Consejero Ponente: Enrique Gil Botero Bogotá, D. C, seis (6) de marzo de dos mil trece (2013)






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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: Enrique Gil Botero




Bogotá, D. C, seis (6) de marzo de dos mil trece (2013)



Expediente: 24.649

Radicación: 08001-23-31-000-1997-08368-01

Demandante: Jairo Rafael Carrillo Arocha

Demandado: Nación –Ministerio de Defensa- y otros

Asunto: Acción de reparación directa


Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la Nación -Ministerio de Defensa-, contra la sentencia del 13 de diciembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la que se resolvió lo siguiente:
“(…) 1. Declárese la responsabilidad administrativa de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –EJÉRCITO Y POLICÍA NACIONAL, LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, por los hechos acaecidos los días 25 de enero y 29 de diciembre de 1990, a través de los cuales se produjeron los daños y perjuicios al señor JAIRO RAFAEL CARRILLO AROCHA, en su hacienda “SAN BENITO” ubicada en el CORREGIMIENTO DE HIBÁCHARO – JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PIOJÓ (DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO), en las circunstancias de tiempo modo y lugar de que da cuenta el proceso.
“2. En consecuencia condénase, a la demandada indemnizar al demandante señor JAIRO RAFAEL CARRILLO AROCHA, o a quien sus intereses represente, por concepto de perjuicios materiales las siguientes cantidades:
“a) Por daño emergente la cantidad de $1.047.157.258.oo UN MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L., suma resultante de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de este proveído.
“La suma anterior deberá actualizarse con base en el índice de precios al consumidor que al efecto expida el “DANE” durante el período enero de 1995 hasta a fecha en que quede ejecutoriada la presente providencia, conforme a la formula indicada en la parte motiva de este proveído.

“b) Por lucro cesante la cantidad que resulte de aplicar la tasa de intereses legales al valor de la indemnización por concepto de daño emergente de que trata el literal anterior desde la fecha en que acaecieron los hechos de la demanda hasta aquella en que quede ejecutoriada la presente sentencia.
“3. Condénase a la demandada pagar al demandante, señor JAIRO RAFAEL CARRILLO AROCHA, o a quien sus intereses represente, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente, en pesos colombianos, a mil (1.000) gramos de oro puro.
“4. Las sumas de dinero anteriormente reconocidas a cargo de la parte demanda (sic) y a favor del demandante devengarán intereses comerciales y moratorios de conformidad con el artículo 177 del C.C.A.
“5. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.
“6. La presente sentencia deberá ser cumplida en la forma y términos previstos en los artículos 176 y 177 del C.C.A. (…)” –fls. 53 y 54 cdno ppal. 1-

