Desarrollo del derecho nacional mediante la recepción del derecho internacional y el estudio del derecho comparado






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50ª CONFERENCIA ANUAL DE LA FEDERACIÓN

INTERAMERICANA DE ABOGADOS

SAN JUAN, PUERTO RICO



Desarrollo del derecho nacional mediante la recepción del derecho internacional y el estudio del derecho comparado


Universalidad del delito de trata de personas:

Enfoque nacional e internacional”

Autor: Dr. Alejandro Arturo Solano Ghiorsi

Consejero por El Salvador

Junio, 2014
Introducción

En la pasada XLVIII Conferencia Anual de la Federación Interamericana de Abogados, el tema central se denominó “Desafío de la democracia en las américas: Trata de Personas”, desarrollando como Consejero por El Salvador, el título específico de “Situación de la República de El Salvador, Centro América”; el propósito de dicho análisis, fue señalar que los derechos vulnerados de las personas víctimas de este cruel delito, son de rango constitucional, que en el “deber ser” de todo ordenamiento jurídico, el Estado está obligado a garantizar y a proteger.
Partiendo de esa premisa, precisamos que el delito de Trata de Personas, atenta contra derechos fundamentales como el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo, la propiedad, la posesión, la imagen, la no discriminación, la igualdad, la dignidad humana, y esencialmente el derecho de la vida, los cuales están situados en el más alto rango de seguridad jurídica en el que se encuentra un derecho reconocido por un sistema, la Constitución de cada República, en la cual se agrupan las normas sobre las que descansa el ordenamiento jurídico de un Estado que fomenta la vida democrática.
En la actualidad, este tipo de esclavitud llamada Trata de Personas y considerada uno de los delitos más crueles, inhumanos y degradantes del que puede ser víctima un ser humano, que además es revictimizado por el propio sistema, lejos de encontrar su fin o al menos una disminución, se ha fortalecido, siendo lo más preocupante, su auge a nivel internacional, lo que cruentamente nulifica todo el esfuerzo que cada país ha realizado, para prevenir, combatir y perseguir este delito.
La colisión que se ha generado, entre las normas creadas dentro de cada ordenamiento jurídico para enfrentar este flagelo, y la falta de normativa y coherencia para que el mismo sea castigado de igual manera a nivel internacional, ha generado comodidad en quienes perpetran el delito, iniciando una cultura en la que la sociedad no sólo valida constantemente la existencia del mismo, sino que convive con esta humillante forma de explotación del ser humano.
Las conquistas obtenidas en muchos países que han generado normativa para combatir este delito -considerando su transnacionalidad y evolución─, significan un claro retroceso y duro golpe para el derecho internacional, ya que los tratados creados para tal efecto, si bien, han logrado que los Estados parte emitan la correspondiente normativa interna, no han cumplido con su objetivo primordial, que es la erradicación del mismo. De ahí la importancia de la “Universalidad del delito de trata de personas: Enfoque nacional e internacional”.
La Trata de personas, ha dejado de ser un problema interno de cada país, y se ha convertido en un problema compartido entre países. El cambio de foro que los perpetradores de este delito hacen de las víctimas de este tipo de explotación, demanda el urgente tratamiento de dicho flagelo, en el que impera la inminente necesidad de atacar su característica más propia, que es la universalidad del delito de trata de personas, ya que sin importar el lugar en el que se lleve a cabo, los derechos vulnerados, los efectos en el ser humano, las consecuencias en la sociedad y la revictimización de la víctima, es igual; atreviéndonos a afirmar prima facie, que la única diferencia, es su “enfoque nacional o internacional”.
Una de las razones que instó la realización de esta investigación, es la trascendencia que este delito ha tenido en los últimos años, ya que habiendo superado el poco conocimiento o interés que sobre este tema existía a nivel nacional, a la fecha, continúa afectando a un porcentaje de la población que estrepitosamente incrementa día con día. Es por ello, que el establecimiento de un sólo criterio internacional al respecto, adquiere particular importancia para la determinación de un solo mecanismo para erradicar el delito de Trata de Personas.
Bajo este contexto, y para el cumplimiento de la finalidad trazada, hemos dividido la realización del trabajo en tres estadios previo a las conclusiones correspondientes, en los cuales inicialmente delimitaremos a qué nos referimos con universalidad del delito de trata de personas, estableciendo para tal efecto la importancia del enfoque nacional de este flagelo, y la necesidad de su combate desde un enfoque internacional, en el que impere un solo mecanismo de acción para lograr su erradicación, para lo cual enfatizaremos, cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado como garante del desarrollo y ejercicio pleno de los derechos de sus habitantes.


