Formulan denuncia penal– competencia originaria






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FORMULAN DENUNCIA PENAL– COMPETENCIA ORIGINARIA


Excmo. Tribunal:

Patricia WALSH, Vilma Ana RIPOLL y Mario Alejandro Hilario CAFIERO, todos por derecho propio, con domicilio en Rivadavia 1864 (Edificio Anexo del Congreso Nacional), Piso 13, Oficina 1338, asistidos por el Dr. Eduardo Alberto BLANCO y constituyendo domicilio en Lavalle 1566 Piso 3º “E”, a V.E. nos presentamos y decimos:

I – OBJETO


Que venimos a efectuar denuncia penal respecto de delitos cometidos durante el período de la última dictadura militar que gobernó nuestro país desde 1976 hasta 1983.

Los ilícitos que se describirán guardan íntima e inevitable vinculación con los crímenes de lesa humanidad que ese gobierno ilegítimo perpetró y sobre cuya imprescriptibilidad ya se ha expedido el máximo Tribunal.

Adelantamos también que, sin perjuicio de los fundamentos específicos que se expresarán en el inciso correspondiente, se requiere la competencia originaria de la Excma. Corte Suprema de la Nación en razón de que, en los delitos a investigar, se encuentran implicadas personas que pertenecen o pertenecieron a Organismos Internacionales de Crédito y que, por su rango, se consideran asimilados a representantes de Estados Extranjeros. Esto sin perjuicio de la responsabilidad directa de esos organismos supranacionales que también se analizará.

II – HECHOS


1.

Entre 1930 y 1983 Argentina vivió un largo período marcado fundamentalmente por golpes de Estado (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) alternados con pequeños períodos de democracias débiles.

Estas violaciones al orden constitucional fueron producidas por las Fuerzas Armadas pero, en muchos casos, existió la complicidad necesaria de civiles.

En general, los gobiernos de facto, dictaron proclamas, estatutos y otros manifiestos que, teniendo supuestamente por finalidad restaurar un orden que se consideraba perdido, implicaban en la práctica la anulación de todo control republicano y el manejo arbitrario de los derechos y garantías constitucionales.

Sin perjuicio del reproche y repudio que merece cualquier alteración del orden constitucional, el golpe militar del 24 de marzo de 1976, importó el comienzo de un proceso militar que trajo aparejadas enormes diferencias con los alzamientos conocidos hasta entonces.

Se caracterizó por el montaje de un aparato represivo sin precedentes, manejado desde el poder Estatal, que tuvo por objetivo la destrucción de toda oposición mediante el secuestro, la tortura y el exterminio de miles de personas.

El gobierno militar comenzó por dictar el llamado “Estatuto de Reorganización Nacional” al que quedaba subordinado todo el resto de la estructura jurídica de la Nación incluida la propia Carta Magna. Se disolvió el Congreso por lo que la facultad de legislar quedó a cargo de la Junta Militar asistida por una “Comisión de Asesoramiento Legislativo” (CAL).

El poder se consolidó velozmente al abrigo de una férrea censura y del exterminio como metodología. Se empiezan a tomar simultáneamente, una serie de medidas que caracterizarían un programa económico signado por el acelerado endeudamiento externo como prioridad.

En realidad, bajo el pretexto de obtener recursos para la compra de bienes de capital y propiciar la modernización que demandaría una economía competitiva, se sucedieron una serie de delitos en perjuicio del Estado Nacional.

Cabe señalar que, al ser derrocado el gobierno democrático, la deuda externa del país era de aproximadamente 7.000 millones de dólares mientras que, luego de la retirada del gobierno militar, el pasivo había trepado a unos 48.000 millones de la misma moneda sin que se advirtiera como contrapartida mejora alguna en la economía nacional, antes bien se percibía un grave deterioro.

2.

Un antecedente de singular relevancia a los fines de este análisis, lo constituye la Causa Nº 14.467 caratulada "OLMOS, Alejandro s/ Denuncia" que tramitó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 2. En esas actuaciones el Magistrado interviniente, Dr. Jorge Luis Ballestero, determinó la existencia de, por lo menos, cuatrocientos setenta y siete delitos vinculados al endeudamiento externo ocurridos durante aquel gobierno militar.

