordinar, consensuar, impulsar, promover, orientar e incidir en las reformas legales, políticas, programas y proyectos derivados que contribuyan al cumplimiento de los Acuerdos de Paz. El mismo se conforma por miembros designados de los tres Organismos del Estado, los partidos políticos y las organizaciones sociales.
Artículo 3. Situación de las mujeres en cuanto al igual título a gozar de todos los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Reformas legislativas
38. Como resultado de la constante búsqueda para eliminar la discriminación contra las mujeres, específicamente dentro del cuerpo legal y normativo del Estado de Guatemala, un paso importante han sido las reformas realizadas al Código Civil –Decreto 106- y Penal –Decreto 17-73-. En los cuadros 1 y 2 de los anexos estadísticos se presenta, en forma de tabla, el Decreto de modificación, el texto original y el texto modificado.
Legislación específica para las mujeres
a. Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer
39. A través del Decreto 7-99 –de fecha 9 de marzo de 1999- se emitió la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer. La misma se emitió en consideración a que: “la discriminación y la violencia de todo tipo, contra las mujeres, así como la marginación social, son fenómenos culturales susceptibles de erradicarse mediante la implementación de una adecuada legislación, que contemple mecanismos eficaces”.
40. Los objetivos de dicha ley –artículo 2- son:


  • Promover el desarrollo integral de la mujer y su participación en todos los niveles de la vida económica, política y social de Guatemala.

  • Promover el desarrollo de los derechos fundamentales que se encuentran establecidos en la Constitución Política de la República, las convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, y los planes de acción emanados de las conferencias internacionales sobre la temática de la mujer para promover la dignificación de la misma.

b. Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer

41. Debido a que la violencia contra las mujeres, que muchas veces va a la par de la discriminación, constituye una práctica cultural arraigada en la sociedad, es importante analizar cuáles han sido las diversas acciones que en este caso específicos ha ido tomando el Estado para frenar el avance y existencia de este flagelo en el país.

42. En abril de 2008 se aprobó la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer a través del Decreto 22-2008. La misma tiene como objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección de toda las mujeres ante la ley y particularmente cuando por su condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito público y privado, sea agredida o discriminada de forma física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos.

43. El fin de esta Ley es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, según lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala e instrumentos internacionales aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala.

c. Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

44. A través del Decreto 9-2009 -23 de enero de 2009- se aprobó la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y trata de Personas. La misma fue creada con el objetivo de prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la atención y protección de sus víctimas, así como resarcir los daños y los perjuicios ocasionados.
45. Dentro de este mismo cuerpo legal –artículo 4- se creó la Secretaría contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas –SVET-, siendo la entidad responsable de velar y dar cumplimiento a esta Ley y a las políticas y planes relacionados con la misma. Con el propósito de garantizar la aplicación de esta Ley, la SVET reconoce las comisiones integradas por instituciones del Estado y la sociedad civil relacionada con la materia de violencia sexual, explotación y trata de personas.
46. Adscrita administrativamente a la Vicepresidencia de la República, las atribuciones –artículo 5- de la SVET son:


  • Servir de órgano asesor y recomendar la realización de acciones a las distintas dependencias o entidades del Estado en la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas.

  • Diseñar e implementar medidas, planes, programas e iniciativas de información y sensibilización eficaces, estratégicas, constantes y sistemáticas a nivel nacional y local, tomando en cuenta el género, la diversidad cultural y étnica y los factores de vulnerabilidad de cada región del país, la edad, la cultura, el idioma de los destinatarios de la información y la comunidad en que ella se brinde.

  • Impulsar, en donde corresponda, procesos de capacitación, actualización y especialización, relacionados con la prevención, protección, atención y sanción de las disposiciones contenidas en la presente Ley.