I. ANTECEDENTES

1. El 14 de diciembre de 1993, el señor Jairo Rafael Carrillo Arocha, a través de apoderado judicial, interpuso demanda de reparación directa contra la Nación– Ministerio de Defensa-, para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios irrogados, a causa de la incautación de una hacienda y una aeronave de su propiedad, y por la destrucción y consecuente inutilización de una pista de aterrizaje que poseía en el inmueble incautado.
En consecuencia, como pretensiones formuló las siguientes:
“(…) PRETENSIONES
PRIMERA.- DECLARAR que la NACIÓN COLOMBIANA (Ministerio de Defensa) es administrativa y civilmente responsable de los actos ejecutados por sus agentes, en detrimento del patrimonio económico del demandante señor JAIRO RAFAEL CARRILLO AROCHA, consistentes en la privación arbitraria e ilegal, por lo equívoca e injusta, de la posesión material y de la libre disposición de la hacienda de su propiedad denominada “SAN BENITO”, también conocida en la región con el nombre de “AGROPECUARIA EL TOTUMO” simplemente “EL TOTUMO”, ubicada en el Municipio de Piojó, corregimiento de Hibacharo, Departamento del Atlántico, con una extensión superficiaria aproximada de mil seiscientas hectáreas (1.600 Has), destinadas éstas para el cultivo y explotación de algodón, sorgo y, en general, productos agroquímicos, conformada por las características y demás usos, anexidades y linderos de que se hablará más adelante, así como de la privación, también arbitraria, equívoca e injusta de la explotación y comercialización de los productos sembrados o plantados en la referida hacienda, y los que a partir de la recolección se hubiesen vuelto a sembrar y cosechar, hasta cuando le fue judicialmente restituida aquélla, como resultado del registro y allanamiento practicados el 25 de enero de 1990, a partir de las 6:00 horas de dicho día, por parte del JUZGADO 38 DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR de Malambo (Atlántico) y de UNA PATRULLA MILITAR AL MANDO DEL TENIENTE DEL EJÉRCITO GERMÁN GÓMEZ BARBOSA, perteneciente al BATALLÓN DE INFANTERIA MECANIZADO No. 4 NARIÑO, adscrito a la SEGUNDA BRIGADA, lo cual determinó que dicho bien inmueble fuera entregado posteriormente, en depósito provisional, al FONDO NACIONAL AGRARIO (INCORA) EL DÍA 1º DE AGOSTO DE 1990, POR “…EL Señor Subteniente LUIS FELIPE MARTÍNEZ MALDONADO OFICIAL del Ejército Nacional identificado con cédula de ciudadanía No. 79.429.552 de Bogotá y Código Militar No. 8705049 quien interviene en su calidad de Representante del señor Comandante del batallón de Infantería Mecanizado No. , es decir, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional…”, según se hizo constar en el acta de entrega que en tal fecha se elaboró y suscribió, incluso con intervención del propio JUEZ 38 DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR y del señor PROCURADOR REGIONAL DE ASUNTOS AGRARIOS, todo con origen en una solicitud escrita que al penúltimo de dichos funcionarios –Juez 38 de Instrucción Penal Militar- le dirigiera el mayor del Ejército Nacional HUGO MALDONADO SALGADO, en su condición de EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTYE DEL BATALLÓN No.4 NARIÑO, ADSCRITO A LA 2ª BRIGADA, con fecha 24 de enero de 1990, cuyo contenido constató el mismo Juez 38 de Instrucción penal Militar que era completamente falaz, no obstante lo cual, en vez de finiquitar la actuación, como era lícito, dio lugar a que esta última prosiguiera, con los insospechados perjuicios que, a partir de entonces, se irrogaron y sufrió el demandante señor CARRILLO AROCHA.