En dicha causa quedó también acreditada la inexistencia o desaparición de registros sobre aquel endeudamiento; la promulgación de normas a los fines de someter al Estado Argentino a la jurisdicción de Tribunales Extranjeros (Ej. el art. 1 del Código Procesal Civil y Comercial); el endeudamiento de empresas públicas a fin de desviar los fondos hacia finalidades distintas a las denunciadas; la nacionalización o estatización de deuda privada que mediante este procedimiento fue finalmente asumida por la Nación (Circulares A-31, A-137, A-251 del Banco Central).

Con relación a la responsabilidad de los organismos internacionales de crédito, la resolución del Juez Ballesteros expresa que “debe recordarse que el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional, con lo cual aparecería de buen grado una nueva asistencia que mejorara sustancialmente la actual posición económica que luce el país, dando así razón a su controvertida existencia”.

Con respecto a los sujetos beneficiados, la resolución judicial mencionada expresa que la deuda externa “ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”.

Una de las primeras conclusiones que puede extraerse fácilmente de esta causa judicial, es que el régimen militar, ante la inexistencia absoluta y provocada de los controles republicanos, pudo consolidar un proyecto político-económico sin oposición posible en el marco de una masiva violación de los derechos humanos.

No estamos hablando aquí de actos de pillaje ni mucho menos de los arrebatos de bienes pertenecientes a víctimas secuestradas perpetrados por cuenta de subalternos oportunistas.

Es ostensible que, la cantidad de delitos vinculados al endeudamiento externo, su persistencia, concordancia y magnitud, acreditan la implementación de un proyecto metódico y deliberado cuyos resultados desastrosos no podían ser ignorados por los tecnócratas de entonces.

Hubo una concepción político-económica que solo pudo llevarse a cabo mediante una metodología brutal que, además, serviría para darle sustento financiero el aparato represivo.

Pero lo que aquí importa no es su análisis político sino jurídico y, más precisamente desde el punto del Derecho Penal.

3.

La llamada “Deuda Odiosa”.

Alexandre Nahum SACK escribió en 1927 “Si un régimen déspota celebra un convenio de deuda que no se pone al servicio de las necesidades y los intereses del Estado, sino para fortificarse a sí mismo como régimen o para oprimir una sublevación popular, etc., esa es, entonces, una deuda odiosa para el pueblo de ese Estado. Esa deuda no une a la nación; es la deuda de un régimen, la deuda personal del conductor político y como consecuencia cae con la abdicación de ese régimen”. (A. SACK, Les effets des trasnformations de Etats ...”, París, 1927. Pág. 157).

Como puede verse se trata de un concepto bastante antiguo pero para nada en desuso. Un importante sector de la doctrina jurídica internacional le sigue dedicando su atención.

Este tema no ha sido abordado solamente por juristas sino también por estudiosos de otras ramas de las ciencias sociales. El interés se justifica porque comprende una problemática que cae bajo distintas ópticas y ni siquiera los analistas ubicados en los centros financieros de poder, han permanecido ajenos al estudio de las causas y efectos generados en el elevado endeudamiento al que accedieron “países emergentes” en las últimas décadas.

La insolvencia preocupa a acreedores y deudores aunque por razones diferentes, como es dable suponer.

A los fines aquí perseguidos, basta expresar que, en términos generales, se ha caracterizado como “deuda odiosa” a aquella que presenta los siguientes elementos: A) Se contrajo por regímenes autoritarios para su directo o indirecto beneficio; B) Ausencia de consentimiento de la población durante el período en que se contrajo; C) Ausencia de beneficio o incluso perjuicio para ésta; D) Desinterés o bajo control por parte de los acreedores internacionales en el destino de los fondos.

Sin perjuicio de lo que estime V.E. a los fines de la instrucción de la presente causa, bien puede comenzar la investigación a partir de algunos hechos públicos y notorios; de los ilícitos específicos acreditados en la aludida “causa OLMOS” y de la prueba que se sugerirá más adelante.

Es preciso advertir inicialmente que el concepto de “deuda odiosa” o “deuda de régimen” si bien se vincula siempre a gobiernos de facto, puede no necesariamente aparecer vinculado a crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente en el caso de nuestro país, han concurrido ambos elementos.

Ambas categorías, al confluir simultáneamente en el mismo momento histórico y ser ejecutadas por los mismos autores y partícipes de la dictadura, deben compartir las consecuencias jurídicas y su castigo en caso de verificarse.