Buenas prácticas del Estado de Guatemala
a. Creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer
47. A través del Acuerdo Gubernativo 200-2000, se creó la Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM-. Su creación se da en el marco de la necesidad de la “existencia de un órgano que en coordinación con instancias gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, promueva la adopción de políticas, planes y programas que propicien condiciones de igualdad entre hombres y mujeres”, atendiendo siempre la diversidad sociocultural de Guatemala.
48. El artículo 1 del Acuerdo menciona que la SEPREM, funcionando bajo la coordinación inmediata del Presidente de la República, es una entidad asesora y coordinadora de políticas públicas que ayuden a la promoción del desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas, así como el fomento de la cultura democrática en el país2.
49. La SEPREM, al ser el ente que debe velar por la promoción y el seguimiento de las políticas, planes y proyectos dirigidos a la mujer, es la institución encargada de dar seguimiento a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023, descritos en el presente informe.
b. Creación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023
50. Como se mencionaba anteriormente, con el Decreto 7-99 se aprobó Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, con el objetivo de promover el desarrollo integral de la mujer y su participación en todos los niveles de la vida económica, política y social de Guatemala.
51. Con esta base legal, a través del Acuerdo Gubernativo 302-2009 se aprobó la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres –PNPDIM- y el Plan de Equidad de Oportunidades –PEO- 2008-2023. La PNPDIM tiene como objetivo general la promoción del desarrollo integral de las mujeres mayas, garífunas, xincas y mestizas en todas las esferas de la vida económica, social, política y cultural.
52. Por su parte, el PEO 2008-2023 tiene como objetivo integrar los distintos ejes, programas y metas contenidas dentro de la PNPDIM en las distintas políticas generales y específicas de los ministerios, secretarías e instituciones del organismo ejecutivo.
53. Los ejes sobre los cuales se crea la PNPDIM y que son la base para monitorear la promoción del desarrollo integral de las mujeres en todas las esferas de la vida económica, social, política y cultural son: Desarrollo Económico y Productivo con Equidad; Recursos Naturales, Tierra y Vivienda; Equidad Educativa con Pertinencia Cultural; Equidad en el Desarrollo de la Salud Integral con Pertinencia Cultural; Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; Equidad Jurídica y Racismo y Discriminación contra las Mujeres.
c. Defensoría de la Mujer Indígena
54. El artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 486-913 señala que la DEMI es una “dependencia de la Presidencia de la República, con capacidad de gestión, ejecución administrativa, técnica y financiera, con el fin de atender las particulares situaciones de vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la mujer indígena, para lo cual deberá promover las acciones en la defensa y pleno ejercicio de sus derechos”.
55. La DEMI, en coordinación con organizaciones de mujeres indígenas, elaboró la Agenda Articulada de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas, con el objeto de promover y desarrollar políticas, planes, programas y proyectos, para la defensa y promoción del desarrollo integral de las mujeres indígenas, a través de una serie de reuniones iniciadas en marzo de 2006. Actualmente la DEMI cuenta con 13 sedes regionales, ampliando su cobertura de atención a la denuncia de violaciones a derechos humanos de las mujeres indígenas.
d. Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer –CONAPREVI- y el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres –PLANOVI- 2004-2014
56. La CONAPREVI fue creada en noviembre de 2000 y se instaló el 5 de enero de 2001. Su funcionamiento y mandato se basa en el Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar –Acuerdo Gubernativo 831-2000- y la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer –Decreto 22-2008-.
57. Tiene “carácter coordinador, asesor e impulsor de políticas públicas relativas a reducir la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres, teniendo su mandato en lo preceptuado por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”4.
58. Para cumplir con el mandato, se integra de la siguiente manera: por el Presidente de la República, representado por la Secretaría Presidencial de la Mujer; el Fiscal General de la República o su representante; el Presidente del Organismo Judicial o su representante; el Presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística o su representante; y un representante del PROPREVI5 y tres representantes de la Red de la No Violencia contra la Mujer.
59. En cuanto al Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres –PLANOVI- 2004-2014, es una estrategia impulsada por la participación de instancias públicas y privadas. Contiene objetivos interinstitucionales claros para el actuar del Estado y para poder orientar los esfuerzos nacionales en los distintos niveles de intervención en el combate de violencia contra las mujeres.
60. El PLANOVI 2004-2014 cuenta con las siguientes áreas estrategias de intervención:


  • Investigación, análisis y estadística.