Desarrollo del derecho nacional mediante la recepción del derecho internacional y el estudio del derecho comparado
Universalidad del delito de trata de personas:

Enfoque nacional e internacional”


  1. Antecedentes


Como hemos explicado en la investigación “Desafío de la democracia en las américas: Trata de Personas. Situación de la República de El Salvador, Centro América”1 –en adelante primera investigación─, el delito de Trata de Personas es considerado por la Organización Internacional para las Migraciones2, como una forma de esclavitud moderna3 en la que impera la fuerte degradación, humillación, y esencialmente, la vulneración de la mayoría de los derechos fundamentales de las personas que son víctimas de este flagelo, que es importante matizar desde el inicio de esta investigación, son reconocidos por la mayoría de constituciones sobre las que descansa el ordenamieno jurídico de un Estado de derecho, en el que el ser humano es el origen y fin de su actividad4.
El derecho internacional, se concibe tradicionalmente -como lo expresa el autor Carrillo Salcedo5―, “…como un orden jurídico distribuidor de competencias6 y regulador de las relaciones de coexistencia7 y de cooperación entre Estados soberanos, que se ve hoy investido de una misión de transformación de la sociedad internacional, al servicio de la paz, la promoción y protección de los derechos humanos, el desarrollo integral y sostenible de los pueblos, y la preservación ecológica del planeta. Esto es, una misión en la que el Derecho Internacional se configura como un orden jurídico constructor de condiciones de paz y de una comunidad de iguales”.
A partir de la concepción multidimensional establecida en el párrafo anterior, que abarca elementos que históricamente han sido vinculados con el concepto de derecho internacional público y derecho internacional privado, consideramos que esta rama del derecho8, con la finalidad de responder a las demandas actuales, debe ser percibida fundamentalmente como una esfera de protección supranacional de los derechos inherentes a cada ser humano, poniendo especial cuidado en las normas que regulan las relaciones entre Estados, cuya aplicación debe enfocarse desde una perspectiva internacional, siempre en beneficio de la “persona”.
El auge que ha tenido internacionalmente el delito de Trata de Personas9, se debe considerablemente a factores que hoy día, suponen un problema que no encuentra solución a nivel mundial, como es el caso de la pobreza extrema que azota a diversas sociedades cuya economía esta cayendo abruptamente, la situación de los inmigrantes o migrantes según sea el caso, o bien, la inseguridad que impera en muchos de nuestros países. La falta de oportunidades, de educación y el alto índice de desempleo, son elementos intrínsecamente vínculados con la explotación que se hace de las personas que son traficadas, para ser esclavizadas y tratadas como un objeto para beneficio de otra persona10.
Antiguamente, era impensable hablar de los derechos de integridad y dignidad de las personas. Los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores, ni siquiera se encontraban en la palestra de los debates de esa época; sin embargo, haber logrado con el pasar de los años, la adopción de instrumentos internacionales a través de los cuales se inició con el proceso de deconstrucción de prácticas humillantes y aberrantes que eran aceptadas y validadas en las sociedades en las que se llevaban a cabo11, es una conquista y reividicación para estas personas que como parte de la sociedad, no sólo eran excluidas por su condición, sino que además, se constituían como las principales víctimas de flagelos como la Trata de Personas. Especial mención merecen la mujeres, que históricamente han sufrido todo tipo de discriminación en razón de su condición12, y que en la actualidad han logrado formar parte de las más altas esferas de poder.
La Trata de Personas, en cualquiera de sus modalidades13, quebranta los derechos fundamentales de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, y personas adultas mayores, la degradación que sufren y que los hace perder el control de su capacidad de decidir, los sitúa en un escenario de total indefensión, en el que su voluntad no vale nada. De ahí la importancia de enfrentar el auge de este delito desde una perspectiva internacional, en la que se propugne por la creación de un mecanismo eficiente, en el que este flagelo producto del crimen organizado, se enfrente a una sola concepción sobre su abordaje, y en consecuencia, a un mismo procedimiento sancionatorio en su combate, en el que el fraude de ley, como figura jurídica para evadir la responsabilidad legal, quede como prácticas del pasado.