Estamos en presencia de una multiplicidad de hechos que se vinculan “críminis causa”, de manera recíproca, es decir, gravísimas violaciones de derechos humanos para consumar, ocultar o asegurar la impunidad respecto de otros delitos “económico – financieros” perpetrados simultáneamente en perjuicio del pueblo de la Nación.

Solo por la virulencia represiva puede entenderse la instauración y mantenimiento de un proceso que casi septuplicó la deuda externa en siete años, permitió la posterior fuga de ese dinero nuevamente al exterior, destruyó el aparato productivo nacional e irresponsablemente nacionalizó la deuda de sectores privados que se enriquecieron con la tristemente celebre “bicicleta financiera”.

Así como para perpetrar el terrorismo de Estado, fue necesaria una organización que hiciera operables los grupos de tareas, los centros de tortura y detención, el exterminio y desaparición de personas (vuelos de la muerte, fosas comunes), etc., análogamente, en el plano económico, este régimen requirió de un sistema de corrupción estructurado.

Quienes lideraron la dictadura sabían que su supervivencia en el poder dependía, tanto del terror que infundían, como de la transitoria y artificial sensación de bienestar que los economistas del régimen pudieran procurar bajo el fenómeno de la llamada “plata dulce”.

La adquisición irresponsable de préstamos del exterior permitió ese sostenimiento transitorio. Luego al amparo de la inexistencia de controles, auspiciada por el FMI, la inmensa mayoría de esos fondos fugó nuevamente. En muchos casos esos capitales fugados tuvieron como destino los mismos bancos extranjeros que habían motorizado los préstamos.
4.

La “deuda odiosa” es, en esencia, pasible de repudio y este postulado abre una serie de nuevos interrogantes: ¿Es susceptible de ser ratificada por gobiernos legítimos posteriores? ¿Como afecta esto a terceros de buena fe?

Aquí se peticiona una investigación penal respecto de los ilícitos de la deuda externa desde la óptica de señalar su conexión indisoluble con los crímenes de lesa humanidad y, por ende, bajo efectos de esta última categoría.

Solo si la investigación arrojara resultados positivos y tal vinculación determinara la responsabilidad penal de sus autores, partícipes y encubridores, quedaría por resolver luego la cuantía y forma en que, a título personal, y solidariamente con los organismos que representen, se procederá a reparar el daño causado.

Ese segundo paso no puede confundirse con lo aquí peticionado aunque el delito sea la causa de la obligación de resarcir.

Mucho menos podría desecharse “in límine” esta denuncia, por entender que los sucesivos gobiernos democráticos hubieran convalidado expresa o tácitamente las obligaciones ilegítimas provenientes de la “deuda odiosa”.

Resulta procedente recordar que por Ley 23.854, el Congreso de la Nación rechazó las cuentas de inversión de los ejercicios 1976 a 1983.

Reiteramos que estamos ante delitos conexos “criminis causa” que por su carácter aberrante y masivo excluyen toda posibilidad de convalidación y son imprescriptibles tal como ha expresado el Alto Tribunal en la causa N° 17.768, “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad”, y en la Causa N° 259, “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros” (Fallo del 24 de agosto de 2004).

Es necesario investigar a la asociación ilícita que tomó y retuvo el poder en aquellos años y que no creemos circunscripta tan solo a los integrantes de las distintas Juntas Militares sino que consideramos como componentes necesarios a los elencos técnicos que, además de establecer y asesorar sobre los lineamientos específicos del plan de endeudamiento, no podían ignorar desde su conspicua ubicación, los crímenes del gobierno que integraban.
III – RESPONSABILIDADES y COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA

El endeudamiento externo hubiera sido imposible sin el concurso de los Organismos Internacionales de Crédito. Sus funcionarios, no desconocían las circunstancias de hecho imperantes durante la última dictadura ya que eran objeto de público reproche internacional.

En la propia página web del Fondo Monetario Internacional puede encontrarse la siguiente pregunta: “¿Cuándo puede obtener un país un préstamo del FMI?”

En el mismo sitio se responde a continuación lo siguiente:

Un país miembro puede solicitar asistencia financiera del FMI si tiene una necesidad de balanza de pagos, es decir, si no puede conseguir financiamiento en montos suficientes y en condiciones accesibles para hacer frente a sus pagos internacionales netos. El préstamo del FMI da más flexibilidad a las políticas de ajuste y a las reformas que debe realizar el país para corregir el problema de su balanza de pagos y restablecer las condiciones para un vigoroso crecimiento económico”.