  • Área de prevención, sensibilización y educación.

  • Atención integral a sobrevivientes de violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

  • Fortalecimiento institucional del Estado.

e. Los Programas de Cohesión Social y su impacto en las mujeres
61. La Secretaría Presidencial de la Mujer, de acuerdo con el Objetivo de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023, debe promover el desarrollo integral de las mujeres mayas, xincas, garífunas y mestizas en todas las esferas de la vida económica, social, política y cultural.
62. En virtud de esto, durante julio de 2009 la SEPREM adquirió la corresponsabilidad del Programa Bolsas Solidarias, coordinado por el Consejo de Cohesión Social Urbano. El mismo fue creado con el objetivo de reducir el alto riesgo de inseguridad alimentaria de familias en situación de pobreza y extrema pobreza que viven en los asentamientos urbanos marginales del departamento de Guatemala.
63. El Programa Bolsas Solidarias proporciona a los beneficiarios una bolsa mensual de alimentos, a cambio de cumplir con la asistencia a las capacitaciones en temas que ayudan a su desarrollo personal y el de su comunidad. Los productos que contiene la bolsa son:

  • 10 libras de arroz.

  • 10 libras de frijol.

  • 5 libras de harina de maíz.

  • 5 libras de atol nutricional.

  • Medio galón de aceite de cocina.

64. El papel de la SEPREM en este Programa consiste en facilitar capacitaciones a las beneficiarias y beneficiarios del mismo. Para 2010 se han capacitado un total de 17,839 mujeres y 1,121 hombres beneficiarios del programa. Las mismas se han trabajado en cuatro temas principales:


  • Género y Autoestima.

  • Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

  • Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres.

  • Ciudadanía y Participación Política de las Mujeres.

65. El desarrollo de estos temas responde a la necesidad de transformar los patrones socioculturales discriminatorios, con miras a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, específicamente el derecho a vivir una vida libre de violencia y de discriminación, así como al respeto de sus derechos sexuales y reproductivos.

f. Otras acciones
Creación de la Comisión Presidencial contra el Femicidio en Guatemala
66. La misma fue creada en 2006, a través de la firma de un acta constitutiva por parte de los tres poderes del Estado que la integra de la siguiente manera:

  • Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM-.

  • Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI-.

  • Ministerio de Gobernación –MINGOB-.

  • Presidencia de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República.

  • Corte Suprema de Justicia –CSJ-.

  • Ministerio Público –MP-.

  • Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-.

67. El objetivo principal de la Comisión es el impulso de las acciones pertinentes para que el Estado de Guatemala cuente con una estrategia y propuesta de acciones que permitan abordar el femicidio de forma integral, coordinada y articulada.
68. Las acciones de dicha Comisión se fundamentan en las recomendaciones de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, siendo las principales:


  • Poner fin a la impunidad de la violencia contra la mujer mediante una reforma legislativa, judicial y de investigación.

  • Prestar servicios de protección y apoyo a las mujeres que sufren de violencia o están expuestas a ella.

  • Crear una base de información y conocimientos que tenga en cuenta las cuestiones de género.

  • Fortalecer las infraestructuras institucionales.

  • Promover programas operacionales, de capacitación y de sensibilización.

Creación de la Unidad de la Mujer y Análisis de Género

69. Dentro del Organismo Judicial, se creó en 2006 –Acuerdo 67-06-, dicha Unidad como un mecanismo institucional encargado de la promoción de los derechos humanos de las mujeres y tiene dentro de sus objetivos, contribuir a la construcción de la paz y la democracia en Guatemala, mediante la implementación y consolidación de políticas públicas tendentes a construir igualdad entre hombres y mujeres, a efecto de disminuir la violencia contra ellas, facilitándoles su acceso a una justicia pronta y cumplida.
70. Tiene como función ser el ente coordinador, asesor y orientador en los diferentes aspectos relacionados con el enfoque de género y derechos humanos de las mujeres a efecto de incorporarlos en las políticas, planes y estrategias de desarrollo institucional del Organismo Judicial6.
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