“SEGUNDA.- DECLARAR que la NACIÓN COLOMBIANA (Ministerio de Defensa) es civil y administrativamente responsable de los actos ejecutados por sus agentes, en detrimento del patrimonio económico del demandante señor JAIRO RAFAEL CARRILLO AROCHA, al inmovilizar materialmente, físicamente, el 25 de enero de 1990, la AVIONETA MARCA CESSNA de su propiedad, MODELO A188B AGTRUCK y MATRÍCULA HK-1750E, a la sazón estacionada en el hangar de la HACIENDA “SAN BENITO”, también conocida con el nombre del “Totumo” e igualmente propiedad del actor, a la cual se hizo expresa alusión en la súplica precedente formulada, inmovilización que no tuvo ni tiene justificación ni razón valida o legal algunas, pero que, de todos modos, produjese en desarrollo de una diligencia de registro y allanamiento llevada a cabo por el señor JUEZ 38 DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR radicado en MALAMBO (Atlántico), a partir de las 6:00 horas del día mencionado con antelación, junto con una PATRULLA MILITAR COMANDADA POR el Teniente del Ejército Nacional GERMÁN GÓMEZ BARBOSA, operación que se surtió y cumplió previa solicitud escrita del EJECUTIVO y SEGUNDO COMANDANTE DEL BATALLÓN MOTORIZADO No. 4 NARIÑO, ADSCRITO a la Segunda Brigada, SEÑOR Mayor del Ejército HUGO MOLANO SALGADO, acantonado en MALAMBO (Atlántico), quien, para poner en actividad al funcionario castrense, con el resultado en cuestión, se abstuvo de corroborar o confirmar, estando obligado a ello, dada su alta investidura, la situación fáctica enteramente mentirosa que le transmitió, con apariencia de verdad o de presunción cierta o real, falacia que comprobó objetiva y personalmente tanto el JUEZ 38 como el resto del personal de la diligencia, en el propio escenario de los acontecimientos, a pesar de lo cual se ordenó la inmovilización de dicha avioneta, como obvio y evidente perjuicio para los interese económicos de su propietario señor CARRILLO AROCHA, quien, por su condición ciertamente conocida en la región de toda la Costa Norte de Colombia, de ser uno de los mayores agricultores del país, la había adquirido lícitamente y desde luego la tenía destinada y dedicada exclusivamente para el servicio de fumigación en su finca, concretamente de las 1.350 hectáreas de algodón que para entonces mantenía sembradas, con esmero y cuidado, en el inmueble de su propiedad atrás descrito.
“TERCERA.- DECLARAR que LA NACIÓN COLOMBIANA (Ministerio de Defensa) es administrativa y civilmente responsable del hecho arbitrario y bárbaramente ejecutado por sus agentes, el día 29 de diciembre de 1990, en horas de la mañana, en detrimento del patrimonio económico del demandante señor JAIRO RAFAEL CARRILLO AROCHA consistente en la destrucción y consiguiente inutilización de la pista de aterrizaje que aquél tenía construida en la longitud de ochocientos metros (800 mtrs) en el interior de su hacienda “SAN BENITO o “EL TOTUMO”, situada en el Municipio de Piojó (Atlántico), Corregimiento de Hibacharo, así como de las averías y demás daños ocasionados en sus alrededores, al dinamitarla y provocar, con sus sucesivos bombardeos, explosiones de grandes dimensiones que, por cierto, abrieron cuatro (4) cráteres de tamaños considerables, dejando, además, atrapada y sin posibilidad de operar la Avioneta marca CESSNA Modelo A188B AGTRUCK, Matrícula HK-1750E, con la consiguiente pérdida que ello significó para los extensos cultivos, por cuanto la falta de operabilidad del pequeño aeroplano significó impedimento insalvable para poderlos fumigar oportunamente, y recolectarlos, todo puniblemente perpetrado por un grupo de AGENTES O MIEMBROS DEL CUERPO ÉLITE DE LA POLICÍA NACIONAL, ADSCRITOS AL COMANDO NACIONAL ANTINARCÓTICOS DE SANTA FE DE BOGOTÁ, dirigidos en tal operativo o llevado a término este último por el Capitán de la Policía Nacional OMAR IBARRA, erced a que no se contó con orden previamente emitida por autoridad competente, en este caso la ya extinguida jurisdicción especializada (luego se llamó de Orden Público y actualmente se denomina Regional), que tenía a su cargo la investigación por la aprehensión, incautación o decomiso del predio rural sobre el cual consumóse (sic) el grave atentado por parte de la fuerza pública.