Es sabido que dicha entidad tiene además funciones de consultor técnico de los países miembros y, mucho más cercanas y sobradamente conocidas, resultan sus ingerencias en temas de política interna so pretexto de monitorear la capacidad de pago del país. Esto ha incluido condicionamientos de todo tipo que van desde “recomendar” la sanción o modificación de leyes (Responsabilidad Fiscal, Ley de Concursos y Quiebras, etc.) y la derogación de otras (Suspensión de Subastas, Ley de Subversión Económica, etc.)

Sorprende que el FMI fuera llamativamente flexible con el gobierno militar a punto tal que no solo consintió en silencio su desproporcionado nivel de endeudamiento, sino que hasta facilitó el mismo.

Como dijimos, todo esto ocurría mientras que a nivel internacional, la Junta Militar era el blanco de todo tipo de críticas por sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Resulta inverosímil que las entidades de crédito desconocieran esas circunstancias perpetradas por el gobierno de facto.

En este sentido, es importante repetir que el derecho internacional exige el respeto absoluto de las normas de derechos humanos a todos los sujetos, sean personas físicas o con personalidad jurídica internacional.

Afirmar que las Instituciones Financieras Internacionales, Bancos o empresas multinacionales escapan a estas normas es descabellado.

Es indiscutible que en general los organismos internacionales de crédito, las multinacionales e instituciones bancarias están sometidas al derecho internacional. Desde esta perspectiva, bajo una concepción moderna podrían ser imputadas como responsables por haber faltado a la obligación de prevención o a la obligación general de vigilancia. Estas pueden ser imputadas igualmente como responsables de las violaciones de normas con base en el derecho internacional especialmente en el campo de los derechos civiles políticos, económicos, sociales y culturales, cuyo carácter obligatorio hoy ya no puede ser puesto en duda.

Esto es particularmente cierto en el caso del FMI y del Banco Mundial, puesto que, en tanto instituciones especializadas de las Naciones Unidas, han adherido necesariamente a los principios enunciados en la Carta fundadora.

En cualquier caso, aún cuando esta concepción sustentada en principios superiores no resultara compartida, los funcionarios intervinientes en las negociaciones, resultarían igualmente partícipes de las violaciones que aquí se relatan. En esa hipótesis, como se ha dicho ut supra, la responsabilidad de los organismos internacionales sería refleja, en el sentido de responder económicamente por los perjuicios ocasionados por sus representantes una vez comprobada la existencia de delito.

Sea por una u otra posibilidad, estamos ante la alternativa posible de que Organismos supranacionales que integra el Estado Nacional y/o sus representantes, asimilados a diplomáticos extranjeros, sean objeto de investigación y, eventualmente traídos a juicio.

Obviamente ello requerirá la conformidad de los entes a los cuales representen a fin de que, allanada la inmunidad diplomática, puedan ser sometidos a la jurisdicción nacional.

Puede ocurrir que algunos funcionarios que disponían de la inmunidad al momento de los hechos que se investiguen no detenten actualmente status diplomático. En este sentido, el criterio doctrinario predominante parece inclinarse en favor de la ausencia de la competencia originaria de nuestro máximo Tribunal. Sin embargo, consideramos que esta regla no puede ser absoluta.

En primer lugar repetimos que estamos ante el análisis de la eventual responsabilidad directa o refleja, o si se quiere subjetiva u objetiva, de Organismos Internacionales asimilados a Estados extranjeros.

La potencial situación de responsabilidad penal y sus consecuencias, ameritan la competencia originaria.

En segundo lugar, el Artículo IX del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional consagra inmunidades no solo referidas a sus representantes ante los países miembros, sino que establece un criterio que, a mi juicio excede en mucho los privilegios de que gozan los propios Estados miembros, puesto que son ajenos a la jurisdicción local no solo los gobernadores y directores ejecutivos (titulares y suplentes) sino también los miembros de comités, los representantes, los asesores de todos ellos y los funcionarios y empleados del Fondo. (Sección 8).