Internacionalmente, existen diversos convenios que han sido suscritos con el objeto de enfrentar el delito de Trata y delitos conexos, y sobre cuya base, en la mayoría de países ratificantes, se ha emitido la normativa interna necesaria para su combate, prevención y sanción. Entre estos convenios se encuentran14: Declaración Universal de los Derechos Humanos15; Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores16; Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo17; y Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional18.



  1. Universalidad del delito de Trata de Personas”: Delimitación


Para delimitar a qué nos referimos con “Universalidad del delito de Trata de Personas”, es necesario hacer algunas consideraciones previas, como el establecimiento de qué debemos entender por universalidad del delito de manera general, sus principales características, y primordialmente, si la Trata de Personas, reúne cualquiera de estas particularidades.
Como delitos universales se pueden considerar, aquellos que por su extrema gravedad han ido creando un consenso en el derecho internacional con relación a la necesidad de ser siempre sancionados en cualquier circunstancia, bajo cualquier supuesto en que se cometan, y que por alguna razón válida, no sean dejados bajo la sola jurisdicción del Estado que normalmente sería el competente para conocer de el19. A este efecto, el derecho internacional ha establecido determinados tipos delictivos, para comportamientos individuales gravemente contrarios a las exigencias éticas elementales de la convivencia internacional, siendo una de las razones por las que se ha podido llegar a este consenso, el convencimiento que existe de que este tipo de delitos20 -cuya característica principal es que lesionan profundamente al ser humano─, sean fuertemente reprimidos a fin de garantizar la protección de los derechos esenciales de los seres humanos21.

Tradicionalmente, los delitos universales comprenden los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, los crímenes contra la paz, el genocidio y delitos de agresión; y encuentran como principales características: la gravedad del perjuicio que ocasionan, el número de víctimas que generalmente es indeterminado, la lesión a los intereses de la comunidad internacional, y las medidas de represión que el derecho internacional permite aplicar22. Al respecto, existen diversos instrumentos internacionales que han servido para reprimir, explicar, definir y tipificar las conductas delictivas descritas, indicando entre otro tipo de regulaciones, bajo qué circunstancias se deben realizar las conductas para que el ilícito se pueda configurar, entre ellos se encuentran:

  1. Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg23

  2. Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda24

  3. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional25


Como hemos acotado desde el inicio, la Trata de Personas es un atroz delito que vulnera muchos de los derechos fundamentales reconocidos como inherentes a la persona humana por la mayoría de constituciones del mundo. Los bienes jurídicos protegidos, y que en suma son deplorablemente fustigados con la consumación de este flagelo -al que obligadamente hay que aunarle la revictimización de la víctima por parte de los sistemas obligados a protegerlos─, hace que nos retrotraigamos a uno de los momentos más importantes de la historia, nos referimos al 10 de diciembre de 1948, fecha en la que se adoptó y proclamó, la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”26.
En este contexto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace un reconocimiento -desde del año 1948─, de la dignidad “intrínseca” de los seres humanos, esto significó, que la defensa del valor de cada persona, dejaba de ser una utopía, para convertirse en un imperativo de garantía y protección internacional; bajo esta perspectiva, derechos como la libertad, justicia y paz, se constituyeron como propósitos a alcanzar sin frontera alguna. Particularmente, la inexistencia dentro de la declaración, de algún derecho que no deba ser compartido por todo ser humano sin ningún tipo de distinción, hace que los derechos de carácter universal en ella reconocidos, puedan ser exigidos en un orden internacional, en el que las garantías que proclama, se hagan plenamente efectivas27.