“CUARTA.- CONDENAR A LA NACIÓN COLOMBIANA, representada por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, como corolario de las DECLARACIONES PRIMERA Y SEGUNDA DE LAS PRETENSIONES DE ESTA DEMANDA, A LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS al señor JAIRO RAFAEL CARRILLO AROCHA, por razón y efecto de los actos administrativos que allí mismo se enuncian y describen, atinente dicha reparación al RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES sufridos por mi poderdante, así:
“a) Aquéllos, comprensivos del lucro cesante y el daño emergente, en cuantía global el primero de ellos –lucro cesante, utilidad o provecho dejado de obtener y percibir por aquél-, en la suma de CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000) moneda legal, y el segundo de estos rubros –daño emergente, valor de la cosecha ya sembrada y por recolectar- en la cantidad de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) moneda corriente, junto con la corrección monetaria aplicable a las sumas de dinero en cuestión y/o los intereses compensatorios, tanto los comerciales bancarios como los de índole monetaria, a la tasa que fija oficialmente, la Superintendencia Bancaria (Art. 177 in fine C.C.A.), desde las fechas en que los respectivos daños se produjeron hasta cuando LA NACIÓN cancele efectiva y definitivamente sus obligaciones indemnizatorias, todo de conformidad con los hechos expuestos en la presente demanda y el caudal probatorio que se colectare. En su defecto, los perjuicios que fueron debidamente justipreciados y liquidados por peritos idóneos en el trámite de la acción que se incoa. O, subsidiariamente, y sólo para el evento de que su cuantía no fuera establecida en el proceso, CONDENAR A LA NACIÓN al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, de manera in génere, fijándose las bases con arreglo a las cuales se habrá de efectuar la liquidación incidental respectiva (Artículos 172 y 178 C.C.A., y 308 del C.P.C.).
“b) obviamente, los daños y perjuicios patrimoniales de que se trata en precedencia, deberán actualizarse, teniéndose en cuenta el incremento del índice de precios al consumidor.
“c) El equivalente de mil gramos oro puro, conforme a certificación del Banco de la República, para la ejecutoria del fallo, como justa compensación por el daño moral irrogado al demandante, a virtud del pesar, la aflicción y el dolor proporcionados a él con los hechos arbitrariamente ejecutados, producto del acto administrativo creado por el SUBCOMANDANTE DE LA 2ª BRIGADA DEL BATALLÓN DEL EJÉRCITO “NARIÑO”, mayor HUGO MOLANO SALGADO.
“QUINTA.- CONDENAR A LA NACIÓN COLOMBIANA, a fin de que, por conducto del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, proceda REPARAR EL DAÑO de que trata la PRETENSIÓN TERCERA DE LA PRESENTE DEMANDA, como justa contra-prestación por el hecho administrativo allí mismo descrito, relativa tal reparación RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES, a favor del demandante señor JAIRO RAFAEL CARRILLO AROCHA, así:
“a) La suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000’000.000) moneda legal, por concepto del LUCRO CESANTE que se originó en la virtual ausencia de provecho o utilidad económica que le deparó la falta física y total de la utilización de la pista de aterrizaje que tenía construida en su hacienda denominada “SAN BENITO” o “EL TOTUMO”, situada en el Municipio de Piojó (Atlántico), Corregimiento de Hibacharo, en una extensión longitudinal de ochocientos metros (800 mts), desde la fecha en que dicho daño le fue arbitrariamente irrogado por la fuerza pública hasta cuando su reparación tenga cumplimiento real efectivo. En subsidio, IMPONER ESTA CONDENA ingénere, bajo los parámetros establecidos en los artículos 172 y 178 del C.C.A., en armonía con el 308 del C. de P. Civil, para lo cual se señalaran las bases liquidatorias a través de la respectiva cuestión incidental.