A esta sobreabundante extensión se agrega la inmunidad de sus bienes y archivos (Secciones 3, 4 y 5 del Artículo citado)

Como puede verse, en el caso del F.M.I. esta discusión es ociosa ya que consagró para sí un grado tal de inmunidad frente a cualquier procedimiento judicial que, en apariencia, hasta para acceder aun informe vinculado a la época investigada, habría que solicitar su renuncia al privilegio absoluto de que goza. (Sección 3, último párrafo)

Conforme lo expuesto en este punto, es dable entender que la investigación penal solicitada deberá siquiera requerir informes y declaraciones de personal que, en virtud de la protección diplomática aludida, debe presumirse exento de colaborar a menos que se otorgue conformidad para ello.

En virtud del rango diplomático o similar, se torna aplicable la competencia originaria prevista en el art. 117 de nuestra Carta Magna y así se solicita.

IV – LOS DELITOS IMPUTADOS

Sobran elementos de juicio aportados en otros procesos para tener por acreditada la comisión de delitos de lesa humanidad durante el período 1976-1983.

Han sido juzgados y condenados integrantes de ese proceso militar al igual que muchos del los autores materiales de los delitos aberrantes que se cometieron.

De esos antecedentes y, particularmente de fallos recientes, pueden extraerse algunas conclusiones a partir de las cuales comenzar la instrucción de la presente causa.

Está sobradamente acreditado que, el gobierno militar que usurpó el poder entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, se atribuyó la suma del poder público arrogándose facultades extraordinarias y ejerciendo, mediante la estructura del Estado, una práctica sistemática de violación de los derechos humanos consagrados por nuestra Constitución Nacional y los Convenios Internacionales a los que la Nación Argentina ha adherido.

Los horrores de la guerra y los abusos de distintos regímenes en diversos lugares del planeta han ido conformando un cuerpo normativo materializado en el Derecho Internacional antes que en el Derecho Interno.

Ha sido el orden jurídico internacional el que acuñó las nuevas herramientas capaces de perseguir y sancionar los crímenes de lesa humanidad sea por vía del llamado derecho consuetudinario, los principios generales del derecho y finalmente mediante los Convenios Internacionales.

Ese derecho, en algunos casos, ha sido incorporado por distintas vías al derecho interno de cada país, pero aún cuando así no fuera, se lo entiende como derecho vigente y operativo.

Incluso V.E. ha reconocido que el art. 75 inciso 22 del nuevo texto Constitucional, al asignar una prioridad de rango a ciertos convenios internacionales, solo vino a establecer de manera expresa lo que surgía en forma implícita del art. 31 de la Carta Magna en su redacción originaria.

Esta operatividad inmediata de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos no contraviene en absoluto el principio de necesidad de ley penal previa a la comisión del hecho que se condena.

Esta evolución, complementada con la imprescriptibilidad, ha permitido evitar la impunidad de aquéllos que, habiendo cometido delitos aberrantes, logren luego escudarse en normas de derecho local que desconocieron y violaron. No es que se les niegue el derecho de defensa por considerar que no lo merecen pues ello vendría a reproducir la conducta que se les reprocha. De ser así, en nada se diferenciaría el sistema actual del que se pretende castigar.

Ocurre que las violaciones a los derechos humanos más básicos se encuentran en una categoría de grado tan superior y obvio, que resulta indistinto que sea reconocida por el derecho interno de cada país para que pueda ser perseguida y sancionada con efectividad. Más aún, el desconocimiento normativo expreso que pueda hacerse del rango supremo de los derechos de tal jerarquía, no obstaría para que igualmente puedan ser tutelados contra los abusos.

Como conclusión puede afirmarse que ya en los años setenta, el orden jurídico internacional e incluso el interno, tenía normas que consideraban punibles los delitos de lesa humanidad. Ello por cuanto existe un derecho universalmente válido (ius cogens) que solventa cualquier insuficiencia de las normas locales.

Aceptado esto por nuestro sistema, corresponde analizar aquí las responsabilidades penales de quienes en el país o desde sus funciones en el exterior y merced a su conocimiento técnico, brindaron un aporte necesario o secundario para la comisión de esos delitos especialmente contemplados y censurados por el orden jurídico.

Como ya adelantamos, entendemos que la asociación ilícita y comisión de delitos de lesa humanidad no ha quedado solo circunscripta a los integrantes de las Juntas Militares.

Consideramos partícipes a quienes, por sus conocimientos, vinculaciones nacionales e internacionales y otras condiciones de las que el personal militar carecía, prestaron un grado de colaboración sin el cual algunos objetivos del gobierno militar no hubieran podido cumplirse o, al menos, no se hubieran desarrollado de la manera planeada.