Paradójicamente, el delito de Trata de Personas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vulneran y protegen respectivamente, los mismos derechos; contradictoriamente, también la mayoría de constituciones del mundo, que no sólo sitúan en el más alto rango de seguridad jurídica en la que se encuentra un derecho reconocido por un sistema, sino que además agrupa las normas sobre las que descansa el ordenamiento jurídico de un Estado, reconocen y garantizan la protección de estos derechos, los que son quebrantados por esta forma de esclavitud moderna, que actualmene ha alcanzado índices alarmantes, desbordando la capacidad de los recursos de los Estados para afrontarla.
Como hemos manifestado en la primera investigación, el delito de Trata de Personas, como proceso que engloba diversas acciones entre las que se encuentra el reclutamiento o secuestro, el traslado ─ que puede ser dentro de un mismo país o entre diferentes países28─, la recepción y alojamiento de la víctima en el lugar de destino, y su explotación en un contexto de amenazas, engaño, coacción o violencia, ha sido objeto de mucha confusión a lo largo de los años, particularmente, sobre si es necesario o no la concurrencia de uno o todos los elementos que encierra este tipo de flagelo, o bien si una vez identificada una de sus características, es indispensable que se llegue hasta la última consecuencia para que la conducta sea considerada como delito. Sin importar a cual de las acciones nos enfrentamos, existe una realidad indiscutible, y es que este delito per se transgrede los derechos de los ciudadanos y la normativa fundamental de los Estados, que sin importar el nivel de su desarrollo, se ven transgredidos ya sea como país de origen –de la víctima─, tránsito o de destino.
En este orden de ideas, si el principio de universalidad de un delito, se encuentra determinado –entre otros─, por el nivel de agravio que supone su cometimiento, y por las características que reviste como la gravedad del perjuicio que ocasiona y la lesión a los intereses de la comunidad internacional, la Trata de Personas, al ser un delito que adopta diferentes modalidades, de las cuales todas generan un profundo impacto en la dignidad del ser humano, reúne las características propias de este principio, pues la vulneración de derechos intrínsecamente inherentes al ser humano y a los que cada Estado de derecho esta obligado a garantizar, se encuentra en un estadio de desprotección, en el que inclusive el bien más preciado que es la vida, se encuentra subordinado a la decisión o voluntad de grupos del crimen organizado, que de manera violenta y con una crueldad inmesurable, atentan contra la integridad y dignidad de las personas.
De lo expuesto podemos colegir, que la Trata de Personas se constituye como un delito que transgede la mayoría de derechos humanos garantizados con rango constitucional, es decir, los derechos fundamentales29. En razón de ello, el principio de universalidad propio de éstos, debe acobijar a aquéllos que dentro del ordenamiento jurídico gozan de un estatus especial en cuanto a garantías se refiere, en consecuencia, las libertades, facultades o valores básicos que corresponden a cada persona por su misma condición humana, deben garantizarse con miras al desarrollo de una vida digna, y es justamente el derecho a una vida digna, no sólo el que se ve obstaculizado con estas prácticas degradantes y humillantes a que son sometidos los seres humanos, sino que además, los Estados no estan garantizando dentro de la práctica de su ius imperium. De ahí la importancia de la “Universalidad del delito de Trata de Personas”.


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