“b) La cantidad de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MONEDA CORRIENTE, a título de daño emergente, derivado del costo total y actual que implica la construcción o reconstrucción material de la pista de aterrizaje dinamitada por agentes de la Policía Nacional, de que se hizo mención atrás, en el decurso de los episodios de que da cuenta el petito precedentemente invocado. Subsidiariamente, CONDENAR A LA NACIÓN en forma genérica, determinándose las bases sobre las cuales se hará la liquidación incidental del caso, según las previsiones de los artículos 172 y 178 del Estatuto Contencioso Administrativo y 308 del c. de P.Civil.
“además, deberá tenerse en cuenta que los daños y perjuicios patrimonialmente reclamados, serán sometidos a actualización, mediante el mecanismo del incremento del índice de precios al consumidor.
“Y, en todo caso, para una y otra situaciones- lucro cesante y daño emergente- se aplicaran oportunamente los intereses compensatorios, bancarios comerciales y aún moratorios, entre las dos épocas o extremos temporales precisados en el literal a) de esta pretensión, más la corrección monetaria que quepa legalmente predicar con relación a las cantidades de dinero respectivamente reclamadas como perjuicios materiales sufridos por el actor señor CARRILLO AROCHA.
“C) El equivalente de mil gramos de oro puro, conforme a certificación del Banco de la república para la fecha de la ejecutoria del fallo, en equitativa y justa compensación por el daño moral que el demandante le produjo el temerario, arbitrario e ilícito hecho consumado por parte de los miembros de la Policía Nacional y, subsidiariamente, se le entregará al ofendido señor JAIRO RAFAEL CARRILLO AROCHA, como satisfacción del referido dolor moral, mil gramos físicos de oro (…)”. –fls. 11, 12, 13 y 14 cdno. 1-
2. Como fundamento de sus pretensiones, narró los siguientes hechos:
2.1. El señor Jairo Rafael Carrillo Arocha, adquirió el lote de terreno de 1.600 hectáreas, denominado “San Benito” o “El Totumo”, mediante escritura pública No. 1052 del 30 de abril de 1985, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla, e inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria No. 045-0000245.
Dicho inmueble fue destinado a actividades agrícolas, y por ello se adquirió una avioneta marca CESSNA, modelo A188B, con matrícula HK-1750E, serie No. C18802341T, para llevar a cabo las labores de fumigación o fitosanitarias de los cultivos.
2.2. El 25 de enero de 1990, el Juez 38 de Instrucción Penal Militar, realizó un registro al predio denominado “San Benito”, con el fin de comprobar las afirmaciones realizadas por el Subcomandante del Batallón No. 4 “Nariño” de Malambo, Atlántico, Hugo Molano Salgado, quien informó sobre la presencia en ese predio de hombres portando armas de uso privativo de las fuerzas militares; la existencia de una aeronave sin los permisos de movilización de la Aeronáutica Civil y el desarrollo de actividades conexas con el narcotráfico.
2.3. Practicada la diligencia de registro, se verificó que el predio fue destinado por el señor Carrillo Arocha para el cultivo de algodón, desvirtuando la información del Ejército Nacional, que indicaba que en el predio se desarrollaban actividades de narcotráfico y se encontraban armas de uso privativo de las fuerzas militares.
Igualmente, se constató la existencia de una pista de aterrizaje de 800 metros de longitud y una avioneta de marca CESSNA, modelo A188B, con matrícula HK-1750E, serie No. C18802341T, de propiedad de Agropecuaria El Totumo Ltda., sociedad de la que era accionista el señor Jairo Rafael Carrillo Arocha, la cual se inmovilizó a órdenes del Juez 38 de Instrucción Penal Militar, por no haberse exhibido el permiso de operaciones de la Aeronáutica Civil.
2.4. No obstante de haberse desvirtuado las afirmaciones y denuncias formuladas en contra del señor Carrillo Arocha, sobre la supuesta realización de actividades ilegales en el inmueble de su propiedad, que imponían el deber de producir un auto inhibitorio, el Juez 38 de Instrucción Penal Militar, decidió remitir la investigación a los Jueces Especializados de Barranquilla, correspondiendo el conocimiento al Juez 2° Especializado, quien mediante auto del 6 de febrero de 1990, ordenó la apertura de investigación contra Jairo Carrillo Arocha, dejando a disposición los bienes del mismo –el predio denominado “San Benito” y la avioneta HK-1750E- al Consejo Nacional de Estupefacientes.