Entendemos, en particular que, el elenco de ministros, secretarios y subsecretarios, especialmente en el área de economía y finanzas cumplió un rol de participación necesaria toda vez que, como se expresó, permitió por vía de sus vinculaciones, influencias e incumbencias profesionales gestionar y obtener fondos provenientes de préstamos en el exterior.

De esta manera, se contribuyó sustancialmente al financiamiento del Estado represivo, al reequipamiento del aparato militar, a solventar gastos del sistema sin ningún tipo de contralor serio y eficaz como no fuera la propia voluntad de los gobernantes. Baste recordar, respecto del primero de los rubros, que estuvimos al borde de una guerra con la República hermana de Chile y, poco tiempo después, con el deterioro económico social a la vista, se emprendió la guerra de Malvinas.

El último aspecto que vincula el injustificado y desmesurado endeudamiento alcanzado en aquel período con los objetivos nefastos del Proceso Militar, está dado por la necesidad de proveer los dólares que requirió financiar esa suerte de burbuja de aparente bienestar económico que caracterizó los primeros años subsiguientes al golpe. Como se sabría luego, ese fue un espejismo sustentado en base al absurdo y delictivo endeudamiento externo y no al crecimiento real de la economía.

Esta matriz contribuyó a que el recurrente crédito externo se transformara en un medio para solventar la continuidad de los excesos. Está claro que una Dictadura que perpetró tantos crímenes bien podía sostenerse por el simple expediente de continuar elevando hasta el paroxismo la tortura y la desaparición forzada de personas. Tanto es así que no dudó en acometer las aventuras bélicas ya aludidas cuando el efecto de “plata dulce” mermaba.

Sin embargo, los propios conflictos que creó su incompetencia la arrastraron hacia su propio final. De hecho la derrota de Malvinas fue lo que precipitó la caída del régimen, y no la consideración de que se hubieran alcanzado sus objetivos. Se advertía que la presión internacional, el gradual aislamiento y las propias divisiones y ambiciones internas que ya se habían manifestado en el seno del poder ponían en crisis la unidad de criterios indispensable para que las decisiones fueran unánimes.

Aunque no se concuerde con esta apreciación, es inocultable que el poder de las armas requirió del poder económico y que este fue aportado por los cultores de la escuela de Chicago y por funcionarios de Organismos Internacionales que lisa y llanamente decidieron apoyar con fondos frescos a un gobierno cuyas violaciones a los derechos humanos era tan pública y notoria en el exterior que no se podía desconocer.

El grado de participación de esos funcionarios es considerado “prima facie” necesario pero nada obsta que, de la investigación surjan elementos que permitan discernir grados menores según la colaboración que concretamente aportó cada técnico.

V – SUGERIMOS MEDIDAS PROBATORIAS

Sin perjuicio de las medidas que V.E. estime procedente y de otras que posteriormente podamos indicar, venimos a sugerir inicialmente las siguientes:

1) Proponemos en primer lugar que se requieran “ad efectum videndi et probandi” la Causa Nº 14.467 caratulada "OLMOS, Alejandro s/ Denuncia" que tramitó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 2. Allí, como se dijo, resultan acreditados 477 delitos vinculados al endeudamiento externo de la época y quedó determinado uno de los “modus operandi” más frecuentes para contratar préstamos en el exterior. Si bien toda las constancias de causa resultan sumamente reveladoras, es importante a estos fines analizar como el elenco económico no dudó en acometer, también en este aspecto, una metodología ilícita al amparo de la impunidad que le brindaba el silenciamiento de toda oposición. Se acredita allí la aplicación de fondos a destinos absolutamente diferentes a los que motivaran la solicitud y se advierte también de manera nítida la responsabilidad de funcionarios de organismos de crédito supranacionales.

2) En segundo lugar sugerimos se requiera al F.M.I el listado de funcionarios responsables de esa entidad durante el período 24 de marzo de 1976 y 19 de diciembre de 1983 tanto en cargos directivos generales como, en modo específico, afectados a negociaciones con nuestro país. Eventualmente se requiera la dispensa de la inmunidad diplomática para poder acceder a sus registros y respecto de las personas comprometidas.

VI – PETITORIO

Por lo expuesto a V.E. solicitamos:

  1. Se tenga por formulada la denuncia.

  2. Se tenga presente la prueba.

  3. Se disponga la investigación en orden a los delitos denunciados.

Proveer de conformidad SERA JUSTICIA.

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