2.5. El Consejo Nacional de Estupefacientes, en resolución del 16 de abril de 1990, destinó el inmueble “San Benito” al Instituto Nacional Agrario, quien asumió el depósito provisional el 1° de agosto siguiente; en cuanto a la avioneta, la entregó en depósito provisional, a la sociedad Agropecuaria El Totumo Ltda.
2.6. Encontrándose el señor Carrillo Arocha privado de la tenencia material de sus bienes, el 29 de diciembre de 1991, el cuerpo élite de la Policía Nacional, irrumpió en la finca “San Benito” sin orden judicial, y detonó varias cargas de dinamita sobre la pista de aterrizaje existente en aquél predio.
Por estos hechos, la Procuraduría Provincial de Barranquilla inició investigación disciplinaria en contra de los agentes que participaron en el procedimiento, dictando pliego cargos por abuso de autoridad y daños en propiedad privada.
2.8. En decisión del 16 de septiembre de 1991, el Juzgado de Orden Público de Barranquilla, resolvió la situación jurídica del señor Jairo Carrillo Arocha, decretándole la cesación de procedimiento, al considerar que la conducta investigada era atípica, ordenando la entrega definitiva de la finca “San Benito” y la avioneta decomisada; decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Orden Público, el 4 de diciembre de 1991, siéndole restituidos los bienes, en febrero de 1992.
Señaló, que no empece a estar acreditada la inocencia del señor Carrillo Arocha, las decisiones de las autoridades involucradas, afectaron la tenencia material de los bienes con sus respectivos frutos, aunado al hecho de haber puesto en duda su buen nombre como agricultor y ganadero en toda la región.
3. La demanda fue admitida, en auto del 29 de abril de 1994, y notificada en debida forma.
3.1. En la contestación, la Nación-Ministerio de Defensa, señaló que los hechos no sucedieron como se exponen en la demanda. Propuso como excepciones la caducidad de la acción y falta de legitimación en la causa por pasiva; en su criterio, ésta debió presentarse el 5 de diciembre de 1993, contando los dos años establecidos para que operara el fenómeno, desde el 5 de diciembre de 1991, día siguiente a la providencia proferida por el Tribunal Superior de Orden Público, en la que se decidió cesar el procedimiento contra Jairo Rafael Carrillo Arocha y se ordenó la devolución definitiva de los bienes decomisados.
Como fundamento de la segunda excepción propuesta, alegó que las decisiones que afectaron el patrimonio del señor Rafael Carrillo fueron producidas por el Ministerio de Justicia y no por esa entidad, pues finalmente quien privó de la tenencia de los bienes del señor Carrillo Arocha fueron los jueces de la Jurisdicción de Orden Público.
4. Concluida la etapa probatoria, iniciada por auto del 5 de septiembre de 1994 (fl. 87 cdno. 1), y fracasada la conciliación, se corrió traslado para alegar (fl. 208 cdno. 1.).
Previó a iniciar el traslado de los 10 días para alegar, el a -quo, en auto del 20 de febrero de 1997, declaró la falta de integración del contradictorio al no haberse notificado el auto admisorio de la demanda al Ministerio de Justicia y del Derecho (fl. 216 cdno. 1); entidad que se pronunció de forma extemporánea, motivo por el cual, el Tribunal no tuvo en cuenta el memorial allegado.
Subsanada la nulidad, se corrió nuevamente traslado para alegar de conclusión. El demandante y las entidades demandadas guardaron silencio.
El Ministerio Público señaló que de los medios probatorios allegados al proceso no se podía advertir una falla en el servicio de las entidades demandadas; contrario sensu, manifestó, que la investigación penal adelantada contra al señor Carrillo Arocha era una carga que debía soportar, ya que era una imposición establecida en los Decretos 1856 y 2390 de 1989.
Sobre el daño alegado por la destrucción de la pista de aterrizaje, indició que éste debe ser reparado, ya que los miembros de la Policía Nacional actuaron sin orden judicial previa. En cuanto a los daños solicitados por la destrucción y pérdida de los cultivos, señaló que si bien sobre el inmueble recaían medidas limitativas del dominio, se encuentra acreditado que el señor Carrillo Aroca arrendó el predio desde el 1° de abril de 1990, a la sociedad Venecia Ltda., quien era la propietaria de los cultivos sembrados en el momento en que se realizó el depósito al Instituto Nacional Agrario.
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